La modificación comenzará a regir el lunes 16 de noviembre y alcanzará a los negocios de toda la provincia. En Capital la atención será de 9 a 13 y de 17:30 a 22, mientras que en los departamentos el turno vespertino se extenderá de 18 a 22. Shoppings y otros rubros conservarán sus modalidades habituales.

El comercio de San Juan comenzará a funcionar con horario de verano desde el próximo lunes 16 de noviembre. La modificación, confirmada por el Sector Comercio de la Federación Económica, alcanzará a los establecimientos de Capital y del resto de los departamentos, con diferencias en el horario de apertura durante la tarde.

La implementación, que había sido postergada por las condiciones climáticas, busca adecuar la actividad comercial a las altas temperaturas de los próximos meses y reorganizar los horarios de atención al público.

En Capital, los negocios abrirán de 9 a 13 y retomarán la actividad entre las 17:30 y las 22. La Federación aclaró que habrá una flexibilidad aproximada de 30 minutos para el inicio del turno vespertino, por lo que algunos locales podrán comenzar más tarde y extender también el cierre.

En los departamentos, el esquema mantendrá el horario matutino de 9 a 13, mientras que la atención de la tarde se desarrollará de 18 a 22.

La modificación no alcanzará de la misma manera a todos los rubros. Los shoppings y centros comerciales conservarán el horario corrido, de 10 a 22. En tanto, las ferreterías y los negocios de repuestos continuarán mayoritariamente con atención continua, generalmente de 8 a 18, aunque algunos mantendrán el sistema de doble turno.

Las farmacias tampoco tendrán una modificación generalizada: seguirán funcionando de acuerdo con sus modalidades habituales, ya sea con horario cortado o con atención permanente durante las 24 horas.

Desde el Sector Comercio de la Federación Económica sanjuanina solicitaron a comerciantes y consumidores tener presente el nuevo esquema, que comenzará a aplicarse en toda la provincia. La adecuación apunta a ordenar la actividad durante la temporada estival y facilitar tanto el funcionamiento de los establecimientos como las compras del público.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió dejar de esperar señales del Gobierno nacional y avanzar en la preparación de una medida de fuerza. La conducción sindical considera que el mensaje del papa León XIV fortaleció sus planteos sobre justicia social, empleo y distribución de la riqueza, pero no modificó la posición de la administración de Javier Milei. Tampoco encuentra garantías de diálogo en el acercamiento impulsado por las principales cámaras empresariales.

La central obrera interpreta que la visita del pontífice reabrió el debate sobre el rumbo económico y el papel de los trabajadores en el desarrollo nacional. Sin embargo, en Azopardo predomina la convicción de que la Casa Rosada no responderá favorablemente al pedido de una mesa de negociación. Por eso, la estrategia comienza a desplazarse hacia una protesta propia, coordinada con otras centrales sindicales y con posibilidades de concretarse antes de finalizar el año.

El martes, un día después del encuentro con León XIV en la Universidad Católica Argentina, la CGT difundió un documento firmado por sus tres cotitulares, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Allí propuso establecer una mesa permanente entre trabajadores, empresarios y Estado para discutir la generación de empleo registrado, la recuperación del poder adquisitivo y el fortalecimiento de la producción.

El pronunciamiento retomó conceptos centrales del discurso papal y advirtió que el crecimiento económico no garantiza por sí mismo una distribución equitativa de sus beneficios. También reivindicó la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos laborales y en la construcción de un modelo de desarrollo que contemple a los distintos actores sociales.

Para la conducción cegetista, las intervenciones de León XIV en el Palacio Libertad y en la UCA tuvieron una fuerte repercusión política y social. El secretario de Interior de la central, Héctor Daer, consideró que sus palabras demostraron que la discusión sobre la justicia social conserva una identificación profunda en la sociedad argentina. En la misma línea, Cristian Jerónimo sostuvo que la CGT debe definir sus propios pasos, independientemente de las decisiones que adopte el Ejecutivo.

