En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Carla Costabile, referente de ASIJEMIN, analizó el escenario actual del empleo femenino en la minería, cuestionó el impacto de la reforma laboral y planteó los desafíos pendientes para garantizar condiciones de trabajo equitativas y libres de violencia.

Las calles del microcentro sanjuanino volvieron a convertirse, en los últimos días, en un escenario de expresión colectiva. En el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, organizaciones sociales, sindicales y feministas confluyeron en una jornada de visibilización que puso en agenda viejas desigualdades aún vigentes en el mundo del trabajo.

Para Carla Costabile, el balance de la convocatoria fue contundente: la jornada dejó al descubierto una creciente conciencia colectiva frente a un contexto que —según advierte— vuelve a poner bajo discusión derechos que parecían consolidados.

“El balance es muy positivo. Se vio unidad y el poder de las mujeres en la lucha por sus derechos. Hoy hay conquistas que parecían incuestionables y, sin embargo, están siendo atacadas o puestas en duda”, señaló durante una entrevista con Mundo Laboral San Juan.

El diagnóstico no se limita al plano simbólico. En el universo del empleo, la dirigente sindical considera que las transformaciones impulsadas desde el Gobierno bajo el paraguas de la “modernización laboral” generan preocupación entre distintos sectores gremiales.

Desde su perspectiva, el debate actual no sólo interpela al conjunto de los trabajadores, sino que también tiene implicancias específicas para las mujeres. “La reforma laboral afecta a todos los trabajadores, pero impacta aún más sobre las mujeres porque profundiza desigualdades que ya existen”, explicó.

Costabile sostiene que las brechas estructurales —como la segmentación del empleo, la mayor precarización y los salarios más bajos— continúan atravesando la experiencia laboral femenina. En ese sentido, advierte que cualquier proceso de flexibilización corre el riesgo de ampliar esas diferencias.

“Las mujeres somos quienes más sufrimos las jornadas extendidas, la informalidad o los empleos peor remunerados. Cuando se quitan derechos, esas desigualdades se profundizan”, afirmó. Y añadió que, incluso en escenarios de crecimiento económico, la reducción de la brecha salarial ha sido históricamente lenta: “Si no se aplican políticas activas, cerrar esa brecha puede llevar décadas”.

El desafío de la igualdad en la minería

El debate adquiere una dimensión particular cuando se traslada al sector minero, una actividad tradicionalmente dominada por varones, pero que en los últimos años comenzó a incorporar una presencia femenina cada vez mayor.

Según Costabile, la participación de mujeres en la industria creció de manera sostenida. Sin embargo, la expansión numérica no siempre se traduce en trayectorias laborales estables.
“Hoy vemos más mujeres ingresando a la minería, eso es una realidad. Pero el problema aparece cuando analizamos la permanencia y los planes de carrera”, explicó.

El diagnóstico apunta a múltiples factores. Entre ellos, las condiciones laborales propias de la actividad —como los sistemas de turnos prolongados o “rosters”—, los entornos altamente masculinizados y las dificultades para compatibilizar el empleo con las tareas de cuidado.
“La mayoría de las mujeres, en algún momento de su trayectoria, termina dejando su puesto porque no están dadas las condiciones para sostenerlo”, sostuvo.

A ello se suman problemáticas vinculadas a la violencia laboral o simbólica, una cuestión que, según la referente gremial, continúa siendo un obstáculo en ciertos espacios productivos.
“En muchos casos se trata de ambientes hostiles o con dinámicas muy masculinizadas. Por eso es fundamental avanzar en herramientas que permitan prevenir y atender esas situaciones”, remarcó.

Protocolos y políticas de cuidado

Desde ASIJEMIN, el sindicato que nuclea a trabajadores jerárquicos del sector minero, se impulsan diversas iniciativas orientadas a revertir esos obstáculos.

Una de las principales herramientas es la implementación de protocolos para abordar situaciones de violencia laboral y de género. No obstante, Costabile reconoce que su alcance suele verse limitado si no existe una articulación directa con las empresas.

