El aumento de los atrasos en créditos bancarios comienza a reflejar las tensiones que atraviesan hogares y empresas. Informes del sistema financiero muestran que la morosidad se triplicó en un año, impulsada por el endeudamiento de las familias y la debilidad del mercado interno, en un contexto económico marcado por tasas elevadas, caída del poder adquisitivo y actividad industrial en retroceso.

El sistema financiero argentino comienza a registrar un fenómeno que suele anticipar dificultades más profundas en la economía: el crecimiento sostenido de la morosidad. Bancos, financieras y empresas productivas advierten que cada vez más familias y compañías encuentran dificultades para cumplir con sus compromisos de pago, en un contexto marcado por el encarecimiento del crédito, la pérdida de poder adquisitivo y un mercado interno debilitado.

Un informe reciente de la consultora Quantum Finanzas revela que la cartera irregular del sistema bancario pasó de representar el 1,6% de los préstamos al sector privado en diciembre de 2024 a 5,3% un año después, es decir, más que se triplicó en apenas doce meses. El dato refleja un deterioro acelerado en la capacidad de pago de los tomadores de crédito, tanto en el segmento de los hogares como en el de las empresas.

El aumento se produce después de un período de fuerte expansión del financiamiento en pesos. Tras un 2023 caracterizado por niveles mínimos de crédito, durante 2024 los préstamos al sector privado crecieron 54% en términos reales, impulsados por el financiamiento a familias (+58%) y empresas (+52%). En 2025 el ritmo continuó con un crecimiento adicional del 28%, lo que amplió considerablemente la base de endeudamiento.

Desde el punto de vista técnico, cierto incremento en los niveles de mora suele considerarse normal cuando el crédito se expande con rapidez. Sin embargo, el informe advierte que el comportamiento actual excede esos parámetros habituales. “Ratios de mora que se triplican o cuadruplican en apenas un año reflejan dificultades en los mercados reales y financieros”, señala el estudio, que vincula el fenómeno con el aumento de las tasas de interés y la fragilidad de los ingresos.

El deterioro comienza por los hogares

El deterioro del crédito comenzó a manifestarse con mayor claridad a principios de 2025 y golpeó primero al financiamiento de los hogares. Las mayores tensiones se registran en el uso de tarjetas de crédito y en los préstamos otorgados por billeteras virtuales, instrumentos que en muchos casos comenzaron a utilizarse para cubrir gastos corrientes, incluso alimentos.

En este segmento, la morosidad pasó del 2,6% al 9,3% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, un salto que refleja el deterioro del poder adquisitivo y la creciente dependencia del financiamiento para sostener el consumo.

Las líneas más comprometidas dentro del sistema financiero son los préstamos personales, que registran 11,9% de mora, seguidos por el financiamiento con tarjetas de crédito, con 8,6%. Entre las empresas, el principal foco de atrasos se concentra en los adelantos en cuenta corriente, donde la morosidad alcanza 4,9%.

El caso de uno de los principales bancos privados del país ilustra la magnitud del fenómeno. El balance del Banco Galicia correspondiente al cuarto trimestre de 2025 registró una pérdida neta de 83.544 millones de pesos, un resultado fuertemente influido por el aumento de los créditos incobrables. Según datos del propio sistema financiero, la entidad acumula 776.187 millones de pesos en préstamos de difícil recuperación, un indicador que encendió señales de alerta entre analistas e inversores.

El impacto llega a la economía productiva

El deterioro del crédito no se limita al ámbito financiero. La economía real también empieza a sentir los efectos de un mercado interno debilitado y de un esquema de financiamiento cada vez más costoso.

En el sector industrial, muchas empresas recurren al crédito de corto plazo para cubrir gastos operativos ante la caída de ventas y la pérdida de empleo. Este mecanismo, que inicialmente funciona como una herramienta de liquidez, aumenta el riesgo de atrasos cuando la recuperación de la actividad no acompaña.

Datos de la Unión Industrial Argentina (UIA) muestran que más del 45% de las empresas reconoce dificultades para afrontar pagos de salarios, impuestos o proveedores, en un contexto en el que la producción manufacturera permanece en terreno contractivo.

La combinación de menor demanda, costos financieros elevados y márgenes empresariales ajustados genera un círculo complejo: las empresas se endeudan para sostener la actividad, pero la falta de recuperación del mercado interno dificulta luego cumplir con esos compromisos.

Consumo en retroceso y crédito como sostén

El crecimiento de la morosidad también refleja un cambio estructural en el comportamiento del consumo. Con salarios que pierden terreno frente a las tasas de interés y el endeudamiento acumulado, cada vez más hogares recurren al crédito para sostener gastos básicos.

Ese fenómeno, que inicialmente puede pasar desapercibido en la dinámica cotidiana, termina reflejándose con claridad en los balances bancarios y en los indicadores del sistema financiero. La mora, en ese sentido, actúa como un termómetro de la economía real: cuando crece de forma abrupta, suele indicar que los ingresos ya no alcanzan para sostener el nivel de obligaciones asumidas.

