La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad la adenda al convenio con Vialidad Nacional que habilita a la gestión de Marcelo Orrego a ejecutar obras en tramos de las rutas nacionales 20 y 150. El peronismo acompañó la iniciativa, pero cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por el deterioro vial y la paralización de inversiones.

En una sesión extraordinaria que combinó consenso institucional y fricción política, la Cámara de Diputados dio luz verde a la adenda que permitirá a la Provincia intervenir en corredores viales cuya jurisdicción corresponde a la Nación. La decisión, adoptada sobre tablas y con respaldo de todos los bloques, habilita al Ejecutivo local a avanzar sobre puntos críticos de la Ruta Nacional 20 y la Ruta Nacional 150, ante el deterioro acumulado y la falta de ejecución de obras por parte del Estado nacional.

El acuerdo con Vialidad Nacional constituye, en los hechos, una cesión operativa para que la provinncia asuma tareas de infraestructura en tramos considerados estratégicos para la seguridad y el desarrollo productivo. La intervención más inmediata se concretará en la intersección de la Ruta 20 con calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía, un nodo de alto tránsito que concentra circulación urbana e interdepartamental.

En este sentido, la Provincia encarará mejoras en distintos cruces de la Ruta 150, en el departamento Iglesia: calle Santa Lucía, Ruta Provincial 405 (acceso oeste a Rodeo), Ruta Provincial 418 (ingreso a Pismanta) y calle Paoli. Se trata de sectores con relevancia turística y minera, donde la conectividad y la seguridad vial resultan determinantes para la actividad económica.

Acompañamiento con críticas

El respaldo legislativo no estuvo exento de cuestionamientos. Desde el bloque peronista se acompañó la herramienta legal, aunque con fuertes objeciones hacia la administración libertaria. El diputado Mario Herrero, del espacio San Juan Vuelve, planteó que las rutas nacionales evidencian un marcado deterioro y denunció una “ausencia total” del Estado nacional en materia de mantenimiento.

El señalamiento apunta a un debate más amplio: la recaudación de fondos específicos para infraestructura vial frente a la falta de ejecución de obras. En ese marco, legisladores del arco opositor subrayaron que la Provincia se ve obligada a intervenir para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad en corredores clave para la producción, el turismo y la integración regional.

La discusión trasciende la coyuntura provincial. La decisión de asumir competencias sobre rutas federales refleja el reordenamiento de responsabilidades que atraviesan las provincias en un contexto de ajuste del gasto nacional. Mientras la Casa Rosada sostiene la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, los gobiernos provinciales enfrentan la presión de sostener servicios e infraestructura esenciales.

Federalismo en tensión

La adenda aprobada expone, además, una presión estructural en el esquema federal: la administración nacional conserva la titularidad de las rutas, pero la ejecución material queda en manos de la Provincia. Este mecanismo, que requiere coordinación técnica y financiera, evidencia la complejidad de sostener infraestructura estratégica en tiempos de restricciones presupuestarias.

En términos políticos, el gobernador Orrego logró un respaldo transversal que le permite avanzar con obras largamente demandadas. El consenso alcanzado en el recinto —más allá de las diferencias expresadas— revela una prioridad compartida: evitar que la discusión partidaria paralice soluciones concretas.

La aprobación unánime de la adenda vial sintetiza una doble dinámica. Por un lado, la necesidad pragmática de garantizar seguridad y conectividad en rutas neurálgicas para San Juan. Por otro, la creciente tirantez entre la Nación y las provincias respecto del financiamiento y la ejecución de infraestructura.

El desafío inmediato será traducir el aval legislativo en obras efectivas. En un escenario de restricciones fiscales y debates sobre el rol del Estado, la decisión de la Legislatura marca una definición política clara: cuando la infraestructura crítica se deteriora, la responsabilidad pública no admite dilaciones, aun cuando ello implique asumir competencias que formalmente pertenecen a otro nivel de gobierno.

