El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza con una nueva etapa de reducción de personal en las próximas semanas. La estrategia impulsada por Federico Sturzenegger concentra ahora el recorte sobre organismos descentralizados y forma parte de un plan para disminuir en casi un 10% la dotación de la administración pública nacional durante 2026.

La administración de Javier Milei prepara una nueva ofensiva sobre el empleo público. De acuerdo con fuentes oficiales, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza en un esquema de reducción de personal que contempla el desplazamiento de aproximadamente 6.000 trabajadores en el corto plazo, una resolución que inaugura un ciclo de reforma administrativa profunda.

El programa diseñado por Federico Sturzenegger tiene una meta definida: concluir 2026 con alrededor de 27.000 puestos eliminados entre la administración pública nacional, las empresas estatales y las sociedades con participación del Estado. La cifra equivale a una disminución cercana al diez por ciento de la plantilla existente al comienzo del año y constituye uno de los puntos centrales de la estrategia oficial para consolidar el equilibrio de las cuentas públicas.

A diferencia de las primeras etapas del proceso, cuando la reducción de personal se concentró principalmente en ministerios y dependencias de la administración central, la próxima fase focalizará sobre organismos descentralizados con funciones técnicas, científicas, regulatorias y de seguridad social.

Entre las instituciones alcanzadas por el análisis oficial aparecen el INDEC, el CONICET, la CONEAU, la ANSES, el INTA, el INTI, el SENASA, además de los entes reguladores Enargas, ENRE y el Enacom. Aunque el Gobierno evita confirmar el alcance definitivo de las medidas, distintas fuentes coinciden en que esas estructuras integran el universo bajo evaluación.

Desde la Casa Rosada sostienen que la reducción del gasto responde al deterioro de los ingresos fiscales y a la decisión de preservar el superávit financiero, convertido por el Ejecutivo en el principal ordenador de la política económica. En ese marco, la disminución de la planta estatal aparece como una herramienta permanente y no como una medida transitoria.

La perspectiva genera una fuerte reacción sindical. Tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionan la continuidad del ajuste y advierten que una nueva reducción de personal comprometería funciones esenciales vinculadas con la producción, la investigación científica, el control sanitario, las estadísticas oficiales, la regulación de servicios públicos y la administración de las prestaciones sociales.

Las cifras ilustran la dimensión de la iniciativa. Con una dotación superior a los 278.000 trabajadores al inicio de 2026, el cumplimiento del objetivo oficial implicaría una de las mayores reestructuraciones de la administración pública nacional de las últimas décadas, profundizando un proceso que trasciende la reducción del gasto y redefine el alcance operativo del Estado argentino.

La conducción de la CGT dio un nuevo paso en la consolidación de una estrategia unificada del movimiento obrero al reunir en su sede a representantes de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encuentro del que surgió un cronograma de acciones que busca ampliar la capacidad de respuesta sindical frente a las políticas impulsadas por la administración del presidente Javier Milei.

La decisión refleja un cambio de escala en la construcción opositora del sindicalismo. Más allá de las movilizaciones previstas, el objetivo consiste en consolidar una articulación permanente entre organizaciones gremiales, movimientos sociales, espacios estudiantiles y entidades populares, con la intención de proyectar una respuesta federal frente al deterioro del poder adquisitivo, la pérdida de empleo, la caída de las jubilaciones y el impacto social derivado del programa de ajuste.

El primer capítulo de esa agenda tendrá lugar el 22 de julio, cuando las organizaciones acompañarán una nueva movilización de jubilados, un colectivo que se convirtió en uno de los principales símbolos de la protesta social frente a la licuación de ingresos previsionales y la reducción del epoder adquisitivo.

La siguiente convocatoria fue fijada para el 7 de agosto, en coincidencia con la tradicional movilización de San Cayetano, jornada históricamente vinculada a los reclamos por trabajo y justicia social. La protesta también buscará influir en el debate que se abrirá con una nueva convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, ámbito que las organizaciones consideran determinante para recomponer ingresos en un contexto de fuerte pérdida salarial.

Como parte de la escalada de medidas, las centrales definieron además una movilización hacia el Ministerio de Economía durante la tercera semana de agosto. La protesta estará orientada a cuestionar el programa económico del Gobierno, al que responsabilizan por la profundización del ajuste, el incremento del endeudamiento y el deterioro de las condiciones laborales y sociales.

Durante el encuentro también se resolvió profundizar el acompañamiento a los conflictos gremiales abiertos en distintas provincias, promoviendo una mayor coordinación entre las organizaciones sindicales y sociales mediante plenarios, asambleas y acciones conjuntas que fortalezcan la presencia territorial del movimiento obrero.

La construcción de una respuesta federal constituye uno de los principales ejes de la nueva estrategia. La intención es integrar las expresiones de protesta que vienen desarrollándose en todo el país bajo una conducción coordinada, con capacidad de articular demandas laborales, sociales y previsionales en una misma agenda política.

