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La reciente promoción por parte del presidente Javier Milei de la criptomoneda $Libra ha desencadenado una serie de reacciones y cuestionamientos, especialmente de la CGT, que denunció una «grave irresponsabilidad institucional». En un contexto donde el fenómeno de las criptomonedas sigue siendo un terreno incierto para muchos, la implicancia de este episodio podría ir más allá de un simple error de comunicación.

En la última semana, el mandatario argentino Javier Milei se vio envuelto en una controversia tras la promoción de una criptomoneda, $Libra, en sus redes sociales. Un activo digital que fue inicialmente presentado como una herramienta prometedora para incentivar el crecimiento económico de la Argentina.

Sin embargo, la realidad de este supuesto «instrumento de desarrollo» pronto se reveló como una de las estafas más sonadas en el ámbito de las criptomonedas. Especialistas del sector, tanto locales como internacionales, no tardaron en calificar a $Libra como una «shitcoin», un término despectivo utilizado para describir criptomonedas sin valor o sustancia alguna, diseñadas solo para el enriquecimiento de unos pocos. Los informes iniciales revelaron que el activo digital no contaba con el respaldo adecuado, y resultó ser una maniobra financiera que dejó a miles de inversores en la ruina.

La CGT no tardó en manifestarse, acusando al presidente de «grave irresponsabilidad institucional», al considerar que el respaldo de Milei a una criptomoneda que rápidamente se transformó en una estafa pone en riesgo la confianza de los ciudadanos, especialmente en un país que atraviesa una crisis económica constante.

El comunicado de la central sindical enfatizó que, aunque el presidente pidió disculpas públicamente tras el escándalo, estas disculpas no son suficientes para el nivel de impacto económico y político que este incidente podría acarrear. El respaldo de una figura de su jerarquía a una inversión tan cuestionable pone en evidencia una falta de rigor y responsabilidad institucional, más aún en un contexto donde la economía argentina se encuentra en una encrucijada peligrosa. La crítica de la CGT va más allá de la simple gestión del error, buscando un análisis exhaustivo sobre los motivos que llevaron a Milei a difundir y apoyar la criptomoneda en primer lugar.

La CGT exige, por tanto, un «esclarecimiento total» sobre los hechos, considerando que la acción de promover una criptomoneda sin un sustento real, especialmente por parte del presidente, podría generar efectos económicos nocivos a largo plazo, minando la confianza tanto de los inversores nacionales como internacionales. La reacción sindical no solo hace hincapié en la implicancia ética de respaldar una moneda sin valor, sino también en los posibles efectos sobre la política económica de un gobierno que ya se enfrenta a una situación compleja.

Este episodio no puede ser analizado únicamente como un tropiezo en la comunicación de un mandatario. La involucración de una figura de tan alto perfil en la promoción de una criptomoneda, que rápidamente pasó de ser una promesa de crecimiento económico a una estafa multimillonaria, refleja una serie de falencias dentro de la gestión política del presidente Javier Milei. En primer lugar, la falta de asesoramiento adecuado o de un filtro riguroso que verifique la viabilidad y legalidad de los proyectos que se promueven desde el Ejecutivo es alarmante. Por otro lado, el impacto que este episodio podría tener en la credibilidad del presidente y, por extensión, en la confianza del mercado en su capacidad para gestionar políticas económicas serias y coherentes, es un riesgo considerable.

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La Corte Suprema suspendió la derogación de la Ley de Tierras y reabrió el debate judicial

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023. La decisión respondió a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie y busca evitar eventuales daños ambientales mientras la Justicia define si corresponde admitir el reclamo.

La medida cautelar interina fue firmada por Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. La resolución no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del decreto: mantendrá suspendidos sus efectos hasta que el Juzgado Federal de Bariloche examine la legitimación de los demandantes y el pedido de protección judicial.

La causa se inició a fines de diciembre de 2023, cuando Árbol de Pie y otros particulares promovieron un amparo colectivo. Sostuvieron que la derogación de la Ley 26.737 podía comprometer el derecho a un ambiente sano, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, y afectar la utilización racional de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad.

El expediente pasó por distintas instancias judiciales sin que se resolvieran esos planteos. El juzgado de Bariloche lo había remitido a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba otra causa relacionada con la misma disposición, antes de que llegara al máximo tribunal.

La diferencia con el caso CECIM

La Corte distinguió este reclamo del presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), cuya demanda contra la derogación fue rechazada el 29 de septiembre de 2026 por falta de legitimación activa. En aquel expediente, el planteo se centraba en una presunta afectación de la soberanía nacional; el de Árbol de Pie, en cambio, invoca la protección ambiental.

Ante la falta de una respuesta judicial sobre su presentación, la asociación pidió que se aclarara el alcance del fallo anterior y reiteró la solicitud cautelar. La mayoría entendió que correspondía adoptar una protección provisoria para resguardar el acceso efectivo a la Justicia y prevenir posibles daños irreparables.

