La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan difundió las pautas previstas para las próximas fechas no laborables. El esquema contempla el aniversario de la Fundación de San Juan, el feriado nacional en homenaje a Martín Miguel de Güemes y el Día de la Bandera, con modalidades diferenciadas según cada jornada.

Junio presentará una agenda particular para el sector comercial sanjuanino. Con tres fechas destacadas en el calendario, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan dio a conocer las recomendaciones previstas para la actividad, con el objetivo de brindar previsibilidad tanto a los propietarios de los establecimientos como a los consumidores.

La primera jornada señalada será el 13 de junio, cuando se conmemore un nuevo aniversario de la Fundación de San Juan. Al tratarse de un feriado de alcance provincial y administrativo, no se esperan modificaciones sustanciales en el funcionamiento del comercio, por lo que la mayoría de los locales podrá desarrollar su actividad con normalidad.

El siguiente punto del calendario será el lunes 15 de junio, fecha en la que se observará el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Para esa jornada, la entidad mercantil recomendó el cierre de los establecimientos, aunque aclaró que la apertura quedará sujeta a la decisión de cada comerciante.

La última fecha relevante llegará el 20 de junio, Día de la Bandera en homenaje al General Manuel Belgrano. En este caso, la sugerencia es mantener el ritmo habitual de atención, por lo que se prevé actividad normal en las principales áreas comerciales de la provincia.

Desde la entidad recordaron además que aquellos negocios que opten por abrir durante los feriados nacionales deberán cumplir con las obligaciones previstas por la legislación laboral vigente, incluyendo el pago de las remuneraciones correspondientes para quienes presten servicios durante esas jornadas.

Con este esquema, el sector busca ordenar la actividad durante un mes cruzado por varias conmemoraciones y ofrecer certezas a comerciantes, trabajadores y consumidores respecto del funcionamiento de una de las actividades más dinámicas de la economía provincial.

Un informe elaborado sobre datos del Banco Central ubicó a San Juan como la jurisdicción con mayor nivel de incumplimiento financiero del país. El indicador refleja las dificultades crecientes de miles de hogares para sostener créditos, tarjetas y préstamos en una situación marcada por ingresos rezagados, empleo inestable y menor capacidad de consumo.

Los indicadores de actividad, inflación o empleo suelen ocupar el centro de la escena económica. Sin embargo, existe otro dato que permite observar con particular nitidez la situación cotidiana de los hogares: la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras asumidas.

Desde esa perspectiva, el panorama que surge para San Juan resulta preocupante. Un relevamiento privado basado en información del Banco Central reveló que la provincia registra el índice de mora más elevado de la Argentina, con un 36% de deudores que presentan incumplimientos en créditos, tarjetas y otras formas de financiamiento.

La cifra no sólo supera ampliamente a los principales centros urbanos del país, sino que también coloca a la provincia por encima de distritos históricamente afectados por mayores niveles de vulnerabilidad económica.

Detrás aparecen La Rioja y Catamarca, mientras que la Ciudad de Buenos Aires exhibe el menor porcentaje de incumplimientos, una diferencia que deja al descubierto las profundas asimetrías existentes entre las distintas regiones argentinas.

Deudas que crecen más rápido que los ingresos

El informe elaborado por Analytica muestra que la problemática excede largamente a San Juan. Actualmente, más de 5,3 millones de personas se encuentran en situación de mora tardía dentro del sistema financiero ampliado, un universo que incluye bancos, billeteras digitales, cooperativas, mutuales, fideicomisos y empresas de crédito al consumo. En términos concretos, más de uno de cada cuatro argentinos con financiamiento activo presenta atrasos significativos en sus pagos.

La magnitud del fenómeno adquiere otra dimensión al observar el volumen total de obligaciones de las familias, que ya asciende a 74,2 billones de pesos, equivalentes al 6,5% del Producto Interno Bruto.

