La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió dar un paso al frente y convocar a una movilización nacional el próximo 18 de diciembre, con epicentro en la Plaza de Mayo y réplicas en todo el país. La medida, confirmada por fuentes sindicales, constituye la primera reacción orgánica y contundente del movimiento obrero frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y enviado recientemente al Congreso.

La decisión no es menor: llega en momentos en que el oficialismo busca avanzar con celeridad sobre un paquete de reformas económicas y estructurales durante las sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, la reforma laboral aparece como una de las iniciativas más sensibles, tanto por su impacto directo en las condiciones de empleo como por su fuerte contenido ideológico.

Entre los artículos más resistidos por la CGT y las centrales sindicales se encuentran las modificaciones en el régimen de indemnizaciones por despido, la flexibilización en los esquemas de contratación, los cambios en los aportes patronales y la reconfiguración del sistema de negociación colectiva. Cada uno de estos puntos reavivó históricas tensiones entre el sindicalismo y los gobiernos que impulsan desregulaciones profundas en el mercado laboral.

Este jueves, la CGT reunió a su Consejo Directivo en la histórica sede de Azopardo 802. Bajo la conducción de los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, la mesa chica analizó en detalle el contenido del proyecto oficial y definió una postura unificada: rechazo frontal y movilización masiva. El clima, según confiaron participantes del encuentro, fue de “preocupación, pero también de firmeza”.

La convocatoria del 18 de diciembre no solo apunta a mostrar capacidad de movilización, sino también a enviar un mensaje político directo: el sindicalismo no está dispuesto a permitir que el Gobierno avance sin resistencia sobre aspectos nodales del sistema de derechos laborales vigente. La jugada se inscribe dentro de una estrategia más amplia de la central obrera, que combina presión callejera, diálogo político con sectores opositores del Congreso y trabajo técnico para intentar frenar o modificar el articulado más conflictivo del proyecto.

En paralelo, en la Casa Rosada observan la maniobra con atención. Saben que la marcha será un indicador clave del músculo sindical en un momento crítico del debate legislativo. También entienden que, de masificarse, podría abrir un frente político que complique la ingeniería parlamentaria diseñada por el oficialismo para aprobar la reforma antes de fin de año.

El llamado a la movilización se da además en un contexto en el que la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la nueva gestión. Para la CGT, el avance de una reforma de este calibre sin consenso social ni negociación suficiente constituye un límite claro. Para el oficialismo, en cambio, la transformación del mercado laboral es vista como una pieza esencial de su programa económico.

La marcha del 18 de diciembre se perfila como el primer gran test de fuerza entre la CGT y el Gobierno de Javier Milei desde que comenzó el debate legislativo de la reforma laboral. En un clima político cargado de tensiones, la movilización funcionará como un termómetro decisivo: medirá la capacidad de resistencia del movimiento obrero y pondrá a prueba la determinación del Ejecutivo para avanzar con uno de los cambios más trascendentes —y controvertidos— en materia laboral de las últimas décadas. Cuando termine el día, quedará claro si el Gobierno enfrenta un obstáculo circunstancial o el inicio de una oposición sindical más organizada y persistente.

Un informe del Instituto Gino Germani (UBA) expone la profundidad del deterioro salarial: el 72% de los trabajadores —formales, informales y cuentapropistas— percibe menos de $1 millón, mientras la canasta básica supera los $1,2 millones. Los alquileres, tarifas y alimentos absorben cada vez más del ingreso, crece el pluriempleo y se consolida un fenómeno estructural: trabajar ya no garantiza salir de la pobreza.

El último informe elaborado por los investigadores Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente del Instituto Gino Germani pone números concretos a una realidad que atraviesa todos los sectores: la mayoría de los trabajadores argentinos es pobre por ingresos.

Según el estudio, el 72% de los ocupados —incluyendo empleados formales, informales y cuentapropistas— gana menos de $1 millón mensual, un monto insuficiente para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que en octubre de 2025 trepó a $1.213.799 para un hogar tipo.

El impacto es transversal. Entre los asalariados formales, que históricamente fueron el núcleo más protegido del mercado laboral, el 58% tampoco alcanza el valor de la canasta básica. La informalidad, en tanto, exhibe cifras alarmantes: el 89% de los trabajadores no registrados y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación se ubican por debajo de ese umbral.

El fenómeno del “trabajador pobre”: un límite que ya se quebró

El informe advierte que 1 de cada 5 trabajadores con jornada completa de 40 horas semanales es pobre por ingresos. Entre los asalariados informales, esa proporción se dispara al 41,3%.