Rosenkrantz sostuvo que la Corte no tenía competencia para dictar esa medida en el expediente y consideró que la causa debía regresar a la Justicia federal de Bariloche sin suspender los efectos del decreto.

El fallo posterga la decisión sobre si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o no, dejando el debate abierto. Ahora, el juzgado federal tendrá que resolver si los demandantes tienen legitimación y si se debe mantener la medida cautelar durante la tramitación del amparo.

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Descuentos, regalos y premios: la apuesta comercial para el Día de la Madre

Comerciantes Unidos impulsará una campaña con seis premios de $50.000 para quienes compren por más de $30.000, además de descuentos y regalos en locales adheridos. La iniciativa busca fortalecer las ventas tras las fuertes pérdidas que dejó la interrupción del transporte público.

Con las ventas golpeadas por el reciente paro de colectivos, el comercio sanjuanino concentra sus expectativas en el Día de la Madre y prepara una campaña de promociones y premios para incentivar las compras, especialmente en el microcentro de Capital y la Peatonal.

La propuesta de Comerciantes Unidos contempla $300.000 en premios, distribuidos en seis vouchers de $50.000 cada uno. Según explicó Carlos Iramain, referente de la entidad, quienes realicen compras superiores a $30.000 podrán obtener un cupón para participar de una ruleta. Los premios no serán canjeables por efectivo y deberán utilizarse para adquirir mercadería en los negocios adheridos.

La iniciativa también permitirá que cada local sume descuentos, bonificaciones o regalos propios. El objetivo es ampliar los incentivos para los consumidores y favorecer que el gasto permanezca dentro del circuito comercial local.

La promoción llega después de dos jornadas especialmente adversas para los negocios. como fue la falta de transporte público que provocó caídas de hasta el 70% en las ventas, con establecimientos que incluso cerraron el día sin concretar operaciones. La recuperación de la circulación será determinante para aprovechar el movimiento previo a la celebración.

Entre los rubros que suelen concentrar las compras aparecen perfumería, calzado, indumentaria y marroquinería. También se espera movimiento en electrónica y telefonía, aunque las operaciones pueden extenderse a otros comercios a medida que se acerque la fecha.

Por ahora, la mayoría de los establecimientos mantiene su horario habitual, de 9 a 13 y de 17 a 21. Sin embargo, algunos podrían abrir de corrido durante los días de mayor demanda.

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La UTA y las empresas destrabaron el conflicto y se normaliza el servicio de colectivos

La UTA, las empresas nucleadas en ATAP y funcionarios provinciales acordaron el restablecimiento inmediato de los servicios de corta y media distancia tras una audiencia que se extendió durante más de siete horas. La decisión se produjo el mismo día en que la Justicia había ordenado levantar la medida de fuerza.

Los colectivos de corta y media distancia volverán a circular de inmediato en San Juan, luego de una extensa reunión entre dirigentes de la UTA, empresarios nucleados en ATAP y funcionarios provinciales que se prolongó durante más de siete horas en la Subsecretaría de Trabajo.

El restablecimiento fue confirmado al término del encuentro por Ricardo Salvá, representante de ATAP, quien señaló que las partes acordaron priorizar la recuperación del servicio para los usuarios de toda la provincia.

La definición llegó después de una jornada marcada por la intervención de la Justicia. Cerca de las 13, el juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado y ordenó levantar la medida de fuerza que mantenían los choferes.

La resolución judicial dispuso la restitución del transporte público, aunque su cumplimiento efectivo quedó condicionado a las notificaciones correspondientes y a las instancias de negociación que se desarrollaban en paralelo. Finalmente, el acuerdo alcanzado en Trabajo permitió concretar el regreso de las unidades a las calles.

El conflicto se había iniciado durante las primeras horas del miércoles, cuando la UTA dispuso retenciones de servicio en reclamo por el cumplimiento de las condiciones salariales acordadas con anterioridad. La medida afectó tanto recorridos urbanos como servicios interurbanos y dejó a miles de usuarios sin una prestación regular durante más de un día.

La intervención de la Subsecretaría de Trabajo permitió concentrar la negociación entre las partes involucradas, mientras las autoridades provinciales procuraban garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para el traslado cotidiano de trabajadores, estudiantes y usuarios.

“Se priorizó que el servicio vuelva a funcionar de manera normal para todos los sanjuaninos”, sostuvo Salvá al confirmar el resultado de la audiencia.

Con la decisión adoptada en la mesa laboral, la protesta queda formalmente superada y el transporte comienza a recuperar su funcionamiento habitual. El reclamo salarial que originó la medida, sin embargo, permanece vinculado a las negociaciones entre los trabajadores y las empresas, que deberán continuar por los canales institucionales correspondientes.

El desenlace pone fin a una interrupción que alteró durante más de 30 horas la movilidad provincial y que obligó a la intervención sucesiva de Trabajo, la Justicia, la UTA y las empresas concesionarias. El objetivo inmediato pasa ahora por recuperar la regularidad de las frecuencias y normalizar progresivamente el servicio en toda la RedTulum.

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