La cadena Carrefour pone en marcha en San Juan el primer supermercado con atención las 24 horas. La iniciativa, que comienza como prueba piloto, busca responder a nuevas demandas de consumo y abre interrogantes en el plano laboral.

A partir de este viernes 10 de abril, el supermercado comenzará a operar bajo la modalidad 24 horas en su sucursal de Capital, en lo que representa una experiencia inédita para el mercado local.

La propuesta apunta a ampliar la disponibilidad de servicios en un rubro históricamente sujeto a horarios limitados. La empresa busca captar a un público diverso que incluye trabajadores con turnos nocturnos —como personal de salud, seguridad y transporte—, así como consumidores que priorizan realizar sus compras en franjas de menor circulación.

El lanzamiento se inscribe dentro de una estrategia más amplia de consolidación de la firma en el país, con iniciativas orientadas a modernizar su esquema operativo y adaptarse a nuevos hábitos urbanos. En este caso, la apuesta combina innovación comercial con una lectura de las transformaciones en los patrones de consumo.

Funcionamiento del servicio nocturno

Durante la madrugada, el establecimiento mantendrá habilitada la mayor parte de sus góndolas, con especial énfasis en productos esenciales. Los clientes podrán acceder a artículos de almacén, frescos, limpieza y perfumería, garantizando abastecimiento continuo ante cualquier necesidad.

El esquema contempla algunas restricciones específicas. La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida en cumplimiento de la normativa vigente, mientras que se reforzará la oferta de comidas listas para consumir, orientada especialmente a quienes desarrollan actividades laborales en horario nocturno.

En cuanto a la operatoria interna, se prevé la presencia de personal en cajas y tareas de reposición, con el objetivo de sostener la calidad del servicio y las condiciones de seguridad dentro del local.

Impacto laboral y seguimiento gremial

La implementación de este formato generó atención en el ámbito sindical. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan adelantaron que realizarán un monitoreo permanente para asegurar el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo.

La secretaria general del gremio, Mirna Moral, remarcó que el trabajo nocturno implica adicionales salariales específicos y exige una organización adecuada de los turnos, con jornadas que no superen los límites legales. Además, subrayó la necesidad de resguardar la salud de los empleados frente a un régimen que modifica los ritmos habituales de trabajo.
En ese sentido, el sindicato buscará abrir instancias de diálogo con la empresa para definir con precisión la implementación operativa y evitar eventuales conflictos.

La incorporación de un supermercado con atención permanente introduce un cambio relevante en la vida cotidiana de San Juan y marca un precedente en el comercio regional. La iniciativa pone a prueba la capacidad del mercado local para adaptarse a esquemas más flexibles, habituales en grandes centros urbanos.

El resultado de esta experiencia será clave para determinar su continuidad y eventual expansión. Mientras tanto, la evolución de la demanda y el equilibrio entre innovación y condiciones laborales definirán el alcance de un modelo que comienza a abrirse paso en la provincia.

La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó el planteo del Gobierno y resolvió apartar al fuero laboral en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo. La decisión reconfigura el frente judicial sobre la reforma laboral y anticipa una disputa que podría escalar hasta la Corte Suprema.

El gobierno de Javier Milei obtuvo un primer resultado favorable en el terreno judicial al lograr que la causa impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral cambie de jurisdicción. La resolución, firmada por la jueza Macarena Marra Giménez, admitió la inhibitoria presentada por el Estado nacional y estableció que el expediente pase al fuero Contencioso Administrativo Federal, desplazando al Juzgado Nacional del Trabajo N°63.

La medida introduce un giro relevante en el litigio, ya que modifica el ámbito donde se analizará la validez de la normativa cuestionada. En términos procesales, la inhibitoria implica que el tribunal que intervenía originalmente debe cesar su actuación, lo que abre un nuevo capítulo en la disputa judicial.

Fuentes del ámbito laboral consultadas por especialistas señalaron que la decisión no está exenta de controversias y podría derivar en un conflicto de competencia entre fueros. En ese caso, la definición final quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia que tendría la última palabra sobre qué tribunal debe intervenir.

Una reforma bajo cuestionamiento

La causa se originó a partir de una acción colectiva presentada por la CGT, que logró inicialmente una medida cautelar en la Justicia laboral. Ese fallo suspendió de manera provisoria la aplicación de un conjunto amplio de artículos de la Ley 27.802, al considerar que existían indicios de inconstitucionalidad y riesgo de perjuicios de difícil reparación si la norma entraba en vigencia.

