El kilo de filet de merluza se ubica entre $9.000 y $10.500 en pescaderías sanjuaninas, consolidando una suba cercana al 40% en un año. A días de Semana Santa, el incremento refleja el peso de la inflación, la estacionalidad y los costos del sector, en un marco de consumo más cauteloso.

A pocos días de una nueva celebración de Semana Santa, uno de los productos emblemáticos de la mesa sanjuanina vuelve a registrar un marcado incremento de precios. El filet de merluza, principal referencia del consumo en esta época, se comercializa actualmente entre $9.000 y $10.500 por kilo, con picos que ya alcanzan los $11.000 según el punto de venta.

La comparación interanual permite dimensionar el impacto: a fines de marzo de 2025, el mismo producto rondaba los $7.500, luego de haber escalado desde los $6.000 el año previo. La dinámica evidencia una tendencia sostenida al alza que, lejos de moderarse, encuentra en la estacionalidad un nuevo impulso.

Desde el sector comercial señalan que este comportamiento no resulta novedoso. En la previa de la festividad del año pasado ya se advertía sobre posibles aumentos adicionales en cuestión de semanas, impulsados por el repunte de la demanda y la presión de los costos. Aquella proyección se cumplió y consolidó un escenario de ajustes periódicos que se mantiene vigente.

A esta sitación se suma la incertidumbre que en algunos momentos generaron faltantes de mercadería, especialmente en los días de mayor demanda. Históricamente, el consumo se concentra en la recta final previa a la celebración, lo que presiona la oferta y suele derivar en remarcaciones de último momento.

En cuanto a la estructura de precios actual, el filet de merluza continúa siendo la opción más accesible dentro del segmento, aunque otras variedades presentan valores significativamente más elevados. El filet de atún y el abadejo se ubican en torno a los $12.500 por kilo, mientras que el congrio puede alcanzar los $16.000. En el caso del salmón, producto importado, los precios escalan hasta un rango de entre $33.000 y $38.000 por kilo.

Los mariscos, por su parte, también registran valores altos, con precios que oscilan entre los $18.000 y los $24.000 por kilo. Esta situación impacta de lleno en platos tradicionales como la paella, cuyo costo se incrementa de manera considerable: una porción para dos personas puede rondar los $12.000, dependiendo de la combinación de ingredientes.

Más allá del incremento de precios, el comportamiento del consumo muestra señales de cambio. Desde las pescaderías locales describen un nivel de ventas estable, sin picos pronunciados, y advierten una menor incidencia de las tradiciones religiosas en los hábitos de compra en comparación con años anteriores.

En este marco, el pescado mantiene cierta competitividad frente a la carne vacuna, cuyos valores también han experimentado fuertes subas, lo que podría favorecer una leve reactivación de la demanda en las próximas semanas. Sin embargo, el factor precio continúa siendo determinante en la decisión de compra.

Las subas responden, en gran medida, a la actualización progresiva de costos en línea con la inflación acumulada, junto con variables propias del sector como paritarias, logística y estacionalidad. De cara a los próximos días, no se descartan nuevos incrementos, aunque se estima que serían acotados, en torno al 2% o 3%.

En la antesala de Semana Santa, el filet de merluza vuelve a posicionarse como un termómetro del poder adquisitivo y de los focos inflacionarios . Con precios en alza y un consumo más selectivo, la tradición persiste, aunque adaptada a un contexto económico más restrictivo.

Las proyecciones indican un escenario de ventas moderadas y ajustes contenidos, con aumentos que no superarían el 5% en el corto plazo. Frente a ello, comerciantes recomiendan anticipar las compras y optar por la conservación en frío, como estrategia para evitar nuevas subas y garantizar disponibilidad en los días de mayor demanda.

Los cinco gremios docentes nacionales rechazaron de manera unánime la propuesta del Gobierno, al considerar que no recompone la pérdida del poder adquisitivo. La negociación se retomará el 8 de abril en un escenario de fuerte deterioro salarial y reclamos por financiamiento educativo.

La tercera reunión de la paritaria nacional docente, realizada el jueves 19 de marzo, concluyó sin acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Educación y las organizaciones sindicales del sector. Lejos de acercar posiciones, el encuentro profundizó las diferencias: el Gobierno ratificó su oferta salarial y los gremios la rechazaron de manera unificada por considerarla insuficiente frente a la acelerada pérdida de ingresos que atraviesa el colectivo docente.

La propuesta oficial, según detallaron los representantes gremiales, contempla elevar el salario mínimo docente a $650.000 en marzo y $700.000 en abril. Sin embargo, los sindicatos cuestionaron que esos valores no sólo resultan insuficientes en términos reales, sino que además reproducen niveles salariales ya superados por la dinámica inflacionaria.

Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA), su secretario general, Sergio Romero, confirmó el rechazo inmediato de la propuesta y señaló que no hubo avances sustanciales en la negociación. La postura fue compartida por la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), cuyo titular, Fabián Felman, cuestionó con dureza la falta de actualización real del salario mínimo, al que calificó como equivalente a valores de fines de 2023.

En la misma línea se expresó el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). Su secretaria general, Marina Jaureguiberry, advirtió que el piso propuesto pierde sentido como referencia nacional, dado que —según sostuvo— ninguna provincia se ubica actualmente por debajo de los $700.000. La dirigente también insistió en la necesidad de restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno, y de reabrir instancias de discusión sobre condiciones laborales y salud docente.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) remarcó que la oferta oficial no compensa la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses. En un presente de creciente precarización, el gremio alertó que miles de docentes se ven obligados a multiplicar cargos o buscar ingresos complementarios para sostener su nivel de vida.

El cuadro se completa con la participación de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), que junto al resto de las organizaciones conforma la representación sindical nacional del sector. La coincidencia en el rechazo evidencia un frente gremial cohesionado frente a una oferta que consideran alejada de las necesidades actuales.

