CONÉCTATE CON NOSOTROS

Los sindicatos del transporte impulsan un paro nacional por 24 horas para el próximo 17 de octubre, en rechazo a las políticas económicas y salariales del Gobierno y en repudio al ataque al movimiento obrero organizado. El cese afectaría todas las actividades del sector con adhesión de colectiveros, ferroviarios, aeronáuticos, portuarios, matírimos y camioneros.

La propuesta de medida de fuerza será puesta a consideración en un plenario el 8 de octubre convocado por la flamante Mesa Nacional del Transporte, que integran los principales gremios de la actividad nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).

El llamado a un paro fue tema de debate este jueves en una reunión en la sede Aeronavegantes con participación del dueño de casa Juan Pablo Brey; Omar Maturano y Ariel Coria (La Fraternidad); Mario Caligari (UTA); Pablo Moyano y Omar Pérez (camioneros); Juan Carlos Schmid (Fempinra); Pablo Biró (APLA); Emiliano Gramajo (AOITA); Javier López (Seamara) y Raúl Durdos (SOMU), entre otros.

Se trataría de la primera acción conjunta que implementarán los gremios del transporte nucleados en la Mesa Nacional conformada días atrás y que reconfigura el esquema sindical del sector. De confirmarse la medida, podría convertirse derivar en la adhesión de una importante cantidad de sindicatos de otros ámbitos del escenario laboral.

“Los ejes de nuestros reclamos son tres: la falta de recomposición salarial; la libertad sindical y la defensa de la Soberanía Nacional sobre los distintos modos de transporte. La Mesa se pronunció por la recuperación del salario de los gremios del transporte que perdieron en forma general el poder adquisitivo desde que asumió Milei”, señalaron en un comunicado dado a conocer hoy.

Los gremios coincidieron en el diagnóstico sobre un incremento en la persecución dirigentes sindicales por parte del gobierno de Javier Milei, que «busca criminalizar la protesta social, que está amparada en la Constitución Nacional y en convenios de las máximas organizaciones Internacionales que regulan el trabajo».

«Nuestro eje es la defensa de la soberanía del país que está representada en las Rutas Nacionales, en los ferrocarriles, mares, ríos y cielos, frente al atropello cotidiano que vemos implementa el gobierno de Javier Milei en cada modo”, ratificaron.

La Mesa está conformada por distintos sindicatos que integran la CATT y la UGATT. “Estamos unidos por sobre nuestras centrales de transporte porque así lo demanda la situación política que atravesamos y que dio a luz a esta Mesa Nacional del Transporte”, ya habrían manifestado en la primer reunión fundacional.

destacada

La retirada de Argentina de la OMS: un paso hacia la incertidumbre sanitaria

La reciente decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó una oleada de críticas y preocupaciones en la comunidad sanitaria y la sociedad en general. La medida, que aún debe ser ratificada por el Congreso, fue calificada de «criminal» por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).

Un retroceso en la cooperación internacional

La OMS es una institución fundamental para la cooperación internacional en materia de salud. La salida de Argentina de esta organización significaría la pérdida de acceso a recursos y tecnologías médicas avanzadas, así como la interrupción de la colaboración con expertos de otros países para abordar problemas de salud globales. Esto podría tener graves consecuencias para la salud pública en el país, especialmente en momentos de emergencias sanitarias.

La destrucción del Estado desde adentro

La decisión del gobierno argentino de retirarse de la OMS se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y despidos en el sector salud. Fesprosa denunció que esta medida es parte de una estrategia más amplia para debilitar el sistema de salud pública en Argentina. La organización exigió al gobierno que revierta esta medida y que priorice la inversión en salud pública.

Continúe Leyendo

destacada

El gobierno busca desmantelar entidades públicas con un “mega decreto” 

En un movimiento que busca profundizar el ajuste del Estado, el gobierno nacional prepara un nuevo decreto de necesidad y urgencia que eliminará varias entidades estatales y fusionará otras. La medida, que se enmarca en la estrategia de desregulación y transformación del Estado liderada por el ministro Sturzenegger, busca agilizar el funcionamiento y reducir la burocracia.

La reestructuración administrativa: ¿qué cambia?

El nuevo decreto afectará a la estructura de la presidencia, la Jefatura de Gabinete y la mayoría de los ministerios. Se eliminarán entidades que se consideran innecesarias o que duplican funciones con otros organismos, y se fusionarán otras para reducir la redundancia y mejorar la eficiencia. La medida también incluirá la derogación de diversas normas y procedimientos burocráticos que datan de diferentes períodos.

El impacto en los empleados públicos: ¿qué pasará con ellos?

Aunque el gobierno no ha proporcionado detalles sobre el futuro de los trabajadores de las entidades que se eliminarán o fusionarán, se sabe que hay un programa que busca adaptar a los empleados que se quedan sin lugar de trabajo para que puedan salir al sector privado en un plazo de un año. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro laboral de estos empleados es palpable.

La estrategia del gobierno: ¿qué busca lograr?

El gobierno busca replicar el impacto que tuvo el DNU 70 de diciembre de 2023, que desreguló múltiples áreas de la economía. La medida es una señal clara de que la gestión de Javier Milei continuará avanzando en su plan de ajuste estatal durante 2025. Además, el presidente ha anunciado que buscará eliminar leyes vigentes y derogar distintas resoluciones y circulares, con el objetivo de simplificar el marco normativo y reducir la burocracia.

Continúe Leyendo

destacada

Ajuste salarial para estatales: una medida insuficiente que profundiza la crisis

El gobierno nacional estableció un aumento salarial del 1,5% para enero y 1,2% para febrero para los empleados estatales, medida que fue rechazada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) debido a su insuficiencia para combatir la inflación.

El acuerdo salarial establecido por el gobierno nacional para los empleados estatales ha generado un gran debate en el sector. La ATE rechazó la oferta y criticó la decisión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de aceptarla.

Según Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, «la propuesta gubernamental no solo no mejora la situación salarial de los estatales, sino que la empeora». Aguiar destacó que el aumento salarial ofrecido es «inaceptable» debido a que no se ajusta a la realidad inflacionaria del país.

Es importante destacar que durante el 2024, los aumentos salariales quedaron significativamente por debajo de la inflación, lo que ha generado una pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores de la administración pública.

ATE convocará a un plenario federal para definir nuevas medidas de fuerza en febrero, en respuesta a la insuficiente oferta salarial del gobierno. Además, el sindicato reclama la inclusión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas en el ítem salarial de presentismo, que pasó de $30.000 a $50.000.

Continúe Leyendo

Tendencias