La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795, incluida la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La resolución establece además que, si el Estado no acredita el cumplimiento dentro del plazo fijado, podrán aplicarse multas económicas diarias —astreintes— por cada jornada de demora. El pronunciamiento se produjo después de que el magistrado analizara la información remitida por el Ministerio de Capital Humano y concluyera que no alcanzaba para demostrar que la cautelar hubiera sido cumplida en su totalidad.

El reclamo judicial está vinculado con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en 2025. El artículo 5 establece que los salarios de docentes y no docentes deben actualizarse por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, tomando como referencia la variación del IPC informada por el INDEC. También dispone que las actualizaciones posteriores se incorporen a la negociación paritaria con una periodicidad que no supere los tres meses y con una referencia mensual no inferior a la inflación.

La misma ley contempla la recomposición y actualización de las becas estudiantiles. El artículo 6 dispone que los programas de becas deben actualizarse de acuerdo con la variación acumulada del IPC desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de prever un incremento progresivo de la cantidad de beneficiarios.

El porcentaje de recomposición salarial que aparece en la discusión judicial y sindical ronda el 33%. La cifra es presentada por las organizaciones universitarias como el incremento necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023; la aplicación concreta deberá ajustarse a lo dispuesto por la ley y a la resolución judicial.

La decisión de Cormick también tiene un antecedente inmediato. Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar al considerar que el acuerdo alcanzado en junio no demostraba que la cuestión hubiera quedado resuelta. En esa oportunidad había solicitado al Estado que detallara y documentara el grado de cumplimiento alcanzado.

San Juan incorporará desde noviembre una nueva alternativa para viajar a Buenos Aires. JetSMART realizará el 19 de noviembre su primer vuelo directo entre el Aeroparque Jorge Newbery y la provincia, en una operación que tendrá inicialmente cinco frecuencias semanales.

La fecha fue confirmada durante una reunión que mantuvieron este martes en Casa de Gobierno el gobernador Marcelo Orrego y Gonzalo Pérez Corral, country manager de JetSMART. Del encuentro también participó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero.

El cronograma ya tiene horarios definidos. El servicio partirá de Aeroparque a las 11:20 y llegará a San Juan a las 13:02. El regreso despegará desde la provincia a las 13:35, con arribo a Buenos Aires previsto para las 15:35.

La incorporación de la línea aérea amplía la oferta aerocomercial disponible para los pasajeros sanjuaninos y suma una nueva opción para quienes viajan por motivos turísticos, laborales, comerciales o familiares. La presencia de una segunda compañía también introduce una nueva referencia de precios y frecuencias dentro de la conectividad entre la provincia y Buenos Aires.

Estamos muy contentos por la repercusión que ha tenido el vuelo de JetSMART en San Juan”, señaló Pérez Corral. El ejecutivo confirmó que la compañía pretende continuar trabajando con las autoridades provinciales para ampliar las opciones de conectividad y sostuvo que existe disposición para analizar nuevas oportunidades en la provincia.

La mirada puesta en Chile

El desembarco de la aerolínea comercial también reavivó la posibilidad de que San Juan pueda recuperar o ampliar su conexión aérea internacional con Chile, aunque por ahora no existe una ruta anunciada ni una fecha prevista.

Fuentes oficiales explicaron que una eventual operación internacional requiere, además de las gestiones institucionales, un análisis comercial por parte de la compañía. La apertura de una ruta depende de factores como la demanda potencial, los costos operativos, la disponibilidad de aeronaves y la sustentabilidad económica del servicio.

Romero planteó que la llegada de JetSMART permitirá “explorar nuevas rutas nacionales e internacionales” y señaló que la Provincia continuará trabajando para ampliar las conexiones aéreas.

La búsqueda de una mayor integración con Chile adquiere particular relevancia parala provincia por su cercanía geográfica, el intercambio turístico y comercial y el vínculo estratégico que representa el corredor cordillerano. Sin embargo, cualquier conexión directa deberá atravesar primero las evaluaciones correspondientes.

La inauguración de esta ruta el 19 de noviembre consolidará la llegada formal de la aerolínea a San Juan. Con cinco frecuencias semanales y horarios ya definidos, la provincia optimizará su conectividad aérea con Buenos Aires. Además, la expectativa por una futura ruta internacional abre la puerta a una segunda fase de crecimiento.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, señaló que aumentó la presencia de zapatillas e indumentaria que, según denunció, ingresan por canales no autorizados y sin tributar. El reclamo apunta a reforzar las inspecciones y equiparar las exigencias entre comercios formales e informales.

Quiroga, sostuvo que el problema radica en la diferencia de costos que se genera cuando un negocio registrado debe competir con vendedores que no afrontan las mismas obligaciones tributarias, laborales y regulatorias.

“Desde el comercio tradicional debemos defender el comercio totalmente instalado, que genera empleo y que busca por los canales legales hacerse de mercadería y volcarla hacia el cliente”, planteó Quiroga a medios locales.

El dirigente mencionó particularmente los fardos de ropa usada y productos provenientes de países limítrofes que, de acuerdo con su denuncia, llegan mediante canales que no están habilitados. La consecuencia, explicó, es una estructura de costos distinta para quienes permanecen dentro de la formalidad.

“Cuando te encontrás con tu comercio que estás haciendo las cosas en regla, pero a la par te encontrás con otro que tiene otros costos, ahí repercute y eso es una competencia desleal”, afirmó.

El reclamo apunta a que los controles no recaigan exclusivamente sobre los establecimientos registrados. Quiroga planteó la necesidad de reforzar las inspecciones municipales y provinciales en aquellos locales donde se comercialicen productos cuyo origen o ingreso al país resulte irregular.

La Cámara también analiza mecanismos de coordinación con organizaciones sindicales para efectuar verificaciones en establecimientos donde puedan existir incumplimientos laborales. A eso se suman los controles tributarios y comerciales que ya alcanzan a los negocios formalizados.

Quiroga enumeró entre ellos las inspecciones de organismos fiscales, sindicatos y entidades vinculadas con derechos de autor y reproducción musical, y planteó que quienes comercializan mercadería fuera de los canales autorizados deberían quedar sometidos a exigencias equivalentes.

La discusión tiene además una dimensión fiscal. El comercio registrado sostiene una estructura de obligaciones que incluye impuestos, alquileres, cargas sociales y habilitaciones, mientras que la mercadería de origen ilegal, si efectivamente no tributa ni cumple con los requisitos de ingreso, parte de una estructura de costos diferente.

“Cada vez que avalamos un comercio de contrabando, estamos pegándole a los servicios que tenemos en la provincia”, sostuvo el dirigente, al vincular la recaudación tributaria con el financiamiento de servicios públicos como salud, seguridad y educación.

La Cámara busca trasladar ahora el reclamo a las autoridades municipales y provinciales para que se intensifiquen las verificaciones. El planteo no se limita a defender las ventas de los comercios establecidos: también pone en discusión la necesidad de distinguir entre competencia comercial dentro de las reglas y mercadería cuyo origen, ingreso o comercialización no cumple con las normas vigentes.