La disputa por el financiamiento de la COVIAR escaló en las últimas horas y dejó expuesta una fractura profunda dentro del universo vitivinícola argentino. La decisión de la entidad de acudir a la Justicia para intentar restablecer el aporte obligatorio que sostenía su estructura institucional encontró en San Juan un rechazo prácticamente unificado entre el Gobierno provincial, las cámaras empresarias y las organizaciones de productores.

La controversia se desató luego de que la entidad presentara un recurso de amparo ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza contra la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, normativa que eliminó el cobro compulsivo que debían afrontar bodegas y actores del sector para financiar el funcionamiento de la entidad creada por ley.

Sin embargo, lejos de consolidar apoyos, la avanzada judicial profundizó el malestar de numerosos referentes de la actividad, especialmente en San Juan, donde desde hace años distintos sectores cuestionan el esquema de contribuciones obligatorias y reclaman una revisión integral del modelo institucional que rige a la vitivinicultura nacional.

El primer posicionamiento político llegó desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia, que respaldó públicamente la decisión del Gobierno nacional y tomó distancia de la estrategia impulsada por la corporación.

Desde la cartera productiva ratificaron que la promoción y el sostenimiento de la actividad vitivinícola deben construirse sobre mecanismos de adhesión voluntaria y no mediante aportes compulsivos destinados a sostener entidades privadas. Además, sostuvieron que la postura oficial coincide con el pensamiento mayoritario de los actores productivos sanjuaninos.

Aunque el Ejecutivo provincial reconoció que el organismo tuvo participación en distintos procesos de promoción sectorial, también advirtió que el esquema vigente terminó alimentando divisiones internas y dificultando la construcción de consensos estratégicos en una actividad golpeada por la caída del consumo, la pérdida de rentabilidad y el incremento sostenido de costos.

El rechazo también se replicó con fuerza entre las entidades empresarias. Desde CACEX cuestionaron la continuidad del sistema compulsivo y señalaron que cualquier estructura institucional vinculada al desarrollo vitivinícola debe sostenerse exclusivamente a partir de aportes voluntarios.

En la misma línea se expresó la Cámara Bodeguera de San Juan, donde insistieron en la histórica oposición del sector al financiamiento obligatorio y defendieron un esquema basado en consensos genuinos y participación libre.

La denominada Mesa Vitícola calificó la eliminación del aporte como un “alivio fiscal inmediato” para productores y bodegas, en un presente económico particularmente delicado para las economías regionales. Además, advirtió que reinstalar el mecanismo implicaría volver a cargar sobre la actividad costos que muchos consideran injustificados.

Buena parte de las críticas apuntaron además contra la continuidad del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), diseñado originalmente con horizonte en 2020 y cuya vigencia extendida se convirtió en uno de los principales focos de cuestionamiento dentro del sector.

Las objeciones más duras llegaron desde la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes, donde dirigentes históricos acusaron a la entidad de no haber cumplido las metas comprometidas y de sostener un esquema que terminó perjudicando al productor primario.

Entre los principales cuestionamientos aparecen la caída del consumo interno de vino, el deterioro de las exportaciones y la falta de resultados concretos pese a los años de financiamiento obligatorio. También surgieron reclamos vinculados a la transparencia y al destino de los fondos administrados durante las últimas dos décadas.

El conflicto sumó además un nuevo capítulo judicial luego de que el juzgado federal mendocino rechazara habilitar la vía rápida solicitada por la corporación y otorgara al Estado nacional un plazo de tres días para responder formalmente y defender la legalidad de la resolución cuestionada.

La discusión vuelve a colocar bajo análisis el papel institucional de la COVIAR, creada a partir de la Ley 25.849, en medio de una creciente demanda del sector por menores cargas, reducción de costos estructurales y políticas orientadas a recuperar competitividad en los mercados interno y externo.

Detrás del debate jurídico subyace una discusión mucho más profunda: quién debe financiar la representación sectorial y bajo qué mecanismos puede sostenerse una actividad que atraviesa uno de los períodos más complejos de las últimas décadas. En San Juan, al menos por ahora, la respuesta parece haber alcanzado un consenso poco frecuente entre el Estado provincial, las bodegas y los viñateros.

El Gobierno nacional oficializó incrementos en las tarifas eléctricas y de gas que comenzarán a regir desde el 1° de junio. Las actualizaciones alcanzan a usuarios residenciales, comercios y entidades de bien público, mientras continúan los subsidios focalizados con recortes graduales en las bonificaciones. El impacto será más visible en los sectores de menor consumo debido al fuerte incremento de los cargos fijos.

