Con el respaldo de más de dos tercios de las seccionales del país, el Consejo Directivo de la Unión Obrera Metalúrgica resolvió avanzar con una reorganización interna para sostener la actividad institucional y las negociaciones salariales tras la intervención judicial dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El sindicato declaró además el estado de alerta y movilización permanente.

La conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) endureció este martes su respuesta política y sindical frente a la intervención judicial que dejó sin efecto las autoridades electas del gremio y resolvió avanzar con una estructura transitoria destinada a preservar el funcionamiento institucional de la organización.

La definición surgió de una reunión extraordinaria del Consejo Directivo realizada en la sede central del sindicato, donde participaron representantes de más de dos tercios de las seccionales metalúrgicas del país. Allí, la organización resolvió rechazar formalmente la decisión adoptada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y declaró el “estado de alerta, movilización y sesión permanente” en todo el territorio nacional.

La central metalúrgica sostuvo que las medidas adoptadas apuntan a garantizar la continuidad administrativa, gremial y convencional de la entidad mientras se desarrolla la disputa judicial abierta tras el fallo que anuló los comicios de la seccional Campana y extendió sus efectos sobre la conducción nacional encabezada por Abel Furlán.

En ese punto, el Consejo Directivo designó a Daniel Daporta —actual secretario general adjunto y dirigente de la seccional Avellaneda— como Delegado Administrador nacional de la organización. La resolución le otorga facultades para asegurar el desenvolvimiento institucional del sindicato y coordinar las tareas necesarias hasta tanto se resuelva la situación de fondo.

La estructura transitoria también incluyó la designación de Emiliano Gallo, titular de la seccional Vicente López, como Delegado Administrador en Campana, distrito donde se originó la controversia judicial que derivó en la intervención del gremio.

La reorganización interna no se limitó al plano administrativo. En un contexto de marcada tensión económica y negociación salarial compleja para el sector industrial, la UOM resolvió además conformar un nuevo esquema de representación paritaria con el objetivo de impedir una paralización de las discusiones salariales.

Para esa tarea fueron designados Daniel Daporta, Emiliano Gallo, Óscar Anselmo Martínez, Osvaldo Lobato, Esteban Cabello, Diego Sebastián Espeche, Rubén Urbano, Pablo Molina, Roberto Daniel Gómez y Antonio Ricardo Donello, quienes tendrán la responsabilidad de sostener las negociaciones convencionales y representar al gremio frente a las cámaras empresarias.

Desde la organización remarcaron que la disputa excede una cuestión interna y se vincula directamente con la defensa de la autonomía sindical y la legitimidad de las organizaciones gremiales para elegir a sus autoridades sin interferencias externas.

Como parte del plan de acción, el sindicato también resolvió convocar a asambleas en fábricas, talleres y establecimientos metalúrgicos de todo el país para informar a los trabajadores sobre los alcances de la resolución judicial y debatir los próximos pasos del conflicto.

Con este panorama, la UOM intenta preservar capacidad operativa, sostener la representación paritaria y evitar un vacío institucional que afecte tanto la negociación salarial como el funcionamiento cotidiano de una de las organizaciones industriales más importantes del país.

La medida de fuerza de 96 horas impulsada por docentes y no docentes universitarios registró un importante nivel de adhesión en la Universidad Nacional de San Juan. Desde ADICUS advirtieron sobre la profundización del deterioro salarial, el abandono de cargos y el riesgo de complicaciones en el inicio del segundo cuatrimestre.

El conflicto salarial en las universidades nacionales volvió a escalar y expuso con crudeza el deterioro económico que atraviesa buena parte del sistema educativo superior. Con un elevado nivel de adhesión en distintas facultades e institutos preuniversitarios, comenzó este martes el paro de 96 horas convocado por los gremios docentes y no docentes, en una medida que impacta de lleno en el funcionamiento académico de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La representante de ADICUS, Edith Liquitay, describió un panorama marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la sobrecarga laboral y la dificultad de numerosos docentes para sostener económicamente su actividad profesional.

“Hay compañeros que manejan Uber, venden comida los fines de semana o realizan emprendimientos artesanales para poder complementar ingresos”, señaló la dirigente sindical al reflejar el escenario que atraviesan numerosos trabajadores universitarios.

Según explicó, el nivel de adhesión a la protesta evidencia la profundidad del malestar acumulado en el sector. De acuerdo con el relevamiento realizado por el gremio, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento el acatamiento rondó el 70%, mientras que en el Colegio Central Universitario osciló entre el 40% y el 50%, condicionado por mesas de evaluación y actividades académicas programadas. En tanto, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes la actividad fue prácticamente nula durante la jornada.

