En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Eduardo Cabello, referente de la CGT Regional San Juan, cuestionó duramente el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que definió como un proceso de precarización profunda. Confirmó una movilización federal para el 11 de febrero y advirtió sobre el avance del poder económico sobre los derechos de los trabajadores.

Según explicó Cabello, la decisión fue tomada tras un plenario reciente y forma parte de una estrategia nacional coordinada. “Si se convoca a la sesión para tratar la reforma, la CGT va a movilizar al Congreso. Y en las provincias, donde no se viaje a Buenos Aires, la manifestación se hará en las calles”, señaló. En el caso de San Juan, adelantó que durante este lunes se realizará una nueva reunión para terminar de definir la modalidad de la protesta prevista para el miércoles.

Para el dirigente sindical, el proyecto oficial dista de ser una modernización del sistema laboral. “Más que una reforma, es una precarización que nos devuelve al pasado”, sostuvo, y advirtió que la iniciativa apunta a eliminar derechos conquistados con décadas de lucha. Entre los aspectos más preocupantes, mencionó la afectación de los convenios colectivos, la flexibilización de las jornadas, la facilitación de despidos y el impulso de negociaciones individuales que debilitan la protección del trabajador.

El referente de la CGT en San Juan remarcó que los derechos laborales surgieron como respuesta a contextos de extrema desigualdad y que hoy se intenta borrarlos “de un plumazo”.

En ese marco, señaló que la CGT mantendrá conversaciones políticas, pero que también deposita expectativas en el Poder Judicial. “La Constitución Nacional ya nos ha dado la razón en otras oportunidades y esperamos que vuelva a ser un freno”, afirmó, aunque alertó sobre la posibilidad de que la reforma sea vaciada de contenido mediante decretos reglamentarios aún desconocidos.

La incertidumbre, advirtió, es uno de los ejes centrales del momento actual. “No se sabe cómo se va a reglamentar la ley ni qué modificaciones se intentarán hacer sobre artículos clave. Con lo poco que se conoce, ya es evidente que es muy perjudicial para el trabajador”, sostuvo. En ese orden, reconoció que el escenario es complejo no sólo en lo sindical, sino también en lo político y social.

Durante la entrevista, Cabello también se refirió al respaldo de especialistas en derecho laboral. Destacó una reciente reunión con abogados laboralistas de la Federación Judicial Argentina, quienes coincidieron en calificar la reforma como un retroceso al siglo XIX, al desandar principios básicos del derecho del trabajo moderno.

Consultado sobre los intereses detrás del proyecto, el dirigente no dudó en señalar al poder económico. “Negarlo sería mentirse. Esto responde a sectores que buscan maximizar ganancias a costa de los derechos de la gente”, afirmó. En esa línea, advirtió sobre una estrategia comunicacional que, según explicó, lleva a parte de la sociedad a creer que la eliminación de aportes sindicales o regulaciones laborales beneficiará su bolsillo.

“Hay quienes piensan que van a ganar más porque no les descuenten la cuota sindical, pero después les van a pagar cuatro o cinco meses y les van a sacar todo. Y lo peor es que no van a tener a quién recurrir”, explicó. Para Cabello, el objetivo central es debilitar primero a las organizaciones sindicales para luego dejar al trabajador “desprotegido, a la buena de Dios”.

El representante cegetista  alertó también sobre la fragmentación del sistema gremial y la idea de promover sindicatos individuales, lo que —según advirtió— obligaría a los trabajadores a litigar incluso fuera del país. “Es un esquema que ya se vio en otros lugares y siempre termina perjudicando al que trabaja”, señaló.

Con una movilización que se prevé multitudinaria y de alcance nacional, la CGT busca exhibir su capacidad de convocatoria y frenar una reforma que considera regresiva. Para Eduardo Cabello, la disputa excede una ley puntual y pone en juego el modelo de relaciones laborales en la Argentina. “La calle siempre fue el lugar donde se conquistaron derechos”, concluyó. El 11 de febrero, el sindicalismo volverá a apostar a ese escenario para defenderlos.

