Milei avanza con una profunda reforma del mercado laboral
La reforma laboral será reglamentada en breve, tras intensas negociaciones entre el Gobierno, empresarios y algunos sindicatos. El texto incluirá detalles sobre el fondo de cese en lugar de la indemnización, la extensión del período de prueba, el Monotributo previsional para empresas con hasta 12 empleados y la restricción del derecho a huelga en caso de bloqueos a plantas.
Los 11 puntos clave de la reglamentación de la reforma laboral de la Ley Bases son los siguientes:
Para los Empleados
1. Período de prueba: se amplía de 3 a 6 meses. Las convenciones colectivas podrán extender este período hasta 8 meses para empresas de 6 a 100 trabajadores, y hasta 1 año para pymes con hasta 5 empleados.
2. Trabajador independiente con colaboradores: se permitirá a los trabajadores independientes contratar hasta 3 colaboradores para proyectos productivos sin establecer una relación de dependencia.
3. Contratos de obra y servicios: los contratos de obra y servicios de profesionales quedarán excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo. No se aplicará la presunción de relación de dependencia si se emiten recibos o facturas correspondientes y se paga a través de sistemas bancarios específicos.
4. Plataforma de denuncias: se creará una nueva plataforma online para denunciar irregularidades en la registración laboral.
Para las Empresas
5. Registración laboral y tercerización: la Ley Bases valida la registración del trabajador por cualquier persona o entidad involucrada. Los trabajadores serán considerados empleados directos de quienes registren la relación laboral.
6. Derechos de los trabajadores contratados por intermediarios: los trabajadores de contratistas o intermediarios podrán solicitar a la empresa principal que retenga los importes adeudados por remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos laborales, así como los aportes a la seguridad social, sin previo aviso.
7. Monotributo previsional para pequeñas empresas: se establecerá un sistema simplificado para empresas con menos de 12 empleados, con un pago único que cubrirá todas las obligaciones laborales y de seguridad social.
8. Eliminación de multas: se eliminarán las multas por falta de registro, registro deficiente, falta de pago de indemnizaciones por despido sin causa, falta de entrega de certificados de servicios y omisión en el ingreso de aportes retenidos.
Sobre la huelga y las indemnizaciones
9. Despido con justa causa: se permitirá despedir con justa causa a quienes cometan “injurias graves”, como “intimidar a quienes no se adhieran a una huelga, obstruir el acceso a la empresa o causar daños a la propiedad”.
10. Fondo de cese: mediante convenio colectivo, se podrá sustituir la indemnización por un fondo de cese laboral. Los empleadores podrán optar por un sistema privado para el pago de indemnizaciones o pactar un monto por acuerdo mutuo. La reglamentación podría definir la posibilidad de autoaseguro por empresa.
11. Despido discriminatorio: en casos de despido discriminatorio por motivos como raza, religión, opinión política, sexo, orientación sexual, características físicas o discapacidad, la indemnización adicional oscilará entre el 50% y el 100% de la establecida por la Ley de Contrato de Trabajo, sin posibilidad de reinstalación.
12. Blanqueo laboral: se contempla la condonación de capital, intereses y multas por falta de aportes y contribuciones, con un porcentaje mínimo que aún debe definirse.
Aspectos pendientes de reglamentación
– Fondo de cese laboral: la reglamentación debe establecer los parámetros para su funcionamiento. Aunque la adhesión al fondo es voluntaria, persisten dudas sobre su viabilidad, especialmente para industrias con baja rotación o conflicto laboral. Los gremios tendrán la posibilidad de negociar la sustitución de la indemnización por antigüedad o un acuerdo de fondo de cese.
– Trabajadores independientes con colaboradores: se espera que la reglamentación aclare el ámbito de aplicación de este régimen para evitar la relación de dependencia entre el trabajador independiente y sus colaboradores.
– Recibo de sueldo y monotributo previsional: la ley establecerá un sistema simplificado para la confección de recibos de sueldo y un nuevo Monotributo previsional para pequeñas empresas, con un pago único para todas las obligaciones laborales y de seguridad social.
El Gobierno responderá pronto a estos interrogantes con la reglamentación de la reforma laboral, abordando el fondo de cese, el período de prueba, el Monotributo previsional y las restricciones al derecho de huelga, entre otros temas.
Departamentales
Más aulas y tecnología para los estudiantes de Difunta Correa
La Escuela República del Paraguay incorporó un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de mejoras integrales en sus instalaciones. Durante la recorrida, el gobernador Marcelo Orrego también supervisó la construcción de un nuevo centro de salud y una dependencia de la Policía Rural.
Esta obra incluyó la construcción de un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de la renovación de aulas y galerías y trabajos sobre cubiertas, instalaciones eléctricas y sanitarias, carpinterías, pisos, espacios exteriores y cierre perimetral.
La jornada también tuvo un componente tecnológico. Estudiantes de la institución recibieron computadoras destinadas a acompañar sus aprendizajes y ampliar el acceso a herramientas digitales. Orrego señaló que la incorporación de tecnología forma parte de una política que busca reducir las brechas educativas y anticipó que la provincia prevé avanzar con la entrega de 50.000 equipos para alumnos de escuelas secundarias.
“Hoy tener una computadora significa acceder al conocimiento, a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial”, sostuvo el gobernador, quien vinculó esa incorporación con la igualdad de oportunidades. También destacó los programas provinciales de alfabetización y Comprendo y Aprendo como parte de las políticas educativas que lleva adelante su administración.
