El veto presidencial a la ley de financiamiento universitario encendió todas las alarmas en el ámbito académico. Lo que hasta hace pocas horas era un temor, hoy se transformó en un hecho consumado: la decisión del Ejecutivo golpea de lleno a docentes, no docentes, investigadores y estudiantes, que advierten sobre un retroceso sin precedentes en materia de educación superior.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Edith Liquitay, referente de ADICUS, describió una jornada “álgida y dolorosa”, atravesada por reuniones permanentes entre gremios de todo el país. “Estábamos evaluando escenarios y lamentablemente se concretó el más grave: el veto. Esto activa de inmediato los mecanismos de organización y las alarmas sobre cómo seguir”, señaló.

Para Liquitay, la decisión oficial no sólo erosiona los presupuestos, sino que también hiere la base misma del sistema universitario: “Los docentes no llegamos a fin de mes y muchos se están yendo de las universidades. Eso es lo más cruel. Tampoco se actualizan las becas, ni los fondos para investigación, indispensables para el desarrollo nacional”.

La dirigente enfatizó que la universidad pública no es un gasto sino una inversión estratégica: “Se pone en riesgo la estabilidad laboral y también el futuro del país. La ciencia, la innovación y la formación de profesionales son pilares de una nación soberana. Este gobierno, con su veto, demuestra desprecio por todo eso”.

Del ajuste al plan de lucha

La respuesta gremial no tardó en organizarse. Según explicó Liquitay, ya se definió un paro nacional de docentes y no docentes para el viernes 12 de septiembre, acompañado de actividades de visibilización en todo el país: “Si hay veto, hay paro. Esa fue la decisión tomada en unidad. Vamos a estar acompañados por los estudiantes y la comunidad educativa, porque esto nos afecta a todos”.

Además, el frente gremial trabaja en la convocatoria a una nueva marcha federal en defensa de la universidad pública, que podría realizarse en torno al 16 de septiembre, fecha emblemática en la memoria educativa del país. “Sacaremos nuevamente a la universidad a la calle, como lo hicimos tantas veces. No nos queda otra que estar en pie de lucha”, anticipó.

La refenrente sindical cuestionó la ausencia de voluntad política por parte del Ejecutivo: “El gobierno recibió un mensaje muy claro en las urnas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof los convocó a dialogar y ellos rectificaron el rumbo, pero el veto a esta ley demuestra su verdadero camino: desprecio por la universidad pública y por los reclamos sociales”.

En ese sentido, denunció que la medida no es solo económica, sino también política: “Se trata de hacer oídos sordos. No se escucha ni a los trabajadores ni a los estudiantes. Es un gesto cruel hacia la educación, hacia la investigación y hacia la construcción de un país más justo”.

La voz de Edith Liquitay expresa el sentimiento de miles de trabajadores y estudiantes universitarios que ven amenazado su presente y su futuro. El veto presidencial, lejos de cerrar un debate, abre un conflicto que promete escalar en las próximas semanas. Con paros, marchas y movilización federal, la comunidad educativa vuelve a colocarse en el centro de la escena, recordando que la universidad pública no es un privilegio: es un derecho conquistado, hoy en riesgo.

La Mesa Sindical cuestionó duramente la inflación oficial del 1,9% en agosto, afirmando que no refleja la realidad de las economías familiares. La entidad exige una reparación en los salarios del 20% para trabajadores y jubilados, argumentando que la brecha entre la inflación oficial y la real es significativa.

El nuevo polo sindical expresó su desacuerdo con la forma en que se calcula la inflación oficial, argumentando que se basa en un modelo de gastos individuales o familiares que data de 2004. La organización sostiene que la inflación comunicada por el gobierno «está desactualizada» y no tiene en cuenta la realidad de los precios actuales.

La Brecha entre la Inflación Oficial y la Realidad

En este sentido, los gremios argumentan que la suba del dólar, los aumentos en los servicios públicos y las tasas de interés tienen un impacto significativo en los precios, lo que no se refleja en la inflación oficial. La organización manifestó su preocupación por la brecha entre la inflación oficial y la realidad, y exigió una reparación salarial urgenjte del 20% para trabajadores y jubilados.

La Mesa Sindical reiteró el pedido de un aumento para todos los trabajadores, jubilados y pensionados, argumentando que esto es necesario para recomponer la diferencia existente de los últimos 18 meses. La entidad también pidió el retorno de las paritarias libres, para que los trabajadores y trabajadoras puedan negociar sus salarios de manera justa y equitativa.

