Mientras la discusión pública se concentra en la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei impulsa en reserva un ambicioso proyecto de reforma impositiva. La propuesta —elaborada por el equipo económico de Luis Caputo con aval del FMI y el empresariado— contempla la eliminación del monotributo y una ampliación drástica de los trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. El resultado inmediato: más presión fiscal sobre sectores ya golpeados, caída de ingresos reales y un cambio estructural en la matriz tributaria argentina.

La reforma tributaria que diseña el Ministerio de Economía emerge como la pieza central de la llamada “segunda generación de reformas”, pensada para aplicarse tras la recomposición parlamentaria de diciembre. El documento —titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”— traza una reconfiguración profunda del sistema impositivo con impactos directos sobre trabajadores independientes y en relación de dependencia.

El espíritu del proyecto es claro: aumentar la recaudación sobre la base imponible de la clase media, reducir costos empresariales y satisfacer exigencias del FMI en torno a la formalización y la sostenibilidad fiscal. Nada se comunica de manera oficial, pero las filtraciones dejan ver un cambio estructural que desplaza la presión tributaria hacia los sectores que menos margen de maniobra tienen.

El fin del monotributo: un giro histórico con impacto masivo

El Gobierno analiza eliminar por completo el régimen del monotributo, vigente desde 1998 y utilizado por más de 4 millones de trabajadores, pequeños comerciantes y cuentapropistas. La propuesta implica migrar a estos contribuyentes al régimen de autónomos, combinando aportes previsionales más elevados, IVA pleno e Impuesto a las Ganancias.

Lo que se presenta como un avance hacia la “formalidad” supone, en los hechos, un incremento abrupto de la carga fiscal:

Hoy, un monotributista que factura $1 millón mensuales paga poco más de $42.000.

Uno que factura cerca de $2 millones abona alrededor de $63.000.

Con el nuevo esquema, esos mismos contribuyentes pasarían a una escala de autónomos cuyo aporte arranca en $57.000 y que el Gobierno evalúa elevar hasta los $100.000 como piso, pudiendo llegar a los $500.000 para categorías superiores.

A eso se sumaría:

pago de IVA,

Impuesto a las Ganancias,

y el costo adicional del servicio contable obligatorio.

El salto tributario podría triplicar o cuadriplicar la carga mensual de millones de trabajadores independientes, muchos de los cuales hoy sostienen actividades de bajo volumen o trabajos intermitentes.

Riesgo de exclusión y mayor informalidad

La eliminación del monotributo no solo afecta la economía de los contribuyentes: afecta su existencia dentro del sistema.

Desde el punto de vista socioeconómico, miles de trabajadores quedarían fuera de cualquier esquema formal, obligados a elegir entre informalizar su actividad o directamente dejar de facturar.

Paradójicamente, una reforma presentada como herramienta de formalización podría generar el efecto contrario: un aumento de la informalidad y una mayor fragmentación del mercado laboral.

Ganancias: más trabajadores alcanzados, salario real más bajo

El proyecto propone fijar un Mínimo No Imponible equivalente al salario promedio proyectado para 2025, es decir, unos $1,7 millones.

Esto representa una caída del 40% respecto del piso actual para un trabajador soltero sin hijos, hoy ubicado en $2.843.180 brutos.

La consecuencia es directa:

millones de trabajadores que habían quedado fuera de Ganancias volverán a pagarlo, con un descuento que se sentirá como una baja salarial.

El propio Ministerio de Economía estima que 3 millones de empleados adicionales deberán presentar facturación y quedarían alcanzados por el impuesto.

Deducciones ampliadas: un beneficio insuficiente

La reforma prevé elevar el tope de deducciones anuales de $4,2 millones a $5 millones, aplicables a gastos laborales, educación, salud y vivienda.
Sin embargo, el incremento del 16% en deducciones no compensa la ampliación del universo alcanzado por el tributo ni la pérdida de ingresos reales provocada por el nuevo piso.

Rebaja de aportes patronales y estímulo al “blanqueo”

Mientras se incrementan impuestos para trabajadores, el proyecto propone:

Reducir aportes patronales del 25,5% al 17%,

Bajar aportes personales del 17% al 13%,

Aplicar un “blanqueo a costo cero” para regularizar relaciones laborales informales.