Las actualizaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante distintas resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), el organismo surgido tras la unificación de los entes reguladores energéticos. Las medidas impactarán sobre los cuadros tarifarios de las distribuidoras Edenor, Edesur y Metrogas, además de otras compañías del sector.

En electricidad, las resoluciones 25 y 26 fijaron nuevos valores para los usuarios residenciales. En el caso de Edesur, la tarifa variable para los hogares sin subsidios de la categoría R1 quedó establecida en $145,404 por kWh, mientras que Edenor aplicará un valor de $146,551 por kWh.

Para los usuarios alcanzados por el esquema de asistencia estatal, el precio dentro del bloque subsidiado continuará siendo menor. Edesur cobrará $70,513 por kWh y Edenor $71,518 por kWh para los consumos bonificados.

La administración nacional ratificó además la continuidad del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que mantiene cobertura parcial para consumos mensuales de hasta 300 kWh en determinados períodos del año. Sin embargo, el beneficio continuará reduciéndose de manera progresiva durante 2026, en línea con la política de recorte gradual de subsidios impulsada por el Ejecutivo.

A esto se suma una bonificación extraordinaria adicional del 11,97% para los usuarios subsidiados, aunque el porcentaje resulta inferior al aplicado en meses anteriores, consolidando el proceso de disminución paulatina de la asistencia estatal.

Desde la Secretaría de Energía aclararon que cualquier consumo que exceda los límites establecidos será facturado a tarifa plena, sin compensaciones. Las facturas seguirán exhibiendo el aporte estatal bajo la leyenda “Subsidio Estado Nacional”, mecanismo con el que el Gobierno busca transparentar el costo real de la energía.

Uno de los puntos que más preocupación genera entre especialistas y asociaciones de consumidores es el comportamiento de los cargos fijos. Mientras la variación en los componentes variables resulta relativamente moderada, los costos fijos registran incrementos considerablemente más elevados, afectando especialmente a los usuarios de menor consumo.

En Edesur, por ejemplo, el cargo fijo para un usuario residencial R1 ascenderá a $1.629,50 mensuales, con una suba cercana al 4,65%. En Edenor, el mismo concepto trepará a $1.661,69, con un incremento del 4,73%.

La situación también se trasladará al servicio de gas natural. A través de la Resolución 39/2026, el Gobierno aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas que alcanzarán tanto a usuarios residenciales como a comercios, clubes de barrio, entidades de bien público y grandes consumidores.

Para los usuarios R1 de la Ciudad de Buenos Aires, el cargo fijo mensual pasará a $4.151,79, mientras que el valor variable quedará en $287,45 por metro cúbico consumido. En el conurbano bonaerense, el cargo fijo ascenderá a $4.794,67.

En este segmento también continuará vigente el esquema de subsidios focalizados. El Ejecutivo decidió prorrogar una bonificación adicional del 25% sobre el consumo alcanzado por asistencia estatal para los hogares de menores ingresos, definidos como aquellos cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

Desde el Gobierno sostienen que el promedio de aumento será del 2,81% para el gas y del 1,50% para la electricidad en el AMBA. Sin embargo, las variaciones finales dependerán del nivel de consumo, la región y la distribuidora correspondiente.

El nuevo ajuste llega en un momento particularmente delicado para el poder adquisitivo. Con salarios que continúan corriendo por detrás de numerosos costos esenciales y una desaceleración inflacionaria que aún no logra traducirse plenamente en alivio cotidiano, las tarifas vuelven a ocupar un lugar central en la estructura de gastos de los hogares argentinos.

La política energética oficial apunta a reducir progresivamente el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas. No obstante, la aceleración de los costos fijos y la persistencia de aumentos mensuales generan gran inquietud entre usuarios residenciales, comerciantes y pequeñas entidades sociales, que advierten sobre las dificultades para sostener el pago regular de los servicios básicos.

El secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicio de San Juan y referente regional de Cuyo, Víctor Menéndez, cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, advirtió sobre su eventual judicialización y denunció el deterioro de los salarios frente al avance del costo de vida. En diálogo con Mundo Laboral SJ, también analizó el impacto de la falta de homologación paritaria y describió el complejo panorama económico que atraviesan los trabajadores.

La demora en la reglamentación de la reforma laboral volvió a encender señales de incertidumbre dentro del movimiento sindical. Mientras el Gobierno nacional posterga definiciones clave sobre la implementación plena de la normativa, distintos sectores gremiales comienzan a advertir sobre las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que podría generar su aplicación.

En este sentido, Menéndez, sostuvo que la ley aprobada por el Congreso “nació viciada de inconstitucionalidad” y anticipó que, una vez reglamentada, podría abrir un escenario de fuerte conflictividad judicial.