“Nosotros contamos con un protocolo sindical para atender casos de violencia, pero muchas veces necesitamos que las compañías también adopten mecanismos similares para que las medidas sean realmente efectivas”, puntualizó.

En simultaneo, el sindicato avanzó en acuerdos con el sector empresario para incorporar licencias vinculadas al cuidado y la vida familiar, un aspecto que la dirigente considera clave para sostener la participación femenina en la actividad.

Entre las medidas implementadas se encuentran la extensión de la licencia por maternidad, la ampliación de la licencia por paternidad, permisos por adopción y licencias específicas en situaciones de violencia de género.

“Firmamos acuerdos para sumar 30 días adicionales a la licencia por maternidad y ampliar la licencia por paternidad a 15 días. También se incorporaron licencias por adopción, por interrupción del embarazo y por situaciones de violencia de género”, detalló. Estas herramientas, según plantea, representan un avance concreto hacia un modelo laboral más equitativo, aunque todavía insuficiente frente a la magnitud del desafío.

Un debate abierto

En este marco, la discusión sobre la reforma laboral se entrelaza con un debate más amplio sobre el futuro del trabajo y el lugar de las mujeres en los sectores estratégicos de la economía.
Para Costabile, cualquier transformación normativa debería partir de un reconocimiento explícito de las desigualdades estructurales que aún atraviesan el mercado laboral.

“No se puede hablar de modernización si se ignoran las desigualdades que siguen existiendo”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, el movimiento sindical —especialmente sus espacios vinculados a la agenda de género— enfrenta el desafío de sostener la defensa de derechos en un escenario político y económico que, según advierten, tiende a tensionarlos.

“La lucha continúa porque es una demanda de las propias trabajadoras. Ellas esperan que el sindicato represente sus intereses y defienda sus derechos”, concluyó.

La creciente participación femenina en sectores históricamente masculinizados, como la minería, constituye uno de los cambios más significativos en el mapa laboral de las últimas décadas. Sin embargo, el desafío ya no pasa sólo por abrir las puertas de ingreso, sino por garantizar trayectorias laborales sostenibles, libres de violencia y con igualdad de oportunidades.

En ese terreno, las discusiones sobre reformas laborales, políticas de cuidado y condiciones de trabajo adquieren un peso determinante. Porque, como advierten desde el sindicalismo con perspectiva de género, la verdadera modernización del mundo laboral no se mide únicamente en términos de productividad o competitividad, sino también en la capacidad de construir ámbitos de trabajo más justos, inclusivos y equitativos.

Un juez laboral de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley de reforma laboral, que fijaba un nuevo esquema para actualizar las deudas en juicios laborales en trámite. El magistrado consideró que la norma introduce un trato desigual entre procesos y podría afectar el carácter alimentario de los créditos laborales, al reducir significativamente su valor frente a la inflación.

La reciente reforma laboral aprobada por el Congreso comenzó a transitar su inevitable recorrido judicial. Y ese camino registró este jueves su primer hito: un fallo de la Justicia laboral de Córdoba que declaró inconstitucional uno de los artículos más sensibles de la nueva normativa.

La decisión fue adoptada por el juez laboral Ricardo Gileta, quien resolvió invalidar el artículo 55 de la denominada Ley de Modernización Laboral, la disposición que establece cómo deben actualizarse los créditos laborales en aquellos juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la reforma.

La sentencia, firmada el 10 de marzo y difundida en las últimas horas, marca el primer cuestionamiento judicial concreto al nuevo esquema legal impulsado por el Gobierno. El punto en discusión no es menor: el modo en que se recalculan las deudas derivadas de conflictos laborales.

El artículo impugnado introducía un criterio diferenciado para los procesos judiciales en curso. Según el nuevo régimen, las deudas debían actualizarse utilizando la tasa pasiva del Banco Central, con un límite máximo equivalente a la inflación más un 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo. En la práctica, diversos especialistas advirtieron que esa fórmula podía implicar reducciones significativas en los montos que finalmente percibirían los trabajadores.

De acuerdo con estimaciones realizadas en distintos ámbitos judiciales, la aplicación del mecanismo previsto en la reforma podía recortar entre un 20% y un 60% el valor final de los créditos laborales respecto de los criterios que venían utilizando numerosos tribunales antes de la sanción de la ley.