El aumento de la morosidad no implica necesariamente una crisis financiera inmediata, pero sí constituye una señal de advertencia sobre el estado de la economía. Por ahora, los niveles de atraso en el sistema bancario argentino continúan siendo relativamente bajos en comparación con episodios históricos de inestabilidad. Sin embargo, la velocidad con la que se incrementaron en el último año preocupa tanto al sector financiero como al productivo.

Detrás de las cifras se perfila una realidad más amplia: hogares que recurren al crédito para sostener su consumo, empresas que se endeudan para atravesar un mercado interno debilitado y bancos que comienzan a absorber el impacto de esa tensión.

En ese delicado equilibrio entre financiamiento, ingresos y actividad económica se juega buena parte del futuro inmediato del sistema productivo. Si la recuperación de la economía real no acompaña la expansión del crédito, la morosidad podría convertirse en uno de los principales focos de inestabilidad del ciclo económico argentino.

El Gobierno nacional cerró este viernes un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores de la Administración Pública Nacional con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que prevé incrementos salariales escalonados entre enero y mayo de 2026 y el pago de un bono extraordinario de $40.000. Sin embargo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta al considerar que los aumentos quedan por debajo del costo de vida y consolidan la pérdida del poder adquisitivo del sector.

El Gobierno nacional selló este viernes 6 de marzo un nuevo entendimiento salarial con el gremio UPCN en el marco de la paritaria de la Administración Pública Nacional. El convenio establece incrementos mensuales consecutivos desde enero hasta mayo de 2026, con el objetivo de actualizar los ingresos de los trabajadores estatales en un contexto económico todavía marcado por la tensión inflacionaria.

La propuesta oficial contempla aumentos del 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, lo que configura un esquema de actualización gradual para el cierre del período paritario vigente.

Además, el acuerdo incluye el pago de un bono extraordinario no remunerativo de $40.000, previsto para el mes de junio, como complemento excepcional para los trabajadores del sector público nacional.

Dentro del entendimiento también se estableció la renovación del adicional por presentismo desde enero, con actualización mensual en línea con los incrementos salariales, así como una modificación en la Unidad Retributiva (UR) correspondiente al suplemento por Función Ejecutiva, que pasará a contar con un valor unificado.

ATE rechazó la propuesta y denunció pérdida salarial

Mientras UPCN avaló la propuesta y firmó el acuerdo en la mesa paritaria, la Asociación Trabajadores del Estado decidió rechazar la oferta oficial, al considerar que los aumentos resultan insuficientes frente a la evolución del costo de vida.

Desde el gremio señalaron que, si bien durante la negociación lograron garantizar el pago retroactivo del presentismo, los porcentajes acordados no permiten recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

“El aumento ofrecido por el Gobierno vuelve a ser insuficiente. No frena la caída del poder adquisitivo que experimentaron durante los últimos dos años los salarios del sector público”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente también cuestionó el monto del bono extraordinario previsto para mitad de año. “Ofrecer un bono de $40.000 es una actitud miserable por parte del Gobierno. No alcanza ni para pagar una factura de gas”, sostuvo.

El debate de fondo: salarios e inflación

La discusión salarial en el sector público vuelve a poner en el centro del debate la relación entre los incrementos paritarios y la evolución de los precios.

Desde ATE sostienen que, durante la actual gestión, los trabajadores estatales habrían acumulado una pérdida superior al 45,3% del poder adquisitivo, producto de negociaciones salariales que —según el sindicato— se ubican sistemáticamente por debajo de la inflación.

“El intento de implementar la reforma laboral y las negociaciones salariales con tope en el sector público prueban que lejos de pagar el ajuste la casta, lo estamos pagando los trabajadores con la degradación de nuestras condiciones de vida”, advirtió Aguiar.

Un cierre paritario bajo tensión

El acuerdo corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, cuyo período paritario se extiende entre junio de 2025 y mayo de 2026. Con los incrementos pactados, el año cerraría con un aumento salarial acumulado del 21%.

Sin embargo, desde ATE remarcan que la inflación ya alcanza 19,5% con el dato de enero, lo que plantea el riesgo de que los salarios vuelvan a quedar rezagados frente al costo de vida en los meses restantes del período,

Como ocurrió en negociaciones anteriores, el rechazo de uno de los sindicatos no impidió la convalidación del acuerdo, ya que la firma de UPCN fue suficiente para oficializar la paritaria en la mesa de negociación.

El gobierno de Javier Milei promulgó la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, aprobada por el Congreso el 27 de febrero, que introduce modificaciones profundas en el régimen laboral del sector privado. La norma, publicada mediante el Decreto 137/2026 en el Boletín Oficial, incorpora nuevas modalidades de jornada laboral, crea fondos de cese, redefine el cálculo de indemnizaciones y establece incentivos para la formalización del empleo.