En ese marco, los dirigentes coincidieron en avanzar hacia la convocatoria de un Paro General, considerado el instrumento de mayor contundencia para expresar el rechazo del conjunto del movimiento obrero organizado frente a políticas que —según sostienen— deterioran el empleo, debilitan las negociaciones salariales, reducen el poder de compra de las jubilaciones y profundizan la pérdida de calidad de vida de amplios sectores de la población.

La reunión también dejó definiciones en el plano institucional. Las organizaciones confirmaron su participación en la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal Argentina, prevista para los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba, donde confluirán dirigentes sindicales, referentes sociales, empresarios, académicos y representantes de distintos ámbitos para debatir la realidad económica y social del país.

Ese proceso de articulación tendrá continuidad durante noviembre, cuando las centrales buscarán enmarcar nuevas acciones en torno a la visita del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que el sindicalismo interpreta como una oportunidad para repensar el rol y el sentido del empleo en la sociedad actual, la inclusión social, la dignidad de los trabajadores y la necesidad de reconstruir consensos frente al aumento de la fragmentación económica y social.

La empresa estatal profundiza su proceso de reorganización con el cierre de centenares de sucursales, retiros voluntarios, despidos y la incorporación de tecnología para automatizar procesos. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones sostiene que las medidas responden a una estrategia destinada a reducir la estructura de la compañía para facilitar una futura privatización, mientras el conflicto salarial suma un nuevo foco de tensión.

La reestructuración del Correo Argentino atraviesa una fase de cambios profundos en sus operaciones y en su planta de personal. Según datos difundidos por la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), ya fueron clausuradas unas 300 sucursales de un programa que prevé alcanzar las 900 dependencias, al tiempo que la dotación de trabajadores descendió de 18.000 a 11.000 entre retiros voluntarios y desvinculaciones.

Para la organización sindical, el redimensionamiento de la empresa excede un criterio de eficiencia administrativa. Desde FOECYT sostienen que el Gobierno nacional impulsa un proceso de reducción progresiva de la estructura con el propósito de crear las condiciones para una futura privatización de la compañía y la eventual venta de sus activos inmobiliarios. «Es una política de achicamiento y vaciamiento. Quieren reducir la empresa para venderla en mejores condiciones», afirmaron.

El ajuste impacta con mayor intensidad en el interior del país. Provincias como San Luis, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero son las más afectadas por estos cierres, que dejan a pueblos enteros desconectados de la red federal de entregas. y concentran buena parte de los cierres, aunque la reducción de la red se extiende a numerosas localidades donde la oficina postal constituye el único vínculo permanente con servicios estatales y financieros.

La clausura de sedes no solo implica la pérdida de puestos de trabajo, sino que afecta directamente a los ciudadanos que residen en localidades alejadas de los grandes centros urbanos. En Villa Manzano, provincia de Neuquén, el cierre definitivo de la sede generó el repudio del intendente local, Daniel Hernández, quien cuestionó la falta de comunicación institucional y destacó los esfuerzos municipales por mantenerla abierta.

En muchos de esos pueblos no existen delegaciones bancarias ni dependencias, por lo que la desaparición del correo amplía las dificultades de acceso para miles de habitantes.

El sindicato también denuncia una profunda distorsión en la estructura administrativa. Según el representante gremial de FOECYT Alberto Cejas, la conducción incorporó más de un centenar de funcionarios políticos con remuneraciones significativamente superiores a las del resto del personal, una situación que —afirma— altera los indicadores salariales de la empresa. De acuerdo con el gremio, la mayoría de los trabajadores percibe ingresos de entre 700.000 y 900.000 pesos mensuales.

La disputa salarial constituye otro frente abierto. La conducción del Correo ofreció una recomposición del 6,6%, propuesta rechazada por FOECYT por considerarla insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo. La organización reclama una actualización inicial del 15% y exigió la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias, al advertir que la pérdida de ingresos compromete las condiciones de vida de los empleados.

En este aspecto al ajuste de personal, la empresa incorporó 240 equipos robotizados e inteligencia artificial para automatizar la clasificación de envíos, una decisión que para el gremio forma parte del mismo proceso de transformación. Mientras la conducción presenta esa modernización como una mejora operativa, la representación sindical interpreta que incrementa el atractivo de la compañía para una eventual transferencia al capital privado al reducir futuras necesidades de inversión.

El alcance de las medidas también comenzó a trasladarse al plano político. En la Legislatura bonaerense fueron presentadas iniciativas de repudio al cierre de sucursales, cuyos impulsores sostienen que la reducción de la red postal desconoce las particularidades del interior del país y debilita un servicio considerado esencial para numerosas comunidades.

Con miles de trabajadores menos, centenares de oficinas cerradas, un conflicto paritario sin resolución y una reorganización que modifica el funcionamiento histórico de la empresa, el futuro del Correo Argentino se convirtió en uno de los puntos más sensibles del proceso de redefinición del sector público impulsado por el Gobierno nacional. Mientras el Ejecutivo defiende la reducción de costos y la modernización de la compañía, los sindicatos advierten que detrás de ese rediseño se perfila un cambio estructural que podría desembocar en la privatización de una de las empresas estatales con mayor presencia territorial del país.