La reforma, en su conjunto, muestra un sesgo evidente: más presión sobre los trabajadores y alivio sobre los costos empresariales. La coherencia del plan económico del Gobierno se mantiene intacta: ajuste fiscal sobre los sectores medios y reducción de cargas para el capital.

La red de supermercados atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas dos décadas, con una caída abrupta del consumo que en algunos distritos supera el 30% interanual y presiona a las empresas a reducir estructuras de forma acelerada. El grupo chileno Cencosud —propietario de Vea, Jumbo, Disco y Easy— lidera un ajuste de alcance nacional, con más de 200 despidos desde febrero y un mapa de cierres que crece semana a semana. Sobre ese escenario, la posible salida de Carrefour de la Argentina amplifica la incertidumbre: 24.000 trabajadores dependen del resultado de una negociación todavía sin garantías laborales.

En Tucumán, la baja de persianas de tres sucursales de Vea dejó 55 familias sin ingresos. En Mendoza, el cierre de Vea Guaymallén afectó a 14 trabajadores. En el conurbano, las clausuras en Castelar, Moreno y San Pedro elevaron la cifra a cerca de 110 cesantías en apenas dos meses. A esto se suma el cierre del Easy de La Tablada —55 puestos menos— y la alarma que circula en grupos internos sobre posibles ajustes en Necochea, Hurlingham y La Plata, aunque la empresa intenta transmitir calma y desmentir cierres inminentes.

El Sindicato de Empleados de Comercio señala un “déficit operativo sostenido” como argumento empresarial para reconfigurar la red y fortalecer solo las marcas más rentables, como Jumbo y Disco. Sin embargo, para el sindicalismo mercantil la ecuación es más amplia: la recesión, la pérdida de poder adquisitivo y la caída del volumen vendido explican buena parte de la crisis que se despliega de norte a sur del país.

San Juan: un epicentro silencioso del ajuste

En San Juan, Cencosud ya avanzó con un cierre que generó fuerte preocupación gremial: la sucursal de Vea en Villa Krause, estratégica para la zona de Rawson, bajó sus persianas dejando a decenas de trabajadores en estado de vulnerabilidad laboral. La empresa ofreció reubicaciones parciales y negociaciones particulares, pero el impacto fue inmediato, no solo por los puestos perdidos sino por el rol del supermercado en el abastecimiento de un área densamente poblada.

En paralelo, Hipermercado Libertad abrió en la provincia un capítulo especialmente conflictivo: ofreció salidas voluntarias a 80 empleados, pero ninguna fue aceptada. El motivo es contundente: los montos ofrecidos representaban apenas el 40% de la indemnización legal, una cifra que el SEC San Juan rechazó de plano. “No existe incentivo que pueda considerarse voluntario cuando no se respeta la ley”, señalaron desde el gremio. La cadena, que estudia una transición hacia un formato de menor escala, deberá reconfigurar su propuesta si pretende avanzar sin conflicto abierto.

El panorama provincial se completa con un diagnóstico que preocupa a cámaras empresarias y sindicatos por igual: la caída del consumo golpea fuerte en los supermercados locales y en los comercios medianos, con una contracción que ya afecta a proveedores regionales de alimentos, bebidas y productos frescos. Para el SEC San Juan, el riesgo es que la combinación de recesión y reestructuración empresarial produzca “un efecto dominó” en el mercado laboral provincial.

Crisis en Misiones y el avance de los retiros voluntarios

En Posadas, Hipermercado Libertad inició un plan de retiros voluntarios que ya fue aceptado por al menos 20 trabajadores en una reestructuración que modifica su formato “hiper” hacia uno más pequeño. Misiones atraviesa un derrumbe del empleo mercantil: más de 6.800 puestos perdidos en el último año, según el gremio local. La caída de ventas genera cierres cotidianos de comercios y profundiza la fragilidad laboral en toda la cadena de consumo.

El factor Carrefour: 24.000 empleos en vilo

La posible venta de Carrefour —con ofertas de Chango Más, Coto, Cencosud y un grupo adicional— instaló un nivel de alerta sin precedentes. FAECYS exige una mesa de diálogo urgente para garantizar la continuidad de convenios, condiciones laborales y estabilidad general de los 24.000 trabajadores involucrados.