El conflicto docente expone una rigidez estructural entre la política de contención del gasto público y la urgencia de recomponer salarios en un sector clave del sistema educativo. La eliminación del FONID —históricamente un componente central del ingreso docente— profundizó el deterioro salarial y debilitó la capacidad del Estado nacional para fijar un piso que funcione como referencia efectiva en las negociaciones provinciales.

A su vez, la discusión paritaria pierde eficacia cuando el salario mínimo se ubica por debajo de los valores reales que ya pagan las jurisdicciones, lo que desdibuja su rol ordenador. En este escenario, los gremios elevan sus demandas hacia una recomposición más significativa —en algunos casos cercana al millón de pesos— que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

La falta de acuerdo también abre interrogantes sobre el impacto en el ciclo lectivo y la posibilidad de medidas de fuerza si no se registran avances en la próxima instancia de negociación.

Sin señales de mejora en la oferta oficial, la paritaria nacional docente entra en una fase de estancamiento que refleja el deterioro de los ingresos del sector y la fragilidad del esquema de financiamiento educativo. El cuarto intermedio hasta el 8 de abril aparece como una oportunidad clave para redefinir posiciones: de no mediar una propuesta superadora, el problema podría escalar y trasladarse a las aulas, con consecuencias directas sobre la continuidad del ciclo lectivo y el sistema educativo en su conjunto.

Un estudio encargado por OSSE y certificado por Bureau Veritas concluyó que las tuberías instaladas no cumplen con los estándares para transporte de agua potable. La investigación ya está en manos de la Fiscalía y podría derivar en responsabilidades penales y en un millonario perjuicio económico.

La obra del Acueducto Gran Tulum, concebida como la solución estructural para garantizar el abastecimiento de agua potable a gran parte de la población de San Juan, quedó envuelta en un escándalo técnico, político y judicial tras la difusión de un informe que cuestiona la calidad de sus materiales centrales.

El estudio fue encargado por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) a la consultora Interacción y certificado por Bureau Veritas, una firma internacional especializada en auditorías y control de calidad. Las conclusiones son contundentes: las cañerías instaladas por la empresa Krah “aplican para desagües pluviales y cloacales”, lo que las vuelve inadecuadas para el transporte de agua destinada al consumo humano.

El informe advierte, además, que estos tubos no están diseñados para soportar presión —condición esencial en sistemas de agua potable— y que podrían liberar partículas potencialmente tóxicas, lo que introduce un riesgo sanitario de magnitud. En términos técnicos, se trata de materiales que no cumplen con las normativas exigidas para redes de agua potable, lo que compromete la integridad de toda la obra.

La magnitud del problema es proporcional a la envergadura del proyecto. El Acueducto Gran Tulum fue impulsado como una infraestructura estratégica para abastecer a una población proyectada cercana al millón de habitantes. Su financiamiento se estructuró a partir de un crédito internacional de 100 millones de dólares, que la provincia ya comenzó a amortizar.

Derivaciones judiciales y responsabilidades en la mira

El caso ya tiene impacto en el plano judicial. La investigación está en manos del Ministerio Público Fiscal, a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, que apunta a presuntas irregularidades en la licitación, posible malversación de fondos y deficiencias en los controles de calidad.

La causa es llevada adelante por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, quienes ya cuentan con más de un centenar de cajas de documentación remitidas por OSSE. A esto se suman inspecciones oculares en distintos tramos del acueducto —incluyendo el ramal que conecta el dique Punta Negra con la planta potabilizadora de Marquesado— para verificar tanto la calidad como la correcta instalación de las tuberías.

En consecuencia, el Estado provincial decidió constituirse como querellante, lo que refuerza la dimensión institucional del conflicto. No se descartan nuevas medidas, como pedidos de información a empresas privadas involucradas e incluso allanamientos.

Una licitación bajo cuestionamiento

Las cañerías fueron provistas por la empresa alemana Krah, adjudicataria de dos licitaciones clave entre 2015 y 2017, durante las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac. En total, el Estado desembolsó más de 1.300 millones de pesos por estos materiales.

Desde el inicio del proceso licitatorio existieron advertencias. Una empresa competidora, General Plastics, había cuestionado el carácter “experimental” de las tuberías ofrecidas por Krah, así como el hecho de que la oferta económica superaba el presupuesto oficial.

El apoderado de la firma era Gustavo Monti —primo del entonces gobernador—, un dato que ahora vuelve a cobrar relevancia en el marco de la investigación judicial.

Impacto económico y futuro incierto

El escenario que se abre es crítico. Si un segundo estudio independiente, encargado al INTI, confirma las conclusiones del informe de Interacción, la provincia podría verse obligada a retirar las cañerías instaladas. Esto implicaría no sólo la paralización total de la obra, sino también un impacto económico severo: continuar pagando el crédito internacional sin contar con una infraestructura operativa.

A ello se suma la incertidumbre sobre el financiamiento futuro, ya que no existen actualmente recursos asignados para una eventual reposición completa del sistema.

El informe técnico sobre el Acueducto Gran Tulum no sólo pone en duda la calidad de una obra pública emblemática, sino que expone posibles fallas estructurales en los mecanismos de control estatal. Entre riesgos sanitarios, perjuicios económicos y responsabilidades políticas en evaluación, el caso se perfila como uno de los mayores escándalos de infraestructura reciente en la provincia.

La confirmación —o refutación— de estos hallazgos por parte del INTI será determinante para definir si se trata de una falla técnica grave o de un caso de negligencia con consecuencias institucionales profundas. Mientras tanto, la obra permanece bajo una sombra de incertidumbre que compromete tanto su viabilidad como la confianza pública.