En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular nacional de ASIJEMIN y referente de la Mesa sindical, Marcelo Mena, cuestionó duramente el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno, denunció una medición irreal de la inflación y confirmó la participación activa de más de 70 gremios en la movilización del 18 de diciembre convocada por la CGT y las CTA.

Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de gestión, una porción creciente de la sociedad observa con preocupación un escenario marcado por el aumento del desempleo, la precarización laboral y la pérdida sostenida del poder adquisitivo. En ese contexto, el proyecto de reforma laboral se convirtió en el eje de un nuevo conflicto político y social que ya tiene fecha de expresión en las calles.

Marcelo Mena, titular nacional del sindicato de Jerárquicos mineros e integrante de la Mesa Sindical, confirmó que el movimiento obrero organizado se movilizará masivamente el próximo 18 de diciembre, en consonancia con la convocatoria de la CGT y las CTA. “La gran mayoría de los sindicatos industriales y de mayor capacidad de convocatoria van a estar presentes. Desde la mesa sindical somos más de 70 organizaciones y vamos a marchar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en cada provincia del país”, sostuvo.

Mena explicó que, aunque muchos de los gremios que integran la Mesa Sindical tienen estructuras más pequeñas y menor incidencia nacional individual, el peso colectivo “cambia el panorama” y refuerza la capacidad de respuesta frente a un proyecto que, según advierte, amenaza la esencia del derecho del trabajo.

“El 18 se va a ver la manifestación en la calle, pero el trabajo empieza mucho antes. En fábricas, yacimientos y establecimientos se está organizando a los trabajadores para explicarles que el sindicato no es un obstáculo, sino la única herramienta real para equilibrar la relación con la patronal”, señaló. En ese sentido, cuestionó lo que definió como una “miopía ideológica” que busca deslegitimar al sindicalismo y fragmentar al movimiento obrero.

Lejos de negar errores históricos, Mena reconoció que “hubo dirigentes que se equivocaron”, pero advirtió que eso no puede ser argumento para desmantelar la organización colectiva. “La única forma de proteger derechos y sostener conquistas es con sindicatos fuertes y con buena salud institucional”, afirmó.

Respecto al contenido de la reforma laboral, el dirigente fue categórico: “Estas modificaciones no buscan modernizar, sino atomizar la fuerza de los trabajadores, debilitar la negociación colectiva y, en muchos casos, directamente anularla”. Para Mena, el objetivo de fondo es favorecer un esquema económico que concentra poder y reduce la capacidad de defensa del empleo.

El cuestionamiento también se extiende al plano económico. Desde la Mesa Sindical denuncian que la inflación que informa el INDEC no refleja el impacto real en la vida cotidiana. “Uno va a la estación de servicio, al comercio, a comer afuera o simplemente a hacer las compras diarias y se da cuenta de que el 2,5% no es real. Hay un acumulado mucho mayor”, afirmó. Si bien reconoció una desaceleración inflacionaria, sostuvo que “no está bajando como el Gobierno lo plantea”.

Mena fue aún más duro al evaluar el rumbo económico: “Este esquema fracasó. Nadie pide plata cuando le sobra, y si están pidiendo es porque no alcanza. Ajustar salarios y derechos no garantiza progreso”. En contraposición, defendió un modelo que combine orden fiscal con incentivos a la productividad, sin recortar derechos laborales. “Está demostrado en otros países que incluso reduciendo la jornada laboral se puede aumentar la productividad”, subrayó.

Incluso citó declaraciones de asesores cercanos al oficialismo que reconocen que la reforma no generará empleo. “Hasta ellos mismos admiten que no va a crear trabajo. Es difícil sostener una mentira tan grande sin tropezar”, lanzó.

