La resolución del Ministerio de Desregulación limita contratos y obliga a jubilarse a trabajadores que no reúnen los años de aportes. El fin de la moratoria previsional agrava el impacto social y deja a miles sin empleo ni jubilación plena.

La política de ajuste sobre el Estado nacional sumó un nuevo capítulo de alto impacto social. Una resolución firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dispuso la desvinculación forzada de trabajadores estatales que alcanzaron la edad jubilatoria —65 años los hombres y 60 las mujeres— incluso cuando no cuenten con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.

La medida establece que los contratos de trabajadores en edad jubilatoria solo podrán prorrogarse por un plazo máximo de seis meses. Cumplido ese período, deberán cesar, quedando los empleados obligados a iniciar trámites previsionales aun cuando no reúnan los requisitos mínimos. En los hechos, esto implica que miles de personas quedarán sin trabajo y sin jubilación.

Intimación sin distinción y sin alternativas

La resolución ordena a los organismos del Estado presentar constancias de intimación a jubilarse de todo el personal que haya alcanzado la edad establecida por ley. Esta exigencia se convierte en condición para que el Gobierno habilite la renovación de otras contrataciones no permanentes, generando un fuerte mecanismo de presión administrativa.

El punto más crítico es que la intimación no distingue entre quienes cuentan con los 30 años de aportes requeridos y quienes no. Para este último grupo, la consecuencia es directa: pérdida del empleo y ausencia total de herramientas para completar los aportes faltantes, ya que el Gobierno decidió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la ley 27.705.

Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron gracias a ese mecanismo. Su eliminación anticipa un escenario de exclusión previsional que ahora se profundiza con la desvinculación laboral forzosa.

La PUAM como única salida

Para quienes no logren jubilarse, la única alternativa será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber equivale al 80% de la jubilación mínima y asciende actualmente a $279.443. Se trata de una prestación asistencial que no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva, y que solo garantiza el acceso a la cobertura de PAMI.

En un contexto de caída sostenida del empleo privado —especialmente para mayores de 60 años— la posibilidad de reinsertarse laboralmente aparece como una opción casi inexistente.

Ajuste incluso en áreas críticas

La resolución se aplicará incluso en dependencias donde el trabajador intimado a jubilarse es el único técnico con experiencia específica o en áreas que ya funcionan con dotaciones por debajo del mínimo operativo, producto de los sucesivos recortes. El impacto no solo será social, sino también funcional, afectando la capacidad operativa del Estado en áreas sensibles.

No es un hecho aislado. En octubre de 2024, la resolución 3/2024 de Sturzenegger ya había intimado a jubilarse a unos 10.000 trabajadores estatales que sí reunían los requisitos, más de 6.800 de ellos pertenecientes a la planta permanente. La nueva medida apunta, ahora, directamente a quienes no pueden jubilarse.

Casi 80 despidos por día

Las cifras dimensionan la magnitud del ajuste. La Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, un 7,2% menos que en 2024, año que ya había registrado una caída superior al 10%.

Desde diciembre de 2023 se eliminaron aproximadamente 63.000 puestos de trabajo, lo que representa una reducción del 18,4% de la planta estatal. En términos concretos, son casi 80 despidos por día, según datos del Centro CEPA.

Rechazo sindical y alerta social

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana”. “Esta medida condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y sin la posibilidad real de jubilarse. Hoy el Gobierno presiona a quienes tienen 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle”, denunció.

La resolución se inscribe en una situación donde casi un millón de jubilados cobran la mínima y muchos se ven obligados a seguir trabajando para sobrevivir. La combinación de despidos, eliminación de la moratoria y retiro forzoso configura un ámbito de fuerte regresión en materia de derechos laborales y previsionales.

Un ajuste que redefine el rol del Estado

La ofensiva del Ministerio de Desregulación no solo busca reducir el gasto público, sino redefinir el vínculo del Estado con sus trabajadores, trasladando el costo del ajuste a los sectores más vulnerables. La desvinculación de empleados mayores sin aportes suficientes marca un punto de inflexión: por primera vez, el ajuste no solo recorta empleo, sino que clausura el acceso a la jubilación plena.

El impacto social de esta decisión recién comienza a desplegarse, pero sus consecuencias ya anticipan un aumento de la precariedad, la desigualdad y la exclusión previsional en la Argentina.

Los docentes universitarios rechazaron el aumento unilateral del 2% dispuesto por el Gobierno nacional y el bono extraordinario de $50.000, al que calificaron como insuficiente y ofensivo. Desde ADICUS advierten que la pérdida salarial ya ronda el 50%, denuncian incumplimientos en el financiamiento universitario y anticipan un plan de lucha con medidas duras a partir de mediados de marzo.

