Las trabajadoras de casas particulares quedaron excluidas del «blanqueo» de Javier Milei
El capítulo de la Ley de Bases denominado “promoción del empleo registrado” excluye a uno de los sectores con mayor precarización laboral. Se trata de las empleadas domésticas, que, además, el 97 por ciento son mujeres.
El gobierno de Javier Milei implementó un plan de «blanqueo» laboral con el objetivo de fomentar la formalización laboral y reducir la informalidad en el mercado laboral argentino. Sin embargo, este plan excluyó a un grupo significativo de trabajadoras: las empleadas de casas particulares.
A pesar de que el capítulo «promoción del empleo registrado» de la Ley de Bases busca fomentar la formalización laboral, la reglamentación deja afuera a un millón de trabajadoras de las casas particulares, donde el 97 por ciento son mujeres, siendo el sector con mayor informalidad. El Artículo 8° del decreto 847/2024 establece que “las previsiones del Título IV de la Ley N° 27.742 no serán aplicables a las relaciones laborales comprendidas en la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares N° 26.844 y sus modificaciones”.
Por su parte, la Resolución 5577/2024 de la AFIP fijó que “la regularización de las relaciones laborales deberá efectuarse hasta el 24 de diciembre de 2024, inclusive». No obstante, el sector que tiene un 70 por ciento de sus empleadas no registradas fueron discriminadas por el gobierno de Javier Milei. Según el INDEC, sobre 1,7 millones de empleadas domésticas, menos de 500.000 figuran con aportes a la Seguridad Social.
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San Juan impulsa una ampliación clave del sistema público de salud
Concluida la etapa de fundaciones, el proyecto de los nuevos Consultorios Externos del Hospital Rawson inicia el ensamblaje de su estructura metálica. Se trata de un hito técnico que permitirá acelerar la ejecución de una obra destinada a ampliar la capacidad de atención y optimizar los circuitos asistenciales.
La ampliación del Hospital Rawson ingresa en una instancia determinante. Tras completar los trabajos preliminares de suelo, bases y fundaciones, el proyecto avanza con el montaje de su armazón principal, un sistema metálico de gran escala que define la arquitectura del futuro edificio.
La intervención contempla tres sectores diferenciados: un bloque destinado a atención pediátrica, otro orientado a pacientes adultos y un volumen cilíndrico que albergará servicios complementarios, entre ellos un área de confitería. La ejecución ya registra avances en el sector pediátrico, donde se finalizó la base estructural y se inició la instalación de columnas tubulares de gran porte.
El despliegue logístico requerido es significativo. Las piezas, fabricadas fuera del predio, son trasladadas durante la madrugada para evitar interferencias en la circulación urbana. Una vez en el lugar, el montaje se realiza mediante grúas de alta capacidad, lo que permite garantizar precisión y seguridad en cada maniobra.
Este proceso exige una articulación constante entre la empresa constructora, los equipos técnicos del hospital y los responsables de la supervisión, con el objetivo de sostener un ritmo de obra ordenado y cumplir con los estándares establecidos.
Un edificio pensado para la atención del futuro
El nuevo complejo se emplaza en una superficie de 6.445 metros cuadrados, delimitada por las calles General Paz, Santa Fe, Estados Unidos y la Avenida Rawson. La propuesta arquitectónica incorpora soluciones modernas, con estructuras livianas, cubiertas térmicas y materiales diseñados para optimizar la eficiencia energética.
En el exterior, se prevén terminaciones con tecnología Screenpanel y estética tipo acero corten, mientras que en los espacios interiores se instalarán paneles acústicos y carpinterías de aluminio con vidrios de seguridad. Las instalaciones sanitarias, eléctricas y de protección se ejecutan bajo normativas estrictas, en línea con los requerimientos de un centro de salud de alta complejidad.
El proyecto apunta a mejorar la atención ambulatoria, descongestionar áreas críticas y ofrecer entornos más accesibles tanto para pacientes como para el personal médico. La reorganización de los circuitos permitirá reducir tiempos de espera y elevar la calidad del servicio.
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Médicos de cabecera del PAMI paralizan servicios por 72 horas en todo el país
Los profesionales de cabecera iniciaron una medida de fuerza de tres días en rechazo a cambios en el esquema de pagos que, según denuncian, reducen sus ingresos. Solo se atenderán urgencias, lo que afecta a millones de afiliados y expone las dificultades estructurales del sistema.
La atención médica de millones de jubilados y pensionados ingresó en una fase de fuerte incertidumbre tras el inicio de un paro nacional de 72 horas por parte de los médicos de cabecera del PAMI. La medida, impulsada por la APPAMIA, limita la asistencia a casos de urgencia y pone en evidencia un conflicto que trasciende lo salarial para instalar interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema.
