La Lista 26 de Julio buscará disputar el próximo 3 de noviembre la conducción de la CTA de los Trabajadores en San Juan con una propuesta que combina renovación organizativa, autonomía sindical y reivindicaciones laborales. Encabezada por Carla Costabile, secretaria adjunta de ASIJEMIN, la lista incluye a representantes de una decena de gremios, agrupaciones y organizaciones sociales.

El espacio se presenta como una coalición multisectorial que procura ampliar la representación de la central, con participación de trabajadores de la minería, la industria, los servicios, la administración pública, la docencia, la seguridad social y la economía popular. Entre las organizaciones y espacios mencionados figuran SUTEPA, ASIJEMIN, AMMAR, Alternativa Docente, FETIA y referentes de ATE, además de agrupaciones territoriales vinculadas con trabajadores informales.

La propuesta plantea construir una central con mayor presencia cotidiana en los lugares de trabajo y los barrios, recuperar el vínculo con los afiliados y fortalecer la participación de las bases. “Buscamos un proyecto colectivo, al servicio de la unidad de todas las luchas de las y los trabajadores”, expresaron desde la lista, que también reivindica la independencia de los gobiernos nacional y provincial.

La agenda gremial incluye reclamos por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, más presupuesto para salud y educación, generación de empleo genuino y defensa del derecho de huelga y de protesta. En su pronunciamiento, la nómina cuestionó además la reforma laboral impulsada a nivel nacional y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

Junto con esas definiciones, la agrupación reclamó que se publiquen los padrones electorales y los lugares de votación, para que los afiliados puedan verificar si están habilitados y organizar su participación en los comicios.

La fórmula se completa con María Alejandra Báez y Raúl Eduardo Carrizo como secretarios adjuntos. La propuesta de Consejo Ejecutivo incluye, entre otros, a Humberto Miguel Coria en el área gremial, Cristian Jurado en Comunicación, Mariano Chousal en Acción Política, Jorge Vargas en Seguridad Social, Eliana Funes en Derechos Humanos y Soraya Anabel Ramírez en Géneros. La nómina incorpora además representantes para las áreas de juventud, formación, discapacidad, ambiente, cultura y economía social, junto con doce vocales titulares.

Con las elecciones del 3 de noviembre como próximo objetivo, la Lista 26 de Julio buscará convertir esa diversidad gremial y social en una propuesta común para conducir la CTA sanjuanina. La disputa estará condicionado por dos factores determinantes: la verdadera dimensión de la democracia interna y el poder de la central para nuclear las protestas salariales, laborales y sociales en una coyuntura de fuerte rechazo a las políticas vigentes.

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores llamaron a realizar un cese de actividades, abandono de tareas y movilización a la Plaza de los Dos Congresos. La jornada coincidirá con una sesión impulsada por bloques opositores y reunirá demandas por el financiamiento universitario, la discapacidad y la Ley de Tierras.

Las dos principales vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) convocaron a una jornada de protesta para el 15 de octubre, con cese de actividades, abandono de tareas y movilización frente al Congreso de la Nación. La iniciativa busca concentrar en una misma convocatoria reclamos sindicales, educativos y sociales, en coincidencia con una sesión de la Cámara de Diputados promovida por bloques de la oposición.

La convocatoria fue anunciada por los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Ambas organizaciones anticiparon su participación junto con docentes, estudiantes universitarios, jubilados, familiares de personas con discapacidad y agrupaciones que cuestionan distintas medidas del Gobierno nacional.

El objetivo, según expresaron, es acompañar desde la calle el debate parlamentario y fortalecer los reclamos de sectores que mantienen disputas abiertas con la administración de Javier Milei.

Universidades, discapacidad y Ley de Tierras

Uno de los principales reclamos estará vinculado con las universidades públicas, cuyos trabajadores mantienen medidas de fuerza para exigir una recomposición salarial y mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones. La convocatoria se produce mientras continúa la disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y los gremios sostienen la marcha federal prevista para esa misma fecha.

