El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 3 reconoció la existencia de una relación laboral entre deRentas y trabajadores que utilizaban sus vehículos para prestar servicios mediante aplicaciones y determinó la aplicación del Convenio Colectivo 773/2019. FAREM considera que la sentencia puede convertirse en un antecedente relevante para otras empresas del rubro.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 3 y fue recibida por la Federación Argentina de Remises (FAREM) como un pronunciamiento de relevancia frente a las nuevas modalidades de transporte de pasajeros que utilizan aplicaciones digitales.

Para el secretario general de FAREM, Alejandro Poli, el fallo establece que la utilización de una plataforma tecnológica no modifica la naturaleza de la tarea desarrollada por el conductor. El dirigente sostuvo que cuando un trabajador recibe un pedido, se dirige a buscar a un pasajero y lo traslada hasta otro destino a cambio de una remuneración, la prestación debe quedar comprendida dentro del convenio específico de la actividad.

El punto adquiere especial importancia por la modalidad contractual utilizada por empresas que ofrecen vehículos a conductores que luego trabajan mediante aplicaciones. Según la interpretación de FAREM, presentar la relación como un simple alquiler de automóvil no alcanza para excluir las obligaciones laborales cuando, en los hechos, existe una prestación organizada y remunerada.

«Todos van a tener que cumplir el convenio colectivo 773/2019», afirmó Poli al referirse al alcance que el gremio pretende darle al pronunciamiento. El dirigente incluyó dentro de ese universo a remiseros, choferes administrativos y conductores vinculados con aplicaciones, independientemente de la denominación contractual utilizada por las empresas.

El CCT 773/2019 establece distintas categorías salariales para la actividad. FAREM sostiene que, en el caso analizado, deRentas debe encuadrar a sus conductores de acuerdo con la categoría correspondiente a una empresa de la dimensión de la firma. Poli cuestionó además los contratos mediante los cuales los trabajadores abonan semanalmente por adelantado para acceder a un vehículo y luego generar sus ingresos como conductores.

La discusión excede, de este modo, el caso particular. La expansión de las aplicaciones modificó la forma de solicitar viajes y de vincular a pasajeros con conductores, pero abrió al mismo tiempo una disputa sobre el encuadramiento laboral, las obligaciones de las empresas y los derechos que corresponden a quienes realizan los traslados.

Desde FAREM interpretan que la sentencia aporta un criterio para discutir aquellas estructuras que presentan al conductor como un mero locatario del vehículo, mientras la empresa organiza o condiciona su prestación. No obstante, el fallo corresponde al expediente de deRentas y su eventual proyección sobre otras compañías deberá definirse en cada caso concreto.

La resolución suma así un nuevo capítulo a la disputa por la regulación laboral del transporte mediante aplicaciones. Mientras las plataformas y empresas vinculadas al alquiler de vehículos desarrollan modelos contractuales adaptados a la economía digital, los representantes de los trabajadores buscan que la Justicia determine qué derechos corresponden cuando, detrás de esas nuevas formas de prestación, subsisten las características propias del transporte remunerado de pasajeros.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso concentra una parte significativa de los recursos previstos para infraestructura en un reducido grupo de grandes emprendimientos. Sobre una partida total de aproximadamente $1,3 billones para obra pública, las diez iniciativas con mayores asignaciones reúnen unos $585.000 millones, cerca del 45% del total.

La propuesta oficial contempla más de 435 obras distribuidas entre rutas, ferrocarriles, represas, edificios públicos, infraestructura tecnológica y otros proyectos. La inversión en infraestructura representa alrededor del 0,7% de los $202,1 billones que conforman el gasto total proyectado para el próximo ejercicio.

La distribución territorial presenta diferencias marcadas. Buenos Aires concentra unos $321.000 millones, mientras que San Luis aparece con aproximadamente $4.200 millones. En el caso de las obras interprovinciales, el proyecto contempla unos $151.000 millones; para emprendimientos de alcance nacional, $110.000 millones, y para infraestructura en el exterior, incluidos edificios diplomáticos, otros $2.400 millones.

