El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo, Cristian Jerónimo, cuestionó con dureza a los mandatarios peronistas que facilitaron el quórum y votaron a favor de la reforma laboral en Diputados. Los acusó de “traicionar a los trabajadores” y adelantó que la central obrera recurrirá a la Justicia si la iniciativa se convierte en ley.

La gran rigidez política y sindical que atraviesa el debate por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Cristian Jerónimo, uno de los principales referentes de la CGT, quien calificó de “traidores” a los gobernadores peronistas que acompañaron el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

“Nos dan vergüenza, han traicionado a los trabajadores”, afirmó el dirigente al referirse al respaldo brindado por mandatarios provinciales del PJ que resultó clave para habilitar el tratamiento y la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados. En particular, mencionó a las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta, cuyos gobernadores fueron señalados por el sindicalista como responsables políticos de facilitar el avance de una norma que, a su entender, implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales.

Jerónimo cuestionó el argumento de que el acompañamiento legislativo responde a la necesidad de obtener beneficios para las provincias. “Supuestamente lo hacen para beneficiar a sus distritos, pero sabemos que eso no tiene un impacto real”, sostuvo. Y agregó que el tiempo “los juzgará” por lo que definió como una decisión que afecta de manera directa a trabajadores y trabajadoras de todo el país.

Una disputa que se traslada al Senado

El dirigente sindical subrayó que la definición final se jugará en el Congreso, especialmente en la Cámara alta. “Esto se termina legislando tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, y nosotros no votamos, pero siempre trabajamos para generar la conciencia necesaria”, expresó, marcando los límites institucionales de la acción gremial y la necesidad de construir mayorías políticas.

En este aspecto, la CGT ya anticipó que, en caso de sancionarse la ley, activará el frente judicial. “Nos queda otra instancia, que es la judicial. Vamos a ir a la Justicia porque este proyecto va en contra de la Constitución Nacional”, afirmó Jerónimo, al sostener que varios artículos vulnerarían garantías y principios consagrados en la Carta Magna.

La estrategia sindical, según explicó, combinará la vía legal con la movilización territorial. “Lo vamos a defender donde más cómodos nos sentimos, que es en las bases, defendiendo los derechos de los compañeros. No vamos a permitir que haya retroceso”, remarcó, en línea con el plan de acción definido por la central obrera meses atrás.

Paro nacional y rechazo empresario

Jerónimo también destacó la magnitud del último paro nacional convocado por la CGT, al señalar que “todo el entramado productivo de la Argentina estuvo parado”, no sólo el transporte sino también sectores industriales y actividades diversas. Según su lectura, la protesta evidenció un rechazo transversal frente a lo que consideran una avanzada sobre conquistas históricas del movimiento obrero.

En ese sentido, negó de manera tajante que haya existido algún tipo de negociación con el Gobierno respecto de la reforma laboral o los aportes sindicales. “Nunca existió una convocatoria formal al diálogo. Con ellos no negociamos nada”, aseguró. Sí reconoció, en cambio, conversaciones con senadores de distintos bloques para intentar modificar artículos del proyecto o frenar su avance.

Finalmente, apuntó contra la Unión Industrial Argentina, a la que acusó de acompañar una “ley regresiva” sin defender con firmeza a la industria nacional. “Todos los días cierra una empresa y siguen diciendo que el problema son los derechos de los trabajadores”, cuestionó.

Un conflicto que excede lo gremial

Las declaraciones de Jerónimo reflejan la profundidad de la fractura que atraviesa al peronismo y al sistema político en torno a la reforma laboral. Para la CGT, el debate no es sólo técnico ni económico, sino esencialmente político e ideológico: se trata de definir el modelo de relaciones laborales y el alcance de los derechos colectivos en un escenario de crisis y reconfiguración del poder.

