Mientras estaciones de servicio e industrias enfrentan restricciones en distintas regiones del país, San Juan mantiene el suministro de GNC sin interrupciones. El contraste reavivó el debate sobre la infraestructura gasífera, la planificación energética y las inversiones pendientes en transporte y distribución de gas natural.

La ola de frío que atraviesa gran parte de la Argentina volvió a poner bajo presión al sistema energético nacional. Las restricciones en el expendio de GNC, los recortes a industrias y las dificultades registradas en el Área Metropolitana de Buenos Aires reabrieron una discusión recurrente: la capacidad del país para transportar y distribuir el gas que produce.

En ese contexto, San Juan aparece como una excepción. Mientras en numerosas localidades bonaerenses las estaciones de servicio enfrentan interrupciones parciales o totales del suministro, en la provincia la provisión se mantiene estable y sin afectaciones operativas, según confirmaron desde la Cámara de Expendedores de Combustibles.

La diferencia no responde a una menor demanda ni a condiciones climáticas distintas, sino a la configuración del abastecimiento. San Juan recibe gas proveniente de la cuenca neuquina, uno de los principales polos productores del país, una característica que le permite sostener el servicio incluso durante los períodos de mayor consumo residencial.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan (CECA), Miguel Caruso, explicó que no existen inconvenientes en el suministro local y aclaró que los episodios de interrupción registrados en años anteriores estuvieron vinculados a contingencias técnicas y no a problemas de disponibilidad del recurso.

La situación contrasta con lo que ocurre en Buenos Aires, especialmente en La Plata, Berisso y Ensenada, donde numerosas estaciones suspendieron la venta de GNC en cumplimiento de los protocolos que priorizan el abastecimiento domiciliario durante los picos de demanda invernal. La medida también alcanzó a industrias con contratos interrumpibles, generando complicaciones productivas y logísticas.

Detrás de la emergencia reaparecieron cuestionamientos sobre la política energética nacional. Desde la Asociación de Personal Jerárquico del Gas (APJ-Gas) calificaron los cortes como un “clásico lamentable” de cada invierno y atribuyeron las restricciones a la falta de planificación e inversión en infraestructura estratégica.

La entidad sostuvo que el problema central no radica en la disponibilidad del recurso, sino en las limitaciones para transportarlo hacia los centros de consumo. Según su análisis, Argentina produce gas suficiente para abastecer la demanda interna, pero arrastra déficits estructurales en gasoductos, plantas compresoras y redes de distribución que reducen la capacidad de respuesta cuando las temperaturas caen abruptamente.

El gremio también cuestionó la paralización o demora de obras consideradas clave para ampliar el sistema, entre ellas la segunda etapa del Gasoducto Perito Moreno, la reversión completa del Gasoducto Norte y la finalización de instalaciones complementarias destinadas a incrementar la capacidad de transporte.

Mientras tanto, en San Juan el panorama permanece estable. La provincia continúa exhibiendo uno de los mayores niveles de adopción de GNC del país, impulsado por el diferencial de costos frente a los combustibles líquidos y por esquemas de financiamiento que facilitan la conversión vehicular. El ahorro operativo sigue siendo un incentivo determinante para particulares y sectores vinculados al transporte.

El sindicato de la Sanidad selló un acuerdo con las cámaras empresarias de clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y hospitales de comunidad. El entendimiento contempla incrementos acumulativos del 7,4% entre junio y agosto, bonos mensuales de hasta $90.000 y una reestructuración de las escalas salariales que impactará sobre los básicos.

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) alcanzó un acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector asistencial privado y puso fin a una negociación que se había extendido durante varias semanas en medio de fuertes diferencias entre las partes.

El convenio abarca a los trabajadores comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 122/75, que incluye clínicas, sanatorios, geriátricos y establecimientos neuropsiquiátricos; 108/75, correspondiente a institutos médicos, odontológicos, laboratorios y centros de diagnóstico sin internación; y 103/75, que regula la actividad en hospitales de comunidad.

La actualización salarial se aplicará en tres etapas acumulativas. El acuerdo establece un incremento del 3,7% para junio, un 2% en julio y un 1,6% en agosto, lo que representa una recomposición acumulada cercana al 7,4% para el trimestre.

