El Gobierno de Javier Milei se dispone a reabrir un frente de conflicto con el sindicalismo, al impulsar un nuevo proyecto para eliminar las cuotas solidarias que sostienen parte del financiamiento de los gremios. La medida, que figura entre las prioridades del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuenta con el respaldo del titular de Economía, Luis Caputo, y forma parte del paquete de reformas laborales que el Ejecutivo pretende debatir en el Congreso antes de fin de año.

La iniciativa no es nueva. Ya había sido incorporada en el DNU 70/2023, que buscó modificar las bases del sistema laboral argentino y fue suspendido parcialmente por la Justicia. Ahora, con un escenario político más favorable tras los comicios legislativos, el oficialismo planea retomar la ofensiva. En el reciente Coloquio de IDEA, Sturzenegger definió las cuotas solidarias como “impuestos privados ilegales” y “peajes” que, según su visión, distorsionan los salarios y encarecen los costos empresariales.

El funcionario incluso puso cifras sobre la mesa: en el convenio de Camioneros, esas contribuciones representan un descuento anual promedio de $845.401 por trabajador y generan ingresos al gremio de más de $200 mil millones. El decreto 149/25 —aún en borrador— propone prohibir esos descuentos automáticos, incluso si están pactados en los convenios, salvo autorización expresa de cada trabajador.

El artículo 9 de la Ley 14.250 ampara la existencia de esas contribuciones, al permitir que los acuerdos colectivos incluyan aportes destinados a las asociaciones que los negocian, aplicables tanto a afiliados como a no afiliados. Su espíritu es claro: los beneficios obtenidos por la negociación sindical —salarios, licencias, condiciones laborales— alcanzan a todo el universo comprendido en el convenio, por lo que se considera razonable que todos contribuyan a sostener la estructura que los consigue.

Para el Gobierno, sin embargo, esta figura consagra una “colectivización compulsiva” que contradice la libertad individual. En el trasfondo, la disputa no se limita a una cuestión económica: implica un choque ideológico entre el modelo libertario de atomización contractual y la lógica colectiva del sindicalismo tradicional.

El trasfondo político: Milei frente a la CGT

La embestida libertaria llega en un momento particularmente sensible. La CGT se encamina a renovar su Consejo Directivo el 5 de noviembre, mientras mantiene la cohesión interna tras meses de fricciones por la reforma laboral. En ese marco, el intento del Ejecutivo por restringir las fuentes de financiamiento sindical es leído como un movimiento para debilitar la capacidad de acción gremial antes del debate parlamentario.

El cotitular de la central obrera, Héctor Daer, advirtió que la CGT no cederá ante medidas que impliquen retrocesos:

“Si es para retroceder, no vamos a negociar. No hay indicios claros del borrador que pretende el Gobierno. Si no alcanza con el Parlamento, ejerceremos la presión política y gremial necesaria, como hicimos con el DNU 70”.

El mensaje fue directo. El sindicalismo ya frenó una parte sustancial del decreto en los tribunales y construyó mayorías legislativas circunstanciales para limitar la Ley Bases. La eliminación de la cuota solidaria, según advierten, no solo afectaría el financiamiento de los gremios, sino también la representación colectiva, ya que muchas organizaciones dependen de esos recursos para sostener servicios de salud, asesoramiento jurídico y beneficios sociales.

La ofensiva oficial expone dos visiones antagónicas sobre el sistema laboral argentino. Por un lado, la mirada libertaria de desregulación absoluta, que busca reducir la intermediación sindical y promover acuerdos individuales. Por otro, la concepción histórica del sindicalismo argentino como pilar de la negociación colectiva, cuya fortaleza reside precisamente en la solidaridad contributiva que garantiza su funcionamiento.

El debate, en el fondo, no es técnico sino político: ¿Quién representa a los trabajadores en un mercado desregulado?. Eliminar la cuota solidaria puede interpretarse como un avance en la libertad individual, pero también como un ataque directo a la estructura institucional que equilibra la relación entre capital y trabajo.

Mientras tanto, la CGT enfrenta un doble desafío: defender su autonomía financiera y demostrar que su representatividad no depende solo de los aportes, sino de la legitimidad frente a los trabajadores. El Gobierno, por su parte, apuesta a erosionar el poder sindical sin perder estabilidad parlamentaria ni generar conflicto social.

La batalla por la cuota solidaria no es una discusión marginal: es la prueba de fuego del modelo laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende instaurar. En nombre de la libertad individual, el oficialismo busca desarticular uno de los mecanismos centrales de la estructura gremial argentina.