La CGT acompañó la protesta convocada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación frente al Palacio de Tribunales en rechazo al traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, previsto en el proyecto de reforma laboral. Los gremios advierten que la medida es inconstitucional y que podría restringir el acceso efectivo de los trabajadores a la Justicia.

El debate por la reforma laboral sumó un nuevo frente de conflicto: la eventual eliminación del fuero laboral nacional y su transferencia a la Ciudad de Buenos Aires. La discusión, que trasciende el plano técnico, abrió un capítulo de alta sensibilidad institucional y sindical. Este martes, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, judiciales y dirigentes gremiales escenificaron su rechazo con una movilización y un paro parcial de actividades desde las 11.

La CGT, a través de un pronunciamiento público, fue categórica: “No al traspaso de la Justicia Laboral Nacional”. En el mismo mensaje sostuvo que ese fuero constituye “una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores” y que su fragmentación implicaría debilitar la tutela judicial en materia laboral. La central subrayó que defender la competencia nacional es resguardar el equilibrio en las relaciones de trabajo.

Un punto sensible de la reforma

El traspaso está contemplado en el proyecto de reforma laboral actualmente en discusión en el Congreso. Desde el sindicalismo judicial sostienen que los artículos vinculados a esta modificación fueron incorporados sin debate suficiente y que su alcance podría alterar de manera estructural el esquema judicial vigente.

El secretario general de la UEJN, Julio Piumato —quien además se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la CGT— calificó la iniciativa como “la liquidación del fuero del trabajo” y la consideró “totalmente inconstitucional”. En su diagnóstico, no se trata de una simple reasignación administrativa, sino de “la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional”, con potencial impacto sobre otros fueros, como el comercial.

“Nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, remarcó el dirigente, al advertir que la medida implicaría avanzar hacia un esquema “totalmente unitario”, en tensión con el carácter federal del país. La afirmación busca situar el conflicto en una dimensión institucional más amplia, que excede la coyuntura laboral.

Simultáneamente a la reclamación, desde el lunes permanece ocupado el edificio de Diagonal Norte 760, sede de la Justicia del Trabajo, como parte del plan de lucha del gremio. El dato no es menor: la ocupación simboliza la defensa física de un ámbito que los trabajadores consideran amenazado.

“No va a haber lugar donde reclamar”

La secretaria general adjunta de la UEJN, Maia Volcovinsky, explicó que el núcleo de la preocupación radica en la eventual pérdida de un ámbito especializado para canalizar reclamos laborales. “Si liquidamos de un soplido la Justicia del Trabajo, no va a haber lugar donde los trabajadores puedan reclamar por la inconstitucionalidad de los artículos que se van a votar este viernes”, sostuvo.

Su advertencia combina dos dimensiones. Por un lado, la tutela judicial efectiva: el fuero laboral ha sido históricamente un espacio específico para dirimir conflictos entre empleados y empleadores bajo criterios protectores. Por otro, el impacto interno: cerca de 1.600 trabajadores judiciales podrían ver afectadas sus funciones de manera progresiva, lo que genera —según describió— un clima de incertidumbre y angustia.

Desde el sector sindical se argumenta que el cambio de jurisdicción podría diluir la especialización y fragmentar criterios jurisprudenciales, debilitando la posición de los trabajadores frente a litigios complejos. Quienes defienden el traspaso, en cambio, sostienen que se trata de una adecuación institucional en línea con el proceso de autonomía porteña. La controversia, en definitiva, expone visiones contrapuestas sobre el alcance de la reforma y sobre el modelo de administración de justicia.

Más que una discusión técnica

El conflicto revela que la reforma laboral no se agota en la regulación de contratos o indemnizaciones. También pone en cuestión el andamiaje institucional que garantiza su aplicación. El fuero laboral ha sido, desde su creación, un pilar en la arquitectura de protección del trabajo en la Argentina. Alterar su competencia implica redefinir no solo circuitos administrativos, sino también equilibrios históricos entre capital y trabajo.

