El INDEC reveló que una familia tipo necesitó ingresos superiores a $1.128.398 en junio para no caer por debajo de la línea de pobreza. El dato refleja un incremento del 1,6% con respecto a mayo y un aumento del 29,2% en comparación con el mismo mes de 2024.

La Canasta Básica Total (CBT) es un indicador clave para medir la pobreza en Argentina. En junio, el valor de la CBT superó los $1,1 millón por mes para una familia tipo, lo que significa que cualquier hogar que no alcance ese ingreso mínimo se encuentra en situación de pobreza. El dato es alarmante y refleja la presión sobre los ingresos de los sectores más vulnerables.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el ingreso mínimo necesario para no caer en la indigencia, la suba fue del 1,1% mensual, con un salto del 28,7% interanual. Para una familia de cuatro personas, se necesitaron $506.008 en junio sólo para cubrir la alimentación básica.

Con estos datos, se espera que aumente la presión sobre el Gobierno para actualizar ingresos, reforzar programas sociales y avanzar con paritarias que logren recomponer el poder adquisitivo frente a una canasta básica que sigue marcando el ritmo de la pobreza. La realidad es que la pobreza es un problema complejo que requiere soluciones integrales y sostenibles.

El secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, Jorge Pérez, manifestó su preocupación por el cierre del organismo dispuesto por el DNU presidencial, alertó sobre el impacto en los puestos laborales y en el mantenimiento de rutas, y adelantó que se evalúan medidas judiciales y gremiales.

Pérez calificó de “triste” el anuncio oficial de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, medida incluida en el Decreto 461, y explicó que el proceso de vaciamiento comenzó a evidenciarse a principios de año con la falta de partidas presupuestarias.

“Ya se venía hablando de que los contratados quedarían sin trabajo y los de planta serían pasados a disponibilidad. Es un ajuste que como siempre, recae sobre los trabajadores.”

El gremialista advirtió que no solo está en juego la estabilidad de los 210 trabajadores viales en San Juan, sino también el funcionamiento de la infraestructura vial a nivel nacional: “¿Quién va a mantener las rutas que no sean rentables para concesionar? Las que no tengan peajes no le interesan a las empresas. Ahí es donde trabajamos nosotros.”

Además, alertó sobre la incertidumbre que genera el traspaso del organismo al Ministerio de Economía, dejando atrás su carácter descentralizado.

Medidas judiciales y gremiales en evaluación

El refente gremial confirmó que se está avanzando con una medida cautelar para frenar el decreto, impulsada por el sindicato nacional, y que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización: “Estamos manifestándonos en todo el país, con apoyo de otras organizaciones gremiales y de parte del arco político. La solidaridad ha sido impactante.”

“Nos preocupa qué pasará con nuestras familias, con los trabajadores y con las rutas de San Juan. Las nacionales atraviesan la provincia, no pasan por el costado.”

Finalmente, Pérez agradeció el respaldo de los medios y expresó su compromiso con la defensa de los derechos laborales: “Vamos a seguir reclamando, por nuestras fuentes laborales y por el futuro de Argentina. El desmantelamiento de Vialidad es parte de una política que está destruyendo instituciones públicas en todo el país.”

La actividad aérea en Argentina se mantuvo en vilo en los últimos días debido a un conflicto laboral entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.). La situación se volvió crítica cuando ATEPSA anunció medidas de fuerza que afectarían vuelos programados entre el 11 y el 30 de julio, generando alarma entre usuarios y operadores del sector.

Ante esta situación, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria, obligando tanto al gremio como a EANA a retrotraer la situación al estado anterior al conflicto. Esto incluye dejar sin efecto las medidas de fuerza por parte de los trabajadores y también suspender los despidos ejecutados por la empresa estatal durante el período conciliatorio.

Sin embargo, la conciliación no resuelve el conflicto laboral de fondo. ATEPSA insiste en que los despidos son injustificados y que las condiciones laborales deben ser mejoradas. Los trabajadores denuncian presiones internas para frenar los reclamos y aseguran que no van a bajar los brazos. La situación sigue siendo tensa y podría generar nuevos conflictos en el futuro.

La intervención del Gobierno busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva. Sin embargo, la pregunta es si esta medida será suficiente para resolver el conflicto laboral y evitar futuras interrupciones en la actividad aérea.