Para el juez Gileta, ese cambio no sólo modifica el cálculo económico de las deudas sino que introduce una desigualdad jurídica difícil de justificar. En su fallo sostuvo que el artículo 55 “debe ser desechado por inconstitucional”, ya que establece un tratamiento diferenciado entre procesos iniciados antes y después de la sanción de la reforma.

En consecuencia, el magistrado dispuso que el crédito laboral del caso sea recalculado conforme al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, recientemente reformado, que establece un mecanismo de actualización vinculado a la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% mensual desde la mora hasta el efectivo pago.

El núcleo del argumento judicial se centra en el principio de igualdad ante la ley. Según el fallo, aplicar un régimen más restrictivo a los juicios en trámite —en comparación con el previsto para los nuevos litigios— implica una distinción arbitraria que no encuentra justificación razonable en el sistema jurídico.

Pero la sentencia no se limita a ese planteo formal. El juez también enfatizó el carácter especial que poseen los créditos laborales dentro del ordenamiento jurídico argentino.

En el derecho del trabajo, recordó el magistrado, las acreencias derivadas de salarios, indemnizaciones o reparaciones por despido poseen naturaleza alimentaria. Es decir, están destinadas a garantizar la subsistencia del trabajador y su grupo familiar.

Desde esa perspectiva, cualquier mecanismo que reduzca sustancialmente el valor real de esos créditos frente a un contexto inflacionario puede entrar en conflicto con el principio de reparación plena y con el principio protectorio que la Constitución y la legislación laboral reconocen a favor de la parte más débil de la relación laboral.

El fallo aparece además en medio de una creciente judicialización de la reforma. Diversas organizaciones sindicales y asociaciones de abogados laboralistas ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para cuestionar distintos capítulos de la norma, bajo el argumento de que introduce retrocesos en derechos sociales consolidados.

Revista Acción

En este aspecto, la Confederación General del Trabajo (CGT) también inició acciones judiciales para impugnar varios artículos de la reforma, en una disputa que promete extenderse durante meses en distintos tribunales del país.

El pronunciamiento del juzgado cordobés no implica, por ahora, la caída general del artículo cuestionado. Se trata de una sentencia de primera instancia, circunscripta al caso concreto. Sin embargo, su peso jurídico y simbólico es evidente.

La resolución inaugura un escenario de litigiosidad que probablemente acompañará la implementación de la reforma laboral durante los próximos años. En un sistema jurídico donde la interpretación judicial tiene un rol central, cada fallo comienza a delinear los contornos reales de una norma que todavía está lejos de mostrar su alcance definitivo.

Más allá del resultado final de los procesos judiciales que vendrán, el fallo deja una señal clara: la reforma laboral ya salió del terreno de la discusión parlamentaria para instalarse plenamente en el campo donde muchas veces se define el destino de las leyes en la Argentina contemporánea, el de los tribunales.

El Índice de Precios al Consumidor volvió a marcar un 2,9% en febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El dato repite la cifra de enero y deja al primer bimestre con una inflación acumulada de 5,9%. Sin embargo, la dinámica de alimentos y tarifas anticipa un escenario más caliente para marzo, con estimaciones privadas que ya ubican la suba mensual cerca del 3%.

La inflación de febrero volvió a situarse en el 2,9%, consolidando una meseta que, si bien refleja cierta desaceleración respecto de los niveles más elevados registrados meses atrás, todavía expone presiones persistentes en componentes clave del gasto cotidiano.

El dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos confirma que el proceso de desinflación avanza con cautela. Con el resultado de febrero, el aumento acumulado en los primeros dos meses del año alcanza el 5,9%, mientras que la variación interanual se ubica en 33,1%.

Detrás del promedio general, sin embargo, la estructura del índice revela que algunos rubros continúan avanzando a un ritmo significativamente mayor. El capítulo de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el que más se incrementó durante el mes, con una suba del 6,8%, impulsada principalmente por ajustes en tarifas de servicios públicos y modificaciones en los esquemas de subsidios en distintas provincias.

