La compañía mendocina, dedicada a la elaboración de sidras, vinos y cervezas, solicitó la apertura del proceso tras declararse en cesación de pagos. Registra 812 cheques rechazados por $2.542 millones. La resolución judicial dispuso, además, que un representante de los empleados integre el comité de control.

Una de las empresas familiares tradicionales de la industria vitivinícola y de bebidas de Mendoza quedó bajo supervisión judicial tras ingresar en concurso preventivo. Se trata de Rama Caída S.A., fabricante de sidras, vinos y cervezas fundada en 1949, que enfrenta un severo deterioro financiero: registra 812 cheques rechazados por un total de $2.542 millones, de los cuales permanecen impagos 727 por $2.188 millones.

La apertura del proceso fue dispuesta por la jueza Mariela Selvaggio, titular del Juzgado de Procesos Concursales de la Segunda Circunscripción Judicial, luego de la presentación realizada por Marcos Martínez, presidente de la sociedad, quien reconoció la cesación de pagos de la compañía.

Entre las decisiones adoptadas sobresale la incorporación de un representante de los trabajadores al comité de control, instancia que tendrá a su cargo el seguimiento del procedimiento y permitirá que los empleados participen de la supervisión de una etapa determinante para la continuidad de la firma.

La resolución también ordenó el sorteo de tres síndicos y estableció el 2 de febrero de 2027 como fecha límite para que los acreedores presenten sus solicitudes de verificación de créditos, acompañadas por la documentación correspondiente. Asimismo, exigió a la empresa un inventario de las marcas comerciales que elabora en su establecimiento, con el propósito de identificar el alcance de sus operaciones.

El cuadro financiero encuentra una de sus expresiones más contundentes en los registros de la Central de Cheques Rechazados del Banco Central. De los 812 documentos informados, 85 fueron abonados por $354 millones, mientras que otros 727 continúan sin cancelar. La magnitud de los compromisos impagos refleja las dificultades de liquidez que llevaron a la compañía a recurrir al mecanismo concursal.

La magistrada también dispuso restricciones para el presidente de la sociedad: deberá informar previamente cualquier salida del país y precisar el período de ausencia, que no podrá superar los 40 días corridos sin autorización judicial.

Una trayectoria de más de siete décadas

Fundada en 1949, Rama Caída construyó su identidad empresarial alrededor de la elaboración de sidra y posteriormente amplió su catálogo con bebidas frutadas, vinos y cerveza. Su desarrollo estuvo ligado a la producción regional, con cultivos en áreas de Valle de Uco y Rama Caída.

Con el paso de los años incorporó distintas etiquetas comerciales, entre ellas La Salomera, Los Grillos y Cepas de Rama Caída en el rubro vitivinícola, además de Del Pico en el mercado cervecero.

Sin embargo, la actual presentación concursal tiene antecedentes societarios que agregan complejidad a la historia de la compañía. Según informó el diario Los Andes, una sociedad vinculada a la familia Martínez, que operaba anteriormente bajo la denominación Martínez Hermanos S.A. y con otro CUIT, había solicitado su propio concurso preventivo en abril de 2016. Ese expediente continuaba en trámite y registraba un movimiento judicial el 19 de junio de 2026.

La apertura del nuevo proceso permitirá a Rama Caída negociar sus obligaciones con los acreedores bajo supervisión judicial y procurar una reorganización financiera. No obstante, el concurso no garantiza por sí mismo la continuidad productiva ni despeja las incertidumbres sobre el futuro de la empresa.

La incorporación de los trabajadores al comité de control adquiere especial relevancia en una compañía con una extensa trayectoria industrial y comercial. Mientras se desarrolla la verificación de las acreencias y se examinan las alternativas para afrontar los compromisos pendientes, la prioridad estará puesta en determinar si la firma puede recuperar condiciones de funcionamiento y preservar su estructura laboral.

