El Ejecutivo provincial oficializó el asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025. La medida alcanza a toda la administración pública de San Juan y garantiza guardias mínimas en los servicios esenciales.

El Gobierno de San Juan confirmó el asueto administrativo para los días martes 24 y martes 31 de diciembre de 2025, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La decisión alcanza a todos los organismos que integran la administración pública provincial y se enmarca en la adhesión al decreto dispuesto a nivel nacional.

Durante ambas jornadas no habrá atención al público en las dependencias estatales, aunque se garantizará el funcionamiento de guardias mínimas en los servicios considerados esenciales o de prestación permanente, con el objetivo de asegurar la continuidad de las funciones básicas del Estado.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la medida busca facilitar la organización familiar y los traslados de los trabajadores estatales en fechas tradicionalmente vinculadas a los encuentros y celebraciones de fin de año. Se trata de una práctica habitual que se repite cada año en la provincia y que responde a criterios de orden administrativo y social.

Alcance de la medida y servicios esenciales

El asueto alcanza a ministerios, secretarías, direcciones y entes descentralizados dependientes del Estado provincial. No obstante, áreas como salud, seguridad, servicios de emergencia y otras prestaciones críticas mantendrán esquemas de guardias para garantizar la atención a la población.

Desde el Gobierno aclararon que cada repartición deberá organizar internamente sus equipos de trabajo para asegurar el normal funcionamiento de los servicios indispensables durante ambas jornadas.

En el marco del intenso debate legislativo por el proyecto de reforma laboral enviado por el gobierno de Javier Milei, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se presentó este miércoles ante el Plenario de Comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado para expresar un rechazo técnico, jurídico y político a la iniciativa oficial.

La delegación sindical estuvo encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), acompañados por el asesor legal de la central obrera, Pablo Topet. La jornada, presidida por la senadora Patricia Bullrich, tuvo como eje central la exposición de Sola, quien realizó un pormenorizado análisis del articulado y cuestionó la filosofía que sustenta la propuesta del Ejecutivo.

Desde el inicio de su intervención, el dirigente advirtió que se trata de una reforma “inconsulta”, tanto para los trabajadores como para los empleadores que apuestan a la producción y el empleo genuino. A su entender, el proyecto se apoya en una concepción del derecho laboral que desconoce la desigualdad estructural existente en la relación entre capital y trabajo.

Inconstitucionalidad y el cuestionamiento al principio protectorio

Uno de los puntos más contundentes de la exposición fue la advertencia sobre los “graves problemas de constitucionalidad” que, según la CGT, atraviesan el proyecto. Sola sostuvo que la iniciativa vulnera el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica.

“El trabajador es la parte más débil de la relación contractual y la ley no puede fingir una igualdad que no existe”, señaló el dirigente, al tiempo que reclamó un “debate serio” con participación de todos los sectores involucrados. En esa línea, afirmó que las normas laborales deben ser progresivas y orientadas a ampliar derechos, no a restringirlos.

Sola también alertó sobre el intento de “atomizar” la representación sindical mediante la modificación del orden de prelación de los convenios colectivos. Según explicó, el proyecto habilita acuerdos por empresa que podrían firmarse a la baja respecto de los convenios de actividad, debilitando la negociación colectiva y fragmentando la defensa de los derechos laborales.

Críticas al Fondo de Asistencia Laboral y al sistema de salud

Otro de los ejes centrales del planteo sindical fue el cuestionamiento al nuevo Fondo de Asistencia Laboral. La CGT denunció que su financiamiento implicaría el desvío de alrededor de 3.000 millones de dólares que hoy pertenecen al sistema previsional.

“Están sacando recursos de quienes ya se jubilaron para que el empleador no tenga costo al momento de despedir”, advirtió Sola, al caracterizar el mecanismo como un subsidio indirecto a los despidos financiado con fondos de los trabajadores.

En paralelo, el dirigente alertó sobre el impacto de la reforma en el sistema de obras sociales sindicales. Detalló que el proyecto prevé reducir del 6% al 5% los aportes destinados a la salud en las medianas empresas, lo que implicaría una pérdida estimada de 90.000 millones de pesos. “Se trata de un sistema solidario único en el mundo, que ya está en una situación crítica”, subrayó.

