El helicóptero Bell 412, contratado por la Agencia Federal de Emergencias para un entrenamiento destinado al combate de incendios forestales, cayó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto. Entre las víctimas se encuentran autoridades de Bomberos, Protección Civil, la Policía de San Juan, brigadistas nacionales y el piloto de la aeronave.

San Juan atraviesa una de las mayores tragedias institucionales de los últimos años tras el accidente de un helicóptero Bell 412 que provocó la muerte de sus siete ocupantes durante una capacitación vinculada a la lucha contra incendios forestales. El siniestro ocurrió este miércoles en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto y fue confirmado oficialmente por el Gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad Nacional.

La aeronave había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para desarrollar un entrenamiento con personal especializado. Finalizada esa instancia, estaba previsto que se trasladara a La Rioja para incorporarse al operativo destinado a combatir un incendio forestal activo en esa provincia.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el último contacto con el helicóptero se registró a las 10.26. Minutos después, otra aeronave que sobrevolaba la zona detectó el lugar donde se había producido el impacto y notificó de inmediato a las autoridades. A partir de ese momento se desplegó un operativo integrado por equipos de rescate, personal de emergencia y organismos provinciales para acceder al sitio y realizar las primeras tareas de relevamiento.

Las víctimas fueron identificadas como Rubén Castro, comisario general y jefe de Bomberos de San Juan; Jorge Carbajal, comisario inspector y segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, comisario general y subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero; Andrés Bosch, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias; y Rodrigo Aimeta, también integrante de ese organismo nacional.

La magnitud de la tragedia generó una profunda conmoción en la provincia debido a que entre los fallecidos se encontraban algunos de los principales responsables del sistema provincial de respuesta ante emergencias, junto con brigadistas especializados que participaban del entrenamiento.

En un comunicado oficial, el Gobierno de San Juan expresó su «profundo dolor» por lo sucedido y transmitió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas. El Ejecutivo provincial destacó el compromiso y la vocación de servicio de quienes perdieron la vida mientras participaban de una actividad destinada a fortalecer la respuesta frente a incendios forestales.

Por su parte, la Agencia Federal de Emergencias informó que continuará trabajando junto a los organismos competentes para determinar las causas del accidente. La investigación buscará establecer las circunstancias que provocaron la caída del helicóptero, mientras las autoridades adelantaron que la información oficial será difundida únicamente a medida que los peritajes permitan confirmar nuevos datos.

La pérdida de altos mandos de Bomberos, Protección Civil y la Policía de San Juan, junto con dos brigadistas nacionales y el piloto de la aeronave, representa un duro golpe para el sistema de emergencias de la provincia y para los organismos encargados de la prevención y el combate de incendios forestales en la región.

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, brindó este miércoles un informe oficial sobre el accidente del helicóptero ocurrido en Valle Fértil, que provocó la muerte de siete personas durante una capacitación organizada por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y la Agencia Federal de Emergencias. El funcionario expresó las condolencias del Gobierno provincial, encabezado por Marcelo Orrego, y aseguró que desde el primer momento se dispuso un dispositivo de acompañamiento para los familiares de las víctimas.

Durante la conferencia de prensa, Delgado confirmó que no hubo sobrevivientes y detalló que entre los fallecidos se encuentran cuatro referentes de los organismos de respuesta ante emergencias de San Juan: Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, subjefe de la Policía; Rubén Castro, jefe de Bomberos; y Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. También perdieron la vida los brigadistas nacionales Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, junto con el piloto Matías Valenzuela.

El funcionario señaló que los equipos de asistencia psicológica de la Secretaría de Seguridad ya trabajan con los familiares y afirmó que el Gobierno provincial brindará todo el apoyo necesario para la organización de los servicios fúnebres. «La familia está contenida desde el momento en que tomamos conocimiento del accidente», sostuvo, antes de quebrarse visiblemente al recordar a las víctimas.

Respecto de la investigación, explicó que el expediente quedó bajo la jurisdicción de la Justicia Federal de San Juan, con intervención del fiscal Francisco Maldonado. Paralelamente, se dispuso una custodia permanente en el sitio del siniestro para preservar la escena hasta la llegada de la Junta de Investigación de Accidentes, organismo que tendrá a su cargo las pericias destinadas a establecer las causas técnicas de la caída.

Delgado indicó que, hasta el momento, el único dato confirmado es que el helicóptero perdió contacto poco después de las 10 de la mañana. Agregó que, de acuerdo con la información preliminar disponible, las condiciones meteorológicas eran favorables para el vuelo, por lo que cualquier hipótesis sobre el origen del accidente deberá surgir de las pericias oficiales.

