En diálogo con Mundo Laboral SJ, Víctor Menéndez, titular del sindicato de Estaciones de Servicio, delineó un panorama crudo sobre la situación económica, la caída del salario real, el avance de la recesión y la creciente migración laboral hacia países limítrofes. Además, analizó la estrategia de la CGT ante la reforma laboral y anticipó el escenario paritario que enfrenta su sector de cara al 2026.

La conversación con Víctor Menéndez deja en claro que la crisis económica dejó de ser un diagnóstico para convertirse en una condición estructural. La inflación que se desacelera a fuerza de recesión, el derrumbe del poder adquisitivo y el estancamiento productivo se entrecruzan en un escenario en el que —según los datos que cita— casi un 80% de los argentinos no logra llegar a fin de mes.

“Estamos viviendo un momento muy delicado. Los trabajadores están realmente apaleados, con salarios bajos y sin expectativas de mejora”, advierte. Su descripción abarca tanto a los asalariados activos como a los jubilados, cuyas prestaciones —recuerda— fueron históricamente referencia regional y hoy se encuentran entre las más deterioradas.

Menéndez remarca un punto que se repite en todos los sectores gremiales: la recesión como única vía para desacelerar los precios. No se trata de un dato menor: detrás de cada punto de inflación menos aparecen cierres de fábricas, suspensiones, despidos y un tejido productivo cada vez más debilitado. “No hay perspectiva de industrializar, de volver a producir. Se están cerrando industrias todos los días”, resume.

La migración laboral, un síntoma inesperado del deterioro

Uno de los fenómenos que más inquieta al dirigente es el crecimiento de la migración laboral hacia países vecinos. Una postal que invierte décadas de historia.

“Hoy los argentinos salen a buscar trabajo a Brasil y Paraguay. Eso no ocurría desde hace muchísimo tiempo”, afirma.

El dato implica una ruptura cultural y económica: en un país que durante años recibió trabajadores de la región, ver a sus propios ciudadanos cruzar la frontera por necesidad es, en términos simbólicos, un indicador profundo de retroceso.

El referente gremial vincula este proceso con lo que considera un cambio de prioridades por parte del Gobierno nacional, al que acusa de “combatir jubilados, trabajadores y pymes” mientras se alinea con sectores de fuerte poder económico. Ese vínculo político-económico, sostiene, alimenta un clima social que percibe como “oscuro” y sin horizonte claro.

CGT, unidad y reformas: un movimiento obrero en alerta máxima

La salida de la CGT del Consejo de Mayo y la inminente discusión de la reforma laboral abrieron una nueva etapa de tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero. Menéndez, que participó de la última reunión de secretarios generales en San Juan, describe un encuentro marcado por preocupación, diagnósticos críticos y relatos de despidos y cierres en múltiples actividades.

“La situación es grave y nos obliga a estar unidos. Se vienen tiempos muy difíciles”, asegura.

De cara al 2026, anticipa que la unidad será el eje central de la renovación de autoridades de la central obrera:
“Habrá que elegir los mejores cuadros, pero siempre desde la unidad. Y también dar lugar a la generación joven que tiene ganas de participar”.

A la par, destaca un punto clave: el problema de un sindicato es el problema de todos. La lógica solidaria vuelve a tomar protagonismo en un contexto en el que, dice, cualquier organización puede ser la próxima en enfrentar conflictos.

Paritarias en el sector: salarios atrasados y una negociación que define 2025–2026

En materia salarial, Menéndez confirma que el gremio debe recomponer un tramo del acuerdo vigente, superado ampliamente por la inflación. La discusión incluye dos alternativas: recuperar lo perdido mediante un porcentaje adicional o a través de un bono compensatorio.

El representante sindical también anticipa que deberá cerrarse el tramo final de la paritaria 2025 —diciembre a marzo— para luego iniciar en abril la negociación 2026.

“La variable de ajuste no puede ser el salario”, subraya. Y añade:
“Los compañeros necesitan una recuperación real. No se puede vivir llegando al día 15 del mes”.

Sobre el proceso de homologación, recuerda que la Secretaría de Trabajo dispone de un plazo de 45 días y que, en caso de desacuerdo extremo, puede intervenir mediante un laudo arbitral. Sin embargo, aclara que en su actividad “nunca fue necesario llegar a ese punto”.

Reforma laboral: modernización sí, retrocesos no

De cara a las próximas semanas, Menéndez anticipa que la CGT convocará a los equipos jurídicos de todos los sindicatos para analizar el proyecto final de reforma laboral. La preocupación no se centra en la idea de modernizar aspectos vinculados a la tecnología o automatización, sino en la posible pérdida de derechos históricos.

