El referente metalúrgico Martín Solazzo cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Alertó sobre la pérdida de derechos conquistados, la ausencia de beneficios reales para el empleo y convocó a un debate abierto en San Juan para informar y dar voz a los trabajadores antes del tratamiento legislativo.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, volvió a encender la alarma en el movimiento obrero. En San Juan, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se sumó con firmeza al rechazo sindical y advirtió que el proyecto oficial no solo carece de incentivos reales para la generación de empleo, sino que avanza sobre derechos históricos conquistados a lo largo de décadas.

Martín Solazzo, Secretario general del gremio metalúrgico en la provincia, fue categórico al analizar el escenario actual. “En el contexto político y laboral que estamos viviendo, no sobra nadie. La división no es el camino: la unidad es una necesidad”, sostuvo, al tiempo que valoró el proceso de acercamiento entre sindicatos frente a una iniciativa que consideran regresiva.

El dirigente explicó que, tras un reciente congreso gremial con asesoramiento de abogados especializados, el diagnóstico fue unánime: el proyecto no presenta un solo punto favorable para los trabajadores. “No encontramos ningún beneficio real. Lo que vemos es una avanzada que implica resignar derechos que costaron años de lucha”, señaló.

Desde la mirada sindical, la reforma no está orientada a dinamizar la producción ni a fortalecer la industria nacional. Por el contrario, Solazzo advirtió que el esquema propuesto podría derivar en una reducción del empleo. “Si una empresa puede extender la jornada laboral sin límites claros, ¿para qué sostener más personal? Es una contradicción que nadie explica”, cuestionó.

En ese sentido, apuntó también contra el relato oficial que presenta la iniciativa como una herramienta de modernización. “La quieren disfrazar, pero es una ley pensada para facilitar despidos, no para crear trabajo ni fortalecer la mano de obra calificada”, afirmó, y alertó sobre las consecuencias a mediano y largo plazo para el entramado productivo del país.

El gremialista valoró especialmente el endurecimiento de la postura de la CGT y el despliegue político que se está llevando adelante en el Congreso para frenar el tratamiento del proyecto. “Celebramos la unidad sindical y el trabajo que se está haciendo en Diputados y el Senado. Vamos a necesitar todos los aliados posibles para impedir que esta reforma avance”, remarcó.

En este aspecto, desde la UOM San Juan decidieron abrir el debate hacia la base trabajadora. El próximo sábado 7 de febrero, a las 19 horas, el sindicato realizará un encuentro abierto en su sede provincial. La convocatoria está dirigida no solo a afiliados metalúrgicos, sino también a trabajadores de otros sectores, estudiantes y público en general.

“El problema es que muchos trabajadores no están bien informados. Parte de los medios distorsionan el contenido de la ley y eso genera confusión”, explicó Solazzo. Por ese motivo, el encuentro contará con la participación de abogados especializados que abordarán el contenido técnico de la reforma, comparando los derechos vigentes con las modificaciones propuestas.

El dirigente fue enfático en aclarar que no se trata de una instancia de adoctrinamiento político. “Queremos explicar qué dice la ley, artículo por artículo, para que cada trabajador saque sus propias conclusiones. Hoy, paradójicamente, el trabajador es el gran ausente en esta discusión”, sostuvo.

Con este escenario, el sindicalismo metalúrgico busca disputar no solo el voto parlamentario, sino también el sentido del debate público. Frente a una reforma que consideran regresiva, la estrategia combina unidad gremial, presión institucional y participación directa de los trabajadores.

La convocatoria en San Juan se inscribe en esa lógica: informar, debatir y devolverle la voz a quienes, según advierten desde la UOM, serían los principales afectados. En un clima de alta tirantez social y política, el futuro de la reforma laboral aparece cada vez más atado a la capacidad del movimiento obrero de sostener cohesión, argumentos y presencia en la escena pública.

CTERA denunció que el proyecto del oficialismo implicará un recorte superior a los $4 billones en aportes que financiaban el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Advirtió sobre pérdida de derechos laborales, desfinanciamiento educativo y un retroceso estructural del sistema público.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) volvió a encender las alarmas frente al avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según denunció la entidad, la iniciativa no solo profundiza la precarización del empleo, sino que además consolida un ajuste de magnitud histórica sobre la educación pública, con un impacto directo en el salario docente y en el financiamiento del sistema educativo.

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento es la eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un mecanismo clave mediante el cual el Estado nacional complementaba los salarios para reducir las brechas entre provincias. De acuerdo con estimaciones del Instituto Marina Vilte, perteneciente a CTERA, la reforma laboral implicaría que el Estado deje de aportar más de 4,1 billones de pesos, cifra equivalente a la deuda acumulada que la Nación mantiene con los docentes de todo el país tras la supresión del fondo.

