Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una mejora interanual de apenas 0,9% durante junio, aunque retrocedieron 1,3% frente a mayo y acumulan una caída del 2,5% en el primer semestre. El aguinaldo, las promociones por el Día del Padre y el impulso comercial generado por el Mundial estimularon operaciones específicas, pero no alcanzaron para modificar un consumo que continúa condicionado por la pérdida del poder adquisitivo y la cautela de los hogares.

El mercado interno continúa sin mostrar señales consistentes de recuperación. A pesar de que junio concentró factores tradicionalmente favorables para la actividad comercial, como el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), las agresivas promociones por el Día del Padre y el comienzo del Mundial de fútbol, el consumo volvió a exhibir un desempeño insuficiente para revertir la desaceleración que atraviesa el comercio minorista.

El relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró que las ventas minoristas pyme crecieron un 0,9% respecto de junio del año pasado, medidas a precios constantes. Sin embargo, en la comparación desestacionalizada con mayo registraron una caída del 1,3%, resultado que profundizó el deterioro acumulado de los primeros seis meses del año, período en el que la actividad ya retrocede un 2,5%.

La entidad explicó que el leve avance interanual respondió a estímulos de carácter transitorio. La liquidez aportada por el aguinaldo y el movimiento comercial asociado al Mundial favorecieron determinados segmentos del consumo, aunque el efecto resultó acotado. El propio informe concluye que los hogares continúan administrando con prudencia sus ingresos, priorizando compras indispensables y relegando bienes de mayor valor.

La percepción de los comerciantes refleja ese mismo panorama. El 50,1% de los empresarios consultados afirmó que su situación económica permanece estable en comparación con un año atrás, mientras que el porcentaje de quienes describen un escenario desfavorable descendió del 45,1% registrado en mayo al 43,1% en junio. Si bien la mejora refleja un leve alivio en el clima empresarial, todavía no alcanza para consolidar un cambio de tendencia.

Las expectativas hacia los próximos doce meses mantienen un tono moderado. El 52,3% de los comerciantes considera que su actividad continuará sin modificaciones sustanciales; un 37,7% proyecta una mejora, aunque esa proporción disminuyó 1,1 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior, y el 10% restante anticipa un deterioro de su situación, confirmando que la incertidumbre sigue condicionando las perspectivas del sector.

Ese diagnóstico también se refleja en las decisiones de inversión. El 59,3% de los empresarios sostiene que el contexto económico continúa siendo desfavorable para destinar capital a nuevos proyectos o ampliar su capacidad operativa. Apenas un 12,2% entiende que existen condiciones favorables para invertir, mientras que el 28,5% opta por mantener una posición expectante frente a una economía caracterizada por márgenes reducidos y elevada volatilidad.

El comportamiento sectorial volvió a exhibir marcadas diferencias. Perfumería lideró el crecimiento con una expansión interanual del 9,5%, seguida por Farmacia, que avanzó 5,4%. También registraron resultados positivos Alimentos y bebidas, con una mejora del 2,9%, y Textil e indumentaria, con un incremento del 1,9%.

En contraste, los rubros asociados a bienes durables continuaron mostrando mayores dificultades. Bazar, decoración y muebles retrocedió 3,1%; Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción cayó 2%; mientras que Calzado y marroquinería registró una disminución del 1%, ratificando que las compras de mayor desembolso siguen siendo las más postergadas por los consumidores.

Una de las excepciones fue el canal digital. Las ventas online realizadas por comercios con presencia física crecieron 16,7% en comparación con junio del año pasado y aumentaron 4,1% respecto de mayo, consolidando un proceso de transformación en los hábitos de compra que continúa ganando protagonismo dentro del comercio minorista.

El informe de CAME deja una conclusión clara: los estímulos extraordinarios siguen generando efectos puntuales, pero carecen de capacidad para modificar la tendencia general del consumo. La demanda permanece concentrada en adquisiciones específicas, fuertemente impulsadas por promociones, financiación en cuotas y beneficios bancarios, mientras las familias administran con cautela cada decisión de gasto.