“No nos oponemos a la modernización. Pero no podemos resignar conquistas que costaron décadas de lucha, salud y hasta sangre”, asegura.

La central obrera, afirma, buscará incidir mediante diálogo con diputados, senadores, gobernadores y todos los actores políticos involucrados. “En todas las provincias hay trabajadores, nadie puede mirar para otro lado”.

La entrevista con Víctor Menéndez dibuja un país donde la crisis económica opera como eje de todas las discusiones: salarios que no alcanzan, producción paralizada, migración creciente y un clima laboral en permanente tensión. En ese marco, la CGT se reorganiza, busca fortalecer su unidad y prepara una estrategia legislativa y territorial para enfrentar los cambios que el Gobierno proyecta.

El dirigente sintetiza su visión con una mezcla de preocupación y responsabilidad: la necesidad de defender el trabajo, fortalecer la unidad y asegurar que ninguna reforma implique un retroceso histórico.
En tiempos de incertidumbre, insiste, la organización sindical vuelve a ser el principal refugio de los trabajadores.

Un informe elaborado por instituciones académicas y sanitarias argentinas, sumado a alertas difundidas por el British Medical Journal, expone un deterioro acelerado del sistema de salud pública bajo las políticas del Gobierno de Javier Milei. Recortes en programas esenciales, despidos en hospitales, debilitamiento de organismos de control y decisiones internacionales controversiales configuran un escenario que especialistas describen como “de desmantelamiento”.

El debate sobre la salud pública volvió a ocupar el centro de la agenda luego de la presentación del informe “El declive de la salud en la Argentina de Milei”. El documento —150 páginas elaboradas por la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA, la Red de Bioética y la Federación Argentina de Medicina General— fue presentado en la sede del SERPAJ ante referentes del ámbito social y académico, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El estudio analiza el impacto del DNU 70/23 y da cuenta de un proceso que, según sus autores, “erosiona pilares básicos del sistema sanitario nacional”. En su intervención, Pérez Esquivel fue contundente: “Estamos frente al desmantelamiento del sistema público de salud”, una advertencia que sintetiza el clima del encuentro.

Programas desfinanciados, hospitales en crisis y organismos debilitados

Una de las principales conclusiones del informe es que las políticas de ajuste comenzaron a afectar áreas sensibles, muchas de ellas vinculadas a la protección de poblaciones vulnerables. Entre los recortes más preocupantes se destaca el programa de prevención del embarazo adolescente, cuya reducción presupuestaria deja sin herramientas a equipos territoriales y comunidades educativas.

En el plano hospitalario, la situación se agrava día a día. El Garrahan atraviesa lo que sus trabajadores definen como “baja salarial crítica”, que profundiza la fuga de profesionales hacia el sector privado. Otros centros estratégicos, como el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte o el Posadas, sufren despidos que comprometen la atención y generan demoras que impactan directamente en diagnósticos y tratamientos.

ANMAT, entre la falta de recursos y el riesgo sanitario

El documento dedica un capítulo completo a la ANMAT. Allí se denuncia reducción de personal, caída presupuestaria y debilitamiento de su capacidad de control, precisamente en un contexto en el cual la vigilancia sanitaria se vuelve central.

Los autores advierten que limitar la capacidad del organismo “incrementa la exposición a riesgos severos”, recordando episodios como la intoxicación por fentanilo adulterado y otros casos que demostraron la necesidad de un monitoreo robusto y permanente.

Desmantelamiento institucional: la ANLAP y la gestión de medicamentos esenciales

Otro punto crítico es la disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), organismo creado para fortalecer la capacidad productiva del país en medicamentos estratégicos y garantizar acceso a tratamientos de bajo costo.

A esto se suma la eliminación de áreas claves dedicadas a la compra y distribución de vacunas y fármacos para HIV, tuberculosis, lepra y hepatitis C. Para organizaciones y profesionales, el retroceso en estas áreas no solo compromete la prevención sino también la continuidad de tratamientos vitales.

Durante el debate posterior a la presentación del informe, la presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, sintetizó el estado de preocupación: “La política sanitaria actual nos está llevando a una situación límite”, y llamó a coordinar acciones para revertir el deterioro.

Alerta internacional: el British Medical Journal señala a la Argentina como un caso preocupante

La crisis ya no es un asunto doméstico. El British Medical Journal, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, dedicó un informe al retroceso sanitario argentino. En él recoge advertencias de FESPROSA y de su titular, subrayando que la Argentina se está convirtiendo en un “ejemplo negativo” en materia de salud pública.