Para la CGT, el desafío será resistir sin quedar atrapada en una defensa corporativa, y revalidar su papel en una sociedad que reclama representaciones más transparentes y democráticas.
El resultado de esta pulseada marcará si el país avanza hacia un esquema de individualización del trabajo o si logra sostener un sistema colectivo, solidario y equilibrado entre los derechos laborales y las libertades económicas.

Los gremios del PAMI iniciaron un nuevo plan de lucha en rechazo al aumento menor al 3% ofrecido por el Gobierno nacional para todo 2025. Tras doce meses de salarios congelados, las organizaciones sindicales consideran la propuesta “una provocación” y denuncian el deterioro en la atención a jubilados y pensionados. Las medidas incluyen paros parciales y una marcha al Ministerio de Desregulación.

El conflicto salarial en el PAMI ingresó en una etapa crítica. Tras un año sin actualizaciones, los trabajadores de la obra social de los jubilados decidieron profundizar las medidas de fuerza luego de que el Gobierno ofreciera un incremento del 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, un total que no supera el 2,8% trimestral.

La propuesta, presentada por funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, fue rechazada de plano por los sindicatos ATE, SUTEPA, APPAMIA y UTI, que la consideraron insuficiente y “desconectada de la realidad inflacionaria”.

“El último aumento fue en octubre del año pasado, de apenas 3,5%. Desde entonces, los sueldos permanecen congelados, mientras los precios crecieron más del 100%. Los trabajadores del PAMI perdieron más del 60% de su poder adquisitivo”, señaló un documento conjunto difundido por los gremios.

El cronograma de medidas comenzó este martes 28 con un paro de dos horas entre las 12 y las 14, continuará el miércoles 29 con una nueva interrupción de tres horas, y culminará el jueves 30 con una movilización nacional. Los sindicatos se concentrarán al mediodía frente a la sede central de la entidad, en avenida Corrientes 655, y marcharán hacia el Ministerio de Desregulación, donde exigirán una reapertura inmediata de la negociación paritaria.

“Una política de recorte que afecta también a los jubilados”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la postura oficial. “Esta política de recorte salarial no solo golpea a los trabajadores, sino que repercute directamente en la atención de más de cinco millones de jubilados. No se trata de un reclamo sectorial, sino de una situación que afecta a todo el sistema previsional”, afirmó.

Aguiar describió la última oferta del Gobierno como “una provocación destinada a agravar el conflicto” y adelantó que las medidas podrían extenderse si no hay respuestas. “Vamos a profundizar el plan de acción, porque nuestras demandas son legítimas. No pedimos privilegios, exigimos respeto y una compensación mínima por el esfuerzo que sostenemos día a día”, agregó.

Durante los paros, las oficinas del PAMI funcionan con dotaciones reducidas, lo que genera demoras en trámites, entrega de medicamentos y atención médica. Los sindicatos advirtieron que el deterioro en las condiciones laborales ya tiene un correlato directo en la calidad del servicio: “Con salarios congelados y personal agotado, es imposible garantizar la atención que los jubilados merecen”, indicaron en un comunicado.

Silencio oficial y malestar creciente

Hasta el momento, el Gobierno no se pronunció públicamente sobre el nuevo plan de lucha ni sobre la posibilidad de revisar la pauta ofrecida. La falta de interlocutores claros y la decisión de centralizar las negociaciones en el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger incrementaron el malestar en los sindicatos, que reclaman un canal de diálogo “serio y con responsabilidad institucional”.

Fuentes gremiales señalan que el congelamiento salarial del PAMI se inscribe en un marco de ajuste generalizado en el sector público, que ya afecta a organismos como el ANSES, la Superintendencia de Salud y el propio Ministerio de Trabajo. “El problema no es solo el porcentaje, sino la falta de voluntad de discutir una recomposición real. Es una decisión política de achicar el Estado a costa de los trabajadores y de los jubilados”, advirtieron desde ATE.

Analistas laborales consultados coinciden en que el conflicto del PAMI puede transformarse en un caso testigo. La paritaria del organismo, congelada desde noviembre de 2024, refleja la tensión estructural entre la política de contención del gasto público y la presión sindical por recuperar ingresos en un contexto de inflación persistente.