Confederaciones Rurales Argentinas envió una carta a Nicolás Pino para exigir explicaciones por las declaraciones de un director de la Sociedad Rural sobre la plataforma VISEC. El enfrentamiento expone diferencias sobre las exigencias ambientales del comercio internacional y quién debe asumir sus costos, aunque todavía no existe un planteo formal de ruptura.

La histórica unidad de la Mesa de Enlace enfrenta una nueva prueba. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamó explicaciones formales a la Sociedad Rural Argentina (SRA) por las declaraciones de uno de sus directores, Andrés Costamagna, quien cuestionó públicamente la posición de la entidad frente a la plataforma de trazabilidad VISEC. El episodio abrió una disputa institucional entre dos organizaciones fundadoras del espacio y dejó al descubierto diferencias que exceden el intercambio de declaraciones.

El conflicto quedó formalizado el 6 de noviembre, cuando el presidente de CRA, Carlos Castagnani, y el secretario de la entidad, Adrián Luna Vázquez, enviaron una carta a Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural. En el documento calificaron los dichos de Costamagna como agraviantes y reclamaron que la conducción de la SRA precise si el dirigente se expresó a título personal o si sus declaraciones representan la posición institucional.

El malestar se originó en una entrevista realizada por Silvio Baiocco en Canal Rural. Según la comunicación de CRA, Costamagna acusó a la organización de desinformar, comunicar de manera errónea y sostener una postura de negacionismo extremo frente al sistema de trazabilidad. Para la entidad, las expresiones excedieron el intercambio legítimo de argumentos y afectaron el respeto que debe regir entre organizaciones representativas del agro.

CRA pidió que, si la Sociedad Rural no comparte esas afirmaciones, lo manifieste públicamente y reclame una rectificación por los mismos canales en los que se difundieron. Aunque la carta no plantea abandonar la Mesa de Enlace, advierte sobre el deterioro de los vínculos institucionales y traslada a la conducción de Pino la responsabilidad de responder al reclamo.

La trazabilidad, en el centro de la disputa

Detrás del enfrentamiento aparece una discusión de creciente importancia para las cadenas agroexportadoras. VISEC es una plataforma destinada a documentar la trazabilidad de productos y acreditar el cumplimiento de requisitos ambientales exigidos por los mercados internacionales, particularmente las disposiciones europeas vinculadas con la comercialización de productos libres de deforestación.

El disentimiento no se limitan a la conveniencia de implementar estos mecanismos. También involucran la administración de la información, los procedimientos de verificación y, fundamentalmente, la distribución de los costos entre productores, industrias y exportadores.

CRA viene expresando su preocupación por la posibilidad de que las nuevas exigencias terminen trasladando mayores obligaciones económicas y administrativas a los establecimientos productivos, mientras los beneficios comerciales alcanzan al conjunto de la cadena. La discusión, por lo tanto, compromete tanto la competitividad de las empresas como las condiciones en las que los productores deberán acreditar el origen de sus mercancías.

La discrepancia adquiere mayor dimensión porque las entidades rurales comparten reclamos vinculados con la presión impositiva, las retenciones y la necesidad de mejorar las condiciones de competencia frente a otros países productores de la región. Sin embargo, las diferencias sobre cómo afrontar las regulaciones ambientales internacionales amenazan con debilitar la posición común que históricamente procuraron sostener.

Una unidad que deberá demostrar su fortaleza

La Sociedad Rural y CRA integran la Mesa de Enlace junto con Federación Agraria Argentina y Coninagro, una articulación que adquirió protagonismo como representación conjunta del campo frente a las distintas administraciones nacionales.

El enfrentamiento actual vuelve a poner a prueba esa construcción. La respuesta de Pino será determinante para establecer si el episodio queda circunscripto a un desacuerdo entre dirigentes o si deriva en un distanciamiento institucional de mayor alcance.

Por ahora, no hay una ruptura formal, pero sí una señal de desgaste en una alianza que necesita consensos para intervenir en las discusiones sobre producción, exportaciones y regulaciones internacionales. La divergencia por VISEC dejó expuesta una cuestión de fondo: la unidad de las entidades rurales depende no solo de sus reclamos compartidos, sino también de su capacidad para resolver diferencias sobre el rumbo que debe adoptar el sector.

