La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un incremento del 1,3% que se aplicará en diciembre, completando la suba pactada en noviembre. Además, las trabajadoras que superen las 16 horas semanales cobrarán un bono no remunerativo de $14.000 durante noviembre, diciembre e enero. La medida beneficia a un sector altamente feminizado y con elevados niveles de informalidad.

La recomposición se suma al 1,4% ya otorgado este mes y conforma un aumento total del 2,7% para noviembre, decisión que llega tras un período sin variaciones desde septiembre, cuando culminó la ronda previa de aumentos.

El acuerdo se alcanzó en el marco del organismo tripartito —integrado por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo— encargado de definir periódicamente los haberes del sector. En esta oportunidad, la actualización impactará en más de 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país, quienes arrastran una pérdida constante de poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente.

A la suba porcentual se suma un bono no remunerativo de $14.000 mensuales, que será abonado durante noviembre, diciembre y enero. El plus alcanza a quienes cumplen más de 16 horas semanales, con el objetivo de compensar el atraso acumulado luego de meses sin revisiones.

Este mecanismo ya había sido utilizado en el trimestre previo, cuando la paritaria definió un incremento del 6,5% entre julio y septiembre distribuido en distintas etapas. Ahora, el nuevo cierre paritario vuelve a introducir una corrección que intenta evitar un deterioro mayor en uno de los sectores más vulnerados del mercado laboral.

Escalas salariales proyectadas para diciembre

Tras la aplicación del aumento del 1,4% en noviembre, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) difundió los valores vigentes, que permiten estimar los montos finales cuando se incorpore el 1,3% restante en diciembre:

Supervisores/as

Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes

Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes

Tareas específicas (como cocina o funciones especializadas)

Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 mensuales

Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 mensuales

Caseros

$3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensuales

Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 mensuales

Tareas generales

Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 mensuales

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensuales

Antigüedad, zona desfavorable y aguinaldo

Continúa vigente el adicional por antigüedad del 1% del sueldo mensual por cada año trabajado, implementado desde septiembre de 2021. Además, quienes realizan tareas en zonas desfavorables —como las provincias patagónicas y el Partido de Patagones— perciben un 30% adicional sobre el salario mínimo establecido para su categoría.

Respecto del Sueldo Anual Complementario (SAC), el pago se realiza en junio y diciembre, tomando como referencia el 50% del mejor salario del semestre. En los casos en que la relación laboral no alcance los seis meses, el cálculo se efectúa de forma proporcional.

En una entrevista con la UOM provincial, su titular Martín Solazzo lanzó un panorama crítico: la industria metalúrgica registra pérdidas sostenidas, y ya se estiman cerca de 22.000 puestos de trabajo menos a nivel nacional. Solazzo advierte que la combinación de desindustrialización, transferencia de producción al exterior y una reforma laboral que reduciría derechos amenaza con profundizar una crisis social y productiva que golpea con particular fuerza a las familias trabajadoras.

El diagnóstico que presenta la Unión Obrera Metalúrgica de San Juan, a través de su secretario general Martín Solazzo, no es un lamento aislado sino la concreción local de tendencias que, según el gremio, vienen consolidándose a escala nacional: caída sostenida de la producción industrial, reconfiguración de cadenas productivas hacia la exportación con escasa generación de empleo local y una pérdida de derechos laborales que lejos de “aliviar costos” para las empresas, terminaría por precarizar el trabajo y aumentar la desocupación.

Solazzo parte de datos recientes —entre ellos la caída de 6,4% de la industria entre octubre del año pasado y octubre de este año — para ilustrar una regresión que ubica la actividad en niveles comparables a la peor fase de la pandemia de 2020. Pero detrás de esa cifra hay historias concretas: empresas que optan por transformar sus plantas en centros de acopio o ensamblaje reducidísimo, despidos que, aun cuando no siempre aparezcan en los grandes titulares, suman sangrados permanentes en los padrones locales y una cadena de efectos que amplifica la vulnerabilidad familiar. En San Juan, el sindicato estima la pérdida de cerca de 180–200 empleos en el último año sólo en el metalúrgico; extrapolado al territorio nacional, el número de 22.000 puestos fuera del sistema constituye una amenaza económica y social de escala.

La explicación que ofrece Solazzo conjuga factores coyunturales y estructurales. En la primera línea está la política económica reciente: tipos de cambio, costos logísticos, condiciones para la inversión y un régimen tributario que, según el dirigente, castiga la producción local más que incentiva la actividad. Paradójicamente, las empresas pueden aumentar rentabilidad a través de la exportación de bienes o de la deslocalización de etapas productivas; el resultado es una fábrica que factura pero contrata menos. “La rentabilidad de la empresa no cae, al contrario, crece —dice Solazzo—. Pero eso no se traduce en empleo.” En segundo lugar, la reforma laboral propuesta por el oficialismo aparece en la entrevista como un nuevo eje de preocupación: el sindicato la califica de “receta vieja” que busca reducir derechos (horas, vacaciones, garantías colectivas) en nombre de la competitividad, cuando la solución real para aliviar costos empresariales debería pasar por una revisión tributaria y por políticas públicas que protejan la producción nacional.

El dirigente distingue, además, entre lo que son reivindicaciones legítimas de modernización y la pérdida de derechos encubierta. Reconoce que existen aspectos “modernizables” vinculados a tecnología y procesos productivos, pero sostiene que cualquier cambio debe discutirse puertas adentro de cada convenio colectivo, con la participación plena de las organizaciones gremiales y sin imposiciones externas que individualicen la negociación y debiliten la protección colectiva. Esta postura subraya la tradicional lógica sindical: defender salarios, condiciones y estabilidad como pilares de la reproducción social y de la demanda interna.

