Los gremios docentes iniciaron una nueva semana de paro y movilizaciones para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se extenderá hasta el sábado y combina huelgas, carpas y marchas en distintas universidades del país.

Los docentes de las universidades nacionales volvieron esta semana a las medidas de fuerza para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025 y todavía pendiente de implementación, según denuncian las organizaciones gremiales.

La nueva protesta comenzó ayer martes 18 de agosto y se extenderá, en principio, hasta el sábado 22, luego del paro nacional realizado el pasado 12 de agosto. Los sindicatos aseguran que la adhesión volvió a ser elevada en las distintas casas de estudio y anticiparon la continuidad de las acciones mientras persistan los incumplimientos que atribuyen al Gobierno.

Una de las principales expresiones de la protesta se instaló frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. La Conadu montó allí una carpa que permanecerá hasta el viernes 21 y organizó actividades bajo la consigna “Carpas por la universidad y la soberanía”.

La iniciativa también se replicará en distintos puntos del país, junto con una movilización convocada para este miércoles al mediodía. Las federaciones buscan mantener visible el conflicto y reclamar una recomposición salarial que, según sostienen, continúa pendiente.

El reclamo salarial

Los gremios afirman que los haberes correspondientes a julio, percibidos en agosto, volvieron a evidenciar el incumplimiento de la norma. Reclaman una recomposición del 31,2%, además del pago retroactivo correspondiente al período transcurrido desde la entrada en vigencia de la ley.

A esa demanda se suman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), recursos para capacitación y actualización y la recuperación de la garantía salarial para los trabajadores universitarios.

La Conadu Histórica resolvió el 5 de agosto mantener las medidas de fuerza y planteó incluso la posibilidad de avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado hasta obtener el cumplimiento integral de la legislación.

Desde Feduba, su secretario general, Pablo Perazzi, sostuvo que el conflicto difícilmente pueda resolverse mediante una negociación salarial aislada. “No habrá solución para las universidades en la negociación sectorial con este gobierno”, afirmó, y planteó que será necesario modificar el rumbo económico y construir una alternativa política.

Una disputa que excede los salarios

Las organizaciones universitarias sostienen que la discusión abarca tanto los ingresos de docentes y no docentes como el financiamiento general de las instituciones públicas.
El conflicto se mantiene abierto pese a que la Corte Suprema de Justicia intervino en la disputa por la aplicación de la ley, un antecedente que los gremios utilizan para reforzar su reclamo ante el Poder Ejecutivo.

Con paros, movilizaciones y carpas instaladas en universidades de distintas provincias, la comunidad académica busca sostener la presión sobre el Gobierno. La continuidad de las medidas dependerá ahora de la respuesta oficial y de la posibilidad de alcanzar una salida que permita recomponer los salarios y garantizar los recursos previstos por la legislación vigente.

La CGT, las dos CTA y la UTEP se movilizarán este jueves al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al crecimiento de las deudas familiares. Denuncian que millones de hogares recurren al crédito para cubrir gastos esenciales y anticipan nuevas marchas. La concentración comenzará a las 14 en Paseo Colón e Independencia.

La protesta fue anunciada este miércoles en la sede de la CGT y tendrá como principal reclamo la necesidad de que el Gobierno adopte medidas frente a un fenómeno que las organizaciones vinculan directamente con la pérdida del poder adquisitivo.

Según datos recientes del Banco Central, 5,8 millones de personas registraron créditos impagos o atrasos graves durante el último año. A su vez, un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito en ese período y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas.

Las centrales sostienen que una parte importante de esos préstamos no se destina a consumos extraordinarios, sino a cubrir alquiler, alimentos, electricidad y gas. Para la secretaria adjunta de la UTEP, Norma Morales, se trata de una deuda que excede las decisiones individuales: “La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva”.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, vinculó el endeudamiento con el deterioro de los ingresos y denunció la destrucción de unos 340.000 empleos formales y el cierre de cerca de 30.000 empresas, según sus estimaciones.

Desde la CGT, Cristian Jerónimo cuestionó la postura del Gobierno, que considera el endeudamiento una cuestión entre particulares. “Cuando la deuda es para poder comer es un problema social, un problema de economía y un problema de gobierno”, afirmó.

La movilización se inscribe en una sucesión de protestas sindicales y sociales que incluyó la marcha de San Cayetano y el acompañamiento a los reclamos de jubilados frente al Congreso. Jerónimo anticipó que la jornada del jueves no será el cierre de las medidas y advirtió que el movimiento obrero continuará con su plan de lucha.

El reclamo sindical coincidirá además con una movilización de entidades pyme frente a la Casa Rosada, convocada desde las 9 para reclamar una ley de emergencia productiva. El jueves concentrará así dos reclamos vinculados por un mismo problema: familias con menor capacidad de compra y empresas que enfrentan un mercado interno debilitado.

