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En una entrevista con Mundo Laboral San Juan, Mario García, integrante del sindicato de trabajadores químicos en la provincia, analizó la compleja situación del sector en el actual contexto económico y laboral. Destacó que las medidas implementadas por el gobierno nacional han generado un escenario desfavorable para los trabajadores, con riesgos de precarización y pérdida de derechos laborales.

En el ámbito provincial, García mencionó que, si bien las empresas continúan operando en su mayoría, existen casos emblemáticos de industrias que aún no logran reactivarse. Un ejemplo es la fábrica de carburo Electrometalurgia Andina, que dejó de producir en 2018 y, a pesar de haber sido adquirida por un grupo brasileño, sigue sin retomar sus actividades. “Desde el gobierno de San Juan se ha brindado todo el apoyo posible, pero hay factores que dependen exclusivamente de la empresa y no del sindicato ni de las autoridades provinciales”, explicó.

Respecto a la cuestión salarial, García informó que las paritarias del sector se han ajustado de acuerdo con los índices del INDEC, con aumentos que impactan en todos los conceptos salariales, desde la hora trabajada hasta bonos y antigüedad. Sin embargo, advirtió que la medición oficial de la inflación no refleja fielmente la realidad de los trabajadores: “Se toma un factor que no es el real, no es el tangible del día a día, donde los precios de los alimentos y el combustible no dejan de subir”. En este sentido, subrayó que en los últimos dos años se ha producido una significativa pérdida del poder adquisitivo de los empleados.

De cara al futuro, García resaltó que uno de los principales desafíos del sindicato es lograr la reapertura de Electrometalurgia Andina, lo que significaría la recuperación de múltiples puestos de trabajo. Asimismo, reafirmó el compromiso del gremio con la defensa de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo en la provincia. “Siempre estaremos a disposición de los trabajadores y a la altura de las circunstancias que vayan surgiendo”, concluyó.

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La CGT convocó a marchar por las universidades y reforzó su respaldo al reclamo educativo

La CGT convocó al movimiento obrero a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre, en una nueva jornada de reclamo por el financiamiento de las universidades públicas, la recomposición de los salarios docentes y nodocentes y la actualización de las becas estudiantiles.

El llamado fue difundido por la central obrera durante la movilización en defensa de la industria nacional. La decisión amplía el respaldo sindical a una protesta que busca reunir a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, familias y organizaciones sociales en todo el país.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) celebró la convocatoria con un mensaje centrado en la unidad de los trabajadores frente al ajuste. En la misma línea, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que conduce Walter Merkis, llamó a volver a llenar las calles en defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia.

“Sin salarios dignos, no hay universidades públicas. Sin universidades públicas, no hay futuro”, señalaron desde FATUN al respaldar la movilización.

La convocatoria se produce mientras continúa la controversia judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. El juez federal Martín Cormick intimó al Estado nacional a cumplir la medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y nodocentes y de las becas estudiantiles. Tras la apelación del Gobierno, la Justicia concedió un nuevo plazo de cinco días, bajo apercibimiento de imponer sanciones económicas por incumplimiento.

Los gremios universitarios sostienen que la falta de aplicación de la norma prolonga el deterioro salarial y presupuestario. Por eso, la marcha combinará el reclamo por recursos para las instituciones con la exigencia de recuperar ingresos y garantizar condiciones adecuadas para la enseñanza.

La jornada coincidirá, además, con una sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados a las 14, con un temario que incluye el rechazo del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

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Una familia necesitó $1.632.505 para no caer bajo la línea de pobreza

Según el INDEC, la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes alcanzó los $1.632.505 en septiembre, mientras que la Canasta Básica Alimentaria llegó a $738.690. Ambas aumentaron 1,7% mensual, pero la suba interanual fue mayor en los alimentos: 40%, frente al 38,7% de la canasta que determina la línea de pobreza.

La evolución interanual muestra una presión mayor sobre los gastos alimentarios. En comparación con septiembre de 2025, la CBA aumentó 40%, mientras que la CBT subió 38,7%. Desde diciembre de 2025, las variaciones acumuladas llegaron al 25,3% y al 24,7%, respectivamente.

La diferencia entre ambas mediciones determina los umbrales oficiales de pobreza e indigencia. La canasta alimentaria contempla los requerimientos nutricionales básicos; la total incorpora, además, bienes y servicios no alimentarios indispensables, como transporte, vestimenta y otros gastos del hogar.

Los montos también varían según la composición familiar. Para un hogar de tres integrantes, el INDEC calculó $1.299.664 para superar la línea de pobreza y $588.083 para no ser indigente. En una familia de cinco personas, los valores ascendieron a $1.717.036 y $776.939, respectivamente.

En la medición individual, un adulto equivalente necesitó $528.319 para no ser pobre y $239.058 para cubrir la canasta alimentaria. El organismo utiliza esta unidad de referencia —un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada— y ajusta los montos según la edad, el género y la composición de cada hogar.

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La inflación volvió a acelerarse: 1,9% en septiembre y 33,4% interanual

El Índice de Precios al Consumidor registró un incremento de 1,9% en septiembre, dos décimas por encima de agosto. Según el INDEC, la variación interanual llegó al 33,4%, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 alcanzó el 23,6%.

La evolución del indicador muestra que, pese a la desaceleración registrada en períodos anteriores, el costo de vida mantiene presiones que inciden sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Entre los componentes que traccionaron el indicador, sobresalió la suba en Alimentos y bebidas. Este rubro afecta de manera directa la economía familiar, ensañándose con los sectores más vulnerables. Por ello, la trayectoria de la canasta básica resulta indispensable para ponderar el costo de vida real por encima de la inflación promedio.

La aceleración mensual vuelve a poner el foco sobre la evolución de los precios y su relación con los ingresos. Aunque la variación interanual se mantiene por debajo de los registros de años anteriores, la continuidad de los aumentos condiciona la capacidad de compra de salarios y jubilaciones.

El indicador de septiembre servirá como marco de referencia para las negociaciones salariales y la planificación financiera de los hogares, en un contexto donde la dinámica de precios continúa condicionando el consumo y la recomposición del poder de compra.

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