Con un tono firme y sin eufemismos, Marcelo Mena sintetiza una postura que atraviesa a buena parte del sindicalismo argentino: la reforma laboral, tal como está planteada, no representa una modernización sino un retroceso estructural. Frente a un escenario de ajuste, inflación discutida y pérdida de derechos, el movimiento obrero apuesta a la unidad y a la movilización como herramientas centrales de resistencia. El 18 de diciembre aparece así no solo como una protesta, sino como una señal política clara de que el conflicto entre el Gobierno y los trabajadores está lejos de cerrarse.

En medio del debate político y legislativo por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió que el sistema argentino de control de constitucionalidad habilita a cualquier juez a declarar la invalidez de una ley, lo que podría paralizar su aplicación durante meses o incluso años, hasta que el máximo tribunal unifique criterios.

La eventual aprobación de la reforma laboral que el Gobierno pretende tratar en sesiones extraordinarias abre un escenario de alta incertidumbre jurídica. Así lo dejó en claro el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, al advertir que los cambios propuestos podrían quedar atrapados en una extensa maraña de litigios judiciales antes de alcanzar una definición definitiva.

En declaraciones a Perfil, Rosatti recordó que el sistema argentino de control de constitucionalidad es de carácter difuso, lo que implica que cualquier juez, en cualquier punto del país, está habilitado a declarar la inconstitucionalidad de una norma. “El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso”, explicó el magistrado, subrayando que ese mecanismo, si bien garantiza independencia judicial, también introduce demoras estructurales en la aplicación de reformas profundas.

Según detalló, una ley puede quedar suspendida en la práctica a partir de fallos contradictorios emitidos por distintos juzgados, hasta que la Corte Suprema logre unificar criterio mediante una sentencia definitiva. “Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”, advirtió.

El titular del máximo tribunal aportó un antecedente concreto que refuerza su advertencia: parte del régimen laboral incluido en la Ley Bases ya fue declarado inconstitucional por un juez laboral, sin que hasta el momento exista una resolución final de la Corte. Ese episodio, señaló Rosatti, ilustra con claridad cómo una reforma puede quedar en suspenso durante largos períodos, aun cuando cuente con respaldo legislativo.

En ese contexto, el magistrado fue enfático al remarcar que el sistema vigente no impide que los jueces se aparten de la doctrina del máximo tribunal. “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, sostuvo, dejando en evidencia uno de los nudos centrales del debate institucional.

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore una cláusula legal que obligue a todos los tribunales a acatar automáticamente los fallos de la Corte Suprema, Rosatti adoptó una postura cautelosa. Reconoció que el Parlamento tiene la potestad de avanzar en ese sentido, pero advirtió que una norma de ese tipo sería inevitablemente cuestionada y terminaría, nuevamente, bajo análisis del propio máximo tribunal. “La Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó.

El presidente de la Corte también puso el foco en el impacto práctico del actual esquema judicial. Reveló que alrededor del 60% de las causas que resuelve el tribunal provienen del propio Estado, que insiste en cuestionar decisiones ya consolidadas, especialmente en materia previsional. “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo”, expresó, con una crítica implícita al funcionamiento repetitivo y desgastante del sistema.

Las declaraciones de Horacio Rosatti introducen una variable clave en el debate sobre la reforma laboral: más allá de la voluntad política y del resultado legislativo, el futuro de la iniciativa podría definirse en los tribunales y no en el Congreso. El sistema de control difuso, pilar histórico del derecho constitucional argentino, aparece así como una garantía de equilibrio institucional, pero también como un factor que puede convertir reformas estructurales en procesos largos, fragmentados y judicialmente inciertos.

En ese escenario, la advertencia del presidente de la Corte trasciende lo ideológico y plantea un dilema funcional de fondo: cómo compatibilizar la necesidad de cambios profundos con un esquema judicial que, por diseño, puede demorar durante años la aplicación efectiva de las leyes.