Casi sin debate ni discusión mediática, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno introduce una reducción en los aportes patronales destinados a las obras sociales. Especialistas y gremios advierten que la medida provocará un fuerte desfinanciamiento del sistema y trasladará costos directamente a los trabajadores.

Mientras el foco del debate público se concentra en los cambios sobre indemnizaciones, convenios colectivos y condiciones de contratación, el proyecto de reforma laboral incorpora un impacto profundo y estructural sobre el sistema nacional del seguro de salud, uno de los pilares del modelo solidario argentino. La iniciativa prevé una reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales, una modificación de gran deterioro que avanza, hasta ahora, con escasa discusión pública.

En términos concretos, la reforma reduce el aporte empresario del 6% al 5%, lo que implica que el financiamiento total del sistema de salud pase del 9% al 8%. Según advierten especialistas y dirigentes gremiales, esta decisión supone un traslado directo de costos desde los empleadores hacia los trabajadores y afiliados, que deberán afrontar mayores gastos para acceder a estudios, tratamientos y prestaciones médicas.

De acuerdo con estudios de impacto elaborados por el sector, la baja de aportes patronales significaría una pérdida estimada de 994 mil millones de pesos anuales para el sistema de obras sociales. El recorte se produce, además, en un contexto ya crítico: salarios deteriorados por la inflación, caída del poder adquisitivo y un proceso de “descreme” generado por la libre derivación de aportes, que debilitó el rol histórico de las obras sociales sindicales como intermediarias obligatorias.

Desde el sector advierten que el efecto será desigual pero profundo. Las obras sociales más pequeñas —con menor cantidad de afiliados y altos costos fijos— se encuentran entre las más vulnerables y podrían enfrentar una crisis terminal, con serias dificultades para sostener la prestación de servicios básicos. En muchos casos, la viabilidad misma del sistema quedaría comprometida.

Las proyecciones coinciden en que el ajuste terminará impactando de lleno en el bolsillo de los trabajadores. Entre las alternativas que se analizan para compensar la pérdida de ingresos figuran el deterioro en la calidad de los planes de atención, el aumento de cápitas en esquemas desregulados y la generalización de copagos más altos y extendidos. Para quienes combinan obra social con medicina prepaga, la reducción del aporte patronal se traducirá en un mayor gasto mensual para sostener el mismo nivel de cobertura.

Uno de los puntos más sensibles apunta al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), encargado de financiar los reintegros del Sistema Único de Reintegros (SUR), las prestaciones de alto costo y el Mecanismo de Integración para personas con discapacidad. La reducción de recursos limitará su capacidad para compensar asimetrías entre obras sociales, generará demoras en los reintegros y provocará un desfinanciamiento directo de prestaciones críticas.

El FSR resulta clave para garantizar tratamientos vinculados a discapacidad, medicamentos oncológicos, terapias para personas con HIV y otras prestaciones esenciales. Su debilitamiento compromete el principio de solidaridad que sostiene al sistema y profundiza las desigualdades en el acceso a la salud.

Frente al avance del proyecto —que el oficialismo buscaría aprobar en el Senado en los próximos días— las organizaciones sindicales se mantienen en estado de alerta permanente. Desde la CGT reiteraron su disposición al diálogo, pero advirtieron que no descartan medidas de fuerza, incluido un paro nacional, si se mantiene la redacción actual.

Los gremios sostienen que la reducción de aportes patronales no sólo pone en riesgo la sustentabilidad del sistema solidario de salud, sino que constituye un nuevo retroceso en derechos, con un impacto directo y cotidiano en la vida de trabajadores y jubilados. En silencio y sin debate amplio, la reforma laboral avanza sobre uno de los núcleos más sensibles del entramado social argentino.

Con una masiva movilización en Córdoba, el Frente de Sindicatos Unidos dio el puntapié inicial a un plan de lucha contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Así lo afirmó Martín Solazzo, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Juan, quien advirtió sobre un retroceso histórico en derechos laborales y un impacto social de alcance estructural.

El conflicto en torno a la reforma laboral ingresó en una nueva etapa. La movilización realizada en la ciudad de Córdoba, frente a la Casa de Gobierno provincial, marcó el inicio formal de un plan de lucha que promete extenderse tanto en el tiempo como en el territorio.