Ese aumento —más del doble del promedio general— confirma el peso creciente que los servicios regulados tienen sobre el presupuesto de los hogares y sobre los costos de funcionamiento de comercios y pequeñas empresas.

Alimentos: el factor de mayor impacto en el bolsillo

Más allá de las tarifas, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a convertirse en el principal motor del índice en términos de impacto cotidiano. Durante febrero registró una suba del 3,3%, impulsada fundamentalmente por el encarecimiento de carnes y derivados, un componente que históricamente condiciona la percepción social de la inflación en Argentina.

Según el informe oficial, esta división fue la que mayor incidencia tuvo en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país. La única excepción fue la Patagonia, donde el peso relativo de los aumentos en servicios públicos terminó desplazando a los alimentos como principal factor inflacionario.

En contraste, los incrementos más moderados del mes se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de apenas 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado prácticamente no registraron variaciones.

Desde una mirada más técnica, los precios regulados lideraron las subas con un incremento del 4,3%, seguidos por la llamada inflación núcleo —que excluye estacionales y regulados— con un 3,1%. Los productos estacionales, en cambio, registraron una caída del 1,3%.

La metodología del índice, todavía en espera

El dato de febrero vuelve a difundirse bajo el esquema metodológico vigente del IPC, cuya actualización había sido anticipada meses atrás por el Ministerio de Economía.

Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, decidió postergar la implementación del nuevo sistema de medición hasta que el proceso de desaceleración inflacionaria muestre señales más firmes de consolidación.

La decisión responde a la intención oficial de evitar cambios metodológicos en un clima todavía sensible para la evolución de los precios, aunque la demora también mantiene abierto el debate entre analistas sobre la necesidad de actualizar la estructura del índice para reflejar con mayor precisión los patrones actuales de consumo.

Consultoras anticipan un marzo con mayor presión inflacionaria

Más allá de la estabilidad relativa que muestran los primeros dos meses del año, las primeras mediciones privadas de marzo comienzan a encender algunas señales de alerta.

Un relevamiento de la consultora LCG indicó que, durante la segunda semana del mes, los precios de alimentos y bebidas registraron un aumento del 1,1% respecto de la semana anterior. Se trata de la segunda semana consecutiva con subas superiores al 1%, un ritmo que, de sostenerse, podría empujar el índice mensual por encima del 3%.

De acuerdo con ese informe, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se ubica en torno al 3,7%, mientras que la acumulada en lo que va de marzo ya alcanza el 2,7%.

La dinámica del aumento está concentrada en algunos productos claves de la canasta alimentaria. Entre las subas más significativas se destacan:

Carnes: 1,9% semanal
Productos lácteos: 1,8%
Verduras: 1%

En el análisis más amplio de las últimas cuatro semanas, los mayores incrementos se observaron en:

Carnes: 5,3%
Bebidas: 4,9%
Panificados, cereales y pastas: 4,3%
Lácteos y huevos: 3,5%

Según los analistas, estos rubros concentran buena parte de la presión inflacionaria reciente y explican aproximadamente el 75% del aumento semanal de precios.

Una inflación más baja, pero todavía incómoda

Aunque los registros actuales se ubican muy por debajo de los niveles de inflación mensual que caracterizaron etapas recientes de la economía argentina, el desafío sigue siendo significativo.

La estabilidad en torno al 3% mensual todavía implica una tasa anualizada elevada y mantiene bajo presión el poder adquisitivo de los salarios, especialmente en un contexto de recuperación económica aún desigual.

El comportamiento de los alimentos —que impactan con mayor intensidad en los sectores de menores ingresos— y la continuidad de los ajustes tarifarios aparecen hoy como los dos factores determinantes para definir si el proceso de desaceleración logra consolidarse o si, por el contrario, vuelve a encontrar nuevos límites en los próximos meses.

En ese delicado equilibrio se jugará buena parte de la evolución del costo de vida durante el resto del año. Porque, aunque los indicadores muestren señales de moderación, la inflación continúa siendo uno de los principales termómetros de la estabilidad económica y social del país.