La cadena cerró su sucursal de Río Gallegos y despidió a toda la plantilla. La decisión afectó a más de 30 empleados directos y puso en riesgo otros 40 puestos vinculados a servicios tercerizados, en un marco de fuerte caída del consumo.

El cierre definitivo de la sucursal Carrefour Market de Río Gallegos, en Santa Cruz, volvió a reflejar el deterioro que atraviesa el comercio minorista en distintos puntos del país. La empresa resolvió cesar las operaciones del establecimiento y desvincular a la totalidad de sus trabajadores, una medida que dejó sin empleo a más de 30 personas y generó inquietud entre el personal de la cadena en otras provincias.

La decisión fue comunicada de forma intempestiva. Al presentarse a trabajar en el local de la avenida Néstor Kirchner 742, los empleados encontraron el establecimiento cerrado, mientras directivos llegados desde Buenos Aires, acompañados por un escribano público, les entregaban los telegramas de despido. «Vinieron, nos reunieron y nos echaron», resumió uno de los trabajadores afectados al relatar cómo se desarrolló la reunión.

Entre los despedidos hubo empleados que se encontraban de vacaciones al momento de la notificación. Según señalaron, durante el encuentro no recibieron precisiones sobre una eventual reubicación en otras dependencias de la empresa, aunque permanece la expectativa de que algunos puedan ser incorporados al hipermercado que Carrefour posee en la capital santacruceña.

La compañía informó que abonará las indemnizaciones previstas por la legislación laboral vigente. No obstante, el impacto excede al personal propio. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, explicó que la firma atribuyó el cierre a la persistente retracción del consumo y al complejo panorama económico. Además de los más de 30 trabajadores directos, la medida compromete alrededor de otros 40 empleos vinculados a empresas de seguridad, limpieza y servicios de verdulería que operaban en el establecimiento.

El local funcionaba sobre una de las principales arterias comerciales de Río Gallegos y ocupaba un inmueble históricamente asociado a la venta de productos de consumo masivo, por lo que su cierre representa un fuerte golpe para la economía de la ciudad.

La repercusión del caso trascendió el ámbito provincial debido al peso de Carrefour dentro del mercado argentino. La multinacional, con presencia en más de 40 países y una extensa red de sucursales en el país, concentra miles de puestos de trabajo, por lo que la decisión alimentó la preocupación entre sus empleados y el movimiento sindical ante la persistencia de la caída de las ventas y el deterioro del consumo.

Mientras avanza el proceso de desvinculación, no existen confirmaciones oficiales sobre posibles reubicaciones del personal. La incertidumbre se mantiene entre los trabajadores, en un momento en que el comercio continúa enfrentando uno de los períodos más complejos de los últimos años.

La Secretaría de Educación de la Nación aprobó el financiamiento por más de $2.522 millones para implementar la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan. El primer ciclo lectivo comenzará en 2027, con un cupo inicial de 50 alumnos y una fuerte articulación con el sistema público de salud provincial.

San Juan concretó uno de los proyectos académicos más relevantes de las últimas décadas al confirmar la llegada del financiamiento nacional que permitirá poner en marcha la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La inversión, superior a los 2.522 millones de pesos, garantiza el inicio del primer ciclo lectivo en 2027 y marca un avance decisivo para ampliar la formación de profesionales destinados a responder a las necesidades sanitarias de la provincia.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, junto al rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, y el intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca, acompañados por autoridades universitarias y funcionarios del área sanitaria. Durante el encuentro se confirmó que la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, aprobó el proyecto institucional y asignó los recursos necesarios para su ejecución.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de San Juan, el Ministerio de Salud y diversos equipos técnicos que elaboraron la propuesta académica. También subrayaron el respaldo del gobernador Marcelo Orrego, cuyo acompañamiento fue considerado determinante para alcanzar la aprobación definitiva.

Uno de los pilares de la nueva carrera será la integración entre la formación universitaria y la red sanitaria provincial. Los hospitales y centros de salud públicos funcionarán como ámbitos de prácticas para los estudiantes, favoreciendo una capacitación con contacto directo con la realidad asistencial y fortaleciendo, al mismo tiempo, el sistema de salud local.

La carrera dependerá de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y tendrá un perfil centrado en la prevención, la promoción de la salud y la atención de las principales demandas sanitarias de la población. El objetivo es formar médicos con una sólida preparación científica y un fuerte compromiso con el desarrollo de San Juan.

El cronograma prevé la apertura de inscripciones durante septiembre, mientras que en octubre comenzarán las actividades preparatorias para los ingresantes. El primer ciclo lectivo se iniciará en 2027 con un cupo inicial de 50 estudiantes.

El proyecto académico fue aprobado por el Consejo Superior de la UNSJ en 2023 y obtuvo la acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en diciembre de 2025, luego de un proceso de evaluación que incluyó la participación de docentes universitarios, profesionales del Ministerio de Salud y especialistas de otras universidades nacionales.

En este sentido, la universidad continúa con la capacitación del futuro cuerpo docente y la ampliación de la infraestructura de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, trabajos que permitirán disponer de las condiciones académicas y edilicias necesarias para recibir a la primera cohorte de estudiantes y consolidar una oferta educativa largamente esperada por la comunidad sanjuanina.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el Municipio de Capital y la Unión Vecinal del barrio Frondizi iniciaron un operativo conjunto para regularizar la situación dominial de unas 500 viviendas. La iniciativa contempla asesoramiento personalizado, visitas domiciliarias y acompañamiento integral para que las familias puedan obtener el título de propiedad después de casi 30 años de espera.

La regularización dominial de unas 500 viviendas del barrio Frondizi comenzó a tomar impulso con un trabajo coordinado con una iniciativa que busca resolver un reclamo sostenido durante décadas y otorgar seguridad jurídica a cientos de familias.

El operativo se puso en marcha con una reunión informativa realizada en la Escuela Arturo Frondizi, donde técnicos del IPV explicaron el procedimiento administrativo, los requisitos documentales y las etapas que deberán cumplir los adjudicatarios para acceder a la escritura definitiva de sus inmuebles.

La iniciativa continuará con un amplio despliegue territorial. Equipos técnicos recorrerán el barrio casa por casa para relevar la situación de cada grupo familiar, informar sobre la documentación necesaria y brindar orientación personalizada. Posteriormente, se habilitarán jornadas de atención en la sede de la Unión Vecinal, donde los interesados podrán presentar la documentación requerida y resolver consultas específicas.

Desde el IPV señalaron que cada expediente será evaluado de manera individual debido a las particularidades jurídicas y administrativas que presenta cada vivienda. El organismo garantizó que el acompañamiento se mantendrá hasta completar la escrituración definitiva, procurando reducir demoras y facilitar la regularización de cada caso.

La obtención del título de propiedad representa mucho más que un trámite administrativo. La escritura constituye el instrumento legal que acredita la titularidad del inmueble, brinda seguridad jurídica, facilita el acceso al crédito, incrementa el valor patrimonial de la vivienda y permite transmitir el bien mediante herencia o venta con plena validez legal.

En Argentina, la regularización dominial se ha convertido en una política pública de relevancia para consolidar el derecho a la vivienda y fortalecer la integración urbana. Diversos programas impulsados por provincias y municipios buscan resolver situaciones de ocupación histórica o adjudicaciones que, pese al transcurso de los años, nunca concluyeron con la entrega del título de propiedad.