Más de 158,7 millones de electores están habilitados para votar este domingo 25 de octubre. Tras la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, Lula busca retener la Presidencia con el respaldo de sus bases populares y sindicales, en una disputa con consecuencias para la política económica, los derechos laborales y las relaciones internacionales.

Brasil afronta este domingo una de las elecciones más trascendentes de su historia reciente. Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, y el senador Flávio Bolsonaro, de 45, se enfrentan en una segunda vuelta que definirá no solo quién gobernará la mayor economía de América Latina, sino también qué orientación adoptará el país en materia social, laboral y diplomática.

La primera ronda dejó al candidato del Partido Liberal (PL) en ventaja, con el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% obtenido por el actual presidente, del Partido de los Trabajadores (PT). La diferencia obliga a Lula a ampliar su base electoral, mientras Bolsonaro procura convertir el respaldo conservador en una mayoría definitiva. La Justicia Electoral contabiliza más de 158,7 millones de personas habilitadas para participar.

La disputa se desarrolla en un país atravesado por preocupaciones sobre el costo de vida, la inseguridad y el alcance de las políticas sociales. El resultado también tendrá repercusiones regionales: Brasil es una potencia agrícola, industrial y energética, con un peso determinante en el Mercosur y en las relaciones comerciales de América del Sur.

Dos proyectos para la economía y el trabajo

Para el movimiento obrero, la elección tiene una dimensión inmediata. Lula construyó su trayectoria política desde el sindicalismo metalúrgico del cordón industrial del ABC paulista, donde encabezó huelgas obreras a fines de la década de 1970, durante la dictadura militar. Su historia personal continúa siendo uno de los principales activos simbólicos del PT entre trabajadores y organizaciones populares.

Durante sus primeros mandatos, entre 2003 y 2010, su gobierno impulsó programas sociales como Bolsa Família y políticas orientadas a reducir la pobreza. Ahora busca defender ese legado y sostener el papel del Estado en la protección de los ingresos y la inclusión social, aunque enfrenta cuestionamientos por el costo de vida, la aprobación de su gestión y las controversias políticas que marcaron su trayectoria.

Flávio Bolsonaro, por su parte, propone una agenda conservadora centrada en el endurecimiento de las políticas de seguridad, la reducción de la edad de responsabilidad penal y un mayor respaldo a las fuerzas de seguridad. Su candidatura también está atravesada por la situación judicial de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. Flávio prometió impulsar medidas para beneficiarlo, incluida una amnistía.

La discusión laboral constituye otro punto de contraste. Los sindicatos observan con preocupación la posibilidad de que un gobierno alineado con el bolsonarismo profundice las reformas flexibilizadoras, en un país que ya atravesó una amplia modificación de su legislación laboral en 2017, durante la presidencia de Michel Temer. Para las organizaciones gremiales, el desenlace determinará buena parte de su capacidad de negociación en los próximos años.

Una elección con impacto internacional

La política exterior también divide a los candidatos. Lula reivindica el multilateralismo, la autonomía diplomática y los vínculos comerciales con China, principal socio comercial de Brasil. Su gobierno mantiene, al mismo tiempo, diferencias con la administración estadounidense de Donald Trump, especialmente por los aranceles aplicados a productos brasileños.

Flávio Bolsonaro plantea una relación más estrecha con Washington y comparte afinidades políticas con el presidente estadounidense. Un eventual triunfo reforzaría la influencia conservadora en América Latina y podría modificar las prioridades brasileñas en los organismos internacionales y en la integración regional.

Independientemente del resultado electoral, la nueva gestión asumirá el reto de gobernar un país polarizado y gestionar crisis socioeconómicas latentes. Este desenlace no solo definirá el futuro de Brasil, sino que también reconfigurará el mapa geopolítico de la región.