La agenda también incluirá las demandas de organizaciones vinculadas con la discapacidad, que reclaman la continuidad de las medidas de emergencia y recursos para garantizar las prestaciones. A esos planteos se sumará la oposición a la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, una discusión que involucra cuestiones de soberanía y regulación de la propiedad rural.

Las CTA plantearon la jornada bajo las consignas de defensa de la educación, la soberanía y la democracia. La convocatoria constituye, además, una nueva acción conjunta de ambas centrales, que buscan articular sus reclamos con organizaciones sociales y espacios políticos opositores.

La coincidencia entre la movilización y la sesión legislativa apunta a trasladar las demandas al Congreso en un momento de discusión sobre financiamiento educativo, políticas de discapacidad y legislación sobre tierras. La magnitud de la convocatoria y el desarrollo del debate parlamentario serán factores centrales para medir el alcance político y sindical de la jornada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. El máximo tribunal rechazó la demanda promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por considerar que la asociación no tenía legitimación para impulsar el proceso colectivo.

La resolución tiene un alcance preciso: la Corte no se pronunció sobre la legitimidad constitucional de la derogación. El Tribunal sostuvo que antes de analizar el fondo debía existir una parte legitimada y un caso o controversia que habilitara la intervención judicial. Al no encontrar esas condiciones, cerró el proceso sin ingresar al examen de constitucionalidad del DNU.

El efecto práctico, sin embargo, es inmediato. Al quedar sin efecto la sentencia de la Cámara Federal platense, también desaparece la decisión que había impedido aplicar la derogación de la Ley 26.737. De este modo, vuelve a regir el artículo 154 del DNU 70/2023, que establece expresamente: “Derógase la Ley N° 26.737”.

La norma derogada había creado un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Entre sus disposiciones establecía límites para la adquisición de esos inmuebles por parte de extranjeros y fijaba restricciones vinculadas con determinadas zonas del territorio.

El litigio comenzó a fines de 2023, cuando el CECIM recurrió a la Justicia para cuestionar la derogación y solicitó también que se invalidaran los actos jurídicos realizados al margen del régimen que había establecido la Ley 26.737. La entidad fundamentó su presentación en sus objetivos estatutarios vinculados con la defensa de la soberanía argentina.

En primera instancia, el juez federal Alberto Recondo había rechazado el planteo por falta de legitimación y dejado sin efecto una medida cautelar que había suspendido la aplicación del artículo cuestionado. La Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión en marzo de 2024: reconoció al CECIM como legitimado, admitió la acción colectiva y declaró inconstitucional la derogación.

La Corte tomó ahora un camino diferente. Para el máximo tribunal, la soberanía territorial invocada por el CECIM no constituye un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional que permita habilitar una acción colectiva. La soberanía, sostuvo, integra las competencias propias del Estado sobre un territorio determinado y no puede ser asimilada al tipo de derechos de incidencia colectiva que habilitan este mecanismo judicial.

El pronunciamiento también reivindicó la exigencia constitucional de que exista una causa concreta para la actuación de los tribunales. Según la Corte, la ampliación de la legitimación producida por la reforma constitucional de 1994 no habilita al Poder Judicial a ejercer controles abstractos de constitucionalidad sobre normas.

El fallo se conoce después de que el Congreso tampoco avanzara con una modificación de la legislación sobre tierras rurales impulsada este año por el Gobierno. El proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” buscaba restringir las limitaciones exclusivamente a Estados extranjeros, empresas públicas y sociedades con participación estatal, pero finalmente no fue tratado por el Senado.

La decisión del máximo tribunal deja así despejado el camino para la aplicación de la derogación dispuesta por el DNU 70/2023, aunque no constituye una validación judicial de su constitucionalidad. La cuestión de fondo queda diferenciada de la resolución procesal adoptada por la Corte y mantiene abierta la discusión institucional sobre los límites de los decretos de necesidad y urgencia y el régimen de propiedad de las tierras rurales.