En Mar del Plata, el SECZA reiteró ante la empresa un acuerdo internacional firmado con UNI Global Unión, en el que Carrefour reconoce obligaciones de transparencia, comunicación previa y resguardo del empleo. “Son 240 familias que sostuvieron el crecimiento de la empresa por años”, expresó el gremio marplatense, que anticipa acciones coordinadas con otras delegaciones si no hay garantías concretas.

El temor en todo el país es uniforme: una operación de compra sin compromiso de absorción puede derivar en miles de despidos silenciosos encubiertos bajo reestructuraciones o cierres escalonados.

El comercio minorista atraviesa un verdadero terremoto. La combinación de recesión, caída histórica del consumo y crisis estructural del sector empuja a las principales cadenas a un ajuste profundo con consecuencias laborales directas. Cencosud avanza en cierres y despidos, Libertad reconfigura su estructura y Carrefour encara un proceso de venta que mantiene en vilo a 24.000 familias.

San Juan, lejos de ser un caso menor, se ha convertido en un punto sensible del mapa: el cierre en Villa Krause y las ofertas de retiros por debajo de la ley en Libertad revelan una fragilidad que podría extenderse si no se articulan políticas activas de protección laboral. El sindicalismo mercantil, en estado de alerta nacional, se prepara para una escalada de conflictos en un escenario donde —una vez más— los trabajadores se transforman en la principal variable de ajuste.

Del 17 al 22 de noviembre ASIJEMIN celebrará sus comicios nacionales para renovar la comisión directiva, la comisión revisora de cuentas y las representaciones regionales. Con lista única encabezada por Marcelo Mena, el proceso —certificado por la Secretaría de Trabajo y veedores— concentra el debate no sólo sobre la conducción gremial sino sobre la relación de la actividad minera con las comunidades rurales, con puntas de conflicto y propuestas concretas como la posible industrialización del mineral en la planta de Casposo y la búsqueda de alternativas viales en Calingasta.

Cada cuatro años la organización sindical jerárquica de la minería somete su estructura a la validación de las bases. En 2025 ese ritual institucional adquiere una dimensión ampliada: además de la renovación de la conducción nacional, se definen las delegaciones regionales, las comisiones internas y los delegados de base en yacimientos que van desde Veladero y Gualcamayo hasta Cerro Vanguardia, Cerro Negro y otras sedes provinciales. El operativo electoral —que involucra puntos de votación en Salta, Olavarría, Puerto San Julián, Santa Cruz, San Juan y otros emplazamientos— se desplegará en jornadas sucesivas a lo largo de seis días para garantizar la concurrencia de turnos, faenas y planteles distribuidos en multitud de complejos productivos.

La elección llega con una particularidad organizativa: la lista única —la “azul”, encabezada por Marcelo Mena— presenta una oferta cerrada que abarca desde el secretariado nacional hasta las delegaciones regionales del centro y sur. Esa unidad formal, anunciada públicamente en asambleas y ratificada ante la junta electoral recientemente constituida, transmite un mensaje de cohesión interna y busca validar una continuidad en la conducción. Pero la existencia de lista única no elimina el valor simbólico y político del acto electoral: las urnas servirán para medir el nivel de adhesión real entre los trabajadores, el grado de legitimidad de la conducción y la capacidad del sindicato para representar intereses laborales en escenarios de creciente complejidad económica y social.

La certificación del proceso por parte de la Secretaría de Trabajo y la presencia de veedores amplifican la formalidad del procedimiento y reducen el margen de cuestionamientos jurídicos o administrativos. Al mismo tiempo, la extensión temporal de los comicios responde a una realidad práctica: los yacimientos no son un único centro urbano con electorado concentrado, sino una red de sitios productivos que obligan a escalonar la votación para asegurar que quienes están en turno tengan la posibilidad de emitir su voto sin afectar la operativa minera.

