La Bancaria denuncia el nuevo pacto con el FMI y advierte sobre su inviabilidad
El intento del presidente Javier Milei de obtener el aval parlamentario para un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha desatado una fuerte reacción en el ámbito sindical y político. El gremio de los trabajadores bancarios calificó la maniobra como «ilegal e impagable» y denunció que su implementación implicaría un grave perjuicio para la soberanía económica del país.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 179/2025), remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo, plantea serias dudas sobre su legitimidad. La Constitución Nacional establece en su artículo 75, inciso 7, que el Congreso es el único órgano facultado para «arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación». En sintonía con este principio, la Ley 27.612 exige la aprobación legislativa de cualquier acuerdo financiero con el FMI. Sin embargo, el Gobierno intenta eludir este marco normativo mediante un decreto cuya legalidad es, cuando menos, cuestionable.
La estrategia de Milei se apoya en la pasividad o complicidad de sectores legislativos que podrían permitir la validez del DNU si solo una de las cámaras no lo rechaza. Este mecanismo, denunciado por La Bancaria, erosiona la división de poderes y facilita la consolidación de decisiones de trascendencia estructural sin el debido debate democrático.
Consecuencias económicas y sociales del nuevo endeudamiento
Más allá de la cuestión legal, el nuevo acuerdo con el FMI representa un eslabón más en la histórica cadena de sometimiento financiero del país. Según el sindicato, este «arreglo» no solo compromete la capacidad de pago de Argentina, sino que además podría incluir la cesión de activos estratégicos, entre ellos el Banco de la Nación Argentina, en un proceso de desguace del patrimonio estatal.
El impacto del endeudamiento no se limitaría a las finanzas públicas. La profundización de un modelo de ajuste extremo amenaza con una acelerada transferencia de recursos desde los sectores trabajadores y jubilados hacia las grandes corporaciones financieras, los formadores de precios y los intermediarios del sistema financiero internacional. Se trata de un esquema que, lejos de ofrecer soluciones estructurales, perpetúa la dependencia externa y restringe la capacidad del país para definir sus propias políticas económicas.
Un precedente de fraude y cogobierno externo
El antecedente inmediato de esta política se remonta a 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri suscribió un acuerdo con el FMI que resultó inviable y dejó a la Argentina en una situación de virtual default. En aquel momento, el organismo financiero concedió un préstamo sin garantías reales de pago, en lo que diversos especialistas y referentes políticos consideraron un acto de irresponsabilidad compartida entre las autoridades argentinas y los directivos del Fondo.
La Bancaria denuncia que la situación actual no es un «error», sino una estrategia deliberada que coloca al país bajo el control de las potencias que dominan el FMI. En este contexto, Argentina quedaría atada a compromisos que trascienden la actual administración y condicionan las decisiones de futuros gobiernos, limitando su margen de acción en un escenario global cada vez más hostil.
¿Es viable rechazar el pago de la deuda?
El sindicato bancario plantea la posibilidad de desconocer este nuevo endeudamiento, señalando que el acuerdo es «fraudulento» y que su cumplimiento derivaría en consecuencias devastadoras para la economía nacional. Si bien esta postura desafía el marco tradicional de negociación con los organismos multilaterales de crédito, no es una idea inédita: a lo largo de la historia, distintos países han optado por la reestructuración unilateral o el repudio de deudas contraídas en condiciones abusivas.
No obstante, un escenario de confrontación con el FMI podría traer aparejadas represalias económicas y financieras, dificultando aún más el acceso a mercados internacionales de crédito y acelerando la crisis cambiaria. La viabilidad de esta alternativa dependerá no solo de la voluntad política interna, sino también de la posibilidad de generar alianzas estratégicas con actores internacionales que puedan ofrecer respaldo en una negociación alternativa.
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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación
Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.
Metodología de Censura
Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.
En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.
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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner
El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.
La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.
La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.
La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.
También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.
Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.
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Judiciales rechazó el aumento salarial y ratificó el paro para este viernes
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) rechazó el aumento salarial del 2,2% otorgado por la Corte Suprema de Justicia y ratificó el paro nacional de 24 horas para este viernes 13 de junio.
La UEJN, liderada por Julio Piumato, consideró que el aumento salarial del 2,2% es insuficiente y no responde a las necesidades de los empleados judiciales. El gremio denunció que, con este incremento, «nos siguen ajustando» y ratificó el paro nacional como medida de protesta.
Un Plan de Lucha que Continúa
La UEJN viene sosteniendo un plan de lucha en el sector desde el año pasado, y advierte que, desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, la Justicia atraviesa un fuerte ajuste en sus partidas presupuestarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios alcanzó más del 32%. El gremio ya había realizado un paro el viernes pasado y una serie de actividades durante esta semana, incluyendo banderazos en todo el país y un acto de apoyo a la Justicia del Trabajo.
Rechazo al Traspaso del Fuero
Además, la UEJN expresó su rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que consideran un ataque a la Justicia del Trabajo. El gremio busca defender los derechos de los trabajadores y garantizar la independencia del Poder Judicial.
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