El cierre de cada año habilita un ejercicio inevitable: mirar hacia atrás, evaluar lo recorrido y proyectar lo que viene. Para el movimiento sindical, ese balance adquiere una densidad particular cuando el contexto económico y social se vuelve adverso. Así lo expresó Víctor Menéndez, referente gremial de los trabajadores de estaciones de servicio, playas, lavaderos, gomerías y actividades afines de Cuyo, al analizar un 2025 que definió sin rodeos como “difícil y muy complicado”.

La caracterización no es retórica. Menéndez inscribió el año que termina en un escenario de deterioro sostenido del poder adquisitivo, donde la recomposición salarial quedó sistemáticamente rezagada frente al aumento del costo de vida. “Los salarios han ido por la escalera y los precios por el ascensor”, sintetizó, al tiempo que enumeró los rubros que más golpearon a los trabajadores: alimentos, tarifas y bienes de consumo básico. Un fenómeno que, según remarcó, no solo afectó a la clase trabajadora activa, sino también a jubilados, sectores pasivos, pymes e industrias.

En ese marco, uno de los focos de mayor preocupación durante el año fue el avance del autoservicio en estaciones de combustible, una modalidad que, advirtió, responde a una lógica de reducción de costos empresariales donde “el eslabón más fino siempre termina siendo el trabajador”. Aunque en San Juan su implementación avanzó de manera más lenta que en otros puntos del país, el dirigente reconoció que generó temor e incertidumbre en el personal.

Frente a ese escenario, destacó el rol de la negociación preventiva con las cámaras empresarias y la búsqueda de alternativas para evitar despidos masivos. “Fuimos anticipándonos, dialogando, y logramos que los compañeros pudieran ser reubicados dentro de las mismas estaciones, en nuevos servicios, sin perder su pertenencia gremial”, explicó. Una estrategia defensiva que, aclaró, no elimina el riesgo a futuro, pero sí permite llegar “preparados y atentos” a los cambios que puedan profundizarse.

Más allá de la coyuntura laboral, Menéndez subrayó el esfuerzo institucional sostenido por el gremio en un escenario de recursos escasos y costos elevados. A contramano del parate económico, enumeró una serie de obras y servicios concretados con fondos propios, sin endeudamiento bancario, como la inauguración de una nueva sede en Villa Mercedes, San Luis, con infraestructura integral para los afiliados. “Hacer obras en tiempos difíciles, administrando bien la institución, es un motivo de orgullo”, afirmó.

La proyección para 2026 incluye nuevos desafíos, entre ellos la construcción de una sede en Media Agua, orientada a fortalecer la presencia gremial en el sur sanjuanino, así como la continuidad de políticas sociales, educativas y recreativas: entrega de útiles escolares, apoyo a estudiantes desde nivel inicial hasta secundario, viajes recreativos y campeonatos deportivos regionales y provinciales.

El plano político-sindical ocupa un lugar central en su análisis. Menéndez fue categórico al referirse a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento se prevé para los primeros meses de 2026. Si bien aclaró que el sindicalismo no se opone a una modernización de los convenios colectivos, advirtió que cualquier actualización debe surgir del diálogo y no implicar la pérdida de derechos históricos. “No estamos dispuestos a entregar conquistas que costaron décadas de lucha”, sentenció.

En ese sentido, cuestionó el enfoque de la reforma, a la que definió como redactada “por y para las grandes corporaciones”, y puso en duda su capacidad para generar empleo genuino. Como argumento, recordó que el mayor crecimiento del trabajo registrado en Argentina se produjo entre 2007 y 2015, incluso con herramientas como la doble indemnización vigentes. “El trabajo no se crea flexibilizando derechos, sino poniendo al país a producir”, sostuvo.

El dirigente también vinculó la discusión laboral con el debate presupuestario 2026, al advertir que el ajuste sobre áreas sensibles como salud, educación y seguridad profundiza la desigualdad y debilita el entramado social. “Achicar el Estado a costa de los que menos tienen es una película que ya vimos”, alertó, haciendo comparaciones con experiencias anteriores.

El balance que deja Víctor Menéndez no se limita a un repaso gremial de fin de año: funciona como una advertencia política y social. En un momento de ajuste, reformas estructurales y creciente presión sobre el trabajo, la defensa del empleo, la unidad sindical y la preservación de los derechos aparecen como ejes irrenunciables. Con un 2026 cargado de desafíos, el mensaje es claro: modernizar no puede ser sinónimo de retroceder, y el futuro del trabajo dependerá, una vez más, de la capacidad colectiva para resistir, negociar y construir alternativas en un escenario adverso.

