El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) encontró fuerte adhesión en el sector universitario. Los gremios académicos denuncian una pérdida del 40% del poder adquisitivo y la parálisis de las negociaciones salariales desde septiembre del año pasado. La falta de actualización del financiamiento universitario y el incumplimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) agravan un conflicto que amenaza con prolongarse.

La educación argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos tiempos. Este martes, escuelas y universidades de todo el país se paralizan en el marco de una huelga nacional docente que, más allá de las cifras y consignas, expresa un profundo malestar estructural. El detonante es la caída sostenida del salario real y la ausencia de respuestas del Gobierno nacional ante los reclamos docentes.

La medida de fuerza, impulsada por la CTERA, encontró eco inmediato en el frente universitario. En San Juan, el gremio ADICUS —que representa a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan— confirmó su adhesión total. Su secretario general, Jaime Barcelona, fue claro: “Hace más de un año que el Ministerio no convoca a paritarias. Las universidades están funcionando con presupuestos reconducidos y sueldos licuados por la inflación”.

El reclamo excede la cuestión salarial inmediata. Los sindicatos docentes universitarios advierten que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) permanece congelado y que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario está afectando no solo los salarios sino también las condiciones mínimas de funcionamiento. En algunos casos, las universidades enfrentan dificultades para sostener servicios básicos, mantenimiento edilicio o programas de extensión.

En lo económico, la pérdida de poder adquisitivo de los docentes ronda el 40% interanual, según estimaciones gremiales y estudios independientes. La inflación acumulada en el último año superó el 180%, mientras que los incrementos salariales apenas alcanzaron la mitad. “Estamos frente a un proceso de deterioro que no solo empobrece a los docentes, sino que desmantela la universidad pública como espacio de conocimiento y movilidad social”, sostuvo el dirigente de Adicus.

El conflicto también tiene una dimensión simbólica: la universidad pública, históricamente reconocida por su excelencia y gratuidad, se ve hoy tensionada por políticas de ajuste que contradicen la tradición de inversión en educación superior. La falta de convocatoria a diálogo por parte del Gobierno nacional acentúa la confrontación. La comunidad universitaria denuncia un retroceso en derechos adquiridos y un desinterés estatal que pone en riesgo la continuidad de proyectos científicos y académicos.

En San Juan, al igual que en otras provincias, se espera un alto acatamiento al paro. No habrá clases en las facultades, y las actividades de investigación y extensión también se verán suspendidas. Desde los gremios docentes destacan que el conflicto “no es solo salarial, sino de supervivencia del sistema universitario público”.

El paro nacional docente reabre un debate profundo sobre el lugar que ocupa la educación —y en particular la universidad pública— en la agenda de prioridades del Estado. Más allá de la coyuntura salarial, la discusión interpela el modelo de país: uno que concibe la educación como gasto o como inversión estratégica.

Si el Gobierno persiste en la inacción, el conflicto tenderá a prolongarse y radicalizarse. La docencia universitaria, que durante décadas fue símbolo de excelencia y compromiso público, enfrenta hoy la disyuntiva entre resistir o desintegrarse en la precariedad. La respuesta oficial a esta huelga marcará no solo el rumbo de la negociación paritaria, sino el futuro inmediato del sistema educativo argentino.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y los gremios nucleados en AMET impulsaron una jornada nacional de paro y movilización en reclamo de paritarias, restitución de fondos y defensa del financiamiento educativo. Desde los sindicatos advierten que la política del Gobierno nacional conduce a un retroceso estructural que pone en riesgo la igualdad educativa entre provincias y la propia continuidad del sistema público.

La medida de fuerza convocada por CTERA tiene un fuerte respaldo de los gremios de base y la adhesión de AMET, que representa al sector técnico. En diálogo con Mundo Laboral SJ, Daniel Quiroga, titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, trazó un diagnóstico tan preciso como alarmante: “Venimos advirtiendo desde el año pasado lo que hoy sucede. El Gobierno eliminó los artículos que garantizaban el financiamiento educativo y técnico, y eso afecta directamente a las escuelas y a los estudiantes”.

La denuncia se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y congelamiento de las paritarias nacionales. Con la continuidad del presupuesto 2023 en un escenario de inflación superior al 200%, los recursos destinados a infraestructura escolar y programas federales quedaron prácticamente licuados. “El artículo 9 de la Ley Nacional de Educación y el artículo 52 de la Ley de Educación Técnica fueron eliminados. Eso implica que las provincias ya no reciben fondos para sostener las escuelas técnicas. Hay docentes que organizan bingos o ferias para comprar insumos básicos”, relató Quiroga, con crudeza.