El pronunciamiento no abordó el fondo del asunto, aunque sí estableció un freno inmediato sobre aspectos centrales de la reforma. Entre los puntos objetados se encuentran modificaciones en el esquema de indemnizaciones, la ampliación de facultades empresariales, la flexibilización de condiciones de trabajo y limitaciones a la actividad sindical.

El tribunal laboral que intervino en primera instancia también reconoció la legitimación de la central obrera para representar al conjunto de los trabajadores en este tipo de demandas colectivas. En su argumentación, sostuvo que existía una “verosimilitud del derecho calificada”, al advertir posibles vulneraciones a garantías constitucionales, especialmente aquellas vinculadas a la protección del trabajo consagrada en el artículo 14 bis.

Un escenario judicial abierto

La aceptación de la inhibitoria no cierra la controversia, sino que reordena el tablero. Con el expediente en el fuero contencioso, el Gobierno busca fortalecer su defensa jurídica de la reforma, mientras que la CGT anticipa nuevas instancias de impugnación.

El proceso se inscribe en una serie de resoluciones que ya han limitado la aplicación de distintos artículos de la norma, lo que evidencia la complejidad del debate en tribunales. La eventual intervención del máximo tribunal podría convertirse en el punto de inflexión para definir el alcance definitivo de la legislación.

El traslado de la causa al fuero contencioso representa un avance estratégico para el Ejecutivo en una disputa que excede lo técnico y adquiere dimensión institucional. La reforma laboral, uno de los pilares del programa oficial, continúa atravesada por cuestionamientos que mantienen en suspenso su implementación plena.

A partir de ahora, la evolución del expediente y las decisiones judiciales que se adopten marcarán el rumbo de un conflicto con impacto directo en el mundo del trabajo y en el equilibrio entre las políticas públicas y los derechos laborales.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan aprobó el presupuesto 2026, que supera los $122.699 millones. Aunque el monto es mayor al del año anterior, pierde capacidad frente a la inflación y obliga a una administración cuidadosa.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) definió su planificación económica para 2026 tras la aprobación del Consejo Superior, que dio aval al proyecto sin votos en contra. El cálculo de gastos asciende a $122.699 millones y se eleva a $127.385 millones al sumar ingresos propios, una cifra que, pese a su crecimiento nominal, muestra limitaciones frente al avance de los precios.

La composición del presupuesto mantiene una estructura altamente concentrada en el pago de haberes. El 92,89% de los recursos se destinará a salarios, con una asignación de $113.974 millones. Este incremento, del 10,05% respecto al período anterior, resulta insuficiente frente al ritmo inflacionario, lo que reduce el margen operativo para otras áreas clave.

Las partidas destinadas a becas estudiantiles alcanzarán los $2.500 millones, mientras que las obras de infraestructura dispondrán de $1.400 millones. En investigación, el monto asignado será de $1.200 millones, con una participación limitada del financiamiento nacional, que apenas cubre una fracción del total.

El secretario administrativo financiero, Ricardo Coca, detalló que los ejes de gestión incluyen la mejora de la calidad educativa, el fortalecimiento del sistema de educación a distancia, el desarrollo científico y la continuidad de las actividades de extensión. No obstante, admitió que la disponibilidad de fondos exigirá priorizar gastos para asegurar el funcionamiento básico de la institución.

La sesión dejó además un capítulo de disputa política. Desde el sector opositor referenciado en Jorge Cocinero denunciaron irregularidades en la convocatoria, al señalar que la consejera suplente Carina Capriotti no recibió notificación para asistir.

Desde el oficialismo rechazaron esas afirmaciones y aseguraron que las comunicaciones se realizaron de acuerdo a los mecanismos habituales. Con una mayoría consolidada dentro del cuerpo, la conducción universitaria logró avanzar con la aprobación sin dificultades en el resultado final.

El presupuesto 2026 expone una realidad exigente para la UNSJ: ingresos que crecen en cifras nominales, pero con menor capacidad de respuesta frente a los costos. La elevada proporción destinada a salarios reduce la posibilidad de expansión en áreas estratégicas, lo que obliga a una gestión orientada a sostener lo esencial.

En ese marco, el desafío institucional radica en preservar la calidad académica y el desarrollo científico con recursos acotados, al tiempo que se garantizan condiciones de funcionamiento para toda la comunidad universitaria.