El secretario general de APEL, Sergio Peralta, realizó un balance de la situación que atraviesa el personal legislativo sanjuanino en un período signado por la inflación, el deterioro de los ingresos y las dificultades en las prestaciones de salud. También defendió la política administrativa del sindicato, destacó la construcción de la nueva sede gremial y planteó la necesidad de modernizar la estructura laboral de la Cámara de Diputados.

En medio de un panorama económico que golpea con fuerza a los trabajadores estatales, la Asociación del Personal Legislativo (APEL) de San Juan busca sostener su funcionamiento gremial sin resignar servicios ni capacidad de representación. Con una combinación de administración austera, planificación financiera y reclamos salariales permanentes, el sindicato intenta preservar beneficios para sus afiliados mientras la pérdida del poder adquisitivo continúa erosionando los ingresos.

Sergio Peralta, trazó un diagnóstico amplio sobre la actualidad del sector y dejó definiciones que buscan desmontar ciertas percepciones instaladas alrededor de los empleados legislativos. “No vivimos en una burbuja de oro”, resumió el dirigente al describir las dificultades que atraviesa el personal de la Cámara de Diputados provincial.

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado a la inauguración de la nueva sede gremial ubicada sobre calle Urquiza. Para Peralta, la concreción de esa infraestructura constituye una muestra de orden administrativo en un período especialmente adverso para las organizaciones sindicales.

Según explicó, la obra fue financiada íntegramente con recursos provenientes de la cuota societaria, equivalente al uno por ciento del salario de los afiliados. El dirigente remarcó que el proyecto demandó cuatro años de planificación y ejecución, sin que ello implicara resignar prestaciones históricas para los trabajadores.

“Se mantuvieron los útiles escolares, subsidios, convenios y todos los beneficios sociales mientras avanzaba la construcción”, sostuvo. Además, destacó que el edificio fue inaugurado completamente equipado y sin deudas pendientes, algo que —afirmó— le permitió al sindicato comenzar a proyectar nuevas iniciativas institucionales.

La exposición de Peralta no se limitó al plano administrativo. Buena parte de sus definiciones giraron alrededor de la situación salarial del sector público y de las negociaciones paritarias que mantiene el personal legislativo con las autoridades de la Cámara.

El titular de APEL explicó que el gremio conserva una particularidad dentro del esquema estatal sanjuanino: negocia directamente con las autoridades del Poder Legislativo, sin intermediación de otros sindicatos. Esa autonomía, señaló, evita que la discusión salarial quede condicionada por disputas ajenas o por acuerdos alcanzados en otros sectores de la administración pública.

En ese sentido, indicó que la paritaria del primer semestre replicó los porcentajes otorgados a los docentes, aunque con modificaciones internas destinadas a trasladar sumas adicionales hacia ítems remunerativos que impactan sobre el salario básico.

Pese a ello, Peralta evitó presentar el acuerdo como una mejora real de los ingresos. Por el contrario, definió las negociaciones actuales como mecanismos de “recomposición” frente a una inflación que continúa corriendo por encima de los aumentos salariales.“Siempre vamos detrás de la inflación”, reconoció, al tiempo que describió el desgaste cotidiano que padecen los trabajadores para sostener sus gastos mensuales.

El representante gremial también buscó desmontar una imagen instalada sobre el empleo legislativo. Señaló que los salarios iniciales distan de ser elevados y precisó que un trabajador ingresante, sin antigüedad ni títulos, percibe alrededor de 950 mil pesos.

La aclaración no fue casual. En distintos ámbitos de la administración pública persiste la idea de que el Poder Legislativo concentra privilegios salariales por encima del promedio estatal. Frente a ello, Peralta insistió en que los empleados legislativos sufren los mismos problemas económicos, tributarios y sociales que el resto de los trabajadores.
“El aumento de precios, Ganancias, la inseguridad y el deterioro de la obra social nos afectan igual que a todos”, afirmó.

Precisamente, el funcionamiento de la obra social provincial apareció como uno de los focos más críticos de la entrevista. El titular de APEL cuestionó la pérdida de calidad en las prestaciones y reveló que el gremio ya trasladó formalmente sus reclamos a las autoridades interventoras del organismo.

Según explicó, las respuestas oficiales se apoyan en la reducción de recursos y en la necesidad de absorber programas que anteriormente financiaba Nación. Sin embargo, el sindicalista consideró insuficientes esas explicaciones y sostuvo que los trabajadores no pueden quedar atrapados en las consecuencias de decisiones políticas ajenas.

La preocupación por el sistema sanitario se combina con otro debate de fondo dentro del Poder Legislativo: la reorganización interna de la planta de personal. En ese aspecto, Peralta manifestó que el sindicato impulsa programas de capacitación y una revisión escalafonaria destinada a favorecer la movilidad laboral y mejorar las posibilidades de ascenso.

