Tras una semana de paro con amplio acatamiento en la Universidad Nacional de San Juan, el secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, advirtió sobre el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema universitario. La caída del poder adquisitivo docente, la reducción de actividades académicas y la incertidumbre sobre el financiamiento vuelven a colocar a las universidades nacionales en el centro de la discusión pública.

Barcelona, en diálogo con Mundo Laboral San Juan, sostuvo que las jornadas de protesta reflejaron un importante nivel de acompañamiento pese a encontrarse en una etapa clave del calendario académico. “El acatamiento fue heterogéneo, con momentos de mayor y menor adhesión, pero en términos generales fue muy importante si se tiene en cuenta que estamos finalizando el cuatrimestre”, explicó.

El dirigente también destacó un aspecto que consideran determinante para la continuidad del conflicto: el respaldo de la sociedad. Durante las actividades de visibilización desarrolladas en el marco de la Feria Educativa de la Universidad Nacional de San Juan, docentes y estudiantes mantuvieron contacto directo con la comunidad.

Según el representante de ADICUS, la recepción fue ampliamente favorable y ratificó que una parte importante de la ciudadanía continúa identificando a la universidad pública como una herramienta estratégica para la movilidad social y el desarrollo del país.

Un presupuesto cada vez más ajustado

Más allá de la discusión salarial, el deterioro financiero alcanza a prácticamente todas las áreas del sistema universitario. Barcelona señaló que las partidas destinadas al funcionamiento institucional vienen siendo actualizadas por debajo de la inflación efectiva, generando un progresivo proceso de deterioro que obliga a restringir actividades esenciales.“La situación está al límite porque las actualizaciones presupuestarias se calculan sobre proyecciones inflacionarias que después terminan siendo inferiores a la realidad”, afirmó.

La consecuencia directa de esa dinámica es una universidad que logra sostener apenas los servicios básicos indispensables para su funcionamiento cotidiano. Comedores estudiantiles, servicios esenciales y gastos operativos absorben buena parte de los recursos disponibles, mientras otras áreas comienzan a resentirse. Los primeros impactos aparecen en trabajos de campo, proyectos académicos, actividades científicas, programas de extensión y diversas iniciativas que forman parte de la vida universitaria más allá del aula.

Se trata de un proceso silencioso que, según advierten desde el sector, no siempre resulta visible para la sociedad, pero que termina afectando la calidad educativa, la producción científica y la vinculación de las universidades con sus comunidades.

La ley de financiamiento, en el centro de la disputa

Uno de los principales reclamos del sector gira en torno a la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada por docentes y autoridades como una herramienta indispensable para recuperar el terreno perdido durante los últimos años. Para Barcelona, la norma permitiría corregir buena parte del atraso acumulado tanto en materia presupuestaria como salarial. Según explicó, la universidad arrastra una significativa pérdida de recursos derivada de actualizaciones insuficientes durante 2024 y 2025, además de arrastres inflacionarios provenientes de finales de 2023.

En el caso de los docentes, la situación resulta especialmente crítica. El dirigente estimó que la brecha entre los incrementos salariales otorgados y la inflación acumulada ronda el 100 por ciento. “Es incluso un poco más, pero para redondear puede hablarse de una pérdida cercana al cien por ciento”, enfatizó.

La ley también contempla la recuperación de un ámbito institucional que los gremios consideran indispensable: la negociación paritaria.
Actualmente, denuncian que las actualizaciones salariales se definen de manera unilateral, sin una instancia efectiva de discusión entre el Gobierno nacional y las representaciones sindicales.

Una señal de apertura tras la última movilización

Pese al escenario conflictivo, en las últimas horas apareció un dato que generó expectativas moderadas dentro del movimiento universitario. De acuerdo con lo expresado por Barcelona, dirigentes del Consejo Interuniversitario Nacional recibieron de manera informal una comunicación que anticiparía una próxima convocatoria a paritarias.

Aunque todavía no existe información oficial, el mensaje fue interpretado como una consecuencia directa del impacto político y social generado por la última Marcha Federal Universitaria. “Es algo que no venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. Vamos a esperar para ver si efectivamente se concreta”, señaló.

La posibilidad de reabrir una instancia de negociación representa, al menos por ahora, un punto de inflexión en un conflicto que lleva meses acumulando tensión y que amenaza con profundizarse si no aparecen respuestas concretas. Mientras tanto, ADICUS y el resto de las organizaciones gremiales mantienen abiertas distintas alternativas de acción, entre ellas nuevas medidas de fuerza, clases públicas y actividades de visibilización.

La persistencia de salarios deteriorados, partidas insuficientes y negociaciones paralizadas alimenta una preocupación creciente en toda la comunidad académica. Lo que está en juego, sostienen los docentes, no es únicamente la situación laboral de quienes enseñan e investigan, sino la capacidad del sistema universitario de seguir garantizando formación, producción de conocimiento y oportunidades de desarrollo para las próximas generaciones.

