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La reciente propuesta del presidente Javier Milei de profundizar la reforma laboral suscitó una reacción inmediata en la Confederación General del Trabajo (CGT). Este anuncio encendió las alarmas dentro del sindicalismo, que ve en las modificaciones planteadas un riesgo para los derechos laborales de los trabajadores. Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y líder de la UOCRA, expresó una preocupación palpable, enfatizando que, aunque aún no haya detalles oficiales sobre el alcance de la reforma, cualquier proyecto legislativo que se presente no debe vulnerar los derechos fundamentales que los trabajadores han conquistado a lo largo de las décadas.

Martínez subrayó que la CGT está dispuesta al diálogo y la negociación sobre la modernización de las condiciones laborales, pero siempre que no implique un retroceso en los derechos adquiridos. En sus palabras, «ni un paso atrás» no es solo una consigna sino una defensa firme de lo logrado por el sindicalismo argentino, que ha sido clave para garantizar una movilidad social y un desarrollo equitativo entre los trabajadores del país.

El foco de la inquietud se encuentra en el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado por la diputada Romina Diez, del bloque La Libertad Avanza. Este proyecto propone varias modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo que, según la CGT, flexibilizarían las condiciones laborales, dejando a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad. Uno de los puntos más controversiales es la posibilidad de que los empleadores introduzcan cambios unilaterales en las tareas y modalidades laborales, lo que permitiría a los trabajadores optar por considerarse despedidos y reclamar una indemnización. Además, se destacan otras modificaciones que afectan la organización del tiempo laboral, como la flexibilización de las vacaciones, la reducción de los descansos entre jornadas y la limitación de las licencias por enfermedad, lo cual es percibido por la central sindical como un retroceso en las condiciones laborales.

Por otro lado, otro proyecto que generó alerta en los gremios es el de la Ley de Democracia Sindical, impulsado por legisladores de la UCR y del PRO. Este proyecto pretende introducir cambios significativos en el ámbito sindical, tales como la eliminación de la reelección indefinida de los dirigentes gremiales, la prohibición de la cuota solidaria que sostiene a la «caja sindical», la obligación de presentar declaraciones juradas y medidas para democratizar las obras sociales. A pesar de que este proyecto perdió estado parlamentario, sus impulsores planean volver a presentarlo en el futuro cercano, confiando en que podría contar con el respaldo necesario de los legisladores de La Libertad Avanza.

Aunque la CGT considera que estos proyectos tienen pocas posibilidades de prosperar en el corto plazo debido a la falta de consenso parlamentario, no ocultan su preocupación sobre el futuro. En particular, temen que si Milei obtiene un triunfo contundente en las elecciones legislativas de 2026, podría contar con el respaldo suficiente para llevar adelante estas reformas, lo que representaría una amenaza significativa para la influencia del poder sindical en el país.

En este contexto, la CGT mantiene su firme compromiso con la defensa de los derechos laborales, instando a un diálogo social que permita abordar de manera consensuada los desafíos que presenta el mundo laboral. Según Martínez, los trabajadores apelan al diálogo como la «llave maestra de democracia», que les permitirá construir una Argentina más justa, productiva y desarrollada. Esta postura refleja la disposición del sindicalismo a colaborar con el gobierno en la creación de un entorno laboral moderno y competitivo, pero siempre dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Este debate pone de manifiesto la tensión existente entre las necesidades de modernización del mercado laboral y la protección de los derechos laborales adquiridos a lo largo de la historia, una cuestión que seguirá siendo un tema central en la política argentina en los próximos años.

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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.

La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.

En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

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