Asimismo, precisó que la aeronave era un helicóptero Bell 412 de reciente incorporación, perteneciente a una empresa privada contratada por el Estado nacional. Según explicó, el aparato ya había participado en ejercicios de entrenamiento realizados previamente en el Aeroclub de Pocito.

El secretario remarcó que la Provincia trabaja de manera coordinada con la Policía de San Juan, Criminalística, el Ministerio Público Fiscal Federal y la Justicia provincial para aportar todos los recursos necesarios durante la investigación. En ese sentido, enfatizó que el objetivo es garantizar que las actuaciones se desarrollen con el máximo rigor técnico y judicial.

Otro de los puntos centrales de la conferencia fue el complejo operativo previsto para recuperar los cuerpos. Delgado explicó que las condiciones geográficas del lugar obligan a los equipos de rescate a avanzar en vehículos hasta un determinado punto y luego recorrer a pie cerca de tres horas para llegar al sitio donde quedaron los restos de la aeronave. Por razones de seguridad, las tareas comenzarán con las primeras horas de luz de este jueves.

Finalmente, informó que el traslado de los cuerpos a la ciudad de San Juan se concretará una vez concluido el operativo de recuperación y finalizadas las actuaciones judiciales. En cuanto a los homenajes, señaló que el gobernador Marcelo Orrego autorizó la realización de una despedida conjunta para los cuatro funcionarios provinciales fallecidos, aunque aclaró que la decisión final dependerá de la voluntad de sus respectivas familias.

El accidente representa una de las mayores pérdidas para el sistema provincial de respuesta ante emergencias en las últimas décadas y abre una investigación de alcance federal que buscará determinar con precisión qué provocó la caída de la aeronave durante una misión de capacitación oficial.

La empresa atribuyó la decisión a la fuerte retracción del consumo masivo y a la pérdida de rentabilidad de la planta de Albardón. Los trabajadores iniciaron protestas, denunciaron que las indemnizaciones ofrecidas no respetan la legislación vigente y el conflicto continuará en el ámbito administrativo.

La crisis que atraviesa el consumo masivo volvió a impactar sobre la industria alimenticia. Tía Maruca confirmó el cierre definitivo de su planta ubicada en Albardón, al considerar que la continuidad de las operaciones dejó de ser económicamente viable. La determinación implica el cese de la producción en uno de los establecimientos más importantes de la compañía y deja abierto un conflicto con los trabajadores por las condiciones de desvinculación.

La firma comenzó a enviar los telegramas de despido al personal afectado, mientras operarios realizaron manifestaciones frente a la fábrica en rechazo a la medida. El principal foco del reclamo apunta a las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, que, según denunciaron los representantes de los empleados, no se ajustan a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

La planta había sido incorporada al esquema industrial de Tía Maruca en 2017, cuando la empresa adquirió las instalaciones que pertenecían a Dilexis. Aquella inversión permitió ampliar significativamente la capacidad de producción y acompañó una etapa de expansión comercial de la marca, que consolidó su presencia en supermercados y comercios de todo el país, además de desarrollar exportaciones hacia mercados regionales.

Sin embargo, el deterioro del mercado interno alteró ese panorama. La empresa informó que durante los primeros meses de 2026 la fábrica funcionó con apenas el 52% de su capacidad instalada, un nivel que elevó los costos unitarios de producción y volvió inviable sostener la operación. A esa realidad se sumaron el incremento de los costos fijos y una competencia cada vez más intensa con segundas marcas, panaderías y fabricantes de menor escala.

El cierre pone fin a casi dos décadas de producción industrial en ese predio, convertido durante años en uno de los principales empleadores privados de Albardón. Además de los puestos de trabajo directos, la decisión repercute sobre una extensa red de proveedores de materias primas, empresas de transporte, servicios de mantenimiento y comercios que dependían, en distinta medida, del movimiento económico generado por la planta.

La negociación entre la empresa y los trabajadores continuará en las instancias administrativas correspondientes. Mientras tanto, el conflicto mantiene en vilo a las familias afectadas y suma un nuevo capítulo a la serie de dificultades que enfrenta la industria manufacturera, golpeada por la retracción del consumo y la caída de la utilización de la capacidad instalada.

El cierre de Tía Maruca constituye uno de los golpes industriales más significativos registrados este año en San Juan y vuelve a poner en el centro del debate la pérdida de empleo privado y las dificultades que atraviesan numerosas empresas vinculadas al mercado interno. La resolución del conflicto indemnizatorio y el futuro de los trabajadores serán ahora los principales desafíos de una crisis que excede a una sola compañía y refleja el delicado momento que atraviesa la producción nacional.