La central sindical cuestionó la revisión de convenios colectivos impulsada por el Gobierno y advirtió que la descentralización de las negociaciones salariales podría debilitar derechos laborales. Esta semana definirá un nuevo esquema de medidas gremiales con alcance nacional.

La discusión por la reforma laboral volvió a tensar la relación entre el Gobierno y la CGT. La central obrera advirtió que los cambios propuestos en los convenios colectivos podrían alterar uno de los pilares del sistema de relaciones laborales argentino y anticipó la construcción de una nueva estrategia de confrontación para el segundo semestre.

El encargado de fijar la posición fue Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, quien cuestionó la posibilidad de habilitar negociaciones diferenciadas por empresa y alertó sobre un eventual proceso de fragmentación de las paritarias. Según sostuvo, ese esquema abriría la puerta a una competencia basada en menores salarios y condiciones laborales más flexibles, fenómeno que definió como una forma de «dumping laboral».

La preocupación sindical surge a partir de la convocatoria oficial para revisar cláusulas de los convenios colectivos de trabajo, una iniciativa que el Gobierno presenta como parte de su agenda de modernización del mercado laboral. Para la CGT, sin embargo, la negociación por actividad continúa siendo la principal herramienta para evitar desequilibrios entre trabajadores y empleadores y preservar estándares homogéneos dentro de cada sector económico.

Sola alertó que avanzar hacia acuerdos por empresa podría derivar en una progresiva atomización de la representación sindical y empresaria, debilitando la capacidad de negociación colectiva construida durante décadas. Aunque reconoció que existen diferencias regionales y productivas que merecen tratamiento específico, sostuvo que esas particularidades deben resolverse dentro de los convenios nacionales y con participación de las organizaciones gremiales de cada sector.

La disputa por la reforma laboral se produce además en un contexto marcado por la caída del empleo y las dificultades que atraviesan numerosas actividades productivas. Desde la Confederación General del Trabajo aseguran que el deterioro de la actividad económica impacta tanto sobre los trabajadores como sobre pequeñas y medianas empresas, una coincidencia de intereses que comienza a reflejarse en reclamos compartidos en distintas regiones del país.

En ese sentido, la conducción sindical avanzará esta semana en la definición de un nuevo plan de acción. El Consejo Directivo Nacional se reunirá el jueves en la sede de Azopardo para analizar el escenario político, económico y laboral, y evaluar la convocatoria a medidas de mayor alcance.

La señal más contundente llegó de boca del propio Sola: la CGT buscará articular los conflictos sectoriales en un plan común que desemboque en una «gran medida nacional» durante la segunda mitad del año. Más allá de la modalidad que finalmente adopte la protesta, el mensaje sindical anticipa una nueva etapa de conflicto con el Gobierno en torno al futuro de la negociación colectiva y las reformas laborales impulsadas por la administración de Javier Milei.

Un relevamiento reveló que el 75,25% de los sanjuaninos mantiene compromisos financieros. La mayor parte de los recursos se destina a alimentos, servicios y salud, mientras las tarjetas de crédito, los préstamos y las facturas impagas se consolidan como herramientas para sostener la economía doméstica.

La fragilidad financiera de los hogares en San Juan continúa profundizándose. Un estudio realizado por Amas de Casa del País entre el 10 y el 19 de junio mostró que tres de cada cuatro habitantes de la provincia mantienen algún tipo de deuda activa, una proporción que expone las dificultades crecientes para afrontar los gastos corrientes únicamente con los ingresos mensuales.

El informe, realizado sobre una muestra de 400 personas, determinó que el 75,25% posee compromisos financieros, mientras que apenas el 24,75% afirmó no registrar deudas. La radiografía de ingresos ayuda a explicar ese escenario: el 50,3% de los consultados percibe entre 200.000 y 400.000 pesos mensuales, un nivel que deja escaso margen para absorber aumentos de precios o gastos imprevistos.

La presión sobre los presupuestos familiares se concentra en consumos esenciales. El 94% de los encuestados destina sus recursos a la compra de alimentos, el 67,4% al pago de servicios, el 53,2% a salud y el 35,9% a educación. Los gastos vinculados al transporte apenas alcanzan el 8%, mientras que otros consumos resultan prácticamente marginales.