Desde el gremio subrayaron que esos recursos no solo permitirían saldar compromisos salariales, sino también recomponer programas estratégicos que fueron desmantelados durante el ajuste, como Conectar Igualdad, obras de infraestructura escolar y políticas de fortalecimiento del sistema educativo. En ese sentido, advirtieron que la reforma laboral se articula con el proyecto oficial de “Libertad Educativa”, al que calificaron como una estrategia para subordinar derechos sociales a las lógicas del mercado.

CTERA también alertó sobre el deterioro del financiamiento educativo: en 2025, la inversión conjunta en educación apenas alcanzó el 4,1% del PBI, muy por debajo del 6% establecido por la Ley de Educación Nacional. Para la organización, la reforma laboral no es un hecho aislado, sino parte de un modelo de desfinanciamiento deliberado de la educación pública.

Derechos laborales en retroceso

En el plano estrictamente laboral, la conducción del gremio —encabezada por Sonia Alesso— exhortó a los legisladores de todos los bloques a impedir el tratamiento del proyecto en el Congreso, al considerar que su objetivo es “destruir derechos conquistados históricamente para favorecer intereses patronales”. Según CTERA, el discurso oficial de “modernización laboral” encubre una avanzada de precarización estructural que debilita la protección del trabajo y vacía de contenido principios básicos como la justicia social.

La entidad rechazó cualquier intento de reforma parcial y reclamó el archivo completo de la iniciativa, al sostener que su espíritu resulta incompatible con un modelo de desarrollo con inclusión.

Números duros del ajuste

Otro de los puntos críticos señalados por CTERA es el impacto fiscal negativo de la reforma. El documento advierte que el Gobierno subestima deliberadamente el costo que tendrá la reducción de contribuciones patronales y otros recortes impositivos incluidos en el proyecto.

En particular, el artículo 163 propone reducir los aportes patronales del sector comercio y servicios del 20,4% al 17,4%, y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados. Esta sola modificación implicaría una pérdida equivalente al 0,462% del PBI, afectando directamente los recursos destinados a la seguridad social y al sistema previsional administrado por la ANSES. Si se suman otras rebajas, como en el Impuesto a las Ganancias y los aportes a obras sociales, el costo fiscal total ascendería al 1,278% del PBI.

Impacto cotidiano en los trabajadores

Finalmente, CTERA enumeró los aspectos más regresivos de la reforma en la vida diaria de los trabajadores:
Precarización de las condiciones laborales, con flexibilización de vacaciones, jornadas y eliminación de recargos por horas extras.

Fin del régimen tradicional de indemnizaciones, reemplazado por fondos financiados con aportes de los propios trabajadores.

Restricciones al derecho a la protesta, con límites a las huelgas, asambleas y acciones gremiales, y penalización de la organización sindical.

Para CTERA, la reforma laboral constituye un punto de inflexión que combina ajuste fiscal, transferencia de recursos y pérdida de derechos, con la educación pública entre las principales víctimas. El gremio advirtió que, de avanzar el proyecto, se consolidará un modelo que debilita el salario docente, erosiona la equidad federal y compromete el futuro del sistema educativo argentino.

El conflicto laboral que enfrenta a la empresa de seguridad privada Hunter Security con 130 trabajadores despedidos ingresará la próxima semana en una instancia determinante. El martes 3 de febrero, la Subsecretaría de Trabajo de San Juan volverá a convocar a las partes en el marco de una conciliación obligatoria que ya suma varias audiencias sin avances sustanciales.

Desde la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) sostienen que la empresa continúa sin presentar la documentación necesaria que acredite el pago efectivo de las indemnizaciones correspondientes. Según el gremio, esta será la cuarta audiencia consecutiva en la que Hunter Security llega sin respuestas concretas, prolongando la incertidumbre de los trabajadores afectados.

El origen del conflicto se remonta a la licitación del servicio de seguridad del Hospital Guillermo Rawson, donde Hunter perdió la prestación frente a una nueva firma adjudicataria. Como consecuencia directa de ese cambio contractual, los 130 empleados que cumplían funciones en el centro de salud fueron desvinculados.

Uno de los puntos centrales de la disputa gira en torno al encuadre legal de los despidos. De acuerdo con UPSRA, la empresa notificó las cesantías invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de indemnizaciones reducidas en situaciones de crisis económica o fuerza mayor. Sin embargo, el sindicato rechaza de plano esa argumentación y denuncia que no existen pruebas que justifiquen la aplicación de ese artículo.

En este sentido, el gremio exige que se aplique el artículo 245, que establece el pago de la indemnización completa, conforme a lo previsto por la legislación laboral y el convenio colectivo del sector. Además, advierte sobre un escenario de precarización salarial previa y señala que el conflicto podría escalar si no hay una respuesta concreta en la próxima audiencia.