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La reciente propuesta del presidente Javier Milei de profundizar la reforma laboral suscitó una reacción inmediata en la Confederación General del Trabajo (CGT). Este anuncio encendió las alarmas dentro del sindicalismo, que ve en las modificaciones planteadas un riesgo para los derechos laborales de los trabajadores. Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y líder de la UOCRA, expresó una preocupación palpable, enfatizando que, aunque aún no haya detalles oficiales sobre el alcance de la reforma, cualquier proyecto legislativo que se presente no debe vulnerar los derechos fundamentales que los trabajadores han conquistado a lo largo de las décadas.

Martínez subrayó que la CGT está dispuesta al diálogo y la negociación sobre la modernización de las condiciones laborales, pero siempre que no implique un retroceso en los derechos adquiridos. En sus palabras, «ni un paso atrás» no es solo una consigna sino una defensa firme de lo logrado por el sindicalismo argentino, que ha sido clave para garantizar una movilidad social y un desarrollo equitativo entre los trabajadores del país.

El foco de la inquietud se encuentra en el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado por la diputada Romina Diez, del bloque La Libertad Avanza. Este proyecto propone varias modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo que, según la CGT, flexibilizarían las condiciones laborales, dejando a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad. Uno de los puntos más controversiales es la posibilidad de que los empleadores introduzcan cambios unilaterales en las tareas y modalidades laborales, lo que permitiría a los trabajadores optar por considerarse despedidos y reclamar una indemnización. Además, se destacan otras modificaciones que afectan la organización del tiempo laboral, como la flexibilización de las vacaciones, la reducción de los descansos entre jornadas y la limitación de las licencias por enfermedad, lo cual es percibido por la central sindical como un retroceso en las condiciones laborales.

Por otro lado, otro proyecto que generó alerta en los gremios es el de la Ley de Democracia Sindical, impulsado por legisladores de la UCR y del PRO. Este proyecto pretende introducir cambios significativos en el ámbito sindical, tales como la eliminación de la reelección indefinida de los dirigentes gremiales, la prohibición de la cuota solidaria que sostiene a la «caja sindical», la obligación de presentar declaraciones juradas y medidas para democratizar las obras sociales. A pesar de que este proyecto perdió estado parlamentario, sus impulsores planean volver a presentarlo en el futuro cercano, confiando en que podría contar con el respaldo necesario de los legisladores de La Libertad Avanza.

Aunque la CGT considera que estos proyectos tienen pocas posibilidades de prosperar en el corto plazo debido a la falta de consenso parlamentario, no ocultan su preocupación sobre el futuro. En particular, temen que si Milei obtiene un triunfo contundente en las elecciones legislativas de 2026, podría contar con el respaldo suficiente para llevar adelante estas reformas, lo que representaría una amenaza significativa para la influencia del poder sindical en el país.

En este contexto, la CGT mantiene su firme compromiso con la defensa de los derechos laborales, instando a un diálogo social que permita abordar de manera consensuada los desafíos que presenta el mundo laboral. Según Martínez, los trabajadores apelan al diálogo como la «llave maestra de democracia», que les permitirá construir una Argentina más justa, productiva y desarrollada. Esta postura refleja la disposición del sindicalismo a colaborar con el gobierno en la creación de un entorno laboral moderno y competitivo, pero siempre dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Este debate pone de manifiesto la tensión existente entre las necesidades de modernización del mercado laboral y la protección de los derechos laborales adquiridos a lo largo de la historia, una cuestión que seguirá siendo un tema central en la política argentina en los próximos años.

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Milei presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional: ¿Qué se espera?

El presidente Javier Milei presentará el proyecto de Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional este lunes a las 21 horas, en una situación de creciente expectativa y debate sobre la política económica del Gobierno. El mensaje, que se espera sea breve y conciso, será grabado a las 17 horas en el Salón Blanco de Casa Rosada y se centrará en la ratificación de la reducción del gasto como política central de su gestión.  