El eje de la protesta radica en una reciente resolución del organismo que modifica el esquema de remuneración. Aunque formalmente se presenta como una actualización de la cápita —que se eleva a $2.100—, los profesionales sostienen que el nuevo modelo implica una reducción efectiva de ingresos. La principal objeción apunta a la eliminación del pago por consulta presencial, una herramienta clave para sostener la actividad diaria en consultorios.
Según detallan desde el sector, el cambio incorpora un mayor volumen de prestaciones dentro de un monto fijo, al tiempo que elimina incentivos vinculados a la capacitación. La ecuación resultante, advierten, se traduce en un aumento de la carga laboral con una compensación económica inferior. “Más trabajo, menos ingresos” es la síntesis que repiten los profesionales frente a una modificación que altera de manera sustancial el esquema previo.
La preocupación no se limita a la pérdida de poder adquisitivo. Desde la entidad gremial alertan sobre el impacto directo en la viabilidad de los consultorios, cuyos costos operativos —alquileres, insumos, servicios— continúan en alza. En ese sentido, plantean la necesidad de fijar una cápita mínima de $6.500 para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, además de exigir la derogación de la resolución y la recomposición de honorarios.
El reclamo incluye también la reincorporación de médicos desvinculados, en una señal de malestar dentro del sistema. Para los profesionales, la combinación de ingresos deteriorados y exigencias crecientes configura un escenario que compromete tanto el ejercicio de la medicina como la calidad de la atención brindada.
El paro se inscribe en una problemática más amplia que viene afectando al PAMI en los últimos meses. Prestadores de distintos puntos del país vienen señalando demoras en los pagos, cambios contractuales y dificultades para sostener la prestación de servicios. La acumulación de estos factores ha generado un clima de desconfianza que ahora se traduce en una medida de alcance nacional.
El impacto sobre los afiliados resulta inmediato. Si bien se mantienen las guardias y la atención de urgencias, la suspensión de consultas programadas y controles periódicos afecta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, quienes dependen de un seguimiento continuo. La interrupción de estas prácticas no sólo posterga diagnósticos y tratamientos, sino que también incrementa la presión sobre otros niveles de atención.
En este contexto, desde APPAMIA anticiparon que evalúan avanzar por la vía judicial para frenar la implementación de la medida, al tiempo que convocan a los profesionales a sostener el plan de lucha.
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Docentes y Gobierno vuelven a dialogar tras una semana de conflicto
Los gremios docentes y el Gobierno de San Juan retomarán este lunes la negociación salarial. El encuentro se produce luego de un paro con alto acatamiento y tras varios intentos fallidos de entendimiento.
El Ejecutivo provincial y los sindicatos docentes volverán a sentarse este lunes a las 15 horas en una nueva instancia de negociación salarial, con el objetivo de alcanzar el primer acuerdo del año. La reunión se desarrollará en el ámbito del Ministerio de Educación de San Juan y contará con la participación de la ministra Silvia Fuentes y del titular de Hacienda, Roberto Gutiérrez.
Del lado sindical estarán representados los gremios UDAP, UDA y AMET, que impulsaron la reapertura de las conversaciones luego de una serie de encuentros sin resultados concretos.
La convocatoria llega tras una medida de fuerza de 24 horas realizada la semana pasada, que según los sindicatos tuvo un alto nivel de adhesión. El paro reflejó el malestar acumulado en el sector ante la falta de avances en la discusión salarial.
Un conflicto que se arrastra desde comienzos de año
La negociación entre las partes se encuentra atravesada por una sucesión de episodios que dificultaron la construcción de acuerdos. Aunque a fines de 2025 se había alcanzado un entendimiento, las discusiones durante 2026 no lograron consolidarse.
En marzo, los gremios habían anunciado una huelga por 48 horas que finalmente no se concretó debido a la intervención de la Subsecretaría de Trabajo, que aplicó la normativa vigente sobre servicios esenciales en educación. Posteriormente, un fallo judicial dejó sin efecto esa herramienta, lo que reconfiguró el escenario y habilitó nuevas medidas de protesta. En ese sentido, la reciente jornada de paro volvió a colocar la negociación en el centro de la agenda, obligando a ambas partes a retomar el diálogo.
La última propuesta y los puntos en discusión
La oferta más reciente de la provincia no logró el aval sindical, aunque fue parcialmente aplicada en la liquidación de haberes de marzo. Entre los principales componentes se incluyeron incrementos en el valor índice, adicionales en distintos códigos del nomenclador docente, sumas fijas no remunerativas y un bono extraordinario.
Sin embargo, los gremios consideran insuficiente esa propuesta frente al deterioro del poder adquisitivo y reclaman una recomposición que refleje de manera más precisa la evolución de los precios.
Expectativa por un posible acuerdo
La reunión de este lunes aparece como una instancia clave para destrabar el conflicto y avanzar hacia un entendimiento que otorgue previsibilidad al ciclo lectivo. El desafío será acercar posiciones en un escenario complejo, donde las demandas salariales conviven con restricciones presupuestarias.
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