La protesta, convocada por el Frente de Sindicatos Unidos y acompañada por numerosas organizaciones gremiales, tuvo una fuerte impronta política y sindical.
“Fue una convocatoria masiva, donde se sintió con claridad la presencia del movimiento obrero”, señaló Solazzo, quien participó de la jornada junto a delegaciones de distintos gremios. Según explicó, no fue casual que el plan de lucha comenzara en Córdoba, una provincia con una extensa tradición de defensa de los derechos laborales y, al mismo tiempo, con un gobierno alineado con la agenda del Ejecutivo nacional.

Durante la movilización se registraron restricciones en el recorrido de la marcha y cortes de accesos por parte de la policía provincial, lo que impidió que la columna llegara hasta la puerta de la Casa de Gobierno. No obstante, el dirigente remarcó que el objetivo central fue alcanzado. “Más allá de los obstáculos, el mensaje fue claro y contundente”, afirmó.

El eje del conflicto es el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que el sindicalismo define como una iniciativa de precarización más que de modernización. “No es una ley contra los gremios, es una ley contra los derechos de los trabajadores”, sostuvo Solazzo, al advertir que las modificaciones previstas afectan aspectos centrales como la jornada laboral, la estabilidad en el empleo, las vacaciones y las indemnizaciones.

Desde la mirada sindical, la reforma implica un retroceso profundo. “Venimos luchando desde hace años por un país industrial, con empleo registrado y salarios dignos. Todo eso se ve seriamente amenazado por este proyecto”, explicó el representante de los metalúrgicos, al tiempo que alertó sobre el impacto que tendría la norma en el empleo formal y en la calidad de vida de los trabajadores.

Para Solazzo, la iniciativa del proyecto de reforma laboral responde a intereses del poder económico concentrado y fue elaborada en ámbitos alejados de la realidad laboral. En esa línea, recordó que abogados laboralistas y especialistas del derecho del trabajo coincidieron en calificar la reforma como un retroceso al siglo XIX, en abierta contradicción con la Constitución Nacional, que establece que toda norma debe ser favorable al trabajador.

Lejos de tratarse de una protesta aislada, el plan de lucha continúa con nuevas acciones. Tras la movilización en Córdoba, este martes 10 de febrero habrá una nueva concentración en Rosario, provincia de Santa Fe. A nivel nacional, la CGT resolvió movilizar al Congreso el miércoles 11 de febrero, sin paro, en rechazo al tratamiento legislativo del proyecto.

En simultaneo, los gremios comenzaron a profundizar el debate hacia el interior de la base trabajadora. En ese marco, la Unión Obrera Metalúrgica de San Juan, convocó a un encuentro abierto para analizar en detalle el contenido de la reforma laboral. La actividad se realizará este sábado 7 de febrero, a partir de las 19 horas, en la sede provincial del sindicato, con ingreso por calle Rivadavia, entre Santiago del Estero y Salta.

“El objetivo es explicar claramente qué se puede perder con esta reforma y despejar dudas”, explicó Solazzo. El encuentro contará con la participación de dirigentes sindicales y asesoramiento legal, y estará abierto no sólo a afiliados metalúrgicos, sino también a trabajadores de otros sectores, estudiantes y público en general. Según advirtió, existe un alto nivel de desinformación que lleva a muchos trabajadores a creer que se trata de una ley antisindical, cuando en realidad afecta de manera directa a toda la clase trabajadora.

La disputa por la reforma laboral expone una discusión de fondo sobre el modelo de país y el lugar del trabajo en la organización social. Para el movimiento obrero, y en particular para la UOM, no se trata únicamente de frenar una ley, sino de defender un entramado de derechos que sostiene el empleo, la producción y la cohesión social.

La movilización en Córdoba fue apenas el primer capítulo de un proceso que promete escalar en intensidad. Con nuevas marchas, debates abiertos y la posibilidad de judicializar la norma si avanza en el Congreso, los sindicatos apuestan a la presión política y social como principal herramienta. En un momento de ajuste y pérdida del poder adquisitivo, la reforma laboral deja de ser un debate técnico para convertirse en una definición política de alto impacto.