
Las dos CTA, la Corriente Federal, el Frente Sindical y organizaciones sociales emitieron un documento conjunto
La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de Trabajadores que encabeza Sergio Palazzo, el Frente Sindical para el Modelo Nacional que contiene a Pablo Moyano, la UTEP y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos elaboraron y firmaron un documento contra el veto que impulsa Javier Milei: «Los jubilados y las jubiladas no están solos».
En un llamado de atención por la situación política, económica y social y «la degradación humana de nuestra sociedad», las organizaciones firmantes hicieron «un llamado público a la reflexión para parar este ataque sistemático del gobierno de Javier Milei contra nuestro pueblo. Que es también un ataque a nuestra soberanía y nuestra democracia», señalaron.
Entre las víctimas del ajuste, nombraron a los jubilados, universitarios, docentes y trabajadores y ubicaron la inauguración de «esta política de la crueldad» que se aplica «desde que Milei asumiera su mandato a través del DNU 70/23, avasallando facultades no delegadas por el Congreso de la Nación».
Entre las consecuencias de esa crueldad, mencionaron la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo formales e informales, el ajuste en salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, derechos humanos, entre tantos. «Y qué decir de los trabajadores más vulnerables a quienes se le desenganchó y congeló el salario social que recibían y la quita del monotributo social».
Con datos oficiales, bosquejaron una situación socioeconómica alarmante. «Asistimos a una recesión de la actividad económica sin precedentes con la destrucción del aparato productivo y el cierre de más de 10 mil PyMEs. Esto castiga particularmente a nuestras infancias y nuestros mayores», agregaron.
Asimismo rechazaron la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva y a un denominado Protocolo de Actuación frente a Bloqueos, ambos orientados a impedir el derecho de huelga y la libertad de acción sindical.
Respecto a los jubilados, expresaron: «Hay que tener mucho odio hacia nuestro pueblo, nuestros trabajadores y nuestros jubilados para llevar adelante tanta persecución y represión gubernamental como la que se está ejecutando en estos días contra los adultos mayores, quienes además de sufrir la merma de los haberes se ven privados de la mayoría de los medicamentos».
Ante lo que consideraron «gestos autoritarios», como el veto del presidente contra una ley votada por amplia mayoría en ambas cámaras, reclamaron el rechazo absoluto a dicho veto. «De ninguna manera podemos permitir que el presidente siga transfiriendo las riquezas que genera nuestro pueblo y nuestra nación para beneficiar a los poderosos grupos económicos que hoy lo rodean».
Reclamaron también que el aumento se financie con la recaudación del Impuesto a Bienes Personales «que fue eliminado para favorecer a las 200.000 personas más ricas de este país», exigieron la derogación y anulación del DNU 70/23; el cese del congelamiento y desenganche del Salario social de los planes y la quita del Monotributo social, los despidos masivos del Estado, como así también los despidos y suspensiones en el sector privado.
La ley de financiamiento Universitario, rechazaron los 100 mil millones de pesos, como gastos reservados de la SIDE, la visita de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para reunirse con represores condenados por crímenes de lesa humanidad, y pidieron la expulsión de los mismos de la Cámara Baja.
«La masividad de este acto es la demostración contundente de que los jubilados y jubiladas no están solos por lo que el movimiento sindical y social que representamos seguirá luchando hasta lograr que quienes toda su vida trabajaron y se ganaron el descanso puedan tener el ingreso que les permita una vida digna», cerraron.
Fuente: Infogremiales
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La venta de combustible en junio registró una fuerte caída del 4,6% en todo el país

