
Las dos CTA, la Corriente Federal, el Frente Sindical y organizaciones sociales emitieron un documento conjunto
La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de Trabajadores que encabeza Sergio Palazzo, el Frente Sindical para el Modelo Nacional que contiene a Pablo Moyano, la UTEP y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos elaboraron y firmaron un documento contra el veto que impulsa Javier Milei: «Los jubilados y las jubiladas no están solos».
En un llamado de atención por la situación política, económica y social y «la degradación humana de nuestra sociedad», las organizaciones firmantes hicieron «un llamado público a la reflexión para parar este ataque sistemático del gobierno de Javier Milei contra nuestro pueblo. Que es también un ataque a nuestra soberanía y nuestra democracia», señalaron.
Entre las víctimas del ajuste, nombraron a los jubilados, universitarios, docentes y trabajadores y ubicaron la inauguración de «esta política de la crueldad» que se aplica «desde que Milei asumiera su mandato a través del DNU 70/23, avasallando facultades no delegadas por el Congreso de la Nación».
Entre las consecuencias de esa crueldad, mencionaron la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo formales e informales, el ajuste en salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, derechos humanos, entre tantos. «Y qué decir de los trabajadores más vulnerables a quienes se le desenganchó y congeló el salario social que recibían y la quita del monotributo social».
Con datos oficiales, bosquejaron una situación socioeconómica alarmante. «Asistimos a una recesión de la actividad económica sin precedentes con la destrucción del aparato productivo y el cierre de más de 10 mil PyMEs. Esto castiga particularmente a nuestras infancias y nuestros mayores», agregaron.
Asimismo rechazaron la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva y a un denominado Protocolo de Actuación frente a Bloqueos, ambos orientados a impedir el derecho de huelga y la libertad de acción sindical.
Respecto a los jubilados, expresaron: «Hay que tener mucho odio hacia nuestro pueblo, nuestros trabajadores y nuestros jubilados para llevar adelante tanta persecución y represión gubernamental como la que se está ejecutando en estos días contra los adultos mayores, quienes además de sufrir la merma de los haberes se ven privados de la mayoría de los medicamentos».
Ante lo que consideraron «gestos autoritarios», como el veto del presidente contra una ley votada por amplia mayoría en ambas cámaras, reclamaron el rechazo absoluto a dicho veto. «De ninguna manera podemos permitir que el presidente siga transfiriendo las riquezas que genera nuestro pueblo y nuestra nación para beneficiar a los poderosos grupos económicos que hoy lo rodean».
Reclamaron también que el aumento se financie con la recaudación del Impuesto a Bienes Personales «que fue eliminado para favorecer a las 200.000 personas más ricas de este país», exigieron la derogación y anulación del DNU 70/23; el cese del congelamiento y desenganche del Salario social de los planes y la quita del Monotributo social, los despidos masivos del Estado, como así también los despidos y suspensiones en el sector privado.
La ley de financiamiento Universitario, rechazaron los 100 mil millones de pesos, como gastos reservados de la SIDE, la visita de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para reunirse con represores condenados por crímenes de lesa humanidad, y pidieron la expulsión de los mismos de la Cámara Baja.
«La masividad de este acto es la demostración contundente de que los jubilados y jubiladas no están solos por lo que el movimiento sindical y social que representamos seguirá luchando hasta lograr que quienes toda su vida trabajaron y se ganaron el descanso puedan tener el ingreso que les permita una vida digna», cerraron.
Fuente: Infogremiales
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El peso de la deuda: Cómo las tarjetas de crédito están efectando a las familias argentinas