La expectativa de una negociación con el Gobierno, sin embargo, es reducida. El pedido de diálogo quedó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, pero todavía no tiene fecha ni formato definidos. En ste sentido, las declaraciones del secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante el encuentro papal dejaron en evidencia las diferencias sobre el papel que deben cumplir las organizaciones sindicales.

La desconfianza también alcanza al empresariado. La propuesta del Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales entidades empresariales del país, de construir acuerdos económicos e institucionales de largo plazo fue recibida con reservas por la central obrera. Las declaraciones del titular de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Mario Grinman, quien calificó la justicia social como un “eslogan vacío”, profundizaron el distanciamiento.

Desde la CGT cuestionan lo que consideran un intento empresarial de instalar el diálogo sin discutir las condiciones concretas del trabajo y la distribución de los ingresos. La central pretende que cualquier instancia de negociación incluya salarios, jornada laboral, impacto de la inteligencia artificial, empleo y matriz productiva, además de los intereses de las empresas.

En ese marco, la alternativa que gana terreno es un cese parcial de actividades, acompañado por asambleas en los establecimientos laborales y sin afectar la jornada completa ni el presentismo de los trabajadores. El objetivo sería lograr una protesta de alcance nacional junto con otras centrales sindicales, aunque todavía no hay una fecha ni una modalidad confirmadas. La iniciativa deberá ser ratificada por el Consejo Directivo y podría concretarse entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.

La conducción también toma en cuenta el antecedente del paro del 19 de febrero, cuya capacidad de paralización fue considerada insuficiente por algunos dirigentes. Por ese motivo, la modalidad que se analiza busca combinar visibilidad y participación gremial con un esquema de menor impacto sobre los ingresos de los trabajadores.

De este modo, la central sindical atraviesa un momento de recalibración política ante el Gobierno. Si bien el pronunciamiento de León XIV le otorgó legitimidad discursiva a sus reclamos, el desafío actual de la dirigencia radica en capitalizar ese apoyo mediante la acción callejera. El debate interno trasciende la mera búsqueda de consenso institucional y se enfoca en confrontar el modelo económico y las reformas estructurales del oficialismo.

A través del decreto 1358, el Ejecutivo Nacional incorporó nuevos corredores al proyecto Red Federal de Concesiones y estableció un plazo máximo de doce meses para convocar a una licitación pública nacional e internacional. La iniciativa comprende rutas de 15 provincias y busca transferir al sector privado la gestión y el mantenimiento de esos tramos mediante el sistema de peajes.

La decisión forma parte del proyecto denominado Red Federal de Concesiones, con el que la administración de Javier Milei busca incrementar la participación privada en la explotación y el mantenimiento de la infraestructura vial. El nuevo esquema alcanza corredores distribuidos en 15 provincias e incorpora trazas estratégicas para la circulación de pasajeros, el transporte de cargas y la conexión entre distintas regiones productivas.

Entre las rutas incluidas figuran la 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158, 228 y 237, además de la A0017. Los recorridos atraviesan Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta, La Pampa, La Rioja y Neuquén.

Según los fundamentos oficiales, el objetivo es rehabilitar la infraestructura vial, mejorar las condiciones de seguridad, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad. El Ejecutivo sostiene que la incorporación de capital privado permitirá avanzar en esas tareas y, al mismo tiempo, contribuir al equilibrio de las cuentas públicas y a la reducción del déficit fiscal.

La disposición establece el marco para avanzar con los procedimientos licitatorios, pero la adjudicación de cada corredor y las condiciones específicas de explotación deberán definirse en las respectivas convocatorias. Allí se establecerán las obligaciones de las futuras concesionarias, las inversiones comprometidas y las condiciones de funcionamiento del sistema de peajes.

La ampliación del programa representa un nuevo paso en la transformación del modelo de administración de las rutas nacionales. Su implementación abrirá el debate sobre el costo que deberán afrontar los usuarios, la calidad de las obras y los mecanismos de control estatal para garantizar que las empresas cumplan con las inversiones y el mantenimiento exigidos.