A esa mejora se sumarán asignaciones no remunerativas de carácter extraordinario. Los trabajadores percibirán un bono de $90.000 durante junio, otro de igual monto en julio y una suma de $80.000 en agosto.

Uno de los puntos centrales de la negociación fue la modificación de la estructura salarial prevista para agosto. El entendimiento contempla la incorporación de $12.000 al salario básico de la categoría inicial de cada convenio, monto que se trasladará proporcionalmente al resto de las categorías. Simultaneamente, se absorberán $10.000 de las sumas no remunerativas vigentes, en un proceso orientado a fortalecer los haberes permanentes.

Las nuevas escalas ubicarán a los profesionales universitarios entre los salarios más altos de la actividad. En el convenio correspondiente a clínicas, sanatorios, geriátricos y neuropsiquiátricos, bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas y kinesiólogos percibirán en agosto remuneraciones cercanas a $1,5 millones.

Una situación similar se registrará en el convenio que agrupa a centros de diagnóstico, laboratorios e institutos médicos sin internación, donde las categorías profesionales alcanzarán ingresos del mismo orden, mientras que los trabajadores de Primera Categoría rondarán los $1,4 millones.

La firma del acuerdo llegó después de una negociación particularmente compleja. Desde ATSA habían rechazado las primeras propuestas empresarias por considerarlas insuficientes frente al deterioro del poder adquisitivo y advirtieron que no aceptarían mecanismos que consolidaran salarios por debajo de la evolución de los precios.

Las cámaras empresarias, por su parte, atribuyeron las dificultades para mejorar la oferta a la situación financiera que atraviesan numerosos prestadores privados. Argumentaron que clínicas, sanatorios y centros médicos enfrentan atrasos en las actualizaciones que reciben de obras sociales, prepagas y otros financiadores del sistema, lo que afecta sus márgenes operativos.

El Gobierno de San Juan prepara una de las modificaciones más relevantes de los últimos años en materia habitacional. El proyecto de reforma del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que será remitido en los próximos días a la Cámara de Diputados, incorpora nuevos criterios para acceder a viviendas sociales y créditos habitacionales, entre ellos la exigencia de no registrar antecedentes penales.

La iniciativa forma parte de una revisión más amplia del sistema de adjudicación y administración habitacional. Según adelantaron desde el Ejecutivo, el objetivo es actualizar una normativa que quedó rezagada frente a las nuevas demandas sociales y fortalecer los mecanismos de selección de beneficiarios.

Uno de los aspectos centrales del proyecto apunta a incorporar parámetros vinculados a la conducta de los postulantes. La evaluación pondrá especial atención en antecedentes relacionados con delitos contra la integridad sexual y hechos de violencia de género. Desde la administración provincial sostienen que la medida busca responder a reclamos vecinales y reforzar condiciones de convivencia dentro de los complejos habitacionales.

Sin embargo, el alcance de la reforma trasciende la discusión sobre los requisitos de acceso. El Gobierno pretende aprovechar la modificación legislativa para atacar uno de los problemas estructurales más persistentes del sistema habitacional sanjuanino: la falta de escrituración de miles de viviendas adjudicadas durante las últimas décadas.

Al asumir la actual gestión, el stock de inmuebles sin título de propiedad rondaba las 12.000 unidades. Si bien en los últimos meses se avanzó en más de 2.000 regularizaciones, todavía permanecen pendientes cerca de 10.000 casos. La situación afecta tanto a barrios construidos por el IPV como a emprendimientos desarrollados por cooperativas, sindicatos, fundaciones y otras entidades que, con el paso del tiempo, dejaron inconclusos los trámites administrativos necesarios para completar la transferencia de dominio.

El problema también alcanza a urbanizaciones impulsadas por municipios y organizaciones creadas bajo marcos regulatorios muy distintos a los actuales, con deficiencias documentales que hoy dificultan la registración formal de los inmuebles y la obtención de escrituras.

En este sentido, la reforma busca combinar dos objetivos políticos y administrativos: endurecer los criterios de acceso a los beneficios habitacionales y avanzar en la regularización de un universo significativo de familias que, pese a ocupar sus viviendas desde hace años, todavía no cuentan con plena seguridad jurídica sobre la propiedad.