Con el Senado como próxima estación decisiva y la amenaza de judicialización en el horizonte, la discusión promete intensificarse. Mientras tanto, el movimiento obrero anticipa que sostendrá la presión en la calle y en los tribunales, convencido de que la disputa por la reforma es, en última instancia, una pelea por el rumbo social del país.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad impuso a Naturgy una sanción de $2.218,52 millones correspondiente al segundo semestre de 2025, tras constatar una frecuencia de interrupciones y una duración acumulada superiores a los límites contractuales, además de desvíos en los niveles de tensión. El monto duplica holgadamente las penalidades aplicadas en la primera mitad del año.

El organismo concluyó que la empresa excedió el umbral de contingencias previsto en el contrato de concesión —esto es, la cantidad máxima de interrupciones toleradas— y también superó el tiempo acumulado permitido para esas contingencias. En términos prácticos, se registraron más cortes de los admitidos y con una extensión mayor a la autorizada, afectando de manera directa a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

A esas deficiencias se sumaron apartamientos en los niveles de tensión establecidos contractualmente, tanto en suministros monofásicos como trifásicos, un aspecto técnico que incide en la seguridad de las instalaciones y en la integridad de los equipos eléctricos.

Escalada en las penalidades

La magnitud de la sanción marca un salto significativo respecto del primer semestre de 2025, cuando las multas totalizaron $825 millones. El incremento supera el 50% y configura un endurecimiento en la respuesta regulatoria frente a incumplimientos reiterados.

El contraste interanual también resulta elocuente. En 2024, las penalidades habían alcanzado $1.217 millones en el primer semestre y $1.486 millones en el segundo. El monto correspondiente al cierre de 2025 no solo supera esas cifras, sino que establece un nuevo umbral en materia de sanciones económicas aplicadas a la concesionaria.

Destino de los fondos

De acuerdo con la normativa vigente, las sumas impuestas no permanecen en la órbita administrativa del ente regulador. El esquema prevé su transferencia íntegra a los usuarios, ya sea mediante bonificaciones en las facturas o a través del Fondo de Contención Tarifaria. Este instrumento se orienta a financiar intervenciones en infraestructura, como la modernización del alumbrado público y otras mejoras vinculadas al sistema eléctrico.

Un servicio estratégico bajo exigencia creciente

La reiteración de penalidades millonarias revela un cuadro de desempeño que no logra alinearse con los estándares contractuales. En un contexto en el que la energía constituye un insumo crítico para la actividad económica y la vida cotidiana, la discusión excede la dimensión administrativa y se proyecta sobre la necesidad de inversiones, mantenimiento preventivo y modernización de redes.

La decisión del EPRE envía una señal clara: el margen de tolerancia frente a desvíos en la calidad del servicio se estrecha. El desafío, ahora, será traducir la sanción en mejoras verificables que restituyan previsibilidad y confianza a los usuarios.

Tras una sesión extensa y atravesada por fuertes tensiones políticas y movilizaciones en todo el país, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. Con 135 votos afirmativos y 115 negativos, el Gobierno consiguió un triunfo clave que podría convertirse en ley la próxima semana, cuando el Senado analice el texto ya modificado.

Durante la votación en particular, el bloque oficialista blindó cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto, lo que consolidó una arquitectura normativa que apunta a modificar pilares históricos del derecho del trabajo argentino. Solo se suprimió el artículo 44, que contemplaba una rebaja salarial en casos de accidentes o enfermedades no laborales.

La media sanción representa un momento decisivo: si el Senado ratifica el texto, el país asistirá al rediseño más profundo del régimen laboral desde el retorno democrático.

Negociación colectiva: descentralización y pérdida de centralidad sindical

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la reconfiguración de la negociación colectiva. La norma establece que los convenios de ámbito mayor no podrán alterar lo pactado en convenios de ámbito menor, lo que habilita acuerdos por empresa con mayor autonomía frente a los convenios sectoriales.

En la práctica, esta descentralización debilita la capacidad de los sindicatos para fijar condiciones homogéneas en cada actividad. Además, se elimina la ultraactividad plena: vencido un convenio, no mantendrá su vigencia integral hasta la firma de uno nuevo, sino solo en lo relativo a condiciones básicas de trabajo.