Las obligaciones más frecuentes están asociadas al funcionamiento cotidiano del hogar. Las deudas por servicios encabezan el listado con el 54,2%, seguidas por las tarjetas de crédito (52,8%) y los préstamos personales (48,8%). Más atrás aparecen las compras fiadas (30,6%) y las cuentas pendientes en farmacias (8%).

Los datos sugieren un cambio relevante en la naturaleza del endeudamiento. Ya no se trata principalmente de financiar bienes durables o consumos extraordinarios, sino de cubrir necesidades básicas. En ese contexto, el crédito dejó de ser una herramienta de expansión del consumo para convertirse en un mecanismo de subsistencia.

El panorama provincial adquiere una dimensión adicional al observar los niveles de mora. De acuerdo con un informe de la consultora Analytica elaborado sobre registros del Banco Central, el 36% de los deudores sanjuaninos presenta atrasos superiores a 90 días en sus pagos, el porcentaje más elevado del país.

La cifra duplica ampliamente los registros observados en los principales centros urbanos y refleja desequilibrios estructurales vinculados con menores ingresos, elevada informalidad laboral y una inserción financiera más débil. Entre los jóvenes, además, la situación aparece especialmente comprometida, con niveles de incumplimiento que rondan el 40%.

Los números describen una tendencia persistente: una parte significativa de los hogares sanjuaninos depende del endeudamiento para sostener consumos esenciales y enfrenta desafíos cada vez mayores para cumplir con sus obligaciones. La combinación de ingresos ajustados, pérdida de capacidad adquisitiva y aumento de la mora configura uno de los principales retos financieros y sociales que atraviesa actualmente la provincia.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de 118 escrituras a familias de distintos departamentos de la provincia, en un acto que representa un paso fundamental para brindar seguridad jurídica y consolidar el derecho a la propiedad de cientos de sanjuaninos.

La actividad se desarrolló junto a la ministra de Gobierno, Laura Palma, la escribana Mayor de Gobierno, Maira Mancini y al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, en el marco del trabajo que lleva adelante la Unidad Ejecutora Provincial para la Regulación Dominial (UEPREDO), organismo encargado de regularizar la situación de viviendas construidas sobre terrenos fiscales provinciales.

Durante el acto, Orrego destacó el valor que tiene para las familias acceder al título de propiedad de sus hogares. “Me pone muy feliz poder acceder a ese título de propiedad que es tan importante, tan soñado. No solo se trata de un documento que permite transferir derechos en el futuro, sino también de la posibilidad de sentirse estable y tener previsibilidad”, expresó.

El mandatario señaló que la regularización dominial constituye una de las prioridades de la gestión provincial y remarcó el desafío que representa avanzar en miles de trámites pendientes. En ese sentido, indicó que existen más de 12.000 viviendas que deben ser regularizadas y destacó el trabajo técnico y profesional que realiza diariamente la UEPREDO para agilizar los procesos y garantizar que cada familia pueda obtener la documentación correspondiente.

Asimismo, Orrego aseguró que el Gobierno provincial trabaja de manera permanente para generar soluciones habitacionales y continuar impulsando la construcción de viviendas. En ese marco, sostuvo que el acceso a la casa propia y la obtención de la escritura forman parte de una misma política destinada a brindar estabilidad y mejores condiciones de vida a las familias sanjuaninas.

“Hoy es un sueño cumplido, porque ese título de propiedad ya es de ustedes”, afirmó el gobernador al dirigirse a los beneficiarios.

En esta oportunidad, se entregaron 118 escrituras distribuidas en distintos departamentos: 41 en Rivadavia, 28 en Chimbas, 28 en Pocito, 12 en Rawson, 6 en Santa Lucía, 1 en Capital, 1 en Caucete y 1 en Jáchal.

La entrega fue coordinada entre el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Escribanía Mayor de Gobierno. A través de la UEPREDO, la provincia continúa avanzando en la regularización dominial de viviendas pertenecientes a programas como Lote Hogar y otros inmuebles del dominio provincial, garantizando a las familias la posibilidad de convertirse formalmente en propietarias de las viviendas que habitan.