El artículo no solo critica la decisión del Gobierno de abandonar la Organización Mundial de la Salud —un movimiento inédito entre países de ingreso medio—, sino también los recortes internos que deterioran programas básicos, reducen capacidad de control y generan un retroceso en indicadores que habían mejorado en las últimas décadas.

El deterioro del sistema de salud pública argentino se vuelve evidente a partir de la convergencia de informes académicos, advertencias de organizaciones profesionales y señales provenientes del ámbito internacional. Lo que para muchos comenzó como un ajuste focalizado hoy aparece como un proceso de erosión profunda que afecta a hospitales, programas comunitarios, agencias regulatorias y estructuras que garantizan derechos esenciales.

En palabras de Boriotti, “lo que está en juego es la salud del pueblo, no una discusión técnica”. Y, para un número creciente de voces autorizadas, ese riesgo ya dejó de ser hipotético: forma parte de una realidad que avanza y que exige respuestas urgentes.

En medio de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, el Gobierno de Javier Milei decidió acelerar al máximo el trámite legislativo de la reforma laboral, una de las iniciativas más ambiciosas —y más controvertidas— de su programa. La apuesta central pasa por avanzar primero en el Senado, donde la flamante senadora Patricia Bullrich asumió un rol protagónico para intentar garantizar una media sanción antes del 26 de diciembre.

Bullrich presentó públicamente los lineamientos centrales del proyecto, al que definió como una propuesta “moderada” orientada a modernizar las relaciones laborales, “generar empleo” y otorgar mayor previsibilidad tanto a empresas como a trabajadores. Sin embargo, el texto legislativo —de más de cien páginas— introduce cambios profundos que afectan pilares históricos del derecho laboral argentino.

Entre las modificaciones previstas se incluyen nuevas modalidades de contratación, figuras laborales de mayor flexibilidad, acuerdos a tiempo parcial y la posibilidad de pactar remuneraciones en moneda extranjera o inclusive en especie. También se habilita un esquema de “salario dinámico”, un banco de horas que elimina el pago obligatorio de horas extra y mecanismos alternativos a la indemnización tradicional por despido.

Pese al alcance estructural del proyecto, el Gobierno pretende una aprobación veloz. La estrategia legislativa consiste en avanzar primero en el Senado, donde paradójicamente el oficialismo tiene mayor dificultad para reunir mayorías estables. Por esa razón, Bullrich inició una ronda de conversaciones con los bloques del PRO y la UCR en busca de garantizar el respaldo mínimo necesario. La presión del Ejecutivo es explícita: llegar con la media sanción antes de fin de año.

La dinámica interna del Senado, sin embargo, no parece acompañar el apuro. El recambio legislativo dejó a la Cámara Alta en pleno proceso de reorganización, sin comisiones conformadas y con negociaciones aún abiertas sobre la distribución de espacios estratégicos. Aun así, en los últimos días se especuló con que Bullrich podría intentar presidir la Comisión de Trabajo y Seguridad Social —algo inusual para quien conduce un bloque— con el fin de acelerar el dictamen. Otra alternativa que circula es que se sostenga al frente de la comisión a la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, para evitar demoras formales.

El contraste entre las urgencias políticas del oficialismo y la realidad procedimental del Senado quedó expuesto en la propia advertencia de la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, quien, consciente del riesgo de un traspié legislativo, lanzó una frase que resonó en el Palacio:

“Patricia, no te tires arriba de la granada”.

Ese comentario sintetizó el clima interno: el apuro del Gobierno choca contra un Congreso que todavía no recuperó su ritmo, una oposición fragmentada pero no indefensa, y un proyecto que despierta fuertes resistencias en el mundo sindical y en sectores de la justicia laboral.

Mientras la Casa Rosada insiste en que la reforma es indispensable para “destrabar” el mercado de trabajo, las organizaciones gremiales denuncian una ofensiva que erosiona derechos conquistados y desfinancia los mecanismos de protección del trabajador. En paralelo, especialistas en derecho laboral advierten sobre la complejidad técnica del texto y el riesgo de judicialización masiva si se aprueba sin un debate profundo.

El proyecto de reforma laboral se convirtió en una carrera contrarreloj que expone tensiones políticas, desafíos institucionales y un oficialismo decidido a avanzar aun en un escenario legislativo inestable. El éxito o fracaso de la estrategia dependerá no sólo de la capacidad de Patricia Bullrich para articular apoyos, sino también de la disposición del Senado a convalidar un debate exprés sobre transformaciones estructurales.
La pregunta que atraviesa estas semanas es clara: ¿logrará el Gobierno imponer la velocidad por sobre la deliberación, o el Congreso le recordará que las reformas de fondo necesitan algo más que apuro político?