Edith Liquitay, referente de Adicus en San Juan, celebró la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, pero advirtió que el conflicto salarial y presupuestario en las universidades nacionales continúa abierto. En diálogo con Mundo Laboral SJ, la dirigente docente explicó que el logro fue fruto de la unidad entre gremios docentes, no docentes, investigadores y estudiantes, y que ahora el desafío es garantizar su implementación efectiva. En este contexto, la unidad era el único camino y ya está dando frutos”, subrayó.

La Ley de Financiamiento Universitario establece la obligación de asegurar recursos para salarios, becas estudiantiles, investigación, extensión universitaria y funcionamiento de las 57 universidades nacionales. Según Liquitay, esto evita que el financiamiento dependa exclusivamente de la voluntad política del gobierno de turno.

Salarios: una pérdida histórica del 40% en ocho meses

La sindicalista advirtió que, pese al avance legislativo, la situación salarial de los trabajadores universitarios es insostenible. “Con este gobierno nacional ya acumulamos una pérdida de más del 40% del poder adquisitivo. No hablamos de gestiones anteriores, solo de estos meses. Es una caída histórica”, remarcó.

Criticó además la “comunicación engañosa” del Ejecutivo, que anunció un aumento del 7,5% que, en la práctica, se traducirá en solo un 3,9% en el próximo cobro. “Es una maniobra para confundir a la opinión pública. Nuestros reclamos son legítimos y la realidad lo demuestra”, afirmó.

Plan de lucha: paros y una marcha federal

Liquitay confirmó que, más allá de la sanción de la ley, el frente gremial ratifica el plan de lucha con paros rotativos de 48 horas. Las medidas están previstas para este martes 26 y miércoles 27 de agosto y el 1 y 2 de septiembre, en demanda de una recomposición de salarios urgente.

En este sentido, expresó, se prepara una gran marcha federal para septiembre con participación de docentes, no docentes, investigadores y estudiantes. “Trabajamos en unidad para poner a todo el país en la calle en defensa de la universidad pública”.

La representante de ADICUS alertó sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete la ley recientemente aprobada. “Entendemos que en este contexto político, y con un gobierno que ataca sistemáticamente a las universidades, es una posibilidad real. Pero si ocurre, la respuesta será contundente: una movilización masiva en defensa de la soberanía, la ciencia, la tecnología y la educación”, afirmó.

Edith Liquitay recordó que la universidad pública argentina es un pilar en la formación de profesionales, el desarrollo científico y la vinculación con la industria y la sociedad. “En este contexto de crisis, defenderla es defender el futuro del país”, finalizó.

En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Eduardo Cabello, referente de la Confederación General del Trabajo (CGT) en San Juan y titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) en la provincia, analizó con crudeza el contexto político, económico y social que atraviesa el país bajo la actual gestión nacional. El dirigente abordó desde la crisis laboral y la paralización de obras estratégicas, hasta el futuro de la conducción de la central obrera y el potencial de la minería del cobre en la provincia.

Consultado sobre el entorno del país en materia económica y laboral, Cabello no dudó en calificar la situación actual como “grave” y advirtió que las políticas del Gobierno nacional están agudizando los problemas estructurales. “Vemos despidos masivos, paralización de obras y un ajuste que golpea a todos los sectores. Esto no es algo nuevo, pero la profundidad de la recesión actual es alarmante”, expresó.

El dirigente recordó que desde hace meses viene alertando sobre el deterioro de las condiciones laborales y el impacto de las medidas económicas. “El tiempo nos está dando la razón. Hoy hay 223 mil empleos formales menos y casi 16 mil empresas cerradas. Es un escenario que no se corrige porque el modelo que impulsa la Nación profundiza la apertura indiscriminada de importaciones y el retiro del Estado de áreas clave”, puntualizó.

Elecciones en la CGT: la necesidad de un triunvirato

En relación a la renovación de autoridades en la CGT nacional, prevista para el 5 de noviembre, Cabello se inclinó por la conformación de un triunvirato que incluya a los principales sectores internos. “La situación amerita que todos los espacios estén representados. Si se opta por un unicato vinculado a una franja política determinada, se corre el riesgo de politizar excesivamente la conducción, en detrimento de la acción gremial. Un triunvirato permitiría equilibrio y consenso entre los llamados ‘gordos’, los independientes y otros sectores relevantes”, analizó.

