Llaryora tensiona con docentes cordobeses que van a un paro de 48 horas
El gobernador de la provincia de córdoba, Martín Llaryora optó por una medida unilateral que abonará a los docentes los aumentos propuestos para los meses de junio y julio, según un comunicado oficial divulgado el martes por la noche.
En un giro inesperado en la conflictiva negociación salarial entre el Gobierno provincial de Córdoba y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Llaryora decidió actuar desde Londres, donde se encuentra en una visita oficial.
El comunicado del Centro Cívico detalla que, «a pesar del rechazo de la propuesta salarial, la Provincia liquidará los haberes docentes con aumento retroactivo a junio». Esta decisión se materializa a través de un decreto emitido por el secretario General de la Gobernación, David Consalvi.
La medida incluye un ajuste salarial retroactivo y busca sortear el conflicto que surgió con el mayor gremio de estatales de la provincia, conocido por su firme postura en las negociaciones salariales.
El incremento salarial aprobado por el gobernador incluye un aumento del 2,5% remunerativo y una suma fija de 25 mil pesos para junio, así como un 2% más una suma fija de 25 mil pesos para julio. Estos ajustes se realizan en un contexto de inflación de 4,08% en mayo y 3,7% en junio, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia.
El impacto de esta medida generó una serie de críticas desde el gremio. Rafaela Ludueña, secretaria general de UEPC en el departamento San Justo, calificó la oferta como «un retroceso en la negociación» y la considera «inaceptable». Ludueña señaló que la propuesta del gobierno no mejoró en comparación con la oferta anterior rechazada y que el ajuste no compensa adecuadamente las necesidades de los trabajadores.
En respuesta a la medida unilateral, la UEPC convocó a un paro de 48 horas para los días lunes 5 y martes 6 de agosto, con una movilización programada en la capital provincial. Esta acción se suma a la creciente tensión entre el gobierno provincial y los educadores, que han expresado su descontento con la gestión salarial actual y han exigido mejoras sustanciales en las condiciones laborales.
La decisión de Llaryora de implementar el aumento salarial por decreto parece ser una estrategia para resolver el conflicto con el gremio, al menos a corto plazo. Sin embargo, la falta de acuerdo y la resistencia del UEPC indican que la disputa salarial no está cerca de resolverse completamente. La medida puede ser vista como un intento de presión sobre el gremio, al mismo tiempo que busca mitigar las críticas y mostrar un avance en la resolución del conflicto.
Con este panorama, la situación salarial de los docentes en Córdoba sigue siendo un tema de intenso debate y conflicto, y se mantiene bajo un análisis constante tanto por parte de los sindicatos como de la administración provincial. La evolución de esta disputa será clave para el desarrollo de las relaciones laborales en la provincia y el impacto en el bienestar de los trabajadores educativos.
Fuente: (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Amplio rechazo gremial a la propuesta oficial mantiene abierto el conflicto docente en San Juan
La negociación paritaria docente en San Juan volvió a quedar en un punto muerto. Tras la última reunión con el Ejecutivo provincial, los gremios Unión Docentes Argentinos (UDA) y Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) confirmaron que sus bases rechazaron las propuestas salariales presentadas por el Gobierno, profundizando un clima de creciente conflicto que mantiene abierta la disputa salarial. Las conducciones gremiales anticiparon una contrapropuesta y no descartan acciones judiciales y medidas de fuerza mientras continúan las negociaciones.
De acuerdo con los resultados de las consultas internas, el rechazo fue contundente en ambos sindicatos. La secretaria general de UDA, Karina Navarro, informó que el 73% de los mandatos se pronunció en contra de la oferta oficial. En la misma línea, la titular de UDAP, Patricia Quiroga, detalló que el 72% de los afiliados de su organización también votó negativamente.
El resultado dejó la negociación sin acuerdo y con un escenario de tirantez latente que podría escalar en las próximas semanas si no aparece una nueva propuesta del Ejecutivo que logre destrabar la paritaria.
Reclamos salariales y críticas a la liquidación de febrero
Desde UDA señalaron que durante la negociación solicitaron adelantar a mayo los incrementos previstos originalmente para junio, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo en el corto plazo. Sin embargo, esa alternativa no obtuvo respuesta favorable por parte del Gobierno.