La eventual convocatoria a paritarias abre una ventana de expectativa, aunque todavía insuficiente para disipar la incertidumbre. Mientras las respuestas oficiales continúan demorándose, las universidades nacionales siguen transitando una realidad marcada por restricciones presupuestarias, pérdida salarial y ascendente movilización en defensa de uno de los pilares históricos de la educación pública en argentina.

El personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 789/21 contará con una nueva actualización salarial.

El entendimiento fue suscripto por Marcelo Mena Muñoz, Secretario General, y Humberto Coria, Director de la Delegación Regional Centro de ASIJEMIN. En representación de la empresa participaron Gustavo Bufaliza, Director de Recursos Humanos, y Ángel Guardia, Superintendente de Recursos Humanos.

El acuerdo establece un incremento del 11 % a partir del 1 de mayo sobre los haberes correspondientes al mes de abril, y un adicional del 5 % a partir del 1 de julio, tomando como referencia los haberes del mes de junio, alcanzando un acumulado del 16,55 %. La vigencia del acuerdo se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026.

Esta actualización paritaria destaca la importancia del Convenio Colectivo de Trabajo como herramienta fundamental para la defensa de los derechos de los trabajadores mineros y la mejora de sus condiciones salariales.

El gobernador enviará a la Cámara de Diputados un proyecto para habilitar la obtención de crédito destinado a obras estratégicas. La iniciativa contempla viviendas, rutas, saneamiento, agua potable e infraestructura hídrica con el objetivo de acompañar el crecimiento económico que proyecta la provincia a partir de la expansión minera.

La administración de Marcelo Orrego decidió dar un paso de fuerte impacto en la planificación de largo plazo de San Juan. El Ejecutivo provincial enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que autoriza la búsqueda de financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar un amplio programa de infraestructura orientado a sostener el crecimiento económico previsto para los próximos años.

La iniciativa, denominada Ley de Financiamiento de Infraestructura para el Desarrollo de San Juan, apunta a dotar al Estado provincial de herramientas que permitan acceder a líneas de crédito nacionales e internacionales destinadas exclusivamente a inversiones de capital y obras consideradas prioritarias.

El anuncio se produjo en un momento en el que la provincia busca posicionarse como uno de los principales polos mineros del país, especialmente a partir de los proyectos vinculados al cobre. Desde el Gobierno entienden que la llegada de nuevas inversiones exigirá una red de servicios, conectividad y equipamiento capaz de responder a una demanda creciente de infraestructura.

Durante la presentación, Orrego sostuvo que San Juan atraviesa una etapa decisiva y que el desafío consiste en anticiparse a los requerimientos que impondrá el nuevo ciclo productivo. La estrategia oficial apunta a evitar que el crecimiento económico avance más rápido que la capacidad de respuesta del Estado.

El programa contempla intervenciones en cuatro áreas centrales. La primera está vinculada al acceso a la vivienda, con la construcción de más de treinta barrios y la puesta en marcha de mil créditos habitacionales a través del Instituto Provincial de la Vivienda. El objetivo es atender una demanda que podría incrementarse en semultaneo al desarrollo de nuevos emprendimientos productivos.

El segundo eje se concentra en la conectividad vial. Allí aparecen obras sobre corredores estratégicos, accesos provinciales y rutas que cumplen un papel clave para el transporte de personas, insumos y producción.

La gestión eficiente del recurso hídrico constituye otro de los capítulos prioritarios. El proyecto prevé inversiones destinadas a optimizar sistemas de riego, mejorar la infraestructura de distribución y fortalecer la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades productivas.

A ello se suman trabajos de saneamiento y ampliación de redes de agua potable y cloacas, considerados esenciales para acompañar el crecimiento demográfico y mejorar la calidad de vida en distintos departamentos.

La propuesta surge además en un contexto marcado por el repliegue de la inversión pública nacional. La decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir significativamente el financiamiento de obras trasladó a las provincias la responsabilidad de buscar mecanismos alternativos para sostener proyectos de gran escala.

En ese cuadro, varias jurisdicciones comenzaron a explorar esquemas de endeudamiento y financiamiento externo para mantener activos sus planes de infraestructura. San Juan pretende sumarse a esa tendencia aprovechando una situación fiscal ordenada y las expectativas económicas generadas por el avance de la actividad minera.

Desde el equipo económico provincial remarcan que la iniciativa no responde a una necesidad coyuntural de recursos, sino a una estrategia destinada a construir las condiciones que permitan consolidar el desarrollo futuro. La premisa oficial es que la infraestructura debe preceder al crecimiento y no correr detrás de él.

El debate ahora quedará en manos de la Legislatura. Si obtiene el respaldo parlamentario, el Gobierno contará con la autorización necesaria para iniciar gestiones ante organismos financieros y mercados de crédito, en busca de recursos destinados a una transformación que la administración provincial considera determinante para la próxima etapa de San Juan.

Más allá de la discusión sobre las fuentes de financiamiento, la iniciativa revela una definición política clara: apostar a la obra pública como herramienta de competitividad, generación de empleo y preparación territorial frente a una situación financiera que podría modificar de manera profunda la estructura productiva de la provincia durante la próxima década.