Del lado de la oferta, el panorama tampoco ofrece señales de alivio definitivo. Los negocios lidian con un aumento persistente en sus costos fijos, rentabilidades cada vez más ajustadas y una competencia más intensa, factores que limitan la capacidad de inversión y consolidan una estrategia de prudencia. En ese escenario, el desafío del sector ya no pasa únicamente por incrementar las ventas, sino por recuperar un nivel de consumo capaz de sostener la actividad de manera estable y devolver previsibilidad al entramado comercial.

El gobernador Ricardo Quintela promulgó la ley que desconoce la delimitación interprovincial fijada en 1968 y habilita una batería de gestiones ante el Congreso y los tribunales para reivindicar áreas que actualmente integran la jurisdicción sanjuanina. La decisión reabre uno de los litigios federales más sensibles del oeste argentino, donde convergen intereses institucionales, recursos estratégicos y proyectos mineros de escala internacional.

La decisión del Gobierno de La Rioja volvió a colocar en el centro del debate una discusión que permaneció latente durante décadas. Con la entrada en vigencia de la Ley Provincial N.º 10.876, la administración encabezada por Ricardo Quintela dio respaldo legal a una estrategia destinada a cuestionar la delimitación vigente con San Juan y trasladar la discusión a los ámbitos parlamentario y judicial.

La iniciativa, aprobada por amplia mayoría en la Legislatura riojana, sostiene que la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1968, alteró de manera unilateral la configuración geográfica entre ambas provincias sin la intervención constitucional del Congreso Nacional. Sobre esa interpretación, el Ejecutivo riojano considera que corresponde revisar la situación y recuperar sectores que entiende como propios.

Al anunciar la promulgación, Quintela afirmó que la defensa de la soberanía provincial constituye una política irrenunciable y anticipó que la nueva legislación será el punto de partida para impulsar todas las herramientas institucionales disponibles con el propósito de obtener una redefinición de los límites actualmente reconocidos.

La norma encomienda al Poder Ejecutivo promover iniciativas ante el Congreso de la Nación para procurar una revisión del trazado interprovincial y, paralelamente, instruye a la Fiscalía de Estado a promover las acciones judiciales que resulten pertinentes. También autoriza la solicitud de medidas cautelares destinadas a impedir cualquier intervención sobre recursos hídricos, mineros, arqueológicos y ambientales comprendidos dentro del área objeto del diferendo.

El trasfondo de la discusión trasciende la cuestión cartográfica. Dentro de la superficie alcanzada por el planteo se encuentran sectores de enorme relevancia económica, entre ellos el entorno del cerro El Potro, donde se desarrolla el proyecto Josemaría, integrado al distrito minero Vicuña, uno de los emprendimientos metalíferos de mayor proyección en la región andina. A ello se suma la histórica reivindicación sobre el área de Ischigualasto, uno de los patrimonios naturales más emblemáticos del país.

La ofensiva riojana encuentra un antecedente reciente en la resolución dictada por una magistrada de Chilecito, que ordenó la suspensión transitoria de actividades vinculadas al proyecto Vicuña y restringió la utilización de caminos emplazados en territorio riojano utilizados como acceso logístico al campamento Batidero. Aquella decisión judicial fortaleció la posición política del gobierno provincial y revitalizó una discusión que permanecía prácticamente inactiva.

Desde San Juan, la respuesta fue categórica. El gobernador Marcelo Orrego descartó cualquier posibilidad de revisar la delimitación vigente y recordó que el trazado interprovincial cuenta con respaldo normativo desde hace más de medio siglo, además de haber sido ratificado por el Congreso de la Nación en 2014.

El mandatario sostuvo que ninguna jurisdicción puede modificar unilateralmente una cuestión limítrofe mediante legislación local y remarcó que cualquier definición debe ajustarse al procedimiento previsto por la Constitución Nacional, argumento que, incluso, reconoce la propia ley sancionada por la Legislatura riojana al remitir la cuestión a los poderes federales.