Contexto económico y desgaste institucional

El reclamo del PAMI no ocurre en el vacío. Se da en medio de una contracción del consumo, aumento de la pobreza y deterioro de los salarios públicos, que acumulan más de una década de pérdida sostenida frente a la inflación. La promesa de “orden fiscal” del Gobierno convive con un creciente descontento social, y el sistema previsional —por su magnitud y su impacto directo en la vida de millones de personas— se convierte en un escenario sensible.

“Mientras el Ejecutivo busca mostrar disciplina en el gasto, lo que se ve en la base es desfinanciamiento y desmotivación. Los trabajadores del PAMI están sosteniendo la estructura con salarios de hace un año y sin horizonte de recomposición”, señaló un economista especializado en políticas públicas.

La erosión también se percibe en la estructura institucional. En varias provincias, los empleados de la obra social argumentan que faltan insumos básicos, personal administrativo y recursos tecnológicos, lo que profundiza los retrasos y eleva la conflictividad interna.

El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza extendió a nivel nacional una medida cautelar que suspende las resoluciones del PAMI que habían limitado la cobertura gratuita de medicamentos. El fallo, impulsado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, garantiza nuevamente el 100% de los fármacos esenciales para jubilados y pensionados, y representa un nuevo desafío judicial para el Gobierno de Javier Milei.

La tirantez entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial sumó un nuevo capítulo con un fallo que restituye derechos a uno de los sectores más vulnerables: los jubilados. El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo del magistrado Pablo Oscar Quirós, concedió una medida cautelar de alcance nacional que obliga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a restablecer la cobertura total de medicamentos esenciales.

La decisión judicial suspende los efectos de las resoluciones N° 2431/2024 y N° 2537/2024, emitidas por el propio organismo, que habían modificado el régimen de gratuidad vigente desde 2020 y habían generado un fuerte impacto económico sobre millones de jubilados y pensionados de bajos ingresos.

El fallo, que seguramente será apelado por el Gobierno de Javier Milei, amplía los alcances de decisiones previas dictadas por juzgados federales de Córdoba, Salta y la Ciudad de Buenos Aires, en las que distintas entidades y representantes sociales habían planteado el mismo reclamo.

El magistrado mendocino resolvió extender la medida a todo el territorio nacional, haciendo lugar a la presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En su resolución, Quirós destacó la “legitimidad activa y representación adecuada” de la organización, en función de su carácter federal y su trayectoria en la defensa integral de los derechos humanos.

“El Estado debe garantizar la accesibilidad universal al derecho a la salud, sin imponer condiciones que restrinjan ese acceso a sectores vulnerables como el de los adultos mayores”, señala uno de los párrafos centrales del fallo.

La resolución recuerda que, según la doctrina de la Corte Suprema, una acción colectiva puede prosperar cuando se verifican tres elementos: una conducta estatal uniforme, una pretensión común de cesar un daño generalizado, y la imposibilidad material de que los afectados litigüen de manera individual. El juez consideró acreditadas esas tres condiciones en el caso del recorte del programa “Vivir Mejor”, que garantizaba el 100% de cobertura en medicamentos esenciales a jubilados de menores ingresos.

La medida, de cumplimiento inmediato, ordena al PAMI restituir la provisión de los medicamentos esenciales sin requisitos adicionales ni trámites especiales, mientras el expediente principal continúa en trámite. Fuentes judiciales señalaron que el Gobierno nacional apelará la decisión, con el argumento de que la resolución judicial interfiere en la autonomía del organismo y en las políticas de “eficiencia administrativa” impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El antecedente más cercano fue dictado en septiembre por el Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que dio lugar a un amparo colectivo promovido por el Centro de Jubilados VDP 27 de Abril y el senador Mariano Recalde. En esa oportunidad, la Justicia había ordenado al PAMI mantener la cobertura plena de medicamentos hasta tanto se resolviera el fondo de la cuestión.

La decisión de Mendoza unifica y refuerza esas medidas al darle alcance nacional, lo que convierte a esta resolución en un precedente judicial significativo dentro del actual debate sobre el alcance de las políticas de ajuste del Estado y su impacto social.

En los últimos meses, asociaciones de jubilados y sindicatos de trabajadores del PAMI denunciaron recortes en la provisión de medicamentos, demoras en la entrega y eliminación de beneficios complementarios. La medida judicial, según advierten especialistas, podría forzar al Gobierno a revisar integralmente su política sanitaria para adultos mayores y a recomponer el presupuesto del organismo, que ha sufrido una merma real de más del 40% en lo que va del año.