La nueva legislación, impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Parlamento, apunta —según su fundamentación oficial— a “modernizar las relaciones de trabajo” y adaptar el marco normativo a las transformaciones productivas y tecnológicas del mercado laboral.

La mayoría de sus disposiciones entra en vigencia desde su publicación oficial, aunque algunos mecanismos centrales, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y determinadas modificaciones operativas, comenzarán a regir el 1° de junio de 2026. El Poder Ejecutivo conserva la facultad de extender ese plazo por hasta seis meses adicionales durante el proceso de reglamentación.

El alcance de la reforma se circunscribe al empleo privado formal, dejando fuera a sectores regulados por regímenes específicos, como el empleo público, el trabajo doméstico y el sector agrario.

Jornadas más flexibles y banco de horas

Uno de los cambios más relevantes es la flexibilización de la jornada laboral. La ley habilita la posibilidad de extender el tiempo de trabajo diario hasta un máximo de 12 horas mediante acuerdo escrito entre empleador y trabajador.

La normativa incorpora además la figura del “banco de horas”, un sistema voluntario que permite compensar horas extraordinarias con períodos de descanso en lugar de remuneración adicional inmediata. Este mecanismo deberá formalizarse por escrito y respetar el descanso mínimo obligatorio de 12 horas entre turnos laborales.

El objetivo declarado de esta herramienta es dotar de mayor flexibilidad organizativa a las empresas, aunque desde sectores sindicales ya anticiparon que su aplicación podría generar controversias en convenios colectivos.

Fondo de Asistencia Laboral y cambios en indemnizaciones

La ley también introduce un nuevo esquema de cobertura frente al despido mediante la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este instrumento se financiará con aportes patronales obligatorios equivalentes al 1% de las remuneraciones en grandes empresas y al 2,5% en el caso de las pequeñas y medianas.

El fondo funcionará como un complemento para afrontar indemnizaciones por despido, al tiempo que habilita a los convenios colectivos a establecer sistemas de capitalización individual como alternativa al régimen indemnizatorio tradicional.

En este aspecto, el cálculo de la indemnización por despido sin causa se redefine sobre la base de la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador, excluyendo conceptos como aguinaldo, vacaciones, propinas o premios. Además, se fija un tope equivalente a tres veces el salario promedio del convenio colectivo aplicable, con actualización por inflación más un adicional del 3% anual.

Para las pymes se habilita la posibilidad de cancelar esas indemnizaciones en cuotas o sustituirlas parcialmente por los fondos de cese.

Salarios dinámicos y cambios en las vacaciones

Otra innovación incorporada por la reforma es el denominado “salario dinámico”, una modalidad que podrá pactarse en convenios colectivos y que permite vincular parte de la remuneración al rendimiento o mérito individual del trabajador.

En materia de licencias, la ley flexibiliza el régimen de vacaciones, permitiendo que se otorguen fuera del período tradicional —comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril— mediante acuerdo entre las partes. También habilita el fraccionamiento en períodos mínimos de siete días consecutivos, siempre con una notificación previa de al menos 30 días.

Incentivos al blanqueo y cambios administrativos

La normativa incorpora un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), destinado a promover la regularización de trabajadores no registrados. El esquema prevé una reducción temporal de contribuciones patronales al 8% para nuevas contrataciones de empleados que estuvieran en situación informal al 10 de diciembre de 2025, así como para ex monotributistas o ex trabajadores del sector público.

Entre las medidas administrativas complementarias se incluye la digitalización obligatoria de registros laborales, el pago de salarios preferentemente por medios bancarios y un límite máximo del 2% para los aportes sindicales.

Asimismo, la ley introduce restricciones al ejercicio de huelga en determinados sectores, estableciendo servicios mínimos obligatorios del 75% en actividades consideradas esenciales y del 50% en las denominadas trascendentales.

Sectores excluidos de la reforma

El nuevo régimen no alcanza a trabajadores de la Administración Pública, personal de casas particulares, trabajadores rurales ni prestadores independientes de plataformas tecnológicas. Tampoco se aplica a contratistas regulados exclusivamente por el Código Civil y Comercial, salvo que una disposición específica determine lo contrario.

La promulgación de la Ley 27.802 abre una nueva etapa en la regulación del mercado laboral argentino. El Gobierno sostiene que las modificaciones permitirán promover la formalización, mejorar la productividad y adaptar el sistema a las nuevas dinámicas del empleo.

Sin embargo, la reforma también anticipa un escenario de debate intenso. Mientras el oficialismo destaca su potencial para dinamizar el mercado de trabajo, sectores sindicales y especialistas advierten que algunos cambios podrían alterar el equilibrio histórico entre flexibilidad empresarial y protección laboral. En ese terreno se jugará, en los próximos meses, la verdadera dimensión de su impacto.