Roberto Urquía, propietario de Aceitera General Deheza y exsenador nacional, reconoció los avances del Gobierno en materia fiscal e inflacionaria, pero advirtió que esa mejora todavía no se refleja en los ingresos de los trabajadores ni en las ventas. También cuestionó el endeudamiento familiar, las tasas de algunas financieras y la apertura de las importaciones.

El empresario cordobés Roberto Urquía, propietario de Aceitera General Deheza (AGD) y uno de los principales referentes del complejo agroindustrial argentino, lanzó una advertencia sobre el deterioro del consumo y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

En declaraciones radiales, Urquía reconoció que el Gobierno de Javier Milei consiguió avances en materia fiscal y logró reducir la inflación, pero sostuvo que esa mejora macroeconómica todavía no se traduce de manera uniforme en la economía cotidiana.

“A los trabajadores no les alcanza para llegar al 15 de cada mes”, afirmó al describir la situación de los asalariados, y agregó que las empresas también enfrentan dificultades para afrontar el pago de salarios. “Hoy les cuesta mucho a las empresas pagar los sueldos y a la gente no le alcanza”, resumió.

Su diagnóstico expuso una de las principales dificultades que enfrenta el programa económico: la distancia entre la estabilización de algunas variables generales y la capacidad efectiva de los hogares para sostener sus gastos. “La macro hoy no llega a algunos sectores de la micro”, sostuvo.

El consumo como principal preocupación

Urquía trasladó esa mirada a las economías regionales y relató lo que observa en su comunidad de origen, en Córdoba. Según explicó, comerciantes con décadas de trayectoria atraviesan dificultades para mantener sus negocios, acumulan deudas y registran una fuerte caída de las ventas.

Para el empresario, la retracción dejó de estar vinculada exclusivamente con el origen de los productos. La menor demanda responde, a su entender, a una reducción de la capacidad de compra de los hogares que afecta tanto a bienes nacionales como importados.

También marcó diferencias entre las distintas ramas de la economía. Mientras identificó un desempeño favorable en minería, Vaca Muerta y parte del complejo agropecuario, señaló que el comercio y otras actividades vinculadas al mercado interno padecen con mayor intensidad el freno del consumo.

La advertencia adquiere relevancia por la posición de quien la formula: Urquía conduce una de las principales compañías agroindustriales del país y, al mismo tiempo, reconoció aspectos centrales del programa económico oficial. Su diagnóstico, por lo tanto, no parte de un rechazo integral al rumbo fiscal y monetario, sino de la preocupación por la demora en la transmisión de sus beneficios hacia empresas y trabajadores.

Endeudamiento y tasas de hasta 1.300%

Otro de los puntos cuestionados fue el crecimiento del endeudamiento de las familias. Urquía apuntó particularmente contra algunas fintech y financieras no bancarias por las tasas que aplican a los créditos destinados a consumidores.

“Hay fintech o estas financieras que han salido nuevas, que están cobrando hasta el 1.300% de interés anual. Es algo increíble”, afirmó.

El empresario reclamó una intervención del Estado para evitar prácticas que consideró abusivas. “Eso no hay que permitirlo. Ahí tiene que estar la intervención del Gobierno”, sostuvo, al considerar que la regulación debe proteger a quienes recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos.

La advertencia se produce en un momento en que el crédito de corto plazo adquirió mayor importancia para numerosos hogares que afrontan el final del mes con ingresos insuficientes. El endeudamiento, en ese sentido, aparece como una consecuencia directa de la pérdida de capacidad de compra y como una vía para sostener consumos que los salarios ya no consiguen financiar por sí solos.

Críticas a la apertura importadora

Urquía también expresó reparos frente al avance de las importaciones y al tratamiento diferencial que, según su mirada, reciben las inversiones extranjeras respecto de la producción local.

Advirtió que determinados bienes ingresan al país respaldados por subsidios de sus lugares de origen y sostuvo que esa competencia puede afectar el empleo argentino. “Nos están enviando mano de obra de un país extranjero y quitándole trabajo a nuestra gente”, planteó.

El empresario reclamó una política que contemple con mayor atención a las compañías nacionales y a las economías del interior. “Me parece que se le da mucha importancia al capital extranjero. Al que viene de afuera, se le pone la alfombra roja”, cuestionó.

Las declaraciones vuelven a colocar en el centro del debate la dificultad de compatibilizar la apertura comercial con la recuperación del mercado interno. Mientras algunas ramas exportadoras encuentran mejores condiciones, otras dependen de una demanda doméstica que todavía no recuperó el dinamismo necesario para trasladar la estabilización de la inflación a una mejora perceptible en los ingresos y las ventas.

El diagnóstico de Urquía sintetiza así una preocupación que excede al sindicalismo: la estabilidad de las variables macroeconómicas todavía convive con salarios que pierden capacidad de compra, familias más endeudadas y empresas que enfrentan un mercado interno debilitado.