La deuda en Argentina alcanza niveles alarmantes, con un gran número de familias recurriendo a las tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos como alimentos. Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), unas 300.000 tarjetas de crédito están inhabilitadas para pasar los posnets debido a los altos niveles de morosidad y deudas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 45,7% de las compras en supermercados se pagaron con tarjetas de crédito en junio, lo que equivale a unos 917 millones de pesos. Esto sugiere que muchas familias están recurriendo a las tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos debido a la falta de ingresos suficientes.
El Impacto de las Tasas de Interés
Las tasas de interés actuales en el país son extremadamente altas, lo que hace que sea difícil para las familias pagar sus deudas. La Tasa Nominal Anual para los titulares de la tarjeta. que no llegan al saldo total y cancelan el mínimo es del 85%, mientras que los intereses punitorios superan el 100% para aquellos que entran en morosidad.
Según un informe de la consultora EcoGo, el crédito a los hogares representaba el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina, lo que es el doble que un año atrás. Esto sugiere que el endeudamiento masivo es un problema creciente en el país.
La crisis de la deuda tiene consecuencias sociales importantes. Un estudio del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IESTSE), el 58% de las deudas con tarjeta de crédito ya se destina a la compra de alimentos, lo que significa que muchas familias están luchando para cubrir sus necesidades básicas debido a la deuda.
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Paritaria Docente: Gobierno y gremios no se ponen de acuerdo y se reunirán el viernes próximo

La negociación paritaria docente en San Juan no llegó a un acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio. Los gremios docentes, UDAP, UDA y AMET, no aceptaron los incrementos ofrecidos por el Gobierno provincial y decidieron seguir negociando elpróximo viernes 29 de agosto.
La reunión paritaria docente se llevó a cabodurante este marte en la sede del Ministerio de Educación de San Juan. La propuesta del Ejecutivo incluía incrementos vinculados a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un aumento del 15% en el concepto Nueva Conectividad San Juan en septiembre y mejoras en los cargos del nomenclador docente.
Sin embargo, los sindicatos consideran que la oferta no satisface sus reclamos, especialmente en cuanto a una mejora específica para agosto y septiembre. «La propuesta del Gobierno es insuficiente», declaró Daniel Quiroga, secretario general de AMET. «Necesitamos una mejora salarial que refleje la inflación y el aumento del costo de vida en la provincia».
Por su parte, Karina Navarro, secretaria general de UDA, destacó que «la negociación paritaria es un proceso complejo que requiere tiempo y esfuerzo». «Estamos dispuestos a seguir negociando para encontrar una solución que satisfaga las necesidades de los docentes y del sistema educativo en general», agregó.
El Gobierno provincial, por su parte, ratificó su compromiso de mantener la política salarial unificada para toda la administración pública provincial. «Estamos dispuestos a seguir negociando y a encontrar una solución que sea justa y equitativa para todos», declaró Roberto Gutiérrez, ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan.
La negociación se reanudará el próximo viernes 29 de agosto a las 14 horas. Mientras tanto, los docentes cobrarán con el aumento del IPC.
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Profesionales de la salud convocaron a una jornada de protestas en todo el país

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) convocó a una Jornada Nacional de Lucha el 28 de agosto con paros y movilizaciones en todo el país, en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y en apoyo a las demandas salariales y laborales del sector.
La ley vetada abarca no solo al Hospital Garrahan, sino también a 1.700 hospitales y 6.000 unidades sanitarias con atención pediátrica en todo el país. Además, prevé una recomposición salarial que retrotrae los sueldos a valores de noviembre de 2023, lo que representa un aumento del 20% al 35% en promedio.
La ley también incluye beneficios para los 12.000 residentes del sistema de salud y establece la exención del impuesto a las ganancias para trabajadores de áreas críticas, guardias y horas extras, beneficiando a cerca de 500.000 empleados del sistema público de salud.
Fesprosa exige la promulgación inmediata de la ley y cuestiona el veto presidencial, considerándolo «un desconocimiento de la voluntad del 85% de la ciudadanía, según todas las encuestas». El plan de lucha incluye paros de 24 horas en varias provincias como Santa Fe, Chaco y La Rioja, coincidiendo con una medida similar en el Hospital Garrahan.
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