Al mismo tiempo, recordó que la Cámara de Diputados posee una estructura limitada por ley, con un máximo de 288 empleados de planta permanente. Esa restricción, explicó, impide incorporaciones masivas y condiciona cualquier ingreso a la existencia previa de vacantes.

Con esa definición, el dirigente también buscó diferenciar el funcionamiento administrativo del Poder Legislativo respecto de otros sectores estatales cuestionados por ampliaciones de planta o regularizaciones masivas de contratados.

Más allá de las precisiones técnicas y salariales, las palabras de Peralta dejaron entrever un clima de preocupación que atraviesa a buena parte del empleo público. La incertidumbre económica, la pérdida sostenida del ingreso y el deterioro de servicios esenciales aparecen hoy como factores que impactan directamente sobre el ánimo de los trabajadores.

En ese escenario, APEL intenta sostener una estrategia dual: preservar la capacidad de negociación gremial mientras mantiene en funcionamiento una estructura sindical que continúa brindando asistencia social y servicios a sus afiliados.

La frase que el dirigente pidió destacar al cierre de la entrevista sintetizó buena parte del mensaje político y gremial que buscó transmitir: “Los empleados legislativos no la pasamos tan bien como la mayoría de la gente cree”.

Representantes de las economías regionales expusieron ante legisladores nacionales un diagnóstico crítico sobre la situación productiva en las provincias. Caída de rentabilidad, atraso cambiario, incremento de costos, apertura importadora y falta de financiamiento aparecen entre las principales amenazas para un entramado económico que genera la mayor parte del empleo rural argentino.

La preocupación atraviesa de punta a punta al interior productivo argentino. Productores de distintas economías regionales llevaron esta semana al Congreso político nacional un diagnóstico tan amplio como inquietante: numerosas actividades agroindustriales atraviesan un deterioro acelerado de su rentabilidad y, en muchos casos, los pequeños y medianos establecimientos ya no logran cubrir siquiera sus costos operativos.

El planteo fue expuesto durante un encuentro organizado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde diputados y senadores de distintos espacios políticos escucharon de primera mano la situación que atraviesan actividades claves para el entramado federal del país.

Lejos de la imagen asociada históricamente al gran complejo agroexportador de la Pampa Húmeda, los productores describieron una realidad completamente distinta: explotaciones medianas y pequeñas, altamente dependientes del mercado interno, con fuerte utilización de mano de obra y márgenes cada vez más estrechos frente al incremento sostenido de los costos.

La advertencia no es menor. Según datos expuestos durante la reunión, las economías regionales generan cerca del 70% del empleo rural y representan exportaciones por unos 8.700 millones de dólares anuales. En numerosas provincias constituyen además el principal motor económico y social, sosteniendo cadenas productivas enteras vinculadas al transporte, el comercio y los servicios.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, definió a estas actividades como una expresión concreta del federalismo productivo argentino y reclamó un rediseño de las normas vigentes para facilitar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector.

Sin embargo, detrás de esa definición institucional apareció un cuadro mucho más severo. Los productores enumeraron una larga serie de obstáculos que hoy condicionan la supervivencia de múltiples actividades: elevada presión tributaria nacional, provincial y municipal; tarifas energéticas crecientes; costos laborales elevados; dificultades de acceso al crédito; infraestructura logística insuficiente y un tipo de cambio que consideran atrasado frente al incremento de los gastos internos.

El impacto combinado de esos factores viene deteriorando la competitividad de numerosas producciones que dependen de mercados externos o que deben competir con productos importados de menor costo.

Uno de los puntos más sensibles abordados durante el encuentro fue precisamente el avance de importaciones en rubros históricamente vinculados a las economías regionales. El tomate apareció como uno de los ejemplos más citados por los productores, quienes advirtieron que el ingreso de mercadería extranjera a precios considerablemente más bajos está desplazando producción nacional y poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo.

A ese cuadro se suman además factores internacionales que profundizan las dificultades locales. El conflicto en Medio Oriente comenzó a repercutir directamente sobre el precio de los combustibles y del transporte, mientras que la escalada internacional del gas impactó de lleno sobre los fertilizantes nitrogenados.

La urea, uno de los insumos esenciales para numerosas actividades agrícolas, registró aumentos de hasta el 50%, alterando por completo las proyecciones de costos para la próxima campaña.

En ese sentido, desde CAME insistieron en la necesidad de construir herramientas específicas para un universo productivo que —afirman— no puede ser medido con la misma lógica que el gran agro exportador concentrado.

La principal iniciativa impulsada por la entidad es el proyecto de ley denominado “Régimen de Promoción MiPyME de las Economías Regionales”, una propuesta que busca establecer un marco normativo integral para el sector con vigencia de quince años y la creación de un Fondo de Fomento específico.