El documento fue firmado por APJ-Gas; APJBO; FJA; FTCIODyARA (Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de R.A); APSEE; ATE ; CTERA; APLA; CEPETEL; AJB (Judiciales Bonaerenses) – APJBO – UPJ Banco Provincia de Bs. As.; ASIJEMIN ; SOEPU; APDFA; Federación Gráfica Bonaerense; SPIQyA SL (Químicos de San Lorenzo); SOERM; AGTSyP;  ASSRA; SEC (Sindicato Empleados de Comercio); APSAI ; SUTEPA; UTI ; APJ Televisión Pública; SIPREBA; FESPROSA;  CICOP ; AMM (Asociación Médicos Municipales) ; AMAP (Asociación de Médicos de la Actividad Privada); Federación Profesionales del GCABA; FETERA; Luz y Fuerza La Pampa; Luz y Fuerza MDP; Luz y Fuerza Zárate; OTECH; APCNEAN; ATE CNEA; STIGAS La Plata; STIGAS Neuquén-Rio Negro; STIGAS CABA Y GBA; ATEPSA; SICONARA – FAGDUT – SUTEF (Docentes de Tierra del Fuego) ; Sindicato de Educadores del Chaco (SECH) ; Sindicato de Prensa de Rosario; FEPEVINA (Federación del Personal de Vialidad Nacional) ; ADEF; ABP Buzos  y FESTRAM.

La política argentina recibió un sacudón con el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que reordenó el mapa electoral y puso en jaque al gobierno de Javier Milei. Mientras el oficialismo relativiza el resultado, el sindicalismo celebra un revés que considera consecuencia directa de las políticas de ajuste y del maltrato hacia los sectores populares.

Entre las voces más relevantes que surgieron en las últimas horas, se destaca la de Eduardo Cabello, secretario general de la UOCRA en San Juan y referente de la CGT provincial. Con tono firme, pero alejado de los triunfalismos, señaló: “Compartimos la alegría del triunfo, pero debemos ser responsables. La gente le pasó factura al gobierno, pero no podemos subirnos al caballo de la soberbia. Ahora hay que construir con seriedad y no creer que todo está resuelto”.

Cabello remarcó que las elecciones de medio término funcionan como un mecanismo de advertencia: “Cuando un gobierno ajusta, maltrata o se burla de la gente, tarde o temprano la sociedad le responde en las urnas. Eso fue lo que ocurrió. Pero todavía no es un triunfo nacional, es una señal clara que hay que interpretar con humildad”.

El sindicalista vinculó el voto con el deterioro de las condiciones de vida. La recesión se hizo sentir con fuerza en el sector de la construcción, uno de los motores históricos de la economía, que atraviesa una de sus peores crisis: “En seis meses hemos perdido más de 300 mil puestos de trabajo. Cuando cae la economía, cae la construcción y con ella todas las actividades asociadas. El ajuste golpea de punta a punta”.

Empleo en negro y desigualdad

El dirigente alertó sobre un fenómeno creciente: la precarización laboral. “De cada dos o tres que quedan fuera del Estado, apenas uno consigue empleo en el sector privado, muchas veces en condiciones informales. Eso multiplica la inseguridad y genera un círculo de explotación que se extiende por todo el país”, denunció.

El gremialista también hizo hincapié en la persistencia de la brecha salarial de género y en el cierre de pequeñas y medianas empresas, que dejan a miles de familias sin sustento. “Estamos atravesando una época triste, de persianas bajas y oportunidades frustradas. Se habla de ajuste para cumplir con el Fondo Monetario, pero se olvidan de que el mismo organismo exige destinar recursos a políticas sociales. La pregunta es: ¿dónde está ese dinero?”, cuestionó.

Unidad sindical y autocrítica

Más allá de la crítica al gobierno, el referente de la CGT local, no esquivó la autocrítica hacia el propio movimiento obrero y la dirigencia política. “El país no puede seguir siendo rehén de malas políticas y peleas internas. El sindicalismo debe dejar de fragmentarse en diez corrientes distintas para ver quién lidera y empezar a defender de verdad al trabajador. La gente necesita propuestas, no disputas por la torta”, sentenció.

En ese sentido, planteó que el desafío central de la CGT es reconstruir la unidad, pero no desde el mero acuerdo de cúpulas, sino a partir de una agenda concreta: defensa del empleo, paritarias libres, protección social y un plan de desarrollo que reactive la producción. “Tenemos que ser inteligentes y avanzar con propuestas, no con confrontación vacía. La Argentina ya no se puede manejar sin consensos”, subrayó.

Libertad de expresión y democracia

Cabello también se refirió al comunicado emitido recientemente por la CGT nacional en defensa de la libertad de prensa, luego de que la justicia dictara una medida cautelar para frenar la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Estamos en un terreno peligroso, con jueces sospechados que toman decisiones arbitrarias. Eso demuestra la necesidad de resetear la dirigencia, reestructurarnos y volver a poner en valor la democracia”, afirmó.

Las palabras de Eduardo Cabello exponen un diagnóstico lúcido y crudo: el ajuste de Milei generó un rechazo social palpable en las urnas, pero la oposición no puede limitarse a capitalizar ese descontento. Con la construcción desplomada, el empleo en riesgo y la sociedad cada vez más fragmentada, el sindicalismo enfrenta el reto de reinventarse.
La advertencia de Cabello resuena como un llamado urgente: sin unidad, sin autocrítica y sin consensos reales, cualquier triunfo coyuntural puede diluirse en nuevas frustraciones. El pueblo, una vez más, exige respuestas de fondo y no simples celebraciones.