La venta de combustible al público en todo el país totalizó los 1.357.068 metros cúbicos en junio, lo que representó una baja de 4,6% respecto a mayo previo, según la Secretaría de Energía. Este descenso se atribuye al menor ritmo de actividad, la suba de precios en el surtidor y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.
El expendio de naftas exhibieron una suba del 5% interanual, explicado principalmente por el incremento en el segmento premium (16,6%) aunque la súper también mostró subas del (1,5%). Por su parte, las ventas de gasoil presentaron alzas del 1,3% interanual con una performance mixta: el combustible premium se acrecentó 13.4% mientras que el común retrocedió 4,6%. Es importante destacar que el consumo de combustibles es un signo claro de la actividad económica.
En junio de este año, 11 de las 24 jurisdicciones subnacionales presentaron subas interanuales: lideraron Buenos Aires (11,5%), San Juan (11,4%) y Chubut (7,3%). En el extremo opuesto, fueron 13 los distritos que registraron caídas interanuales en junio, con La Rioja y Tucumán presentando los descensos más fuertes, llegando al doble dígito en esos casos. La nafta tuvo predominio en las ventas en 20 de las 24 jurisdicciones subnacionales, con picos de concentración en CABA (77,7% del total).
Conclusión: Panorama Complejo de la Venta de Combustible en Argentina
La venta de combustible en Argentina en junio muestra una caída mensual del 4,6%, pero una leve mejora interanual del 3,3%. Las ventas de naftas y gasoil presentan desempeños mixtos, con incrementos en el segmento premium y retrocesos en el común. El desempeño por provincias muestra una gran variabilidad, con algunas jurisdicciones presentando subas interanuales y otras caídas.
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Según el INDEC una familia tipo necesita $1,1 millón por mes para no ser pobre

El INDEC reveló que una familia tipo necesitó ingresos superiores a $1.128.398 en junio para no caer por debajo de la línea de pobreza. El dato refleja un incremento del 1,6% con respecto a mayo y un aumento del 29,2% en comparación con el mismo mes de 2024.
La Canasta Básica Total (CBT) es un indicador clave para medir la pobreza en Argentina. En junio, el valor de la CBT superó los $1,1 millón por mes para una familia tipo, lo que significa que cualquier hogar que no alcance ese ingreso mínimo se encuentra en situación de pobreza. El dato es alarmante y refleja la presión sobre los ingresos de los sectores más vulnerables.
En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el ingreso mínimo necesario para no caer en la indigencia, la suba fue del 1,1% mensual, con un salto del 28,7% interanual. Para una familia de cuatro personas, se necesitaron $506.008 en junio sólo para cubrir la alimentación básica.
Con estos datos, se espera que aumente la presión sobre el Gobierno para actualizar ingresos, reforzar programas sociales y avanzar con paritarias que logren recomponer el poder adquisitivo frente a una canasta básica que sigue marcando el ritmo de la pobreza. La realidad es que la pobreza es un problema complejo que requiere soluciones integrales y sostenibles.
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Jorge Pérez: “La disolución de Vialidad Nacional es un golpe al trabajo y a la infraestructura del país”

El secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, Jorge Pérez, manifestó su preocupación por el cierre del organismo dispuesto por el DNU presidencial, alertó sobre el impacto en los puestos laborales y en el mantenimiento de rutas, y adelantó que se evalúan medidas judiciales y gremiales.
Pérez calificó de “triste” el anuncio oficial de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, medida incluida en el Decreto 461, y explicó que el proceso de vaciamiento comenzó a evidenciarse a principios de año con la falta de partidas presupuestarias.
“Ya se venía hablando de que los contratados quedarían sin trabajo y los de planta serían pasados a disponibilidad. Es un ajuste que como siempre, recae sobre los trabajadores.”
El gremialista advirtió que no solo está en juego la estabilidad de los 210 trabajadores viales en San Juan, sino también el funcionamiento de la infraestructura vial a nivel nacional: “¿Quién va a mantener las rutas que no sean rentables para concesionar? Las que no tengan peajes no le interesan a las empresas. Ahí es donde trabajamos nosotros.”
Además, alertó sobre la incertidumbre que genera el traspaso del organismo al Ministerio de Economía, dejando atrás su carácter descentralizado.
Medidas judiciales y gremiales en evaluación
El refente gremial confirmó que se está avanzando con una medida cautelar para frenar el decreto, impulsada por el sindicato nacional, y que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización: “Estamos manifestándonos en todo el país, con apoyo de otras organizaciones gremiales y de parte del arco político. La solidaridad ha sido impactante.”
“Nos preocupa qué pasará con nuestras familias, con los trabajadores y con las rutas de San Juan. Las nacionales atraviesan la provincia, no pasan por el costado.”
Finalmente, Pérez agradeció el respaldo de los medios y expresó su compromiso con la defensa de los derechos laborales: “Vamos a seguir reclamando, por nuestras fuentes laborales y por el futuro de Argentina. El desmantelamiento de Vialidad es parte de una política que está destruyendo instituciones públicas en todo el país.”
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