El desfinanciamiento, sumado a la ausencia de negociaciones salariales, reaviva viejas heridas. “Estamos volviendo a los años noventa”, advirtió el dirigente, al comparar el escenario actual con la época en que las políticas neoliberales desmantelaron la educación técnica. Aquella década marcó la desaparición de numerosos establecimientos y la pérdida de miles de puestos de trabajo docentes. Recién con la sanción de las leyes de Educación Técnica y Nacional, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el sector recuperó estructura y relevancia. Hoy, ese avance parece desmoronarse.

Desde los gremios, la lectura es unánime: la parálisis presupuestaria y el desinterés del Ejecutivo nacional configuran un ataque directo al derecho a la educación. “No hay paritarias nacionales, no hay un salario docente base común, y eso genera desigualdades entre provincias ricas y pobres. Este paro es un mensaje al Gobierno: se está equivocando con el futuro de los niños”, subrayó el gremialista.

El paro de 24 horas será sin asistencia a los lugares de trabajo y acompañado por una marcha que se desplegará a nivel nacional con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, con el propósito de expresar el rechazo de los docentes a las medidas de ajuste dictaminadas por el Gobierno Nacional.

La protesta incluye un abrazo simbólico al Congreso de la Nación, donde las organizaciones reclamarán la restitución de la Ley de Financiamiento Educativo y la reactivación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La jornada de movilización también busca visibilizar la precarización creciente del trabajo docente y el deterioro de las condiciones de enseñanza.

Mientras tanto, el Ejecutivo nacional sostiene una política de ajuste fiscal estricta y evita referirse públicamente al conflicto. Sin convocatoria a paritarias y con el sistema educativo operando con presupuestos desactualizados, las advertencias sindicales sobre el impacto en la calidad educativa comienzan a hacerse tangibles en cada escuela.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN) alcanzó un nuevo entendimiento con Minera Vicuña que garantiza una actualización salarial del 18% acumulado en tres etapas, a aplicarse entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. El acuerdo se firmó en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N.º 789/21 y busca preservar el poder adquisitivo de los jerárquicos mineros frente a la persistente inflación.

Con una situción económica desafiante para la mayoría de las actividades productivas, la minería argentina continúa sosteniendo espacios de negociación paritaria que apuestan a la estabilidad y al consenso. En este marco, ASIJEMIN —el sindicato que representa al personal jerárquico, profesional y técnico del sector— y Minera Vicuña sellaron un nuevo acuerdo que establece un incremento salarial acumulado del 18%, distribuido en tres etapas.

El primer tramo, del 6%, se aplicará a partir del 1 de septiembre de 2025, tomando como base los haberes de agosto.

El segundo, del 8%, regirá desde el 1 de diciembre, mientras que el tercero, del 4%, se implementará el 1 de febrero de 2026.

La negociación fue encabezada por Marcelo Mena Muñoz, titular nacional de ASIJEMIN, acompañado por Humberto Coria, director regional Centro. Por parte de la empresa participaron Gustavo Bufaliza, director de Recursos Humanos, y Ángel Guardia, superintendente del área.

Desde el sindicato remarcaron que el entendimiento es fruto del “trabajo coordinado entre la Comisión Directiva Nacional, la Regional Centro y el cuerpo de delegados de base en Minera Vicuña”, destacando la importancia de sostener el diálogo permanente con las empresas para resguardar los derechos laborales sin afectar la productividad del sector.

Fuentes gremiales señalaron que el pacto forma parte de una estrategia de actualización periódica que busca evitar desfasajes significativos frente al ritmo inflacionario. “El objetivo es mantener el equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y la sostenibilidad de las operaciones mineras, en un contexto que sigue siendo volátil”, subrayaron.

Por su parte, desde la compañía resaltaron la “madurez institucional” alcanzada en las negociaciones, poniendo en valor la existencia de canales de diálogo estables con la representación sindical. En un sector altamente competitivo y sujeto a las variaciones internacionales de precios y costos, sostener acuerdos previsibles se convierte en una herramienta clave para garantizar la continuidad de los proyectos y el bienestar del personal técnico y jerárquico.