El presidente Milei firmó los vetos a las leyes que establecían un aumento para los haberes jubilatorios y la declaración de la emergencia en discapacidad, aprobadas por amplia mayoría en el Congreso.

El presidente Javier Milei tomó una decisión controvertida al vetar las leyes que establecían un aumento del 7,2% para los haberes jubilatorios y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Esta decisión fue justificada por el presidente como un «acto de desesperación electoral» por parte de la oposición. Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada por muchos, que ven en esta decisión un golpe a los derechos de los jubilados y las personas con discapacidad.

La ley vetada incluía, además del aumento del 7,2%, la posibilidad de que quienes cobran la jubilación mínima perciban hasta 331.564 pesos, además de establecer la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, con financiamiento garantizado para pensiones no contributivas y actualización de los aranceles del sistema de atención.

El veto presidencial es un golpe a los derechos de los jubilados y las personas con discapacidad. Es importante que el Congreso insista en la aprobación de estas leyes para garantizar la protección de estos grupos vulnerables.

En un contexto de creciente tensión en el sector industrial, el secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, dialogó con Mundo Laboral y expresó su profunda preocupación por la falta de homologación de la paritaria nacional metalúrgica, además de advertir sobre la crítica situación que atraviesan los trabajadores en distintas partes del país, especialmente en Villa Constitución.

“Seguimos esperando que la Secretaría de Trabajo firme de una vez la bendita homologación. Llevamos más de 50 días aguardando una respuesta concreta”, comenzó Solazzo. La demora responde a la negativa de una de las cámaras empresariales —CAMIMA, que representa a pequeñas y medianas empresas— a firmar el acuerdo paritario, aduciendo que el incremento salarial pondría en riesgo la estabilidad del sector pyme.

Sin embargo, el dirigente consideró esa postura inaceptable: “La mayoría de las cámaras, incluidas las más grandes del país, ya han dado su visto bueno. No estamos pidiendo un aumento desmedido: hablamos de un 3% para abril y otro 1% para el mes siguiente, cifras que apenas acompañan la inflación oficial. Es descabellado que, por una minoría, se mantenga paralizado un acuerdo tan necesario”.

Encuentro frustrado con autoridades nacionales

Durante los últimos días, el secretario general nacional de la UOM Abel Furlán, mantuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Trabajo en un intento por destrabar el conflicto. No obstante, el titular de la cartera laboral se negó a recibirlo, y la delegación fue atendida por personal de segunda línea. “Esto demuestra una falta total de voluntad política y una falta de respeto hacia los trabajadores. Afortunadamente, logramos al menos abrir un canal de diálogo”, señaló Solazzo.

De no obtener respuesta en breve, desde el gremio no descartan intensificar las medidas de fuerza. “Estamos en estado de alerta y movilización permanente. Si esto no se resuelve pronto, la calle será el único camino que nos quede”, advirtió el sindicalista.

La crisis en Villa Constitución y la apertura de importaciones

Otro de los focos de conflicto es la siderúrgica Acindar, en Villa Constitución, donde la situación se ha agravado notablemente. “Allí la UOM denunció la suspensión de cientos de trabajadores y la importación de acero desde China, lo cual es absolutamente contradictorio: por un lado, reducen personal, y por otro, compran afuera lo que podríamos producir acá”, criticó el dirigente sanjuanino.

Según explicó, la empresa ya suspendió a más de 300 trabajadores el año pasado y ahora se aproxima a los 500 cesanteados. “Llevan más de 14 meses sin cerrar una paritaria. Es una vergüenza. La apertura indiscriminada de importaciones está destruyendo la industria nacional. Y como siempre, la variable de ajuste termina siendo el laburante”, remarcó con firmeza.

En medio de este panorama, se conmemoró el Día de la Siderurgia Nacional. “Es un día importante para miles de trabajadores que le ponen el cuerpo a la industria todos los días, aunque sabemos que no muchos tienen motivos para celebrar. En San Juan no contamos con una planta siderúrgica, pero sería fundamental contar con una, considerando el potencial minero y productivo que tiene la provincia”, expresó.

Logros locales: recategorizaciones y diálogo efectivo

Pese al clima de conflicto nacional, en la provincia se registraron avances significativos. Solazzo destacó los acuerdos alcanzados con empresas locales, como el caso de Taranto, donde más de 110 trabajadores fueron recategorizados en una primera etapa.

“Históricamente, esta empresa otorgaba 10 o 12 recategorizaciones al año. Hoy, en un solo mes, hemos logrado que se reconozca el trabajo de más de un centenar de compañeros. Es un logro enorme, fruto del diálogo y la persistencia”, detalló. Anunció también que habrá una segunda y tercera etapa para continuar con la regularización de puestos.

Además, el gremio ha intervenido con éxito en situaciones críticas como el retraso en el pago del aguinaldo, logrando soluciones mediante la negociación directa con las empresas. “Hay lugares donde el conflicto empieza por cosas básicas como una camisa, pero también donde se pone en juego el plato de comida. No desatendemos nada. Para eso estamos: para defender cada derecho, grande o pequeño”.

Antes de despedirse, Martín Solazzo agradeció a Mundo Laboral SJ por ser una plataforma que amplifica la voz del sector metalúrgico y de los sindicatos. “Esperamos que en los próximos días haya novedades positivas, y que finalmente se firme la homologación. El trabajador ya no puede seguir esperando”.

El Juzgado Federal N°2 de San Martín aceptó el amparo presentado por el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, contra el decreto de Javier Milei que ordena el cierre del organismo.

La decisión de la Justicia federal de San Martín de dar curso al recurso de amparo presentado por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, causó un gran impacto en la opinión pública. La medida busca frenar la disolución del organismo dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el decreto 461/2025. La presentación sostiene que la medida representa un retroceso peligroso en materia de seguridad vial y vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

En este sentido, el abogado Federico Paruolo, patrocinante de Martínez Carignano, argumentó que el decreto presidencial viola el principio de legalidad y derechos como la vida, la salud, la circulación y la igualdad ante la ley, reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos. «Esto no es una reforma: es un retroceso brutal. La Justicia debe evitar el desastre», publicó Carignano en la red social X.

La ANSV fue creada con el objetivo de reducir la cantidad de muertes viales en el país. Desde su implementación, logró reducir un 30% las muertes por siniestros viales. Además, tenía presencia en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. La eliminación de la ANSV, según los críticos del decreto, dejaría desprotegida a la población frente a un flagelo que, año tras año, se cobra más de 5.000 vidas en el país.

Solo en la última semana de julio, al menos 10 personas fallecieron en distintos accidentes ocurridos en rutas de Río Negro y Santa Fe. En paralelo, el presidente de la Fundación Profesional para el Transporte, Sergio Ruppel, advirtió que las rutas argentinas están en «emergencia total», y cuestionó cualquier intento del Estado de abandonar sus responsabilidades en zonas con baja densidad poblacional. “Hay lugares donde el retorno de inversión no justifica la presencia privada, y el Estado no puede desentenderse”, sostuvo.