“Estamos frente a salarios de pobreza”, advirtió Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, al señalar que la evolución de los ingresos quedó muy por detrás del aumento general de precios, que acumuló más del 90% en el último período, mientras las recomposiciones salariales fueron mínimas y fragmentadas.

El bono extraordinario de $50.000, lejos de aliviar la situación, fue interpretado como un gesto provocador. Desde el sector docente remarcan que resulta insignificante frente a los bonos otorgados en provincias y en el sector privado, e incapaz de compensar el impacto del ajuste sobre los ingresos.

Sueldos congelados y docentes por debajo de la canasta básica

La crisis salarial tiene un correlato concreto en los recibos de sueldo. Según ADICUS, gran parte de los docentes universitarios percibe ingresos que oscilan entre los $250.000 y $300.000 mensuales, valores que se mantienen prácticamente congelados desde hace más de un año.

Los cargos más frecuentes, como los Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación simple, quedan muy por debajo del costo de la canasta básica, que ronda los $900.000. Incluso cargos de mayor dedicación no alcanzan niveles que permitan cubrir gastos elementales como alquiler, servicios y transporte.

La contradicción se profundiza, subrayan desde el gremio, cuando el Gobierno autoriza fuertes aumentos en tarifas de luz y gas —con subas promedio del 17%— mientras mantiene incrementos salariales marginales para el sector universitario.

Éxodo docente y vaciamiento silencioso

El deterioro de las condiciones laborales comienza a tener efectos estructurales. Cada vez más docentes reducen su carga horaria o directamente abandonan la universidad para buscar ingresos en el sector privado o en otras actividades.

Este fenómeno, advierten desde ADICUS, compromete la calidad académica y el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas, que dependen de planteles docentes altamente calificados pero cada vez más precarizados.

Incumplimiento del financiamiento universitario y conflicto político

Desde el gremio también denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de resoluciones judiciales que ordenan la recomposición salarial. Para Barcelona, no se trata sólo de un ajuste presupuestario, sino de una “voluntad política deliberada de estigmatizar y empobrecer” a los trabajadores docentes y no docentes.

El conflicto se inscribe así en un marco más amplio de tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que ya fue blanco de cuestionamientos discursivos y recortes presupuestarios desde el inicio de la actual gestión.

Medidas de fuerza en camino y posible impacto en el ciclo lectivo

El malestar comienza a traducirse en organización. ADICUS y los gremios nucleados en la CONADU Histórica iniciaron una ronda de reuniones internas que derivará en consultas a las bases y un congreso nacional para definir los próximos pasos.

Si bien las medidas no se activarían de inmediato para no afectar las mesas de exámenes de febrero y comienzos de marzo, el gremio anticipa un endurecimiento del plan de lucha a partir de la segunda quincena de marzo, con interrupciones prolongadas de actividades académicas.
Aunque el inicio de clases podría darse de manera dispar según cada universidad, desde el sector advierten que la continuidad del dictado está seriamente comprometida si no hay una respuesta salarial concreta.

Universitarios se suman al rechazo a la reforma laboral

El conflicto docente también se entrelaza con el debate nacional por la reforma laboral impulsada por el Gobierno. ADICUS confirmó su adhesión al paro y a las movilizaciones que convoquen las centrales sindicales, en rechazo a un proyecto que consideran regresivo y perjudicial tanto para trabajadores del sector público como privado.

“La reforma impone condiciones de subordinación extrema y elimina derechos básicos”, señalan desde el gremio, que cuestiona el debilitamiento de la negociación colectiva, las restricciones al derecho de huelga y la flexibilización de los despidos.

El rechazo al aumento del 2% expuso algo más profundo que una disputa salarial coyuntural: reveló el deterioro sostenido de los ingresos docentes, el incumplimiento de compromisos legales y el riesgo de un vaciamiento progresivo de la universidad pública. Con salarios por debajo de la línea de pobreza y un clima de creciente conflictividad, los gremios universitarios se preparan para un escenario de confrontación que amenaza con impactar de lleno en el normal desarrollo del ciclo lectivo y en el futuro del sistema universitario nacional.

Mientras gobernadores y sindicalistas concentran sus objeciones en la coparticipación y el poder gremial, el proyecto de reforma laboral del Gobierno avanza con transformaciones profundas que modifican salarios, jornadas, despidos, vacaciones y protección social. Una batería de cambios que reconfigura la relación capital-trabajo y afecta directamente la vida diaria de millones de empleados.

La discusión pública en torno a la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Senado el próximo 11 de febrero parece concentrarse en dos frentes visibles: la pérdida de recursos coparticipables que denuncian los gobernadores de la oposición moderada y el debilitamiento del poder sindical que rechaza la CGT. Sin embargo, detrás de ese intercambio político, avanza un rediseño integral del régimen laboral argentino que altera derechos básicos y prácticas cotidianas de los trabajadores, sin una defensa proporcional de esos aspectos.

