La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un informe que revela una realidad alarmante en la cadena de comercialización de agroalimentos. Los precios de los productos se multiplican por 3,9 desde el productor hasta el consumidor, afectando directamente a los trabajadores rurales, productores y consumidores.

La brecha de precios entre origen y destino afecta directamente a los trabajadores rurales. Con una participación promedio del 21% en el precio final de los productos, los productores reciben ingresos insuficientes para sostener la rentabilidad de sus actividades. Esto se traduce en recortes de personal o precarización laboral, agravado por la competencia desleal que genera la apertura de importaciones.

El Bolsillo de los Consumidores

Por cada peso que recibe el productor, los consumidores pagan $3,9 en promedio. Esta relación es aún más desfavorable en productos como zanahorias, donde la brecha alcanza 10,2 veces. El aumento de precios afecta principalmente a los sectores de menores recursos y más vulnerables, que dedican una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos.

Los productores locales enfrentan un panorama complicado. Mientras que los costos de producción, insumos e impuestos siguen en aumento, los precios que obtienen por sus productos en origen son cada vez más bajos. Esto se evidencia en casos como el tomate redondo, donde el precio se multiplicó 8,8 veces desde el campo hasta la góndola.

El informe de CAME expone una realidad que afecta a todos los eslabones de la cadena. Es necesario tomar medidas para reducir la brecha de precios y garantizar una mayor justicia en la comercialización de agroalimentos. Los trabajadores rurales, productores y consumidores merecen una mejor realidad.

En un contexto económico marcado por la recesión, el gobierno nacional se encuentra en negociaciones con sindicatos y empresarios para implementar una reforma laboral que aborde los desafíos del mercado laboral. Según el último informe de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el empleo registrado experimentó un fuerte retroceso en 2024, con una pérdida de 198.100 asalariados (-1,9%) principalmente en el sector privado y el personal de casas particulares.

Aunque en octubre del año pasado se registró una leve mejora en el empleo asalariado privado, con un aumento de 5.600 personas, la cantidad de personas con trabajo registrado retrocedió 0,2%, lo que representa 25.600 trabajadores menos. El sector público, en cambio, mostró una caída moderada en relación a las mencionadas previamente (-1,4%).

Desafíos y Oportunidades

La reforma laboral busca abordar los desafíos del mercado laboral, como la informalidad, que afecta a más del 30% de la actividad económica. El gobierno confía en que los números de noviembre y diciembre arrojen mejores cifras, en medio de la recuperación que está mostrando la economía.

El empleo asalariado en el sector privado alcanzó los 6,24 millones de personas, mientras que el trabajo independiente mostró una baja del 1%, lo que representó 30.600 trabajadores menos. El monotributo social presentó una caída de 0,2%, y autónomos una caída del 0,4%.

Un Futuro Incierto

La reforma laboral es un desafío complejo que requiere la participación de todos los actores involucrados. El gobierno, los sindicatos y los empresarios deben trabajar juntos para encontrar soluciones que aborden los desafíos del mercado laboral y promuevan la creación de empleo y la formalización de la economía.

En este sentido, es fundamental que se establezcan políticas públicas efectivas que apoyen la creación de empleo y la formalización de la economía, y que se promueva la negociación colectiva y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.

Solo mediante la colaboración y el diálogo entre todos los actores involucrados podremos encontrar soluciones efectivas para abordar los desafíos del mercado laboral y promover un futuro más próspero y justo para todos los argentinos.

La Coordinación Nacional de ATE denunció 30 nuevos despidos arbitrarios e injustificados en Parques Nacionales, sumándose a los más de 100 ocurridos desde el cambio de gestión. Estos despidos, que afectan a personal administrativo y brigadistas de incendios forestales, han generado una profunda crisis laboral en el sector.

Según la denuncia, las cesantias se llevaron a cabo sin notificaciones formales, mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp entre el 27 de diciembre y el 2 de enero. Esto ha generado una situación de incertidumbre y zozobra entre los trabajadores, muchos de los cuales tienen entre 3 y 24 años de antigüedad en la Administración de Parques Nacionales.

ATE sostiene que cada despido debilita un sector de trabajo y genera la pérdida de labores, experiencia y capacitación en la planta de Parques Nacionales. Además, critican la falta de procedimiento administrativo acorde y justificación real y tangible para los despidos, calificándolos de «totalmente ilegales».

En este contexto, la ATE ha presentado un reclamo de urgente reincorporación de los empleados despedidos y anunció medidas para defender los derechos de los trabajadores. La situación es especialmente crítica, ya que afecta a más de 2000 familias de trabajadores de Parques Nacionales que temen por su futuro.

La crisis laboral en Parques Nacionales es el resultado de una serie de decisiones políticas y administrativas que han debilitado la institución y afectado a los trabajadores. La falta de inversión en la institución, la reducción de personal y la precarización laboral han generado una situación de inestabilidad entre sus empleados.

Además, la falta de transparencia y rendición de cuentas en la toma de decisiones ha producido desconfianza entre quienes cumplen sus funciones y la sociedad en general. ATE denunció la falta de procedimiento administrativo acorde y justificación real y tangible para los despidos, lo que sugiere una falta de respeto a los derechos laborales y a la legalidad.