La iniciativa también apunta a otorgar una definición legal unificada para las economías regionales, un reclamo histórico de productores que consideran que muchas políticas públicas nacionales terminan diseñadas exclusivamente para las grandes cadenas agroexportadoras.

Entre las medidas concretas planteadas durante la reunión sobresalen la reducción de cargas patronales mediante la ampliación del Mínimo No Imponible, la aplicación de una alícuota reducida de IVA para el gas utilizado en actividades productivas y la extensión de beneficios tarifarios eléctricos para establecimientos afectados por emergencias agropecuarias.

El debate dejó al descubierto otra discusión de fondo: la creciente distancia entre los indicadores macroeconómicos utilizados por el Gobierno para describir la situación del “campo” y la realidad cotidiana que atraviesan numerosas producciones regionales.

Mientras algunos sectores ligados al complejo cerealero mantienen niveles elevados de rentabilidad y exportación, gran parte del interior productivo enfrenta dificultades completamente distintas, asociadas a escalas menores, mayores costos logísticos y mercados mucho más vulnerables.

La diferencia no es solamente económica. También implica consecuencias sociales directas. Las economías regionales sostienen empleo intensivo en provincias donde muchas veces no existen alternativas laborales equivalentes. El cierre o achicamiento de establecimientos repercute inmediatamente sobre pueblos enteros cuya actividad depende de esas cadenas productivas.

Por eso, el reclamo de los productores excedió el pedido de alivio fiscal coyuntural. Lo que se discutió en la sede de CAME fue la necesidad de definir si Argentina pretende conservar un esquema productivo federal diversificado o avanzar hacia una estructura cada vez más concentrada en pocas actividades y regiones.

La Dirección de Asesoramiento Previsional informó los alcances del Plan de Pago de Deuda Previsional destinado a trabajadores que se encuentran a menos de diez años de cumplir la edad jubilatoria y no alcanzan los 30 años de aportes requeridos por el sistema previsional.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional, difundió información clave sobre el funcionamiento del Plan de Pago de Deuda Previsional, una herramienta diseñada para trabajadores en actividad que necesitan completar años de aportes antes de acceder a la jubilación.

La iniciativa apunta a un universo cada vez más amplio de personas que, debido a períodos de informalidad laboral, desempleo o aportes discontinuos, no logran reunir los 30 años exigidos por el régimen previsional argentino al momento de iniciar el trámite jubilatorio.

En este contexto, el programa permite comenzar a regularizar aportes con anticipación, evitando que la falta de años computables se transforme en un obstáculo al llegar a la edad de retiro.

Quiénes pueden acceder

El plan está destinado a trabajadores activos que se encuentren a menos de diez años de alcanzar la edad jubilatoria. Los rangos establecidos son:
Mujeres entre 50 y 59 años.
Varones entre 55 y 64 años.

Desde el organismo explicaron que también pueden incorporarse personas que actualmente no estén en relación de dependencia. En esos casos, la alternativa habilitada es la inscripción al monotributo, modalidad que permite comenzar a regularizar aportes previsionales.

La medida representa una posibilidad concreta para quienes atravesaron largos períodos de empleo informal o actividades laborales sin registración, una problemática estructural que afecta especialmente a trabajadores independientes, sectores precarizados y economías regionales.

Un mecanismo para anticiparse al problema jubilatorio

El objetivo central del programa es evitar que miles de personas lleguen a la edad jubilatoria sin reunir los requisitos mínimos para acceder a un haber previsional.

Desde la Dirección de Asesoramiento Previsional remarcaron la importancia de consultar el historial con tiempo suficiente para conocer la situación de aportes y comenzar, en caso de ser necesario, un proceso de regularización gradual.

Además, destacaron que el asesoramiento es gratuito y permite evaluar cada caso particular antes de iniciar cualquier trámite administrativo.

Dónde realizar consultas

Las personas interesadas pueden recibir atención y orientación a través de distintos canales:
Atención presencial: P. A. de Sarmiento 134 norte, Casa de Gobierno, Pabellón N°5.
Teléfonos: 4296234 / 2645471782 / 0800-222-5824.
Correo electrónico: [email protected]
La atención se brinda de lunes a viernes, de 7:30 a 14:30 horas.

Una preocupación creciente entre los trabajadores

La necesidad de completar aportes previsionales se volvió una inquietud recurrente entre trabajadores próximos a jubilarse, especialmente en momentos marcados por trayectorias laborales fragmentadas y pérdida del empleo formal.

En ese marco, el Plan de Pago de Deuda Previsional aparece como una herramienta preventiva que busca ofrecer previsibilidad y evitar que la falta de aportes derive, en el futuro, en mayores dificultades para acceder a una cobertura jubilatoria.