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Como parte del Presupuesto 2025 que hace algunos días presentó el Presidente Javier Milei en el Congreso nacional, se incorpora una modificación a los mecanismos de actualización de las Asignaciones Familiares, que dejarán de ser automáticos y quedarán librados a la voluntad del Poder Ejecutivo. La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció que es una “forma encubierta de congelarlas” y le pidió a los legisladores nacionales que no convaliden un nuevo “avance sobre el poder adquisitivo de las familias de las y los trabajadores”.

El Presupuesto 2025 que presentó el Gobierno de Milei es explícito en la definición de que la prioridad nacional es el pago de la deuda externa, objetivo al que se subordinan todas las demás variables, para cuyo cumplimiento se profundizará el ajuste de ser necesario. Además de recortes muy significativos a Educación, Salud, Ciencia y otras áreas clave, también va en ese sentido va en ese sentido la modificación al mecanismo de actualización de las asignaciones familiares (Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Ayuda Escolar, Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, entre otras), que elimina su “movilidad” y deja librados los aumentos a decisiones discrecionales del Gobierno.

El artículo 68 del proyecto de la propuesta oficial para la nueva “ley de leyes” deroga el artículo que establece que “las asignaciones familiares previstas en la ley 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la ley 24.714, serán móviles”. También se anula “el cálculo del índice de movilidad se realizará conforme a lo previsto en el Anexo de la ley 26.417” y se deroga el artículo de la ley 24.714 que define que “la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo el cálculo de la movilidad de conformidad con las pautas establecidas en la presente ley”.

Frente a este escenario, desde las redes sociales de la CGT cuestionaron la posibilidad de que los futuros incrementos de las asignaciones queden “a discrecionalidad del Poder Ejecutivo” y denunciaron que esto constituye un “golpe directo sobre el bolsillo de las familias trabajadoras”. Al respecto, agregaron: “Al final, la casta eran las familias trabajadoras: Más impuestos, menos trabajo y protección. Más de 600 mil trabajadores dejaron de cobrar asignaciones familiares desde que asumió Milei”.

En este sentido, afirmaron que “la modificación impulsada por el Gobierno nacional es una forma encubierta de congelar las asignaciones familiares” y concluyeron: “Exigimos que las legisladoras y legisladores no voten a favor de este avance sobre el poder adquisitivo de las familias de las y los trabajadores”.

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Eduardo Cabello: «Estamos ante un enemigo público que destruye el salario y protege a los más ricos»

El dirigente sindical sanjuanino, y referente de la CGT en la provincia, analizó el complejo escenario laboral en Argentina. Cuestionó las restricciones a las negociaciones paritarias, criticó al Gobierno nacional por su política económica y valoró el esfuerzo de San Juan por mantener activa la obra pública.

En diálogo con «Mundo Laboral SJ», Eduardo Cabello, histórico dirigente sindical sanjuanino, expresó su preocupación ante la falta de libertad para negociar salarios en el país. Denunció que el Gobierno nacional “no permite paritarias libres, pero tampoco facilita el diálogo entre trabajadores y empleadores”.

Según Cabello, esta situación provoca un escenario de desequilibrio que atenta contra los derechos laborales. Recordó el antecedente de Vaca Muerta como un ejemplo positivo de lo que puede lograrse cuando el Estado se mantiene al margen de las negociaciones entre gremios y empresas. Sin embargo, contrastó ese hecho con la realidad actual, en la que los acuerdos salariales son sistemáticamente condicionados. “El Estado te pone un techo, mientras la inflación sigue escalando”, afirmó.

“El salario se destruye en cada frente”

El dirigente fue contundente al describir el impacto del modelo económico vigente sobre el poder adquisitivo: “El salario se destruye en paritarias, se destruye con impuestos y con la suba constante de tarifas”. Consideró que las políticas públicas actuales “protegen los negocios de los sectores más ricos y castigan a los trabajadores que sostienen la economía con su esfuerzo diario”.

