La Confederación General del Trabajo encabezó una multitudinaria movilización en la antesala del Día del Trabajador con un mensaje de creciente confrontación hacia el gobierno de Javier Milei. Sin anunciar un nuevo paro, la central ratificó su plan de lucha en las calles y profundizó la batalla judicial contra la reforma laboral.

La Plaza de Mayo volvió a convertirse en un escenario de alto voltaje político y sindical. Convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la movilización reunió a miles de trabajadores en una demostración de fuerza que funcionó como termómetro del malestar social acumulado. Bajo la consigna “El trabajo es con derechos o es esclavo”, la central obrera articuló un acto que combinó liturgia histórica, crítica frontal al rumbo económico y una advertencia explícita al Poder Ejecutivo.

El epicentro fue el acto frente a la Casa Rosada, donde los principales referentes sindicales delinearon un discurso de confrontación creciente. En su intervención, Octavio Argüello, dirigente de Camioneros y uno de los cotitulares de la CGT, sintetizó el clima de época con una frase que atravesó toda la jornada: “Se terminó la paciencia”. La declaración no solo expresó el malestar del movimiento obrero organizado, sino que marcó un punto de inflexión en la retórica sindical, que abandona progresivamente los matices para ingresar en una fase de mayor dureza.

En la misma línea, Cristian Jerónimo reivindicó el rol de la central desde el inicio de la actual gestión, subrayando la temprana reacción sindical frente a las políticas oficiales. Su discurso incorporó un eje estructural: la creciente informalidad laboral. “No hay libertad cuando no llegás a fin de mes”, afirmó, ampliando el alcance del mensaje hacia los trabajadores no registrados, a quienes la CGT busca integrar como sujetos activos dentro de su estrategia.

El cierre estuvo a cargo de Jorge Sola, quien ofreció un diagnóstico integral de la coyuntura. Con cifras que apuntan al cierre de más de 24 mil empresas y a un fuerte endeudamiento de los hogares, el dirigente trazó un escenario de deterioro socioeconómico y cuestionó la desconexión entre las políticas oficiales y la realidad cotidiana. Su intervención, además, reforzó un concepto central: la necesidad de construir un nuevo contrato social basado en criterios de equidad y justicia distributiva.

Documento, diagnóstico y disputa judicial

El documento oficial leído durante el acto profundizó la crítica al modelo económico, advirtiendo sobre el deterioro de la calidad de vida y los riesgos para la cohesión social. Entre los puntos más sensibles, la CGT denunció el desfinanciamiento del sistema de salud y el impacto sobre las obras sociales, con especial énfasis en la situación del Programa de Atención Médica Integral.

En simultaneo, la central obrera ratificó su estrategia judicial para frenar la reforma laboral. El conflicto por la competencia entre el fuero laboral y el Contencioso Administrativo se mantiene como un eje clave de la disputa institucional. Desde la conducción cegetista advirtieron que, de no obtener una resolución favorable en instancias intermedias, escalarán el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consolidando así un frente de batalla que trasciende la calle y se proyecta en el plano jurídico.

La actualización de tarifas de agua y cloacas en San Juan, dispuesta por OSSE, comenzará a regir en mayo de 2026. Aunque contempla esquemas diferenciales, el incremento reaviva el debate sobre la sostenibilidad del acceso a servicios esenciales frente a ingresos rezagados.

La nueva estructura tarifaria anunciada por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) introduce un incremento que alcanzará de manera transversal a usuarios residenciales, comerciales y sectores sociales con regímenes especiales. La medida se inscribe en un marco más extenso de recomposición de precios de servicios públicos, en un momento donde la capacidad de pago de los hogares continúa en descenso.

Bajo el esquema de cuota fija, los valores mínimos mensuales sin IVA para viviendas edificadas se ubican en $16.132,69 por servicio individual —agua o cloaca— y en $29.541,45 para la prestación combinada. En el caso de terrenos baldíos, las cifras también reflejan una actualización significativa: $9.853,51 por servicio y $18.032,23 cuando cuentan con ambos.

Si bien la disposición mantiene mecanismos de contención, estos aparecen acotados frente a la magnitud del ajuste. Los usuarios incluidos en la Red de Escasos Recursos (ReD) abonarán $8.067,64 por un servicio y $14.759,01 por ambos, siempre que cumplan con requisitos que combinan ingresos —hasta dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil— y consumo energético limitado. En términos reales, incluso estos valores subsidiados implican una carga creciente para sectores que ya se encuentran en una franja de alta vulnerabilidad.

Una situación similar se observa en jubilados y pensionados, quienes enfrentarán tarifas de $11.293,14 por servicio individual y $20.665,91 por ambos. En tanto, entidades civiles como asociaciones de salud pública y uniones vecinales accederán a un cuadro diferencial de $7.381,24 por el servicio conjunto, una cifra que, aunque menor, no queda exenta del impacto acumulativo de los incrementos en otros costos operativos.

Para el sector comercial e industrial, las tarifas mínimas parten desde $19.840,66 para el servicio de agua sin recargos, a lo que se suman actualizaciones en el valor del metro cúbico para venta en bloque, fijado en $85,08 más IVA. Este ajuste, trasladado a la estructura de costos, podría derivar en efectos indirectos sobre precios finales de bienes y servicios.

Con participación federal y una agenda centrada en salario digno, derechos laborales y defensa de la industria, el Frente de Sindicatos Unidos inicia su primer Plenario Nacional en el predio de la UOM en Pilar, en una jornada clave para su consolidación política y sindical.

En el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) pondrá en marcha este jueves 1° de mayo su primer Plenario Nacional, en una convocatoria que busca traducir la acumulación de fuerzas construida en las calles en un programa político con proyección federal. La actividad comenzará a las 9:00 en el predio del camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Pilar, y contará con la participación de más de 1600 delegados y delegadas de distintos puntos del país.

La consigna «Unidad, Lucha y Rebeldía» sintetiza el posicionamiento de un espacio que, tras meses de movilización contra las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, intenta dar un salto cualitativo: pasar de la coordinación de acciones gremiales a la construcción de una alternativa sindical con densidad política propia.

El plenario estará estructurado en comisiones de debate que abordarán los principales nudos de la coyuntura económica, laboral y productiva. En ese marco, uno de los ejes centrales será la discusión sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil, con el objetivo de restituir su carácter como herramienta efectiva para garantizar condiciones de vida dignas. Desde el FreSU sostienen que el ingreso básico debe cubrir no solo necesidades elementales como alimentación y vivienda, sino también educación, salud, transporte, esparcimiento y previsión social.

En esa proyección, el espacio pondrá el foco en la defensa de los derechos laborales frente al avance de la precarización y el deterioro de conquistas históricas. La lectura compartida por los distintos gremios que integran el frente es que el actual escenario configura una ofensiva regresiva sobre las condiciones de trabajo, lo que exige una respuesta articulada y sostenida.

Otro de los puntos neurálgicos será la discusión en torno a la soberanía nacional y el rol de la industria argentina. En línea con una mirada crítica del rumbo económico, el FreSU plantea la necesidad de revertir procesos de desindustrialización, apertura importadora y endeudamiento, a los que responsabiliza por el debilitamiento del entramado productivo.