El Gobierno nacional anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuyas funciones pasarán al Ministerio de Salud. La decisión, presentada como una medida de “orden y transparencia”, se da en un momento de fuerte ajuste sobre el sector, denuncias de corrupción, una causa judicial en curso y la judicialización de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El Ejecutivo nacional profundizó este martes su política de reestructuración del Estado con el anuncio de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa desde Casa Rosada, donde confirmó que el organismo dejará de existir como ente descentralizado y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

“Tal como la conocemos, la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir”, afirmó Adorni, quien buscó llevar tranquilidad al aclarar que la decisión “no implica el recorte de pensiones ni de prestaciones”. Sin embargo, el anuncio se produce en un clima de creciente tirantez con el sector, luego de meses de ajustes presupuestarios y de la negativa del Ejecutivo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y vetada posteriormente por el Presidente, una decisión hoy judicializada.

Desde el Gobierno, la eliminación de la Andis fue justificada como una medida orientada a reducir burocracia y combatir irregularidades. Adorni sostuvo que, desde su creación en 2017, el organismo “acumuló capas administrativas incompatibles con una gestión transparente”, lo que habría derivado —según enumeró— en pensiones mal otorgadas, cobros indebidos, avales médicos sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios no prestados.

El jefe de Gabinete aseguró que, al pasar a la órbita de Salud, las políticas de discapacidad contarán con “criterios sanitarios, trazabilidad de expedientes y auditorías permanentes”, además de una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica, con la eliminación de 16 cargos políticos. “Un sistema eficiente es condición necesaria para que los recursos lleguen a quienes los necesitan”, remarcó.

No obstante, el anuncio dejó zonas de silencio difíciles de ignorar. La Andis se encuentra atravesada por una causa judicial de alto impacto que investiga una presunta red de coimas vinculada a la compra de medicamentos y contrataciones, cuando el organismo era conducido por Diego Spagnuolo, ex funcionario y hombre de estrecha confianza del presidente Javier Milei. La investigación tomó impulso tras la filtración de audios en los que Spagnuolo describía un entramado ilegal y mencionaba a figuras del entorno presidencial, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El fiscal Franco Picardi, a partir del análisis de conversaciones, documentación y anotaciones manuscritas, determinó la existencia de una red con información privilegiada que se repartía clientes, licitaciones y negocios dentro del sistema. Pese a ello, en su exposición pública Adorni evitó toda referencia a ese expediente y centró sus acusaciones exclusivamente en supuestas irregularidades administrativas vinculadas a las pensiones.

La causa judicial continúa avanzando en Comodoro Py. En ese marco, recientemente se negó a declarar Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de la asociación ilícita. Durante un allanamiento a su domicilio, la Justicia secuestró cerca de 700.000 dólares y más de 19 millones de pesos, cuyo origen no fue justificado. En el expediente también figuran conversaciones que refuerzan las sospechas sobre el entramado de lobby y corrupción en torno a la Andis.

En paralelo, el frente judicial por la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue abierto. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el decreto presidencial que suspendía la norma y ordenó su aplicación inmediata en todo el país, al considerar que la medida resultaba discriminatoria. El Gobierno apeló el fallo, pero la Cámara Federal de San Martín deberá resolver mientras la sentencia sigue vigente.

La eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad no es un hecho aislado ni meramente administrativo. Se inscribe en una estrategia más amplia de reducción del Estado, atravesada por conflictos políticos, cuestionamientos sociales y causas judiciales de alto voltaje. Mientras el Gobierno promete eficiencia y transparencia, el cierre de la Andis deja abiertos interrogantes centrales: cómo se garantizarán los derechos de las personas con discapacidad, qué impacto real tendrá la absorción en Salud y, sobre todo, si la reestructuración servirá para esclarecer responsabilidades o terminará diluyendo un escándalo que aún espera respuestas. En un terreno tan sensible, la forma en que se implementen estas decisiones será tan relevante como el anuncio mismo.

Martín Solazzo, titular de la Unión Obrera Metalúrgica en San Juan, realizó un balance del año marcado por la defensa del empleo, el crecimiento sindical en la provincia y una profunda preocupación por la situación nacional. Alertó sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, anticipó conflictividad social y afirmó que el próximo año encontrará a los trabajadores “en la calle y con la guardia alta”.

En una situación de fuerte tensión social, caída del consumo y una ofensiva oficial sobre los derechos laborales, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Juan cerró el año con un balance dual: estabilidad y crecimiento a nivel provincial, y un escenario crítico a escala nacional. Así lo expresó su secretario general, Martín Solazzo, quien destacó los avances logrados, pero advirtió que el rumbo económico y político del país pone en jaque al trabajo, la industria y las conquistas históricas del movimiento obrero.