La aprobación de la nueva Ley de Transporte abre un proceso de 120 días para definir la reglamentación que reorganizará por completo la actividad en San Juan. Habrá un registro único, vehículos identificados y no identificados bajo un mismo marco legal, tarifas sugeridas y habilitación plena para operar mediante aplicaciones digitales. El Gobierno asegura que el objetivo es “ordenar, transparentar y modernizar” un sector en expansión que hasta ahora funcionaba con criterios dispares.

La sanción de la nueva Ley de Transporte marca un punto de inflexión para taxis, remises y servicios por aplicación. El Gobierno provincial tendrá 4 meses para redactar la “letra chica” que pondrá en marcha el nuevo esquema regulatorio. Hasta que ese proceso concluya, sigue vigente la normativa anterior.

Uno de los ejes centrales es la creación de un registro único y obligatorio de conductores y vehículos, que reemplaza al antiguo régimen de licencias. No habrá cupos ni limitaciones en la cantidad de unidades habilitadas: cualquier conductor podrá incorporarse siempre que cumpla con los requisitos establecidos, entre ellos carnet profesional, seguro para personas, y vehículos con una antigüedad no mayor a 10 años.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, precisó que quienes ya poseen licencias reconocidas por el Estado dispondrán de un año para realizar el traspaso formal. Además, cada vehículo deberá exhibir un certificado oficial y la provincia abrirá una base de datos pública para verificar la habilitación en tiempo real. “La transparencia es central; necesitamos que el sanjuanino pueda consultar y confiar”, remarcó.

Tarifas: el Gobierno retiene el poder de regular y propondrá un valor de referencia

Uno de los puntos más sensibles es la política tarifaria. El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, confirmó que el Gobierno “conservó la potestad de establecer tarifas fijas u orientativas”, aunque esto se definirá durante los 120 días de reglamentación.

En paralelo, la ministra Palma adelantó que se implementará una tarifa mínima sugerida, que no será obligatoria pero sí funcionará como guía para todo el sector. El objetivo es evitar las grandes disparidades de precios entre taxis tradicionales, remises y plataformas digitales, sin impedir que los valores puedan ajustarse por acuerdo entre las partes.

Identificados y no identificados: una clasificación clave para ordenar el sistema

La ley divide la actividad en vehículos identificados (taxis ploteados, remises, transporte escolar y transporte accesible) y vehículos no identificados, categoría en la que quedarán los autos que trabajan mediante apps o de manera eventual.

Ambos podrán operar a través de plataformas digitales sin restricciones. La diferencia será principalmente impositiva y operativa: mientras los identificados suelen dedicarse de manera exclusiva a la actividad, los no identificados la complementan con otros trabajos.

Molina detalló además que los servicios en moto quedan excluidos por completo, debido a la falta de carnet profesional y de mecanismos de control adecuados. “Si alguien pide una moto, debe saber que se sube bajo su propio riesgo”, advirtió.

Apps, contacto digital y modernización: San Juan se integra al mapa global del transporte

La nueva ley reconoce oficialmente la contratación de viajes a través de aplicaciones locales e internacionales como Oeste X, Uber y DiDi. Es un paso clave para “blanquear” una modalidad que creció sin regulación.

En paralelo, la provincia avanza en un convenio con la Unión Internacional de Transporte Público y Google, que permitirá ver información del transporte público en Google Maps, planificar recorridos y, en una segunda etapa, recibir alertas en tiempo real sobre cortes, congestiones y demoras.

Con esta ley, San Juan apuesta a ordenar un mercado diverso y altamente heterogéneo, donde convivían modalidades tradicionales, plataformas digitales y sectores con distintos niveles de formalidad.

El registro único, la transparencia en la habilitación, la tarifa sugerida y la habilitación plena de las aplicaciones configuran un escenario nuevo tanto para los trabajadores como para los usuarios.

Los próximos 120 días serán decisivos: de la reglamentación dependerá si este intento de modernización logra equilibrar competencia, garantizar seguridad y ofrecer un sistema más claro, confiable y accesible para todos.