Fuera del calendario estrictamente electoral, la intervención pública del secretario general subraya dos ejes que cruzan la agenda del sindicato: la preservación de la licencia social y la importancia de integrar a la comunidad en la hoja de ruta de la minería. En Calingasta —donde la disputa sobre accesos y puentes ha puesto en tensión el uso de infraestructura cercana a la villa cabecera— ASIJEMIN propone una lectura conciliadora: la minería debe avanzar “de la mano” con la sociedad local, priorizando soluciones que minimicen la conflictividad y maximicen oportunidades productivas y turísticas. En ese sentido, la sugerencia de evitar el uso de la actual entrada turística de la villa para tránsito pesado, proponiendo vías alternativas, es un ejemplo de propuesta técnica pensada para preservar tejido social y economías locales.

Relacionado con la dimensión productiva, la posibilidad de procesar mineral en la planta de Casposo fue explicitada como una alternativa para mejorar la integración de cadenas y dar valor agregado regionalmente. La propuesta implica desafíos técnicos, ambientales y de gobernanza: requerirá evaluaciones de impacto, acuerdos con comunidades, inversión y esquemas claros de responsabilidad social empresarial y sindical. Para ASIJEMIN esa apuesta combina la defensa del empleo y la promoción de actividad industrial en jurisdicciones que reclaman dinamismo económico, pero se la presentará siempre como compatible con exigencias de orden y mitigación ambiental para evitar fricciones que dañen la legitimidad de la minería.

El gremio de los jerárquicos mineros también se mantiene atento al escenario nacional más amplio: la posibilidad de una convocatoria de la CGT por parte del Gobierno para discutir políticas laborales aparece en el horizonte y, aunque hasta el momento no hubo una invitación formal, la Mesa sindical y las organizaciones mayoritarias monitorean la situación. La eventual participación de ASIJEMIN en mesas de coordinación intersindical sería coherente con su inserción en la mesa sindical nacional y con la necesidad de asegurar que las transformaciones del sector minero —fiscales, regulatorias y laborales— se discutan con voz organizada.

Desde una mirada crítica, el proceso electoral sindical y las declaraciones de su conducción plantean varias preguntas de fondo. La unidad expresada por una lista única puede ser leída como estabilidad y consenso, pero también como una oportunidad perdida para un debate plural que ponga en discusión estrategias frente a externalidades crecientes: economía regional, mitigación de impactos, reparto de beneficios y mecanismos de control ciudadano. Más aún, la gestión de la relación con comunidades como Calingasta requiere no sólo declaraciones de buena voluntad, sino institucionalidades concretas: mesas de diálogo permanentes, protocolos para obras de infraestructura, transparencia en los convenios de empleo local y auditorías independientes sobre efectos ambientales y sociales.

En términos prácticos, la elección será además un termómetro de gobernabilidad interna: un resultado favorable a la lista que encabeza Mena consolidará su capacidad de interlocución frente a empresas y gobierno; un resultado débil, aun con lista única, podría estimular reclamos por representatividad o activar espacios de negociación interna sobre prioridades. Para las comunidades, el desenlace sindical definirá cuánto peso tendrán los reclamos locales al momento de negociar inversiones, obras y planteos de infraestructura.

Finalmente, el rol de la Secretaría de Trabajo como garante técnico del proceso y la previsión de veedores confieren al comicio una transparencia formal que debería reducir conflictos post-electorales. Sin embargo, la verdadera prueba de la legitimidad sindical no termina en el escrutinio: empezará al día siguiente, cuando la conducción renovada deba demostrar capacidad para traducir la representación en políticas concretas que garanticen empleo de calidad, condiciones de seguridad y una minería que conserve —y no erosione— la licencia social que tanto subrayan sus dirigentes.

Las elecciones de ASIJEMIN, convocadas del 17 al 22 de noviembre, van más allá de la mera renovación de cargos: son una oportunidad para medir la fortaleza interna del sindicato, su legitimidad ante los trabajadores y su capacidad de liderazgo en una industria que exige equilibrio entre productividad y responsabilidad social. Con la lista única de Marcelo Mena en la cabecera, la contienda será tanto un plebiscito de confianza como el punto de partida para enfrentar desafíos concretos que demandan acuerdos técnicos, transparencia y diálogo permanente con las comunidades. El resultado, y sobre todo la gestión que le siga, definirá si la conducción se limita a administrar la estabilidad o si logra transformar esa estabilidad en políticas inclusivas que sostengan la minería como motor de desarrollo regional.