En ese marco, la presencia de la CGT junto a los judiciales no es un gesto menor. Supone una señal de alineamiento en un momento en que el movimiento obrero debate estrategias frente al Gobierno y evalúa el alcance de las transformaciones en curso.

La movilización frente al Palacio de Tribunales sintetiza una disputa que combina derecho, política e institucionalidad. Para los gremios, el traspaso del fuero laboral constituye un retroceso que compromete el acceso a la Justicia y debilita la protección de los trabajadores.

Para el oficialismo, forma parte de un rediseño más amplio del sistema laboral y judicial.
El desenlace parlamentario definirá el rumbo inmediato. Pero el debate ya dejó una certeza: cualquier modificación del fuero del trabajo impacta en el corazón del sistema de garantías laborales. En esa intersección entre reforma y tutela judicial se juega algo más que una cuestión de competencias; se dirime el alcance real de los derechos en el mundo del trabajo.

En la antesala del debate en el Senado, la conducción cegetista analizará el nuevo escenario político tras la derrota legislativa y anticipa un viraje estratégico: sin nuevas medidas de fuerza en el corto plazo, la central buscará impugnar los artículos que considere inconstitucionales y hacer pagar el costo político a los senadores que respalden la iniciativa oficial.

En estado de alerta frente al inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta, la conducción de la Confederación General del Trabajo convocó para el miércoles a una reunión de su mesa chica que, puertas adentro, ya es leída como definitoria. El encuentro se realizará en la antesala de una semana decisiva en el Congreso, con el debate previsto para el viernes y un oficialismo que, según admiten en el propio sindicalismo, contaría con los votos necesarios para avanzar.

El diagnóstico interno es claro: el escenario político y social no ofrece hoy las condiciones para reeditar un paro general o una movilización masiva. “No hay clima para una nueva medida de fuerza”, deslizaron fuentes gremiales, en alusión a un contexto económico adverso, fatiga social y un mapa sindical que exhibe tensiones internas. La evaluación predominante es evitar un desgaste adicional en la calle y preservar capital político para una batalla de más largo aliento.

Lejos de la confrontación inmediata, la estrategia que gana consenso es trasladar el conflicto al plano judicial. La CGT analiza presentar acciones de inconstitucionalidad si la norma es sancionada, especialmente contra aquellos artículos que, a su entender, podrían restringir el derecho de huelga o alterar garantías básicas del orden laboral. En ese esquema, el foco estará puesto en cuestionar la razonabilidad y proporcionalidad de las eventuales limitaciones, así como en defender estándares constitucionales y convenios internacionales vigentes.

El giro táctico no implica resignación política. En la central obrera anticipan que trabajarán para que los senadores que acompañen el proyecto asuman el costo de su voto. La idea es instalar públicamente la discusión sobre las consecuencias de la reforma en términos de estabilidad laboral, negociación colectiva y conflictividad futura, con la mirada puesta también en el calendario electoral.

La decisión de evitar nuevas medidas de acción directa refleja una lectura pragmática del momento. Tras una serie de derrotas parlamentarias y con un oficialismo que logró ordenar alianzas circunstanciales, la CGT opta por replegarse tácticamente, reducir la exposición y preparar una ofensiva jurídica que podría extenderse en el tiempo. La apuesta es que el Poder Judicial se convierta en el nuevo escenario de disputa, en una pulseada que ya no se librará en la calle sino en los tribunales.

En ese cambio de escenario, la central obrera busca preservar cohesión interna y administrar fuerzas. La reforma laboral, aun antes de su eventual sanción, ya redefinió el tablero sindical: menos épica callejera y más litigio estratégico. Una señal de época que evidencia tanto las limitaciones del presente como la voluntad de sostener la disputa por otros carriles institucionales.