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El secretario adjunto de la CGT y titular de UPCN, Andrés Rodríguez, le pidió a los gobernadores del peronismo que sea uno de ellos el que asuma la responsabilidad de encabezar el Partido Justicialista nacional de cara a la renovación de autoridades dispuesta para el próximo 17 de noviembre.

En un encuentro en la sede Azopardo, la cúpula de la central obrera, integrada por los cosecretarios generales Héctor Daer y Pablo Moyano, el ya mencionado Rodríguez, el secretario de Relaciones Internacionales, Gerardo Martínez (UOCRA), Cristián Jerónimo, Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Julio Piumato (UEJN), Pablo Flores (AEFIP), y Rodolfo Daer, recibió a los gobernadores Gildo Insfran (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) y Sergio Ziliotto (La Pampa), para comenzar la reorganización del partido.

Rodríguez señaló que el partido tiene normalizarse para evitar “un problema legal” y advirtió que de no hacerse “podemos tener dificultades intervencionistas, ya lo sufrimos en alguna otra época”, recordó.

El dirigente pidió a los presentes llevar a cabo una autocrítica “de los errores cometidos en los gobiernos anteriores”, ya que de “de ahí surge la organización”.

En esa línea, consideró que si el partido no se organiza, “el peronismo no va a volver a triunfar y lo que nosotros queremos es poder llegar a tener herramientas de gobierno”, indicó.

Con este marco, Rodríguez tomó la palabra por la CGT y subrayó que “la figura de un gobernador, tiene que ser la cabeza del partido en esta instancia y, por supuesto, tenemos que integrar a todos los demás sectores”, remarcó.

El titular del gremio estatal consideró que “hay muchas cuestiones que son acuciantes de la situación social, del trabajo en particular sea formal o informal, que es realmente límite, con las limitaciones que hace el gobierno nacional políticamente hablando para quitarle poder de gestión a los compañeros del interior del país”, analizó.

Rodríguez reconoció que “al ajuste espantoso, cruel y con pérdida del poder adquisitivo” desplegado desde la asunción de Javier Milei como Presidente, se le sumó “que comenzaron los despidos en el Estado y en la actividad privada, lo que nos pone en alerta”, expresó.

Asimismo, Rodríguez ponderó que la CGT, “fue una de las primeras en reaccionar con el paro de 12 horas, con un paro a nivel nacional y participando y movilizando en todas las manifestaciones que hubo”, pero reconoció que las entidades obreras “tenemos límites, por lo que tenemos que entregar las banderas a la política, porque es la política la que debe llevar con una ofensiva contra esta política libertaria o como se la llame”, afirmó.

Finalmente, el gremialista calificó como “importante” la reunión con los mandatarios provinciales como primer paso en la reorganización de autoridades del partido, e insistió en la necesidad de que sea un gobernador “el que dirija el partido en esta instancia”, concluyó.

Fuente: Mundo Gremial

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La retirada de Argentina de la OMS: un paso hacia la incertidumbre sanitaria

La reciente decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó una oleada de críticas y preocupaciones en la comunidad sanitaria y la sociedad en general. La medida, que aún debe ser ratificada por el Congreso, fue calificada de «criminal» por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).

Un retroceso en la cooperación internacional

La OMS es una institución fundamental para la cooperación internacional en materia de salud. La salida de Argentina de esta organización significaría la pérdida de acceso a recursos y tecnologías médicas avanzadas, así como la interrupción de la colaboración con expertos de otros países para abordar problemas de salud globales. Esto podría tener graves consecuencias para la salud pública en el país, especialmente en momentos de emergencias sanitarias.

La destrucción del Estado desde adentro

La decisión del gobierno argentino de retirarse de la OMS se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y despidos en el sector salud. Fesprosa denunció que esta medida es parte de una estrategia más amplia para debilitar el sistema de salud pública en Argentina. La organización exigió al gobierno que revierta esta medida y que priorice la inversión en salud pública.

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El gobierno busca desmantelar entidades públicas con un “mega decreto” 

En un movimiento que busca profundizar el ajuste del Estado, el gobierno nacional prepara un nuevo decreto de necesidad y urgencia que eliminará varias entidades estatales y fusionará otras. La medida, que se enmarca en la estrategia de desregulación y transformación del Estado liderada por el ministro Sturzenegger, busca agilizar el funcionamiento y reducir la burocracia.

La reestructuración administrativa: ¿qué cambia?

El nuevo decreto afectará a la estructura de la presidencia, la Jefatura de Gabinete y la mayoría de los ministerios. Se eliminarán entidades que se consideran innecesarias o que duplican funciones con otros organismos, y se fusionarán otras para reducir la redundancia y mejorar la eficiencia. La medida también incluirá la derogación de diversas normas y procedimientos burocráticos que datan de diferentes períodos.

El impacto en los empleados públicos: ¿qué pasará con ellos?

Aunque el gobierno no ha proporcionado detalles sobre el futuro de los trabajadores de las entidades que se eliminarán o fusionarán, se sabe que hay un programa que busca adaptar a los empleados que se quedan sin lugar de trabajo para que puedan salir al sector privado en un plazo de un año. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro laboral de estos empleados es palpable.

La estrategia del gobierno: ¿qué busca lograr?

El gobierno busca replicar el impacto que tuvo el DNU 70 de diciembre de 2023, que desreguló múltiples áreas de la economía. La medida es una señal clara de que la gestión de Javier Milei continuará avanzando en su plan de ajuste estatal durante 2025. Además, el presidente ha anunciado que buscará eliminar leyes vigentes y derogar distintas resoluciones y circulares, con el objetivo de simplificar el marco normativo y reducir la burocracia.

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Ajuste salarial para estatales: una medida insuficiente que profundiza la crisis

El gobierno nacional estableció un aumento salarial del 1,5% para enero y 1,2% para febrero para los empleados estatales, medida que fue rechazada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) debido a su insuficiencia para combatir la inflación.

El acuerdo salarial establecido por el gobierno nacional para los empleados estatales ha generado un gran debate en el sector. La ATE rechazó la oferta y criticó la decisión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de aceptarla.

Según Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, «la propuesta gubernamental no solo no mejora la situación salarial de los estatales, sino que la empeora». Aguiar destacó que el aumento salarial ofrecido es «inaceptable» debido a que no se ajusta a la realidad inflacionaria del país.

Es importante destacar que durante el 2024, los aumentos salariales quedaron significativamente por debajo de la inflación, lo que ha generado una pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores de la administración pública.

ATE convocará a un plenario federal para definir nuevas medidas de fuerza en febrero, en respuesta a la insuficiente oferta salarial del gobierno. Además, el sindicato reclama la inclusión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas en el ítem salarial de presentismo, que pasó de $30.000 a $50.000.

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