En su relato se esboza otro elemento: la respuesta práctica del sindicato ante el cierre o el riesgo de cierre. Lejos de limitarse a la protesta, la UOM local afirma haberse involucrado en gestiones no tradicionales —interceder en licitaciones, asistir a empresas con asesoramiento para sostener la producción— porque entiende que la inacción significaría resignar fuentes laborales. Es una admisión de incapacidad estructural: el sindicato no puede sustituir políticas públicas; pero lo hace porque la urgencia social lo obliga.

El riesgo de escalada social aparece como una consecuencia plausible si no se revertieran tendencias: miles de familias sin ingreso y sin redes de contención, desempleo técnico que se profundiza y un mercado interno que se contrae. En este punto, Solazzo hace una lectura política exigente: respeta los resultados electorales que dieron lugar al actual gobierno pero rechaza la dirección de sus medidas, y reclama apertura y rectificación en materia económica y laboral para evitar un deterioro mayor.

La experiencia histórica, citada por el propio dirigente gremial, muestra que intentos de flexibilización laboral sin políticas compensatorias suelen terminar en mayor informalidad y desempleo: episodios de los años 90 y otras experiencias recientes dan argumentos a quienes sostienen una política de sostén industrial. El desafío hoy es complejo: Argentina necesita equilibrio entre costos empresariales competitivos, protección del empleo y estímulos a la inversión productiva dentro del país. Las herramientas disponibles —crédito productivo, reducción selectiva de cargas, incentivos a la exportación con condiciones de empleo local, regulaciones que promuevan encadenamientos productivos— requieren diseño y consenso social. Sin diálogo y sin medidas de corto plazo que amortigüen la pérdida de empleo, las advertencias sindicales adquieren carácter preventivo, no únicamente reivindicativo.

La entrevista con Martín Solazzo condensa la percepción de un sector que siente que la política económica actual está debilitando su capacidad de producir y sostener empleo. Entre cifras de caída de la actividad, pérdida de puestos y una reforma laboral potencialmente regresiva, el reclamo sindical es claro: cualquier cambio debe priorizar la protección de derechos, la negociación colectiva y políticas públicas que incentiven la producción en suelo argentino. La alternativa, advierten desde la UOM, es un proceso de desindustrialización que no sólo reduce la economía real sino que deja a miles de familias sin sustento —un coste social que, remarcan, el país no puede permitirse.

El sindicato de la Unión Tranviarios Automotor declaró el estado de alerta y anticipó que habrá paros en todas las líneas que no abonen sueldos y aguinaldos antes del cuarto día hábil de diciembre. Las empresas presionan al Gobierno por atrasos en los subsidios y plantean pagar el medio aguinaldo en hasta seis cuotas, una propuesta rechazada de plano por el gremio.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) encendió todas las alarmas de cara a diciembre y anunció un posible paro generalizado del transporte urbano si los trabajadores no perciben sus salarios y el medio aguinaldo en tiempo y forma. El secretario de Prensa del gremio, Mario Caligari, confirmó que la organización activó el estado de alerta luego de que varias empresas comunicaran que no podrán cumplir con los plazos legales de pago debido a supuestas demoras del Gobierno en el envío de subsidios.

La situación, que combina tensiones estructurales con un escenario económico cada vez más frágil, podría derivar en un diciembre con interrupciones masivas del servicio de colectivos en distintas regiones del país. El cuarto día hábil del mes fue señalado como un umbral determinante: “En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, advirtió Caligari en declaraciones a Splendid AM 990.

Las compañías transportistas afirman que las transferencias estatales no llegan con la regularidad necesaria para sostener los costos operativos y aseguran estar asfixiadas financieramente. Sin embargo, desde la UTA rechazan tajantemente ese argumento. “Nosotros no financiamos los sueldos ni los aguinaldos”, enfatizaron fuentes sindicales, dejando claro que la responsabilidad sobre la estructura de subsidios es exclusiva de las autoridades y los empresarios.

La propuesta de algunos operadores de pagar el aguinaldo en seis cuotas terminó por dinamitar cualquier margen de negociación. Para el sindicato, esa alternativa es inaceptable y vulnera un derecho básico de los choferes. “De ninguna manera, no es esa la forma”, afirmó Caligari, quien además cuestionó duramente lo que definió como una actitud histórica de victimización empresarial: “El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida”, disparó.

El vocero gremial subrayó que los conductores trabajan “los 30 días del mes y los 365 días del año”, y que por eso deben cobrar sus haberes “en tiempo y forma”, sin excepciones ni dilaciones. Incluso ironizó sobre el extremo al que, según su visión, pretenden llevar la discusión los transportistas: “Si fuese por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar”, sentenció, dejando al descubierto el nivel de desgaste en la relación entre ambos sectores.

Mientras tanto, el Gobierno permanece bajo presión de las empresas, que reclaman un esquema de compensaciones actualizado y previsible, capaz de sostener el funcionamiento del sistema. La incertidumbre sobre cuándo se normalizará el flujo de subsidios agrega tensión a un escenario ya delicado, que amenaza con impactar en millones de usuarios justo en el comienzo del mes de mayor demanda social.

El conflicto entre la UTA, las empresas de transporte y el Gobierno vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema de subsidios y la persistente disputa por su financiamiento. Con un diciembre que asoma cargado de tensión, el gremio dejó en claro que no tolerará pagos atrasados ni fraccionados. Si no aparecen respuestas rápidas, el país podría enfrentar un paro de colectivos con fuerte impacto en la movilidad urbana y en la vida cotidiana de millones de personas.