“Las reformas por sí solas no generan empleo”

En otro tramo de su exposición, Sola refutó el argumento oficial que vincula la flexibilización laboral con la creación de empleo registrado. Recordó que antecedentes recientes, como la implementación de la Ley Bases con períodos de prueba extendidos y eliminación de multas, no lograron revertir la informalidad ni generar puestos de trabajo de calidad.

“Hoy se pierden alrededor de 400 empleos genuinos por día y cierran 30 pymes”, afirmó, al sostener que el problema central no reside en el marco normativo laboral sino en la ausencia de un plan de inversión productiva.

En ese sentido, sugirió que el Congreso debería priorizar una reforma tributaria que reduzca los costos a la inversión y estimule la actividad económica, antes de avanzar en cambios estructurales en las relaciones laborales.

Sobre el cierre, la CGT pidió a los senadores que el tratamiento de la reforma no se realice “entre gallos y medianoche” y reclamó un debate profundo, responsable y respetuoso de la Constitución. La central obrera advirtió que el proyecto, tal como está planteado, restringe derechos fundamentales como la huelga y la libertad de asamblea, y supone un cambio drástico en el modelo laboral argentino.

El mensaje fue claro: sin consenso, sin diálogo social y sin una estrategia de desarrollo productivo, cualquier intento de reforma corre el riesgo de agravar la conflictividad y profundizar la precarización, en lugar de ofrecer soluciones reales a los problemas del empleo en la Argentina.

La Libertad Avanza consiguió quórum con el respaldo del PRO, la UCR y aliados provinciales, evitó una discusión artículo por artículo y avanzó en la primera gran prueba legislativa del Presupuesto 2026, en una sesión maratónica que pone a prueba el equilibrio de fuerzas en la Cámara baja.

La sesión comenzó minutos antes del límite reglamentario, luego de que La Libertad Avanza alcanzara el quórum necesario con el acompañamiento del PRO, sectores de la Unión Cívica Radical y legisladores cercanos a gobernadores aliados. Con ese respaldo, el Gobierno dio inicio al tratamiento del proyecto que busca convertirse en la primera ley de presupuesto aprobada durante la gestión de Javier Milei, en una jornada que se anticipa extensa y cargada de definiciones políticas.

Superado el desafío inicial de sentar a los diputados necesarios, el oficialismo despejó la principal incógnita del arranque y avanzó con una estrategia clara: exhibir capacidad de articulación, sostener el eje de su programa económico y evitar un debate fragmentado que pudiera desgastar la sesión o abrir flancos de negociación indeseados.

El clima político ya se había insinuado horas antes, durante la reunión de Labor Parlamentaria. Allí quedó en evidencia un nuevo mapa de fuerzas: los libertarios llegaron confiados, mientras que los bloques opositores, incluidos los sectores dialoguistas, optaron por una actitud prudente. En los pasillos se repetía una consigna que sintetizaba la cautela del momento: “Vamos a ver cómo se dan las cosas”.

Ese cambio de escenario fortaleció al oficialismo, que ya no discutió la posibilidad de quedarse sin quórum, sino el margen de votos con el que podía avanzar en la aprobación de su agenda legislativa. En la previa de la sesión, en los despachos libertarios se hablaba de un piso cercano a los 135 votos, suficiente no solo para darle media sanción al Presupuesto 2026, sino también para acompañar otros dos proyectos considerados estratégicos: el de Inocencia Fiscal y el de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

La alianza circunstancial con sectores opositores moderados volvió a confirmar una dinámica que se repite desde el inicio del actual gobierno: acuerdos puntuales, construidos sobre intereses fiscales y compromisos con las provincias, más que sobre coincidencias ideológicas profundas. En ese equilibrio se apoya el oficialismo para sostener su hoja de ruta en el Congreso.

El primer tramo del debate dejó una señal política nítida: La Libertad Avanza logró ordenar el recinto y mostrar capacidad de conducción en una discusión clave para el rumbo económico del país. Evitar la votación artículo por artículo no fue solo una decisión técnica, sino un movimiento estratégico para preservar el control del debate y blindar su programa fiscal. De cara a las próximas horas, el desafío del Gobierno será sostener esa mayoría hasta el final de una sesión que no solo definirá números, sino también el verdadero alcance de su poder legislativo.