Navarro explicó que en la mesa paritaria se expuso cómo evolucionarían los sueldos docentes entre marzo y junio, aunque subrayó que el mes de febrero aún permanece sin resolución dentro de la discusión salarial.
La dirigente también cuestionó la forma en que se liquidaron algunos conceptos vinculados al inicio del ciclo lectivo. Según sostuvo, el pago de determinados ítems se realizó de manera arbitraria, y tanto el equipamiento como la ayuda escolar —beneficios establecidos por ley— alcanzaron a un porcentaje mínimo del personal docente, lo que generó malestar en las bases.
Medidas gremiales y posible vía judicial
Desde UDAP, Quiroga anticipó que el gremio adoptará una medida de fuerza que garantizará el 75% de clases, en un intento de sostener la actividad educativa mientras se mantiene la presión sindical sobre el Ejecutivo.
Además, anunció que la organización presentará un recurso de amparo ante la Justicia provincial, mientras que la central docente Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) avanzará con una presentación similar a nivel nacional.
La dirigente insistió en que los sindicatos han acercado diversas alternativas durante la negociación y reclamó que el Gobierno contemple el desfasaje salarial acumulado que afecta a los trabajadores del sector educativo.
Las propuestas oficiales en discusión
Las ofertas presentadas por el Ejecutivo provincial incluyeron dos alternativas con incrementos escalonados y mecanismos de revisión.
La Opción 1, contemplaba aumentos progresivos en el valor índice y en determinados códigos del nomenclador docente durante marzo, mayo y junio de 2026, junto con un bono extraordinario de 120.000 pesos a pagarse en abril y una cláusula de revisión en junio, sujeta a la evolución económica y fiscal de la provincia.
La Opción 2 por su parte, proponía una estructura de aumentos similar, aunque con variaciones en la distribución de los puntos de incremento, manteniendo también una instancia de revisión en junio.
En ambos casos, el Gobierno incluyó además el compromiso de iniciar en el segundo semestre de 2026 un estudio sobre los radios docentes 4, 5, 6 y 7, así como una evaluación específica de la situación salarial en los departamentos de Jáchal y Caucete.
Con el rechazo de las bases y la ausencia de consenso, la paritaria docente continúa abierta y sin una solución inmediata. Mientras los gremios preparan una contrapropuesta salarial, el Gobierno enfrenta la presión de un sector que reclama una recomposición más rápida frente a la pérdida del poder adquisitivo.
En este escenario, el conflicto docente se mantiene latente y podría trasladarse al terreno judicial o a nuevas medidas gremiales si las próximas negociaciones no logran acercar posiciones. El desafío inmediato será encontrar un punto de equilibrio que permita garantizar estabilidad salarial para los docentes y previsibilidad para el sistema educativo provincial.
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La caída de la coparticipación complica las cuentas provinciales
La caída de la recaudación nacional en el inicio de 2026 impactó de lleno en la coparticipación federal. En febrero los envíos automáticos a las provincias cayeron 7,5% en términos reales y profundizaron un deterioro que comenzó el año pasado. El escenario complica las negociaciones salariales y reduce el margen fiscal de los distritos.
De acuerdo con datos oficiales, en febrero los envíos automáticos totalizaron $5,44 billones, lo que representó una caída real interanual del 7,5%. En comparación con enero, el retroceso fue aún mayor y alcanzó el 9,5%, confirmando una tendencia descendente que se arrastra desde 2025 y que ahora se profundiza.
El deterioro de los recursos afecta a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obligando a los gobiernos locales a recalcular sus estrategias fiscales en un contexto atravesado por negociaciones salariales, presiones sindicales y demandas crecientes de gasto público.
Entre los distritos más afectados aparece la Provincia de Buenos Aires, que entre 2024, 2025 y los primeros meses de 2026 dejó de recibir alrededor de 10,9 billones de pesos respecto de lo que habría percibido si se hubieran mantenido los niveles de transferencias de 2023.