La posición sanjuanina recibió además un respaldo político poco habitual. El Partido Justicialista de San Juan, pese a compartir espacio partidario con Quintela, manifestó su acompañamiento a la defensa de los intereses provinciales y afirmó que la preservación del territorio constituye una política de Estado que trasciende las diferencias partidarias.

La Justicia Nacional del Trabajo suspendió la aplicación de artículos de la Ley N.º 27.802 y de su decreto reglamentario al considerar que podrían vulnerar la autonomía sindical, alterar la negociación colectiva y comprometer el financiamiento de prestaciones sociales previstas en el Convenio Colectivo de Camioneros. La resolución representa un nuevo revés para la reforma laboral y amplía la disputa judicial sobre sus principales disposiciones.

La reforma laboral volvió a encontrar un límite en los tribunales. En una resolución con proyección sobre uno de los convenios colectivos de mayor peso del país, el Juzgado Nacional del Trabajo dispuso la suspensión cautelar de normas que modificaban el esquema de financiamiento de beneficios administrados por el Sindicato de Camioneros, al advertir que su aplicación podría producir un perjuicio inmediato sobre derechos surgidos de la negociación colectiva.

La medida fue dictada por el juez Herman Mendel, en la víspera de hacer efectiva su renuncia, al hacer lugar a la acción promovida por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, conducida por Hugo Moyano. La resolución dejó sin efecto, de manera provisoria, la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, así como de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto Reglamentario 407/2026, hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del litigio.

El pronunciamiento alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, columna vertebral de la actividad del transporte automotor de cargas, y preserva el financiamiento de un conjunto de prestaciones incorporadas durante décadas mediante acuerdos paritarios. Entre ellas figuran el seguro de sepelio, subsidios para familiares de trabajadores fallecidos, ampliaciones de la cobertura sanitaria, programas de formación profesional, actividades sociales y culturales y distintos mecanismos de asistencia destinados al personal del sector.

Un cuestionamiento al alcance del decreto

Uno de los puntos centrales del fallo radica en la severa objeción formulada contra la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo.
Para el magistrado, el Decreto 407/2026 excede las facultades reglamentarias previstas por la Constitución al introducir restricciones que no fueron contempladas por el propio Congreso al sancionar la ley. En ese sentido, sostuvo que la norma reglamentaria no se limita a precisar el alcance de la legislación aprobada, sino que modifica sustancialmente su contenido, alterando el equilibrio alcanzado por la negociación colectiva.

La resolución remarca que ese exceso reglamentario podría vulnerar principios constitucionales vinculados con la libertad sindical, la autonomía de las organizaciones gremiales, la ultraactividad de los convenios colectivos y el derecho de las partes a determinar, mediante negociación, los mecanismos de sostenimiento de las prestaciones acordadas.

Un daño inmediato y no una hipótesis

El fallo también descartó que el perjuicio invocado por el sindicato fuera meramente potencial.
Según Mendel, la reducción de recursos comenzaría a producirse desde el momento en que las empresas adecuaran sus liquidaciones salariales al nuevo régimen, afectando de manera directa el financiamiento de beneficios sociales que integran el sistema convencional del sector.

Esa conclusión resultó determinante para conceder la medida cautelar, al considerar acreditado el riesgo de un daño actual sobre prestaciones destinadas a miles de trabajadores comprendidos en la actividad.

Respaldo constitucional e internacional

La decisión judicial también encuentra sustento en normas nacionales e internacionales que protegen la actividad sindical.
Entre ellas, el magistrado invocó los Convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva, además del artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que reconocen la especial tutela jurídica de los derechos laborales colectivos.

Un conflicto que trasciende a Camioneros

La suspensión cautelar alcanza a todas las empresas comprendidas en el Convenio Colectivo 40/89, motivo por el cual fueron notificadas las principales cámaras empresarias del transporte, entre ellas FADEEAC, FAETYL y CATAC, que deberán adecuar su conducta mientras la medida permanezca vigente.