La pobreza volvió a crecer en la Argentina y alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. El indicador aumentó 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando había alcanzado el 28,2%.

La nueva medición implica que aproximadamente 15,5 millones de personas quedaron por debajo de la línea de pobreza dentro de los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo estadístico. La cifra marca un cambio respecto de la trayectoria descendente registrada durante 2025.

El deterioro también alcanzó a los hogares: el 24,4% quedó por debajo de la línea de pobreza. En el caso de la indigencia, el indicador se ubicó en 7,5% de las personas y 5,6% de los hogares, lo que representa alrededor de 3,6 millones de personas que no lograron cubrir siquiera el costo de la Canasta Básica Alimentaria.

La diferencia entre ambos indicadores está determinada por las canastas utilizadas por el INDEC. La pobreza comprende a quienes viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales. La indigencia, en cambio, identifica a quienes no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

El resultado adquiere una dimensión adicional al compararlo con el mismo período del año anterior. Frente al 31,6% registrado en el primer semestre de 2025, la pobreza aumentó 0,7 puntos porcentuales. El salto más pronunciado se produjo en la comparación con el segundo semestre de ese año, cuando el indicador había descendido al 28,2%.

La medición también vuelve a poner el foco sobre la población infantil, uno de los grupos con mayor incidencia de la pobreza. En el primer semestre de 2025, antes de esta nueva suba general, el 45,4% de los menores de 15 años ya vivía en hogares pobres; los datos difundidos ahora muestran que el deterioro general se produjo en un período posterior.

El nuevo informe del INDEC llega en un período en el que los indicadores de consumo también muestran señales de retracción. En julio, las ventas de supermercados disminuyeron 2,1% interanual a precios constantes y acumularon una caída de 2,7% en los primeros siete meses del año, otro dato que permite observar la evolución de la capacidad de compra de los hogares.

La Cámara de Diputados resolvió las cuatro ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura. Daniela Rivas fue elegida para la Sala II de la Cámara Laboral; Ignacio Achem, para la Fiscalía de Cámara; Yanina Peri, para la Asesoría de Menores e Incapaces; y Alejandro Genest, para la Cámara de Apelación de Paz.

La decisión llegó después de las entrevistas realizadas durante septiembre por la Comisión de Justicia y Seguridad a los 12 postulantes que integraban las cuatro ternas. Los cargos habían sido incorporados al orden del día de la décima sesión ordinaria, convocada para este 24 de septiembre.

La definición de la Sala II de la Cámara Laboral quedó en manos de Daniela Rivas, quien obtuvo 20 votos. La funcionaria se desempeñaba como secretaria de esa misma sala y anteriormente había trabajado en el Juzgado de Trabajo de Primera Nominación. La vacante se produjo tras la salida de Guillermo Baigorrí, quien posteriormente asumió como fiscal General ante la Corte de Justicia.

Para la Fiscalía de Cámara, los diputados eligieron a Ignacio Achem. El funcionario integra el Ministerio Público Fiscal desde 2017 y pasó por Flagrancia y la Unidad de Investigación CAVIG. Desde febrero de 2024 se desempeña como uno de los coordinadores de la Unidad Fiscal Genérica. Antes de ingresar al Poder Judicial ejerció durante más de dos décadas como abogado litigante.

Yanina Peri fue designada como Asesora de Menores e Incapaces, con 19 votos. La funcionaria ya cumplía funciones de manera provisoria en la estructura judicial y había integrado la terna junto con María Gabriela Pintos y Ana Vanesa Reynes.

El cuarto cargo correspondió a la Cámara de Apelación de Paz Letrada, donde Alejandro Genest obtuvo 22 votos. Abogado y dirigente del Partido Bloquista, Genest cuenta con antecedentes en la Legislatura y en la administración pública, además de desempeñarse como apoderado de esa fuerza política en cuestiones vinculadas con alianzas electorales.

La vacante de la Cámara de Paz se había producido tras el fallecimiento del juez Juan Luis Romero. El tribunal interviene en las apelaciones contra resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz de los distintos departamentos de la provincia.

Las cuatro designaciones completan cargos relevantes dentro de la estructura judicial provincial y cierran el proceso iniciado con la conformación de las ternas por parte del Consejo de la Magistratura y las posteriores entrevistas parlamentarias. La votación dejó, además, definiciones provenientes de distintas trayectorias profesionales y, en el caso de Genest, de una candidatura impulsada por el bloquismo y acompañada en el recinto por el oficialismo.

La Defensoría del Pueblo de San Juan prepara un nuevo amparo colectivo de alcance nacional para reclamar por la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, ante las demoras en los pagos, las dificultades denunciadas por familias y prestadores y los cambios que el Gobierno nacional impulsa para el sistema asistencial.

La decisión fue anticipada por la defensora Florencia Peñaloza después de su exposición ante la Cámara de Diputados de la Nación. La funcionaria vinculó la eventual presentación judicial con el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la evolución de las partidas durante 2026 y las modificaciones incluidas en la discusión del Presupuesto 2027.

Peñaloza señaló que el 60% de los casos ingresados a la Defensoría de San Juan corresponden a cuestiones de salud y que la mayoría está vinculada con discapacidad. Recordó además que el organismo ya había acudido a la Justicia en 2025 por la suspensión de pensiones no contributivas y que posteriormente se dispuso la restitución de beneficios afectados. La propia Defensoría registra ese antecedente como parte de sus actuaciones en materia de discapacidad.

El nuevo planteo no estaría limitado a los beneficiarios. La institución busca incorporar las dificultades denunciadas por familias, profesionales, equipos técnicos e instituciones educativas, particularmente aquellas vinculadas con la continuidad de tratamientos y prestaciones. “Lo planteamos por los niños y familias, pero también por los profesionales, equipos técnicos y escuelas”, sostuvo Peñaloza.

Uno de los puntos que genera preocupación es la discusión sobre el sistema de impuestos. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla modificaciones en el mecanismo de actualización de los valores del nomenclador y de las prestaciones, cambios que fueron cuestionados por organizaciones vinculadas con discapacidad y que actualmente forman parte del debate legislativo. El Gobierno, además, comenzó a negociar modificaciones sobre algunos de los artículos cuestionados.

La discusión se produce mientras el área atraviesa una nueva etapa institucional. Alejandro Vilches renunció el 21 de septiembre a la Secretaría Nacional de Discapacidad, cargo que dejó argumentando razones personales, en momentos en que el Congreso analiza las modificaciones presupuestarias y regulatorias para 2027.

El organismo sanjuanino ya había intervenido durante 2026 ante problemas vinculados con asistencias de salud. En septiembre, por ejemplo, solicitó al PAMI y a sus prestadores garantizar guardias mínimas y mecanismos alternativos de atención durante una medida de fuerza, con especial atención sobre afiliados que requieren tratamientos permanentes, medicamentos o asistencia por discapacidad.