La visita a Vallecito incluyó además una recorrida por otras obras públicas destinadas a ampliar la prestación de servicios para los habitantes del paraje. Entre ellas se encuentra el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Vallecito, que registra un avance del 25%.
El futuro establecimiento contará con consultorios, áreas de odontología y ginecología, enfermería, farmacia, guardia, dependencias administrativas y espacios para el personal. Su incorporación permitirá ampliar la atención sanitaria sin que los vecinos deban trasladarse fuera de la localidad para acceder a prestaciones básicas.
Otro de los proyectos supervisados fue la Unidad Operativa Rural N.º 1 Vallecito, también con un avance del 25%. La dependencia dispondrá de oficinas, guardia, dormitorios, cocina-comedor, sanitarios, estacionamiento y corrales, con el objetivo de reforzar la presencia y capacidad operativa de la Policía Rural.
De esta manera, los proyectos de educación, salud y seguridad forman parte de un plan integral para Vallecito y el paraje Difunta Correa, equilibrando las necesidades de la comunidad local con el constante flujo de turistas y peregrinos.
Destacadas
El Gobierno acelera su mapa de privatizaciones y apunta a cinco empresas públicas
La administración de Javier Milei busca concretar antes del primer semestre de 2027 nuevos procesos de privatización o concesión sobre al menos cinco compañías estatales. AySA encabeza el cronograma, seguida por Belgrano Cargas, Intercargo, ENARSA y la central termoeléctrica Vuelta de Obligado.
AySA aparece como la operación más inmediata. La apertura de ofertas por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos está prevista para el 15 de septiembre. El proceso no contempla un precio base, aunque existe una valuación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que funcionará como referencia para las propuestas.
Entre los empresarios mencionados como potenciales interesados figura Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y vinculado a Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. La definición quedará supeditada al proceso licitatorio y a las condiciones establecidas por el Gobierno.
El sistema ferroviario de cargas constituye otra de las apuestas centrales. El Gobierno ya lanzó la licitación para concesionar las vías y los inmuebles asociados a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
La concesión tendrá un plazo de 50 años y requeriría inversiones estimadas en alrededor de US$1.000 millones. Las empresas adjudicatarias podrán acceder además a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El pliego incorpora una condición particular: quedan excluidas las compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Los interesados podrán formular consultas hasta el 28 de octubre y deberán presentar sus ofertas antes del 11 de noviembre a las 9.59.
El Ejecutivo también trabaja sobre Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra y operaciones de rampa en los aeropuertos. Después de un primer proceso sin resultado definitivo, las autoridades preparan un nuevo llamado antes de fin de año, aunque todavía resta definir la modalidad.
La agenda continúa con ENARSA, compañía dedicada a la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y a la generación eléctrica. La administración nacional también analiza avanzar sobre los gasoductos que permanecen bajo su órbita.
A estas operaciones se suma la central termoeléctrica Vuelta de Obligado, cuyo proceso está previsto para el primer trimestre de 2027.
La secuencia revela una política sostenida de transferencia de activos y concesiones estatales al capital privado. Con AySA como primera prueba relevante, el Gobierno busca avanzar durante los próximos meses sobre infraestructura sanitaria, transporte ferroviario, servicios aeroportuarios y energía, con el objetivo de reducir la participación directa del Estado en esas áreas.
Destacadas
El Gobierno validó el acuerdo entre la UOM y las empresas siderúrgicas
El Gobierno nacional homologó el acuerdo de la Rama 21 siderúrgica firmado por la UOM y las empresas el 13 de agosto. El entendimiento contempla una mejora del 12%, sumas extraordinarias de hasta $1,6 millones y la incorporación de los porcentajes al salario básico desde enero de 2027.
La Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero, homologó el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas siderúrgicas correspondientes a la Rama 21 del Convenio Colectivo 260/75.
El entendimiento había sido alcanzado el 13 de agosto, por lo que la aprobación administrativa llegó apenas 13 días después. La rapidez del trámite contrasta con una negociación que permaneció abierta durante aproximadamente dos años sin alcanzar un acuerdo definitivo.
El convenio establece un incremento total del 12%, instrumentado mediante sumas no remunerativas. El primer 6% se aplicará durante agosto, septiembre y octubre, mientras que el segundo 6%, no acumulativo, regirá durante noviembre y diciembre.
Los porcentajes acordados pasarán a integrar los salarios básicos de convenio desde el 1° de enero de 2027, conforme a las condiciones fijadas en el entendimiento.
Bono extraordinario
La negociación también contempla una compensación extraordinaria para los trabajadores. Los empleados propios de las compañías siderúrgicas recibirán una suma de $1.600.000, mientras que para quienes pertenecen a empresas contratistas se estableció un monto equivalente al 80%, de $1.280.000.
El pacto fue alcanzado por la comisión paritaria de la UOM designada por el interventor judicial del sindicato, Alberto Biglieri, junto con representantes de las compañías del rubro.
El cierre de una negociación extensa
La resolución puso fin a una prolongada disputa salarial que había atravesado distintas instancias de negociación. El proceso se reactivó con la conformación de una mesa de delegados paritarios, en medio de la intervención judicial del gremio y el desplazamiento de Abel Furlán.
La decisión de la autoridad laboral formaliza así un acuerdo largamente esperado por los trabajadores siderúrgicos y establece el esquema de ingresos que regirá hasta comienzos de 2027.
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