Lejos de tratarse de una conducta aislada de determinados sectores, los especialistas señalan que la morosidad funciona como una expresión directa de las dificultades para sostener el presupuesto doméstico. Cuando los ingresos pierden capacidad de compra, el crédito deja de ser una herramienta de financiamiento para convertirse en un mecanismo de supervivencia.

Jóvenes, trabajadores informales y sectores medios bajo presión

El estudio identifica además a los grupos más expuestos.
Los índices más elevados de incumplimiento se concentran entre jóvenes de 18 a 30 años, donde la irregularidad se aproxima al 40%. La situación coincide con un deterioro de las condiciones de inserción laboral para ese segmento etario, caracterizado por mayores niveles de precariedad y menor estabilidad ocupacional.

La capacidad de pago también guarda una relación directa con los ingresos declarados. Entre los monotributistas de menor facturación, los porcentajes de mora duplican a los registrados en las categorías superiores, una diferencia que evidencia cómo el peso de las obligaciones financieras se vuelve más difícil de sostener a medida que disminuyen los recursos disponibles.

Una señal de advertencia para la economía regional

Que San Juan encabece el ranking nacional de morosidad no constituye únicamente una estadística financiera. Detrás de ese indicador aparecen familias que recurren al crédito para cubrir gastos corrientes, trabajadores que destinan una porción creciente de sus ingresos al pago de deudas y comercios que enfrentan un mercado con menor capacidad de compra.

El dato funciona además como una advertencia sobre los límites del consumo sostenido mediante financiamiento. Cuando el endeudamiento reemplaza al ingreso como herramienta para sostener el nivel de vida, la capacidad de pago comienza a deteriorarse y el acceso futuro al crédito se vuelve cada vez más restrictivo.

La Secretaría de Trabajo iniciará la convocatoria para revisar cerca de 150 convenios colectivos vencidos. El Gobierno busca adecuar las reglas laborales a las nuevas formas de producción, mientras las organizaciones sindicales observan con cautela una iniciativa que podría modificar aspectos centrales de la negociación colectiva.

La reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei comenzará esta semana a exhibir una de sus consecuencias más significativas. La Secretaría de Trabajo pondrá en marcha un proceso destinado a reabrir la discusión de alrededor de 150 convenios colectivos que perdieron vigencia formal y que regulan actividades estratégicas de la economía argentina.

La decisión forma parte de la aplicación de la Ley de Modernización Laboral y apunta a revisar acuerdos elaborados bajo condiciones productivas muy distintas a las actuales. Para el Ejecutivo, numerosos convenios conservan disposiciones que ya no reflejan los cambios tecnológicos, organizativos y operativos que atravesaron las distintas ramas de actividad durante las últimas décadas. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el encargado de encabezar las convocatorias a cámaras empresarias y entidades sindicales para iniciar una negociación.

Qué aspectos estarán bajo discusión

Entre los puntos que podrían ser revisados aparecen las modalidades de prestación de tareas, categorías profesionales, sistemas de organización del trabajo y mecanismos de financiamiento de las organizaciones gremiales vinculados a aportes convencionales y contribuciones solidarias.

Desde el Gobierno sostienen que la actualización de estos instrumentos resulta indispensable para acompañar las transformaciones que registraron numerosos sectores productivos y mejorar las condiciones de competitividad.

La iniciativa incorpora además una facultad que despierta especial atención: la posibilidad de que la autoridad laboral objete la homologación de determinados acuerdos cuando considere que sus efectos puedan generar consecuencias económicas de magnitud o afectar intereses considerados estratégicos.

La respuesta sindical

La decisión encontró una rápida reacción dentro del movimiento obrero. Diversos referentes sindicales sostienen que los convenios colectivos mantienen plena vigencia a través de negociaciones periódicas y rechazan la idea de que exista un atraso generalizado que justifique una intervención de semejante alcance.

Las principales objeciones se concentran en la eventual incidencia estatal sobre acuerdos construidos históricamente mediante la negociación entre empleadores y trabajadores. Para varios dirigentes, la discusión excede el contenido de los convenios y alcanza un aspecto sensible del sistema laboral argentino: la autonomía de la negociación colectiva.