Los investigadores comparan la situación local con el fenómeno de los “mileuristas” en España, pero remarcan diferencias determinantes: en Argentina, sin subsidios a tarifas y con alquileres desregulados, la precariedad se profundiza mucho más.

Los aumentos persistentes en alimentos y servicios básicos —gas, luz y agua— explican gran parte del deterioro. El gasto en servicios pasó de representar el 4% del salario mediano a finales de 2023 al 11% en 2025, un salto que achicó drásticamente el margen de consumo y dejó sin capacidad de ahorro a millones de personas. Para muchos hogares, cualquier imprevisto económico —un arreglo, una enfermedad, una merma en las horas trabajadas— se convierte en una crisis inabordable.

Los autores del estudio advierten sobre un fenómeno creciente de “pobreza residencial”: trabajadores que, aun con empleo estable, destinan la mayor parte de sus ingresos a mantener un techo y no pueden cubrir otros gastos esenciales.

Pluriempleo en alza: cuando un trabajo ya no alcanza

La insuficiencia salarial está empujando a más personas a sumar segundas ocupaciones. Según el informe, el pluriempleo asciende al 12% de los ocupados, un récord que afecta tanto a informales como a trabajadores con empleo registrado.

El fenómeno es especialmente visible en sectores como Comercio, Gastronomía, Construcción y Transporte, donde el “Efecto Flexibilidad” permitió a algunos trabajadores ajustar precios y mejorar ingresos en términos relativos, aunque con salarios que siguen lejos de los valores de la canasta básica.

Una paradoja en la estadística: baja la pobreza, pero no mejora la vida cotidiana

Pese al escenario crítico, el informe señala una mejora relativa en los indicadores luego del pico de inflación del inicio de la gestión actual. La pobreza por ingresos cayó al 31,8%, una cifra más baja que la de meses anteriores y cercana a los niveles de 2018.

La recuperación se explica por incrementos en los ingresos de ciertos sectores informales, que lograron actualizar tarifas y precios con mayor velocidad que los asalariados registrados. Sin embargo, los investigadores advierten que estos avances no alcanzan para revertir la crisis estructural del empleo.

Un mercado laboral que acumula problemas

El deterioro salarial se enmarca en un mercado de trabajo con dificultades múltiples: 9,7 millones de personas —el 67% de la Población Económicamente Activa— enfrentan problemas laborales, ya sea por desocupación, subocupación o inserción en puestos de baja calidad.

La combinación de inflación acumulada, pérdida de poder adquisitivo y ausencia de crédito configura un escenario en el que la movilidad social ascendente parece cada vez más lejana.

El informe del Instituto Gino Germani confirma que el fenómeno del trabajador pobre ya no es una excepción sino la norma en la Argentina. El salario perdió su capacidad de garantizar bienestar, y la mayor parte de los trabajadores —incluso aquellos con empleo registrado— no logra cubrir la canasta básica.

En un país donde trabajar deja de ser sinónimo de estabilidad, el desafío ya no es solo económico: es social, político y estructural. Y mientras el ingreso siga por detrás de los precios, el pluriempleo, la precariedad y la pobreza laboral seguirán marcando el pulso del mercado de trabajo argentino.

El Gobierno dio a conocer oficialmente el texto íntegro de la Ley de Modernización Laboral, el proyecto que busca reconfigurar el régimen laboral argentino después de casi medio siglo de vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Con 182 artículos distribuidos en 109 páginas, su alcance es vasto y abarca prácticamente todas las dimensiones del vínculo laboral: remuneraciones, descansos, organización del tiempo de trabajo, derechos sindicales, formalización de nuevas actividades y procedimientos judiciales. El Ejecutivo quiere aprobarla en las sesiones extraordinarias de enero.

Empresarios lo celebraron como el paso “imprescindible” para dinamizar el empleo privado. Desde la vereda opuesta, la CGT y las CTA lo calificaron como un intento de “retroceso de derechos” y anticipan un escenario de alta conflictividad si avanza sin modificaciones.

A continuación, los principales puntos del proyecto.

Vacaciones más flexibles y posibilidad de fraccionamiento

El texto mantiene los plazos mínimos establecidos por la legislación actual, pero habilita una administración más flexible del período de vacaciones. Se podrán extender por acuerdos individuales o colectivos y, en situaciones excepcionales, acumular para el año siguiente.