“Nosotros tenemos dos realidades muy claras”, sintetizó Solazzo. En San Juan, la UOM logró sostener la totalidad de los puestos de trabajo, regularizar situaciones laborales históricas y fortalecer la representación sindical en empresas que nunca habían tenido delegados. “Hemos conseguido recategorizar a muchos compañeros que durante años no habían tenido reconocimiento, y eso es producto del esfuerzo colectivo, la unidad y la solidaridad del cuerpo de delegados y la comisión directiva”, explicó.

El dirigente también remarcó el trabajo realizado en sectores estratégicos como la minería, con visitas a la mina Veladero y la regularización de talleres y condiciones laborales. Ese proceso permitió consolidar un crecimiento sostenido del sindicato en la provincia, aun en un contexto adverso para la industria nacional.

El contraste nacional: despidos y retroceso industrial

El panorama cambia de forma drástica al observar la situación a nivel país. Solazzo confirmó que el sector metalúrgico perdió más de 6.000 puestos de trabajo en el último año, una cifra que calificó como “dolorosa y alarmante”. “El empresario ve números; nosotros vemos familias que se quedan sin sustento. Esa es la diferencia”, señaló.

En San Juan, solo una empresa atravesó una situación crítica que derivó en la pérdida de diez empleos, producto de una acumulación de deudas y sueldos impagos. “Fue una decisión muy difícil, tomada por los propios compañeros con nuestro acompañamiento. Pero fue un caso aislado. A nivel nacional, la realidad es muchísimo más dura”, advirtió.

La crisis industrial también golpea con fuerza a las pequeñas y medianas empresas. Según datos que maneja el gremio, cerca de 9.000 pymes del sector metalúrgico cerraron en todo el país. “Es una barbaridad, pero es coherente con un gobierno que desde el primer día se mostró en contra de la industria nacional”, sostuvo el representante gremial.

Reforma laboral y conflicto en puerta

Uno de los ejes centrales del análisis del dirigente fue la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que definió sin eufemismos como una “precarización encubierta”. “Ellos la llaman modernización, pero en realidad es volver décadas atrás. No hay un solo punto que beneficie al trabajador”, afirmó.

Solazzo anticipó que, de aprobarse el proyecto en los términos actuales, será impugnado judicialmente y enfrentado en todos los frentes posibles. “Vamos a atacar por lo administrativo, por lo legal y, sobre todo, con las herramientas históricas del movimiento obrero: la movilización, el paro y la presencia en la calle”, aseguró.

En esa línea, confirmó que la UOM acompañará una movilización federal al Congreso el día en que se trate la reforma laboral, con cese de tareas en todas las seccionales del país. Además, respaldó la posibilidad de un paro nacional convocado por la CGT. “No hay diálogo real con este gobierno. Se maneja de forma mediática, pero evita el debate serio que el país necesita”, cuestionó.

Salarios, inflación y pérdida de poder adquisitivo

El dirigente también puso el foco en la política salarial y la falta de correspondencia entre los índices oficiales y la realidad cotidiana. “La inflación que publica el Gobierno no se ve reflejada en el consumo ni en los precios reales. Es una inflación mentirosa”, sostuvo.

Pese a ese escenario, la UOM logró cerrar una paritaria que Solazzo calificó como “superadora”, duplicando el techo que el Gobierno pretendía imponer. Sin embargo, alertó que el acuerdo aún no fue homologado y permanece en suspenso. “Siempre tenemos que estar en alerta máxima, porque sabemos que este gobierno viene contra los trabajadores y los derechos que costaron sangre, lucha y décadas de historia”, enfatizó.

El rol del sindicato y la contención social

Más allá del conflicto, Surazo destacó el rol social del sindicato, especialmente en un contexto donde cada vez resulta más difícil para un trabajador acceder a vacaciones. En ese marco, la UOM San Juan inauguró la temporada de verano 2025–2026 con importantes mejoras en su camping, incluyendo la remodelación integral de baños, vestuarios y obras de cloacas.

“Son obras que quizás no se ven, pero que hacen a la dignidad y al bienestar del afiliado y su familia”, explicó. El objetivo, señaló, es ofrecer un espacio de esparcimiento accesible en tiempos donde el descanso se volvió un lujo. “Terminamos una obra y empezamos otra, siempre pensando en el afiliado”, resumió.

El balance que traza Martín Solazzo expone con nitidez el momento del movimiento obrero: resistencia, organización y alerta permanente. Mientras la UOM San Juan exhibe resultados concretos en defensa del empleo y la representación sindical, el escenario nacional aparece atravesado por despidos, cierre de pymes y una reforma laboral que amenaza con desandar décadas de conquistas.

“El año que viene nos va a encontrar en la calle”, anticipó el dirigente. No como una consigna vacía, sino como la expresión de un conflicto social que, lejos de apagarse, promete intensificarse en defensa del trabajo, la industria y los derechos laborales.