La presentación del Presupuesto 2026 es un momento clave en la gestión de Milei, quien ha hecho de la austeridad y el déficit cero una de sus principales banderas políticas. En un contexto de creciente presión económica y social, el Gobierno busca enviar un mensaje de estabilidad y previsibilidad a los mercados y a la sociedad en general.

El presupuesto será presentado bajo el formato de déficit cero, lo que implica un ajuste significativo en el gasto público y una reducción de la deuda. Según fuentes oficiales, el Gobierno busca alcanzar un superávit fiscal primario del 2,2% para 2026, acorde al compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, la oposición legislativa ya anunció que impugnará el presupuesto, argumentando que no refleja las necesidades reales del país y que es un intento del Gobierno de imponer su política económica sin considerar las voces disidentes. La oposición también comunicó que presentará un presupuesto alternativo, que refleje las necesidades y prioridades de la sociedad argentina.

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Universitarios convocan a la tercera Marcha Federal el 17 de septiembre

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a una nueva movilización en defensa de la universidad pública y la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei.

La tercera Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el 17 de septiembre en el Congreso de la Nación, con el objetivo de expresar el rechazo al veto presidencial y exigir un mayor presupuesto para las universidades nacionales.

La universidad pública argentina se encuentra en una situación crítica, con un futuro incierto que depende en gran medida de la decisión del Gobierno nacional de asignar los recursos necesarios para su funcionamiento. La falta de financiamiento adecuado ocasionado una serie de problemas que afectan directamente a la calidad de la educación y la investigación en las universidades nacionales.

En este escenario, la FATUN ha sido una de las principales voces en defensa de la educación pública, y ahora convoca a una nueva movilización para exigir un cambio en la política educativa del Gobierno. La marcha del 17 de septiembre será una oportunidad para que la comunidad universitaria exprese su rechazo al veto presidencial y exija un mayor compromiso del Ejecutivo nacional con la educación pública.

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario generó un amplio rechazo entre los sectores académicos y estudiantiles, que ven en esta medida un golpe significativo a la estabilidad del sistema universitario. Los reclamos de la FATUN incluyen un aumento en el presupuesto para las universidades, mejoras en los salarios de los docentes y no docentes, y la garantía de continuidad de los programas de becas estudiantiles.

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La OIT llama a reducir la jornada laboral en América Latina

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó un llamado a los países de América Latina para que reconsideren sus actuales horarios semanales de 48 horas y avancen hacia una reducción, según su más reciente informe. La OIT sostiene que esta modificación podría tener efectos beneficiosos en la salud y el bienestar de los trabajadores, así como en los niveles de productividad y empleo digno.

La OIT analizó experiencias en distintos países y llegaron a la conclusión de que la reducción de la jornada laboral puede ser beneficiosa para los trabajadores y la sociedad en general. Sin embargo, el informe también advierte que los resultados positivos dependen en gran medida del diseño de la política, las condiciones institucionales y las medidas complementarias.

La OIT insta a que cualquier cambio se efectúe mediante un diálogo tripartito entre gobiernos, empleadores y representantes sindicales, para que la ordenación del tiempo de trabajo promueva políticas sostenibles y equilibradas. Esto implica que los países deben considerar cuidadosamente las necesidades y preocupaciones de todos los actores involucrados en el proceso.

Beneficios de la reducción de la jornada laboral:

  • Mejora de la salud y el bienestar: La reducción de la jornada laboral puede ayudar a reducir el estrés y la fatiga en el lugar de trabajo, lo que puede tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de los trabajadores.
  • Aumento de la productividad: La reducción de la jornada laboral también puede ayudar a aumentar la productividad, ya que los trabajadores pueden ser más eficientes y enfocados durante sus horas de trabajo.
  • Promoción del empleo digno: La reducción de la jornada laboral puede ayudar a promover el empleo digno y a reducir la desigualdad en el lugar de trabajo.

Aunque algunos países ya comenzaron reformas escalonadas o debates legislativos en esta dirección, en muchos lugares la jornada de 48 horas permanece vigente. La OIT considera que esto representa una deuda pendiente en materia laboral y que es necesario abordar este tema de manera prioritaria.

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