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El capítulo de la Ley de Bases denominado “promoción del empleo registrado” excluye a uno de los sectores con mayor precarización laboral. Se trata de las empleadas domésticas, que, además, el 97 por ciento son mujeres.

El gobierno de Javier Milei implementó un plan de «blanqueo» laboral con el objetivo de fomentar la formalización laboral y reducir la informalidad en el mercado laboral argentino. Sin embargo, este plan excluyó a un grupo significativo de trabajadoras: las empleadas de casas particulares.

A pesar de que el capítulo «promoción del empleo registrado» de la Ley de Bases busca fomentar la formalización laboral, la reglamentación deja afuera a un millón de trabajadoras de las casas particulares, donde el 97 por ciento son mujeres, siendo el sector con mayor informalidad. El Artículo 8° del decreto 847/2024 establece que “las previsiones del Título IV de la Ley N° 27.742 no serán aplicables a las relaciones laborales comprendidas en la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares N° 26.844 y sus modificaciones”.

Por su parte, la Resolución 5577/2024 de la AFIP fijó que “la regularización de las relaciones laborales deberá efectuarse hasta el 24 de diciembre de 2024, inclusive». No obstante, el sector que tiene un 70 por ciento de sus empleadas no registradas fueron discriminadas por el gobierno de Javier Milei. Según el INDEC, sobre 1,7 millones de empleadas domésticas, menos de 500.000 figuran con aportes a la Seguridad Social.

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Una familia necesitó $1.632.505 para no caer bajo la línea de pobreza

Según el INDEC, la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes alcanzó los $1.632.505 en septiembre, mientras que la Canasta Básica Alimentaria llegó a $738.690. Ambas aumentaron 1,7% mensual, pero la suba interanual fue mayor en los alimentos: 40%, frente al 38,7% de la canasta que determina la línea de pobreza.

La evolución interanual muestra una presión mayor sobre los gastos alimentarios. En comparación con septiembre de 2025, la CBA aumentó 40%, mientras que la CBT subió 38,7%. Desde diciembre de 2025, las variaciones acumuladas llegaron al 25,3% y al 24,7%, respectivamente.

La diferencia entre ambas mediciones determina los umbrales oficiales de pobreza e indigencia. La canasta alimentaria contempla los requerimientos nutricionales básicos; la total incorpora, además, bienes y servicios no alimentarios indispensables, como transporte, vestimenta y otros gastos del hogar.

Los montos también varían según la composición familiar. Para un hogar de tres integrantes, el INDEC calculó $1.299.664 para superar la línea de pobreza y $588.083 para no ser indigente. En una familia de cinco personas, los valores ascendieron a $1.717.036 y $776.939, respectivamente.

En la medición individual, un adulto equivalente necesitó $528.319 para no ser pobre y $239.058 para cubrir la canasta alimentaria. El organismo utiliza esta unidad de referencia —un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada— y ajusta los montos según la edad, el género y la composición de cada hogar.

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La inflación volvió a acelerarse: 1,9% en septiembre y 33,4% interanual

El Índice de Precios al Consumidor registró un incremento de 1,9% en septiembre, dos décimas por encima de agosto. Según el INDEC, la variación interanual llegó al 33,4%, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 alcanzó el 23,6%.

La evolución del indicador muestra que, pese a la desaceleración registrada en períodos anteriores, el costo de vida mantiene presiones que inciden sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Entre los componentes que traccionaron el indicador, sobresalió la suba en Alimentos y bebidas. Este rubro afecta de manera directa la economía familiar, ensañándose con los sectores más vulnerables. Por ello, la trayectoria de la canasta básica resulta indispensable para ponderar el costo de vida real por encima de la inflación promedio.

La aceleración mensual vuelve a poner el foco sobre la evolución de los precios y su relación con los ingresos. Aunque la variación interanual se mantiene por debajo de los registros de años anteriores, la continuidad de los aumentos condiciona la capacidad de compra de salarios y jubilaciones.

El indicador de septiembre servirá como marco de referencia para las negociaciones salariales y la planificación financiera de los hogares, en un contexto donde la dinámica de precios continúa condicionando el consumo y la recomposición del poder de compra.

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Cuatro días de paro en PAMI: qué pasará con las consultas en San Juan

La huelga nacional convocada por APPAMIA se extenderá hasta el viernes. Mientras un grupo de profesionales reprogramará consultas no urgentes y garantizará guardias y recetas, la Asociación de Médicos de Cabecera provincial resolvió mantener la atención habitual. El reclamo apunta a recuperar ingresos tras el cambio en el sistema de pagos aplicado en abril.

El paro nacional de 96 horas de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI abrió una división entre los profesionales de San Juan. Mientras prestadores adheridos a la medida reprogramarán turnos no urgentes hasta el viernes 16 de octubre, la Asociación de Médicos de Cabecera de la provincia resolvió no sumarse a la huelga y mantener las consultas habituales para jubilados y pensionados.

La protesta, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), reclama una actualización de los honorarios y cuestiona el cambio en la modalidad de pago aplicado en abril. Sandra Brizuela, delegada sindical en San Juan, afirmó que la modificación redujo más del 50% los ingresos que percibían algunos profesionales. En los consultorios que adhieran, se garantizarán las urgencias y la emisión de recetas.

Miguel Coria, presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera provincial, calificó el reclamo como «totalmente justo», pero explicó que la entidad decidió preservar la atención para evitar que los jubilados vuelvan a sufrir interrupciones. Aclaró que los pacientes podrán concurrir con normalidad, salvo ausencias particulares de los profesionales.

La principal disputa gira en torno al pago fijo por afiliado. Los médicos de cabecera reciben actualmente $2.700 por paciente y reclaman elevar la cápita a entre $4.000 y $4.500. Brizuela sostuvo que un profesional con 500 afiliados puede percibir alrededor de $1,4 millones mensuales, frente a los $2,8 millones que, según su comparación, cobraba antes de la modificación.

Los odontólogos también exigen una recomposición por los costos de los insumos y el funcionamiento de sus consultorios. Los montos reclamados varían según las entidades y las prestaciones contempladas: APPAMIA exige elevar los valores por afiliado y denuncia una fuerte pérdida de ingresos reales desde abril.

Coria reveló, además, que diez médicos de cabecera renunciaron en San Juan desde el cambio en el sistema de pagos. La asociación considera que la discusión debe concentrarse en una actualización que permita sostener los consultorios sin trasladar el costo a los pacientes.

Desde PAMI a nivel nacional, en tanto, señalaron que mantienen abiertas las instancias de diálogo y que revisarán los valores dentro de sus posibilidades presupuestarias. También defendieron la unificación de las cápitas como una medida destinada a simplificar el sistema, y recordaron que existen pagos adicionales por determinadas prestaciones.

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