Las diez obras con mayores partidas

1. Ferrocarril General Roca — Constitución-La Plata: $126.000 millones.
   La mejora integral del ramal, vinculada a financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, encabeza el listado con una asignación de $126.000 millones.
2. Aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz: $82.000 millones.
   El proyecto hidroeléctrico de Santa Cruz ocupa el segundo lugar entre las mayores partidas previstas para 2027, con $82.000 millones.
3. Autopista Ruta Nacional 9/34, Salta: $69.000 millones.
   Se trata del tramo comprendido entre Rosario de la Frontera y el límite con Jujuy, en la sección que parte del kilómetro 1.422 de la RN 9 y llega hasta el kilómetro 1.449,5.
4. Misiones satelitales – Etapa III: $67.000 millones.
   El programa nacional de misiones satelitales figura entre las iniciativas con mayor financiamiento, con una partida de $67.000 millones.
5. Autopista Presidente Juan Domingo Perón: $64.000 millones.
   La obra localizada en Buenos Aires recibe $64.000 millones y ocupa el quinto lugar del listado.
6. Reactor RA-10: $40.000 millones.
   El proyecto para la construcción del reactor experimental RA-10, también localizado en la provincia de Buenos Aires, contempla $40.000 millones.
7. Complejo Federal de Condenados de Agote: $39.000 millones.
   La construcción del complejo penitenciario de Agote, en territorio bonaerense, cuenta con una previsión de $39.000 millones.
8. Cuatro helicópteros navales livianos: $38.000 millones.
   El presupuesto incorpora $38.000 millones para la incorporación de cuatro helicópteros destinados a la Base Naval Puerto Belgrano.
9. Autopista Ruta Nacional 9/34, Jujuy: $34.000 millones.
   La continuidad del corredor hacia el límite provincial aparece nuevamente entre las diez mayores partidas, esta vez con $34.000 millones asignados al tramo correspondiente a Jujuy.
10. Satélites SARE II A: $26.000 millones.
    Cierra el listado el proyecto para el diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites, con una asignación de $26.000 millones.

El conjunto de estas diez iniciativas muestra una combinación de infraestructura ferroviaria y vial, generación hidroeléctrica, desarrollos tecnológicos, equipamiento para la defensa y construcción penitenciaria. Cuatro de ellas corresponden a la provincia de Buenos Aires, que además es el distrito con la mayor asignación global para obras dentro del proyecto.

La concentración de recursos también permite observar una característica del Presupuesto 2027: la inversión física nacional no se distribuye de manera uniforme entre jurisdicciones ni responde únicamente a obras tradicionales. Junto con rutas, ferrocarriles y represas aparecen proyectos vinculados con tecnología espacial, energía nuclear y equipamiento militar.

El primer examen del concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan dejó 1.209 aspirantes habilitados para continuar en la selección, después de una semana en la que 1.997 personas rindieron la prueba de dactilografía. De ese total, 788 no alcanzaron el requisito establecido. El concurso se prolongará hasta el 6 de octubre y contempla cinco instancias eliminatorias.

Un dato clave en el arranque de la jornada fue la diferencia entre la convocatoria y la presentación efectiva. La tasa de ausentismo se situó en el 38,36%, dado que 1.243 de los 3.240 postulantes convocados no se presentaron. En consecuencia, el nivel de asistencia alcanzó el 61,64%.

Seis de cada diez personas que asistieron lograron aprobar, lo que se traduce en 1.209 aprobados (un 37,31% del total de convocados en esta primera semana). Al tratarse de resultados parciales de esta tanda, todavía no es posible proyectar un balance definitivo del concurso.

La evaluación constituye el primer filtro de un proceso compuesto por cinco instancias eliminatorias. Los postulantes deben transcribir un texto de contenido jurídico de 100 palabras en un plazo máximo de cuatro minutos, con el cumplimiento de los parámetros fijados por el Poder Judicial.

La proceso se organiza en turnos de unas 40 personas. Cada grupo recibe una inducción previa de 10 a 15 minutos sobre el funcionamiento de la prueba y cuenta con dos minutos para familiarizarse con la plataforma. De este modo, la organización prevé evaluar a cerca de 720 participantes por jornada.

Los postulantes que superaron la prueba de dactilografía avanzarán ahora a la evaluación de ortografía, en el inicio de un proceso de selección estrictamente eliminatorio. Como novedad en esta convocatoria, los aspirantes deberán completar un curso virtual, asincrónico y autogestionado antes de acceder a la instancia de conocimientos teóricos.

El circuito concluirá con una entrevista personal para quienes superen todos los filtros previos. Dado el carácter excluyente de cada etapa, cualquier resultado insuficiente o inasistencia interrumpirá de forma definitiva la participación en el concurso.

El cronograma de convocatorias se desarrollará de manera escalonada hasta el próximo 6 de octubre, por lo que los resultados de esta primera semana representan apenas el corte inicial de un proceso evaluativo que aún tiene por delante sus fases más determinantes.

Con este esquema, la Justicia sanjuanina busca conformar un nuevo registro de aspirantes a partir de un mecanismo progresivo de selección, que combina destrezas técnicas, conocimientos, formación específica y una instancia final de evaluación personal.