Ruta 40: una obra estratégica paralizada

Uno de los puntos que más preocupación genera en el referente sindical es la paralización de las obras en la Ruta 40, afectadas por problemas de financiamiento. Cabello explicó que desde febrero no se realizaban pagos regulares a las empresas constructoras y que, aunque recientemente se abonaron algunos montos, persisten certificados impagos.

“Lo más grave es que estos fondos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ya ingresaron al Tesoro nacional. Si pasan cuatro o cinco meses sin transferirlos a las obras, se genera incertidumbre total. Ninguna empresa quiere trabajar gratis. Hablamos de montos importantes y de un proyecto clave para la conectividad y el desarrollo regional”, sostuvo.

La suspensión impacta directamente en el empleo: alrededor de 110 trabajadores de la UOCRA y otros tantos de actividades conexas ya se ven afectados. “Es el resultado de una política nacional que ajusta y frena la inversión pública. Esto está pasando en toda la Argentina, de norte a sur”, remarcó.

Impacto social y riesgos de un modelo económico liberal extremo

Cabello fue categórico al describir el rumbo económico. “Estamos viviendo un liberalismo que ya experimentamos en otras épocas. Es como cuando uno corta un tratamiento médico antes de tiempo: las recaídas son inevitables. Ya lo vimos en el pasado y hoy lo volvemos a sufrir”, reflexionó.

Destacó que, pese a las diferencias políticas, algunos sectores en el Congreso han apoyado leyes claves, como la emergencia en discapacidad. Sin embargo, advirtió que los “cantos de sirena” y las promesas vacías no ofrecen soluciones reales.

Minería del cobre: oportunidad y desafío para San Juan

En otro tramo de la entrevista, Cabello se refirió a las perspectivas que abre el desarrollo minero, particularmente con los proyectos de cobre que lideran empresas de alcance global como Glencore.

“Es una oportunidad histórica para San Juan, pero no estamos totalmente preparados. Nadie lo está al cien por ciento. La clave es que se avance con infraestructura: rutas, transporte ferroviario, energía. No se puede sacar el cobre por un simple camino de tierra”, advirtió.

El dirigente alertó que, si no se resuelven las condiciones logísticas, las inversiones podrían limitarse. “Corremos el riesgo de que el mineral salga por Chile en lugar de procesarse y generar empleo en la provincia. Queremos que la minería sea sustentable, responsable y con beneficios para los sanjuaninos en primer lugar”, enfatizó.

Aunque celebra el interés inversor —con planes que podrían superar los 13 mil millones de dólares—, Eduardo Cabello insistió en que sin un Estado presente, el despegue productivo podría demorarse entre dos y tres años o más. “Con este gobierno, que no prioriza infraestructura, el panorama se complica”, concluyó.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación ratificó el paro del próximo viernes 29 de agosto en reclamo por la confirmación del aumento salarial del 1,9% para julio, acordado pero no oficializado por la Corte Suprema de Justicia.

La UEJN, conducida por Julio Piumato, confirmó la medida de fuerza luego de un Banderazo Nacional con cese de actividades realizado este jueves en todo el país. El gremio reclama la oficialización del aumento salarial del 1,9% para julio y una recomposición que contemple la pérdida salarial debido a la inflación desde la asunción de Javier Milei. La pérdida del valor adquisitivo de los salarios de los judiciales alcanza un 29,2% en comparación con diciembre de 2023.

Piumato expresó su rechazo al traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, considerándolo «inconstitucional», y destacó la necesidad de implementar el nuevo Código Procesal Federal con los medios necesarios. El líder sindical enfatizó que la lucha continúa hasta recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y que «no vamos a aceptar jamás esa pérdida salarial».

La Corte Suprema comunicó verbalmente la autorización para aplicar el incremento salarial, pero aún no ha habido una oficialización. Ante esta falta de confirmación, el paro del 29 de agosto se mantiene, y el martes un plenario de delegados resolverá la ratificación o no de la medida.