La crisis de Vialidad Nacional en San Juan es un tema que preocupa profundamente a Carlos Ordóñez, secretario general de Vialidad Nacional en la provincia. En una conversación reciente con Mundo Laboral SJ, Ordóñez expresó su inquietud por la escasez de recursos y el desfinanciamiento que afecta al sector, lo que ha llevado a un deterioro significativo de las rutas nacionales.

Según Ordóñez, la asignación presupuestaria para Vialidad Nacional en 2024 experimentó una reducción del 72% en términos reales en comparación con 2023, lo que ha obstaculizado la adquisición de materiales y la realización de obras esenciales. Esto ha dejado a las rutas en condiciones precarias, lo que no solo afecta la conectividad y el transporte, sino que también incrementa los costos logísticos y el riesgo de siniestros.

La situación es particularmente grave en San Juan, donde las tormentas recientes han agravado la situación, causando cortes y daños en tramos clave como la Ruta 149 y la Ruta 150. Ordóñez calificó el estado de las rutas nacionales en San Juan como «deficiente», a pesar del esfuerzo de los trabajadores viales por mantener la transitabilidad.

El impacto de esta crisis no se limita al sector vial, sino que también afecta la seguridad y calidad de vida de todos los argentinos. Según datos del sindicato, seis personas pierden la vida diariamente en accidentes viales en Argentina, muchos de ellos relacionados con la falta de mantenimiento.

Ante este panorama, Ordóñez hizo un llamado al Gobierno Nacional para priorizar la inversión en infraestructura vial, garantizar la asignación transparente de recursos y trabajar en conjunto con las provincias para revertir esta situación crítica. «Es fundamental que las rutas estén en condiciones óptimas para asegurar la conectividad, reducir siniestros y promover el desarrollo económico de nuestras regiones», concluyó.

El aumento del 40% en las tarifas de las Administradoras de Riesgo del Trabajo (ART) desató una intensa polémica entre el sector privado y el Gobierno. Las aseguradoras justifican el incremento debido a la creciente judicialización de los accidentes laborales y el deterioro del sistema, mientras que el Gobierno de Javier Milei denuncia prácticas monopólicas.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) sostiene que el problema subyacente radica en la proliferación de juicios laborales, que ha aumentado un 6,8% en 2023 respecto al año anterior. Esto generó un «costo judicial» que afecta negativamente a toda la estructura productiva y compromete la solvencia del sistema.

Las aseguradoras también argumentan que la inflación acumulada en los últimos años ha erosionado su capacidad para cubrir los riesgos laborales. En respuesta, las principales compañías del sector acordaron un ajuste tarifario coordinado, lo que produjo inquietud entre los sectores empresariales y el Gobierno.

Es importante destacar que este aumento tarifario puede tener un impacto significativo en el índice de precios al consumidor, que es un tema prioritario para el Gobierno. La UART ha aclarado que no promueve aumentos y que cada compañía define su política y sus tiempos.

En un movimiento que marca un cambio significativo en el panorama laboral y económico de Santa Cruz, YPF anunció su retiro de la provincia y ofreció un plan de retiros voluntarios con una indemnización del 120% para los 2500 empleados afectados. Esta medida, acordada tras varias reuniones entre la petrolera, delegados gremiales y representantes de empresas contratistas, busca mitigar el impacto laboral de la decisión de la compañía.

El plan de retiros voluntarios, que incluye una indemnización mejorada financiada íntegramente por YPF, ha sido valorado positivamente por los gremios. Los representantes sindicales destacaron que el acuerdo es una señal positiva dentro de una situación compleja, y que las condiciones económicas ofrecidas son favorables para los trabajadores.

Aunque el acuerdo fue bien recibido, la salida de YPF de la región genera preocupación por su impacto en el empleo local. La petrolera mantuvo una fuerte presencia histórica en Santa Cruz, y su retiro puede tener consecuencias significativas para la economía local.

Con un plazo límite establecido para finales de enero, los empleados deberán decidir si aceptan la oferta. Mientras tanto, los gremios continuarán monitoreando el proceso para garantizar que los compromisos asumidos por la compañía sean cumplidos en tiempo y forma.