La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para este viernes 2 de octubre, en una nueva escalada de su plan de lucha. La medida alcanzará a los tribunales de todo el país y estará precedida este jueves por una jornada de cese de tareas y movilización en el Fuero Nacional del Trabajo.

El reclamo sindical reúne tres demandas: recuperación salarial, respuestas ante los problemas de la obra social y rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, ratificó la continuidad de las protestas y sostuvo que el gremio defenderá tanto las condiciones laborales de sus afiliados como la estructura de la Justicia Nacional.

La protesta de este jueves tendrá como epicentro la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde los trabajadores realizarán un cese de actividades y una movilización. La UEJN reclama a los camaristas que asuman una posición activa frente al proceso de transferencia del fuero.

El conflicto por la Justicia Laboral también se juega en los tribunales. En marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°30 frenó temporalmente el acuerdo de transferencia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (anexo de la Ley 27.802). Sin embargo, esta decisión fue revocada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, al determinar que la disputa debía resolverse en su propia jurisdicción.

La UEJN sostiene que el traspaso genera interrogantes sobre la continuidad y las condiciones laborales de los trabajadores del fuero. El sindicato también extendió su rechazo a otras áreas de la Justicia Nacional y menciona al fuero Penal y al de Menores entre las competencias que pretende preservar bajo jurisdicción nacional.

En simultaneo, Piumato viene denunciando una pérdida del poder adquisitivo de los empleados judiciales. En septiembre, el dirigente había estimado en 24,7% la caída salarial acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional, una cifra que forma parte de los argumentos gremiales para reclamar una recomposición.

La CGT volverá a las calles en octubre, pero por ahora no avanzará con un nuevo paro general contra el Gobierno de Javier Milei. La central obrera resolvió movilizar el jueves 8 de octubre, a las 15.30, frente a la Secretaría de Industria, en defensa de la producción nacional como principal consigna.

La decisión fue adoptada este martes durante una reunión ampliada de la mesa chica efectuada en la sede de la UOCRA, con la participación de más de 30 organizaciones. Allí estuvieron los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Gerardo Martínez, Héctor Daer, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y otros dirigentes de la conducción sindical.

La concentración tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y buscará incorporar a las organizaciones sindicales de las ramas productivas, además de cámaras empresarias y otros actores vinculados con la producción. La CGT puso especialmente el foco en industria, construcción y comercio, por su incidencia sobre el empleo.

Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, sostuvo que la central pretende colocar en la agenda los problemas de las actividades productivas y afirmó que esos rubros atraviesan un fuerte deterioro. Sus declaraciones forman parte del diagnóstico sindical sobre el rumbo económico y no constituyen, por sí mismas, una medición independiente sobre la evolución de cada rama.

La segunda fecha quedó fijada para el 15 de octubre, cuando la CGT acompañará la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización reunirá a organizaciones docentes, nodocentes, estudiantes y otras entidades vinculadas con la educación superior, además de las dos CTA.

La definición también marca una diferencia respecto de las centrales CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, que ya resolvieron avanzar hacia un paro nacional a fines de octubre. La CGT mantiene abierto el diálogo con esas organizaciones, pero decidió por ahora sostener una agenda propia de movilizaciones.

En el plano provincial, el encuentro tuvo participación de Eduardo Cabello, secretario general de la CGT San Juan y dirigente de la UOCRA, quien formó parte de la reunión nacional en la que se resolvieron las próximas medidas. La marcha del 8 será en la Ciudad de Buenos Aires y no contempla, por el momento, una convocatoria nacional simultánea en las provincias.

Desde el 1° de octubre, el límite general de ingresos para solicitar medicamentos al 100% mediante el subsidio por razones sociales se ubicará en $653.622,77 mensuales. Para hogares donde el afiliado o un integrante conviviente tenga CUD, el máximo será de $1.307.245,53. El beneficio también está condicionado por requisitos patrimoniales.

El nuevo tope general será de $653.622,77 mensuales, equivalente a 1,5 haberes mínimos previsionales, mientras que para hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente tenga un Certificado Único de Discapacidad (CUD) el límite ascenderá a $1.307.245,53, equivalente a tres haberes mínimos.

La modificación no supone una cobertura automática. El subsidio está destinado a afiliados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos y, además del ingreso, deben cumplir determinadas condiciones patrimoniales. PAMI establece que no pueden tener más de un inmueble, ser titulares de una prepaga, poseer aeronaves o embarcaciones de lujo ni registrar activos societarios que evidencien capacidad económica.

También existe una restricción vinculada con los vehículos. Como regla general, el afiliado no debe ser titular de un automóvil de menos de diez años de antigüedad. PAMI contempla una excepción para los hogares en los que el afiliado o un integrante conviviente tenga CUD.

El organismo mantiene, además, una vía de reconsideración para quienes no encuadren en alguno de los requisitos económicos. Si el costo de los medicamentos indicados representa al menos el 15% del ingreso previsional mensual, el afiliado puede solicitar una evaluación para acceder igualmente a la cobertura del 100%. En esos casos se contempla documentación social y sanitaria y una revalidación médica. Los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur están exceptuados de estas restricciones, aunque deben realizar el trámite correspondiente.

El procedimiento también depende de la cantidad de medicamentos requeridos. Para hasta cuatro medicamentos, PAMI dispone de una solicitud online con validación automática cuando se cumplen los requisitos. Si se necesitan hasta seis, interviene la Unidad de Gestión Local (UGL), mientras que los pedidos de más de seis requieren una evaluación adicional por tratarse de casos de polimedicación.

Para iniciar la gestión se requiere DNI, credencial de PAMI y receta electrónica con el diagnóstico correspondiente. El trámite puede efectuarlo el propio afiliado, un familiar o una persona autorizada, tanto por los canales digitales del organismo como en una agencia de PAMI.

El subsidio social debe diferenciarse de las coberturas específicas que PAMI mantiene al 100% para determinados tratamientos. El organismo contempla prestaciones integrales para medicamentos oncológicos y oncohematológicos, antirretrovirales, tratamientos vinculados con hepatitis B y C, fibrosis quística, trasplantes, artritis reumatoidea y otras patologías incluidas en programas especiales.

Para los medicamentos que no están alcanzados por una cobertura total, PAMI mantiene descuentos de entre 50% y 80%, según se trate de patologías agudas o crónicas. Los medicamentos de uso eventual tienen una cobertura del 40%.

El cambio que comenzará a regir en octubre actualiza así uno de los parámetros centrales para acceder al subsidio social, pero mantiene la evaluación integral de ingresos y patrimonio. Para los jubilados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos, la diferencia entre obtener un descuento parcial y alcanzar la cobertura total dependerá de su encuadramiento en los requisitos establecidos por PAMI y, cuando corresponda, de la evaluación de una vía de reconsideración.