Detrás se ubican la Provincia de Santa Fe, con una pérdida cercana a 2,2 billones de pesos, y la Provincia de Córdoba, con una merma de aproximadamente 1,9 billones.
También registraron recortes superiores al billón de pesos distritos como Provincia del Chaco, Provincia de Entre Ríos, Provincia de Santiago del Estero y Provincia de Tucumán.
En el caso de Provincia de San Juan, la pérdida acumulada entre 2024 y el inicio de 2026 asciende a unos 700.000 millones de pesos, un recorte que condiciona la planificación presupuestaria provincial.
Menor recaudación nacional
El principal factor detrás del retroceso en la coparticipación es la caída de la recaudación nacional. Según explicó el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, nueve de los diez principales impuestos registraron caídas reales durante el primer bimestre del año.
En ese período, la recaudación nacional perdió cerca de $3,3 billones en términos reales frente al mismo lapso de 2025.
Entre los tributos que más retrocedieron se destacan:
IVA, con una caída de $1,68 billones.
Retenciones a las exportaciones, con una baja de $587.000 millones.
Aportes y contribuciones a la seguridad social, con una reducción de $455.000 millones. El único tributo que mostró una mejora fue el impuesto a los combustibles, que registró un aumento real de $71.000 millones.
Impacto en Nación y provincias
La contracción de los ingresos tributarios afecta tanto al Tesoro nacional como a las administraciones provinciales. Según el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, los recursos que permanecen en manos de la Nación cayeron 9,3% en términos reales interanuales, mientras que los fondos transferidos a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disminuyeron 7,6%.
En valores nominales actualizados a febrero, la Nación dejó de percibir unos $2,4 billones, mientras que los distritos resignaron cerca de $930.000 millones.
Parte de esta dinámica responde a modificaciones impositivas y a distorsiones temporales en la recaudación, como la restitución de certificados de exclusión de percepciones del IVA aduanero y el adelantamiento de importaciones registrado durante 2025.
Con ingresos en descenso, negociaciones salariales en marcha y menores transferencias desde la Nación, las provincias enfrentan un año marcado por presiones fiscales. Si la caída de la recaudación se mantiene y no es compensada por ajustes en el gasto o nuevas fuentes de financiamiento, los resultados fiscales tenderán a deteriorarse. En ese delicado equilibrio entre disciplina presupuestaria y demandas sociales se jugará buena parte de la estabilidad financiera de los distritos durante 2026.
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Cómo funcionará el comercio en San Juan durante el fin de semana largo
La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan informó cómo será la modalidad de atención del sector durante el fin de semana largo. El lunes 23 habrá actividad habitual, mientras que el martes 24, feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se espera un cierre mayoritario de los locales.
De acuerdo con el relevamiento realizado por la entidad entre comerciantes de distintos rubros, existe una tendencia clara respecto al funcionamiento de la actividad durante ambas jornadas.
Para el lunes 23 de marzo —considerado día no laborable con fines turísticos— el comercio sanjuanino mantendrá, en líneas generales, su dinámica habitual. La mayoría de los establecimientos tiene previsto abrir en sus horarios normales, ya que en este tipo de jornadas la decisión de trabajar o no queda a criterio de cada empleador.
La situación será distinta el martes 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, el sondeo de la cámara empresarial indica que gran parte de los comercios permanecerá cerrada, lo que se traducirá en una actividad comercial considerablemente reducida en toda la provincia.
En este sentido, desde la entidad remarcaron la importancia de comunicar con anticipación la modalidad de trabajo del sector, especialmente en fechas donde se registran cambios en la rutina de consumo.
El presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, señaló que la difusión temprana de esta información busca brindar previsibilidad tanto a los clientes como a los propios comerciantes. Según explicó, el objetivo es que los sanjuaninos puedan organizar con mayor claridad sus compras, pagos y gestiones durante el fin de semana largo.
Con un lunes de actividad prácticamente normal y un martes con cierre mayoritario de locales, el comercio sanjuanino se prepara para atravesar el feriado con una dinámica similar a la que suele registrarse en fechas patrias inamovibles. La recomendación del sector es anticipar las compras y trámites para evitar contratiempos en una jornada donde la actividad será sensiblemente menor.
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