“La reforma fue diseñada para beneficiar exclusivamente a los grandes grupos empresarios. Hay artículos que inevitablemente van a terminar en amparos y cautelares porque lesionan derechos laborales históricos”, afirmó .

El dirigente consideró que la Casa Rosada demora deliberadamente la reglamentación debido a la fragilidad jurídica de varios puntos incluidos en la norma. “El Gobierno sabe que habrá una catarata de juicios. Por eso todavía no termina de avanzar”, remarcó.

La mirada sindical no se limita únicamente al plano jurídico. Menéndez también vinculó el debate laboral con la pérdida acelerada del poder adquisitivo que atraviesan los trabajadores desde el inicio de la actual gestión económica.

Según explicó, el deterioro salarial ya supera ampliamente el 30 por ciento en términos reales, producto de una inflación que —a su entender— no refleja el verdadero comportamiento de los precios en la economía cotidiana.

“Las estadísticas oficiales no coinciden con lo que vive cualquier familia cuando va al supermercado, a la carnicería o paga una boleta de servicios. El salario quedó muy retrasado frente a la suba real del costo de vida”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó las restricciones informales que, según denunció, el Ejecutivo impone sobre las negociaciones salariales mediante la demora en la homologación de acuerdos. “Hay gremios que alcanzan consensos con las cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo no los homologa porque pretende fijar aumentos por debajo de la inflación”, indicó.

Para el dirigente sindical, esa política termina profundizando el deterioro del ingreso de los asalariados y limita la capacidad de recuperación económica de los distintos sectores productivos.“La situación es cada vez más difícil para los trabajadores. No se trata solamente del salario; también hay incertidumbre sobre el empleo, cierres de pymes y caída del consumo”, aseveró.

Paritarias bajo presión e incertidumbre en el sector

Dentro de ese panorama, Menéndez confirmó que el gremio de estaciones de servicio ya inició conversaciones con cámaras empresarias de la región para discutir actualizaciones salariales correspondientes a los próximos meses.

El dirigente explicó que, pese al contexto adverso, existe una relación de diálogo madura con el sector empresario local, particularmente en la región de Cuyo, donde históricamente predominó una convivencia negociadora menos confrontativa que en otros puntos del país.

“Las cámaras conocen perfectamente la realidad económica porque también forman parte de ella. Saben cuánto aumentaron los alimentos, los servicios y el costo operativo diario”, expresó.

No obstante, reconoció que el escenario nacional condiciona cualquier discusión salarial de fondo, especialmente por la falta de previsibilidad macroeconómica y la intervención oficial sobre las homologaciones.

Aun así, destacó que el sector mantiene cierto dinamismo económico en San Juan y valoró las inversiones privadas que continúan generando empleo en medio de un presente complejo.

Mencionó, entre otros proyectos, nuevas estaciones de servicio en construcción y ampliaciones vinculadas al desarrollo del GNC, un rubro que comienza a expandirse nuevamente por el encarecimiento de los combustibles líquidos.

“Que empresarios sigan invirtiendo y generando puestos de trabajo en este contexto es una señal importante. Son decisiones que ayudan a sostener actividad y empleo”, afirmó.

Una reforma cuestionada desde múltiples frentes

Las críticas de Menéndez se suman a las manifestaciones de rechazo que distintos gremios vienen expresando desde la aprobación parlamentaria de la reforma laboral. El eje principal de las objeciones gira alrededor de la flexibilización de condiciones de contratación, los cambios en materia indemnizatoria y las nuevas modalidades de negociación laboral.

Para el sindicalismo, el proyecto no apunta a generar empleo genuino sino a reducir costos laborales y debilitar la capacidad de organización de los trabajadores.

“Todo está pensado para darle mayor libertad al empleador a la hora de despedir o precarizar condiciones laborales”, sostuvo el dirigente sanjuanino.

Además, cuestionó el discurso oficial sobre la desaceleración inflacionaria y aseguró que la economía real continúa mostrando aumentos sostenidos en bienes esenciales.

“El trabajador percibe otra realidad completamente distinta a la que muestran los números oficiales. Esa diferencia termina golpeando directamente en la mesa familiar”, planteó.

Desde San Juan, Víctor Menéndez sintetizó esa inquietud con una advertencia que atraviesa hoy buena parte del universo sindical: “No se puede construir estabilidad económica debilitando a los trabajadores. Cuando el salario pierde poder adquisitivo, se resiente el consumo, la producción y toda la economía”.

La discusión sobre la reforma laboral, lejos de agotarse en el Congreso, parece haber ingresado en una nueva etapa donde la conflictividad judicial, la presión gremial y la presión social comenzarán a ocupar un lugar central en la agenda nacional.