Asimismo, Cabello cuestionó el discurso oficial sobre la inflación, al que calificó como alejado de la realidad cotidiana: “Dicen que no hay inflación, pero la gente lo ve en el colectivo, en la nafta, en el gas, en todo lo que consume”.

Una esperanza sostenida en la obra pública provincial

Pese al contexto nacional, el dirigente reconoció con optimismo el compromiso del gobierno de San Juan con la reactivación de la obra pública. Destacó la voluntad de la gestión provincial de impulsar proyectos con fondos propios, sobre todo en vivienda y caminos, y resaltó el papel de la minería como motor económico. “Vamos de a poco, pero la construcción no se ha detenido”, remarcó.

En este sentido, subrayó la importancia de que los programas como Procrear sean administrados por las provincias para evitar que queden paralizados. “Lo que se deja tirado después cuesta el doble reactivarlo”, advirtió.

Actualmente, el sector de la construcción en San Juan emplea entre 6.000 y 7.000 trabajadores, una cifra que si bien está lejos de los picos históricos, representa un alivio en un panorama nacional incierto. “El gobierno con lo que tiene hace obra pública. Y eso suma”, concluyó.

La voz de Eduardo Cabello refleja la tensión creciente entre las necesidades del movimiento obrero y las políticas económicas impulsadas desde el poder central. En un país donde la inflación devora los salarios y las restricciones ahogan el diálogo, el dirigente sanjuanino plantea la necesidad de recuperar la autonomía gremial y fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos provinciales. Su mensaje es claro: la dignidad del trabajador no puede seguir siendo la variable de ajuste.

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Empleados judiciales de la provincia recibirán un bono de $80.000 y un aumento del 3,7%

La Unión Judicial confirmó que los empleados judiciales recibirán un bono de $80.000 y un aumento del 3,7% en abril, lo que se suma a los tres aumentos salariales atados al índice del IPC que ya recibieron desde enero. El incremento del 3,7% se aplicará sobre el sueldo de abril, lo que significa una suba en la remuneración de los empleados judiciales de la provincia.

Según fuentes confiables confirmaron que el bono de $80.000 estaría destinado a los escalafones maestranza, administrativo, técnico y hasta oficial superior técnico de primera inclusive, aunque remarcaron que aún faltan detalles por definir y podrían surgir modificaciones.

El acuerdo alcanzado por los trabajadores es un paso importante para mejorar sus condiciones laborales y salariales. Sin embargo, la marcada diferencia salarial entre el personal de base y los cargos de alto rango sigue siendo un tema de preocupación.

La falta de una paritaria directa entre la Unión Judicial y la Corte de Justicia, que administra el presupuesto del Poder Judicial, puede generar incertidumbre y dificultades para negociar mejoras salariales y laborales.

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La CGT convoca a empresarios de cara a la movilización por el Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) invitó a empresarios pymes para analizar las consecuencias del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, en vísperas de la movilización por el Día del Trabajador.

La reunión, liderada por Rodolfo Daer, secretario de producción de la CGT, busca discutir la «acuciante situación» que enfrentan los sectores productivos industriales del país. La central obrera ha expresado su preocupación por la apertura indiscriminada de importaciones y el fomento a la acción especulativa financiera, que según ellos está afectando la producción y el empleo.

Entre los temas centrales de discusión se encuentran el nuevo endeudamiento con el FMI, la devaluación tras la liberación del cepo cambiario y su impacto en los precios. La CGT ha señalado que hay una remarcación del 8 al 12% en los alimentos, lo que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos.

La reunión también contará con la participación de representantes sindicales de diversos sectores, como mecánicos, metalúrgicos, textiles, vidrio, papel, industria naval y pesca. La CGT busca un diálogo amplio que integre a todos los afectados por las políticas de ajuste.

La convocatoria de la CGT a empresarios pymes es un paso clave para buscar soluciones conjuntas a los problemas que enfrenta el sector productivo. Sin embargo, no todos están convencidos de participar en la movilización del 30 de abril, y algunos empresarios han señalado que solo asistirán si se presentan propuestas concretas.

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