Para el oficialismo, se trata de una herramienta de modernización que promueve acuerdos “más dinámicos y adaptados a cada realidad productiva”. Para la oposición y las centrales obreras, implica una fragmentación del poder de negociación y un desplazamiento del equilibrio histórico entre capital y trabajo.

Salarios, indemnizaciones y Fondo de Asistencia

El proyecto mantiene la indemnización equivalente a un mes de sueldo por año trabajado, pero excluye de la base de cálculo conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones o premios extraordinarios. Este ajuste técnico reduce, en términos efectivos, el monto indemnizatorio.

A la vez, se crea un Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes empresariales del 1% para grandes compañías y del 2,5% para pymes. A cambio, las empresas accederán a descuentos en contribuciones patronales con destino a la ANSES. El esquema busca previsibilidad en los costos de desvinculación, aunque sus detractores advierten que socializa riesgos y puede tensionar el financiamiento previsional.

La posibilidad de cancelar sentencias judiciales en cuotas —hasta seis en general y doce para pymes— ajustadas por IPC más una tasa anual del 3%, introduce otro cambio relevante en la ejecución de fallos laborales.

Jornada laboral, vacaciones y remuneración

La incorporación del banco de horas permite compensar jornadas extendidas —hasta un máximo de 12 horas diarias con descanso obligatorio equivalente— con reducciones posteriores. El objetivo declarado es flexibilizar la organización productiva sin superar el tope semanal.

En materia de vacaciones, se habilita su fraccionamiento con un mínimo de siete días y se fija el período ordinario entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con notificación previa de 45 días.

La norma también habilita el pago en moneda extranjera, ampliando la posibilidad ya existente de remunerar en especie, lo que introduce un nuevo margen contractual en contextos de inestabilidad cambiaria.

Derecho de huelga y actividad sindical

El capítulo sindical concentra algunas de las disposiciones más controvertidas. Se fija un tope del 2% para cuotas solidarias, se limita la realización de asambleas en los establecimientos a la autorización del empleador y se otorgan diez horas mensuales pagas para delegados en ejercicio de funciones.

Además, se amplía la categoría de “servicios esenciales”, con obligación de garantizar el 75% de la prestación durante huelgas, y se incorpora la figura de “servicios trascendentales”, con un mínimo del 50%. Las centrales obreras sostienen que estas cláusulas restringen de hecho el derecho constitucional de huelga.

La eliminación de la responsabilidad solidaria en la contratación de terceros redefine la estructura de subcontrataciones, al establecer que los trabajadores dependerán exclusivamente del empleador registral.

Plataformas, estatutos y justicia laboral

La reforma considera a los repartidores de plataformas como “prestadores independientes”, sin relación de dependencia, aunque obliga a las empresas a contratar seguros y brindar capacitación. Este punto marca un giro en el encuadre jurídico de la economía digital.

El texto también deroga la ley de teletrabajo vigente y prevé la eliminación de estatutos profesionales específicos —entre ellos el del periodista— en el plazo de un año. Asimismo, dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión con impacto institucional y administrativo.

Un debate que excede lo jurídico

El oficialismo presenta la reforma como un instrumento para promover empleo formal, atraer inversiones y reducir litigiosidad. Sus críticos la describen como el mayor retroceso en materia de derechos laborales desde 1983.

Más allá de la valoración política, la media sanción marca un cambio de paradigma: el proyecto desplaza el eje protector clásico del derecho laboral hacia un esquema con mayor peso en la negociación individual y empresarial.

La votación en Diputados no solo fue un triunfo aritmético del Gobierno; fue la expresión de una mayoría dispuesta a reconfigurar la matriz laboral argentina. El Senado tendrá ahora la última palabra sobre un texto que redefine la relación entre empleadores, trabajadores y Estado.

Si la Cámara alta ratifica la media sanción, el país ingresará en una etapa inédita en la que el equilibrio entre competitividad y tutela de derechos quedará sometido a una nueva lógica normativa. El alcance real de esa transformación dependerá, en última instancia, de su implementación, de la respuesta del movimiento sindical y del impacto concreto en el mercado de trabajo.