El proyecto, presentado bajo el rótulo de “modernización”, incorpora modificaciones que afectan tanto a trabajadores registrados como a aquellos con vínculos informales o encubiertos, quienes hasta ahora encontraban en la Justicia laboral un canal de reparación frente a despidos o incumplimientos.

Menos salario, más flexibilidad y negociación individual

Uno de los ejes más sensibles es la reducción indirecta de los ingresos. La creación del banco de horas elimina, en la práctica, el pago de horas extras: las jornadas podrán extenderse ciertos días a cambio de reducirse otros, según acuerdos individuales entre empleador y trabajador. Este esquema rompe con la lógica colectiva y traslada la negociación al plano individual, donde el poder de presión del trabajador es notoriamente menor.

En la misma línea, se debilita el rol de los convenios colectivos por actividad. Los pisos salariales sectoriales dejan de ser una garantía y cada empresa podrá negociar su propio salario mínimo, profundizando la fragmentación y la desigualdad entre trabajadores de una misma rama.

Vacaciones fragmentadas y mayor discrecionalidad patronal

El régimen de licencias también se flexibiliza. Los empleadores podrán otorgar vacaciones fuera del período tradicional y fraccionarlas en tramos mínimos de siete días. Aunque presentado como una herramienta de adaptación, el cambio amplía la capacidad de la empresa para disponer del tiempo de descanso del trabajador según sus necesidades operativas.

Despidos más baratos y financiados por los propios trabajadores

Otro punto central es la reconfiguración del sistema indemnizatorio. Se fija un tope al cálculo de la indemnización tomando como referencia un salario que no puede superar tres veces el promedio del convenio, ahora negociado por empresa. Además, se excluyen del cálculo ítems como propinas, bonos, acciones, viáticos o gastos de conectividad.

El pago podrá realizarse en hasta 12 cuotas si media un juicio, y el costo del despido se traslada al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes que hoy se destinan al sistema jubilatorio y de salud. En los hechos, el despido deja de ser un costo empresario directo y pasa a socializarse entre los propios trabajadores.

Jubilaciones y salud, bajo presión

El desvío de aproximadamente tres puntos porcentuales de las contribuciones patronales hacia el FAL implica un desfinanciamiento estructural del sistema previsional y de las obras sociales y prepagas. Menos recursos para jubilaciones y prestaciones médicas, en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento del costo sanitario, agrega un riesgo sistémico que trasciende el mercado laboral.

Contratos más frágiles y menos protección judicial

La reforma elimina resguardos históricos para trabajadores con contratos a plazo fijo y de temporada. Se suprime la indemnización por daños y perjuicios ante incumplimientos del empleador y desaparece la figura del contrato de temporada, reemplazada por el contrato eventual, mucho más flexible y discrecional.

A su vez, se limita la posibilidad de reclamar judicialmente frente a cambios abusivos en las condiciones de trabajo, dejando como única alternativa la renuncia. La presunción de relación laboral en casos de dependencia encubierta también se debilita, dificultando los reclamos de trabajadores facturados como independientes.

Derechos sindicales y protesta, bajo restricción

El proyecto introduce restricciones severas a la actividad sindical: los trabajadores eventuales no podrán ser delegados, se flexibiliza la tutela gremial y se amplía la definición de servicios esenciales, imponiendo niveles mínimos de prestación del 75% o 50%, lo que reduce de forma efectiva el alcance del derecho de huelga.

Las asambleas quedan sujetas a autorización del empleador y dejan de ser remuneradas, mientras que los delegados pierden protección ante procesos de reorganización empresarial.

Tercerización, apps y el fin del trabajador como sujeto protegido

La reforma limita la responsabilidad solidaria en casos de tercerización, favoreciendo esquemas de intermediación que reducen la seguridad del empleado frente a incumplimientos. En simultaneo, se oficializa la condición de trabajadores independientes para repartidores y mensajeros de plataformas, descartando el vínculo de dependencia.

En términos conceptuales, el proyecto abandona el principio histórico del derecho laboral que reconoce al trabajador como la parte débil de la relación, desplazando la lógica protectoria por una visión contractualista y de mercado.

Mientras la discusión política se concentra en la puja por recursos fiscales y poder sindical, la reforma laboral avanza sobre aspectos que redefinen la vida cotidiana del trabajo en la Argentina: salarios más inciertos, jornadas más extensas, despidos menos costosos, menor protección social y un retroceso del rol del Estado como garante de derechos. El resultado es un cambio de paradigma profundo que, más allá de los eslóganes de modernización, reconfigura el equilibrio entre capital y trabajo sin una defensa proporcional de quienes verán transformadas, día a día, sus condiciones de empleo.