Liquitay sostuvo que dentro del espacio gremial existieron sectores que promovían avanzar con medidas aún más severas, incluso con un paro por tiempo indeterminado. Sin embargo, las federaciones universitarias acordaron una instancia intermedia ante la necesidad de sostener la visibilidad del conflicto sin interrumpir completamente el calendario académico.

“La situación es extremadamente delicada y se viene agravando desde hace meses”, afirmó Liquitay, quien además cuestionó la ausencia de respuestas concretas por parte del Gobierno nacional luego de las masivas movilizaciones universitarias realizadas en distintos puntos del país.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación dentro de la comunidad educativa es la continuidad normal del ciclo lectivo durante la segunda mitad del año. Desde el gremio advirtieron que el conflicto no se limita a una protesta coyuntural, sino que forma parte de un plan de lucha de alcance prolongado frente al deterioro salarial y presupuestario.

“Lo que empieza a ponerse en riesgo es el inicio mismo del segundo cuatrimestre”, alertó la referente de ADICUS, al tiempo que remarcó que las recomposiciones salariales otorgadas hasta el momento quedaron muy por detrás de la inflación acumulada.

En ese sentido, explicó que el último instructivo salarial enviado por Nación contempló apenas un incremento del 1,5%, mientras que la evolución de los precios acumuló una diferencia cada vez más pronunciada respecto de los ingresos universitarios.

“El desfasaje es enorme y ya afecta la permanencia de profesionales altamente formados dentro de las universidades públicas”, sostienen desde el sector gremial, donde también reconocen una notable migración de docentes hacia otras actividades laborales ante la imposibilidad de sostenerse únicamente con el salario académico.

El endurecimiento de la crisis vuelve a colocar a las universidades nacionales en el centro de la discusión pública, en medio de un panorama económico que combina ajuste presupuestario, pérdida salarial e incertidumbre sobre el funcionamiento futuro del sistema de educación superior.

La administración nacional dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas destinado a las empresas de larga distancia por la emisión de pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con patologías oncológicas. Aunque el beneficio continuará vigente para los usuarios alcanzados por la normativa, el costo quedará íntegramente bajo responsabilidad de las compañías del sector.

En una nueva señal de profundización del proceso de desregulación del sistema de transporte, el Gobierno nacional resolvió eliminar el mecanismo mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de ómnibus de larga distancia por los boletos gratuitos otorgados a sectores protegidos por ley.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y representa el cierre definitivo de un esquema implementado en 2018 para cubrir parcialmente el impacto financiero derivado de la entrega de pasajes sin cargo a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, ciudadanos en lista de espera para trasplantes y menores con enfermedades oncológicas.

Desde la administración libertaria aclararon que el derecho de acceso gratuito al transporte continuará plenamente vigente y que las empresas seguirán obligadas a garantizar esos viajes. Sin embargo, el costo operativo ya no contará con respaldo presupuestario estatal, en línea con la política de reducción del gasto público impulsada por la gestión de Javier Milei.

La Secretaría de Transporte argumentó que el régimen de compensaciones había perdido razonabilidad tras las modificaciones introducidas por el Decreto 883/2024, normativa que avanzó sobre una fuerte flexibilización del transporte automotor interjurisdiccional. A partir de ese esquema, las compañías adquirieron mayores márgenes de autonomía para definir recorridos, frecuencias, modalidades de servicio y estructuras tarifarias.

En ese aspecto, el Ejecutivo consideró que las empresas ya cuentan con herramientas suficientes para absorber internamente el costo derivado de los pasajes gratuitos establecidos por ley.

“El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, señalaron oficialmente desde el área de Transporte, intentando despejar cuestionamientos respecto de una eventual pérdida de derechos para los beneficiarios del sistema.

La disposición también ratificó el rol de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) como organismo encargado de supervisar el cumplimiento efectivo de la normativa y controlar que las compañías continúen entregando los boletos correspondientes.

Al mismo tiempo, el texto incorporó una cláusula transitoria destinada a garantizar la continuidad administrativa de trámites iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva disposición, evitando interrupciones en solicitudes ya gestionadas por los usuarios.

Aunque el Gobierno sostiene que la eliminación de estas compensaciones responde a criterios de eficiencia y equilibrio fiscal, desde distintos sectores advierten que el traslado total del costo hacia las empresas podría derivar en futuras tensiones operativas, reclamos judiciales o eventuales restricciones indirectas en la disponibilidad de pasajes gratuitos.

Con esta resolución, la administración nacional consolida otro paso dentro de un modelo económico orientado a reducir la participación financiera del Estado en actividades reguladas, trasladando progresivamente responsabilidades al sector privado bajo una lógica de mercado y autosustentabilidad empresarial.