El empleador deberá comunicar la fecha con una antelación mínima de 45 días —salvo que un convenio diga lo contrario— y se prevé el fraccionamiento cuando existan necesidades productivas, familiares o sectoriales.

Banco de horas y nuevas formas de organizar la jornada

Uno de los ejes más sensibles es la habilitación del banco de horas. Los convenios colectivos podrán establecer mecanismos de compensación entre jornadas más extensas y otras reducidas, siempre garantizando el descanso mínimo de 12 horas entre turnos y el piso de 35 horas semanales de descanso.

También se permitirá calcular la carga laboral en promedio, algo que flexibiliza los picos productivos sin incurrir automáticamente en horas extras.

Indemnizaciones: del sistema tradicional al fondo de cese sectorial

La reforma propone que, mediante negociación colectiva, sectores enteros puedan abandonar el esquema de indemnización tal como se conoce hoy y reemplazarlo por fondos o seguros de cese laborales financiados por aportes patronales.

Este mecanismo —defendido por cámaras como la UIA y la CAME— busca reducir la imprevisibilidad para las empresas, especialmente PYMES.
Para despidos sin causa se mantiene un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración del último año, aunque con exclusiones precisas para evitar litigios: no se computarán premios, pagos extraordinarios ni sumas transitorias.

Servicios esenciales: funcionamiento mínimo más alto

El proyecto redefine los servicios esenciales y eleva drásticamente los niveles de actividad obligatoria durante una huelga:

75% para áreas críticas,

50% para salud, energía, telecomunicaciones, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital.

Sindicatos advierten que esto “vacía” de contenido el derecho constitucional a huelga.

Digitalización integral de la documentación laboral

Todos los recibos, certificados, planillas de asistencia y comunicaciones quedarán digitalizados con validez legal plena.
La norma busca eliminar controversias vinculadas a recibos en papel, pagos no registrados y pruebas controvertidas en juicios laborales.

Asimismo, define de manera más estricta qué conceptos integran la remuneración y cuáles son beneficios o reintegros no remunerativos.

Enfermedades, ausencias y certificados médicos digitales

Los certificados médicos serán totalmente digitales y validados por un sistema centralizado que permitirá verificar diagnósticos y justificar ausencias.
El proyecto acorta los plazos para considerar una situación como abandono de trabajo, regula las inasistencias prolongadas y establece que toda medida disciplinaria deberá ser notificada de manera fehaciente.

Reincorporación judicial y accidentes: nuevos criterios

Si un tribunal declara ilegítimo el despido, el trabajador podrá optar por volver a su puesto —con los salarios caídos— o recibir la indemnización correspondiente.
En casos de incapacidad definitiva, la empresa deberá reubicar al trabajador en tareas compatibles, salvo que resulte imposible por motivos no imputables al empleador.

Plataformas digitales: reconocimiento pleno de la relación laboral

Por primera vez, el proyecto incorpora una regulación específica para repartidores y trabajadores de aplicaciones.
El Gobierno propone considerarlos empleados formales, con aportes a la seguridad social, ART, salarios mínimos y derecho a negociación colectiva sectorial.
Las plataformas digitales rechazan la equiparación y señalan que “distorsiona el modelo de negocio”.

Actualización salarial extraordinaria

La iniciativa incorpora mecanismos de actualización salarial ligados a la negociación colectiva para evitar que los ingresos queden desfasados frente a contextos inflacionarios cambiantes.
También introduce modificaciones procedimentales en causas judiciales laborales y en regímenes especiales.

Un debate que promete ser el eje del verano político

El borrador fue recibido con entusiasmo por las principales cámaras empresarias, que lo consideran un paso hacia “la modernización del mercado laboral”.
La CGT, en cambio, denunció que se trata de un proyecto “precario y regresivo”, que busca reducir costos laborales mediante la flexibilización del empleo.

El Gobierno aspira a que el Congreso lo trate en sesiones extraordinarias de enero, lo que anticipa un escenario legislativo caliente y una fuerte disputa entre oficialismo, oposición y sindicalismo.

La “Ley de Modernización Laboral” se perfila como el proyecto más ambicioso de la gestión de Javier Milei. Su implementación reconfiguraría pilares centrales del derecho laboral argentino: desde la indemnización tradicional hasta la organización del trabajo en la era digital.
Resta saber si el Congreso avalará esta transformación estructural o si los cuestionamientos sindicales y la resistencia política impondrán límites a una reforma que promete marcar el rumbo del país en los próximos años.