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El gobernador de la provincia de córdoba, Martín Llaryora optó por una medida unilateral que abonará a los docentes los aumentos propuestos para los meses de junio y julio, según un comunicado oficial divulgado el martes por la noche.

En un giro inesperado en la conflictiva negociación salarial entre el Gobierno provincial de Córdoba y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Llaryora  decidió actuar desde Londres, donde se encuentra en una visita oficial.

El comunicado del Centro Cívico detalla que, «a pesar del rechazo de la propuesta salarial, la Provincia liquidará los haberes docentes con aumento retroactivo a junio». Esta decisión se materializa a través de un decreto emitido por el secretario General de la Gobernación, David Consalvi. 

La medida incluye un ajuste salarial retroactivo y busca sortear el conflicto que surgió con el mayor gremio de estatales de la provincia, conocido por su firme postura en las negociaciones salariales.

El incremento salarial aprobado por el gobernador incluye un aumento del 2,5% remunerativo y una suma fija de 25 mil pesos para junio, así como un 2% más una suma fija de 25 mil pesos para julio. Estos ajustes se realizan en un contexto de inflación de 4,08% en mayo y 3,7% en junio, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia.

El impacto de esta medida generó una serie de críticas desde el gremio. Rafaela Ludueña, secretaria general de UEPC en el departamento San Justo, calificó la oferta como «un retroceso en la negociación» y la considera «inaceptable». Ludueña señaló que la propuesta del gobierno no mejoró en comparación con la oferta anterior rechazada y que el ajuste no compensa adecuadamente las necesidades de los trabajadores.

En respuesta a la medida unilateral, la UEPC convocó a un paro de 48 horas para los días lunes 5 y martes 6 de agosto, con una movilización programada en la capital provincial. Esta acción se suma a la creciente tensión entre el gobierno provincial y los educadores, que han expresado su descontento con la gestión salarial actual y han exigido mejoras sustanciales en las condiciones laborales.

La decisión de Llaryora de implementar el aumento salarial por decreto parece ser una estrategia para resolver el conflicto con el gremio, al menos a corto plazo. Sin embargo, la falta de acuerdo y la resistencia del UEPC indican que la disputa salarial no está cerca de resolverse completamente. La medida puede ser vista como un intento de presión sobre el gremio, al mismo tiempo que busca mitigar las críticas y mostrar un avance en la resolución del conflicto.

Con este panorama, la situación salarial de los docentes en Córdoba sigue siendo un tema de intenso debate y conflicto, y se mantiene bajo un análisis constante tanto por parte de los sindicatos como de la administración provincial. La evolución de esta disputa será clave para el desarrollo de las relaciones laborales en la provincia y el impacto en el bienestar de los trabajadores educativos. 

Fuente: (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Una familia necesitó $1.632.505 para no caer bajo la línea de pobreza

Según el INDEC, la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes alcanzó los $1.632.505 en septiembre, mientras que la Canasta Básica Alimentaria llegó a $738.690. Ambas aumentaron 1,7% mensual, pero la suba interanual fue mayor en los alimentos: 40%, frente al 38,7% de la canasta que determina la línea de pobreza.

La evolución interanual muestra una presión mayor sobre los gastos alimentarios. En comparación con septiembre de 2025, la CBA aumentó 40%, mientras que la CBT subió 38,7%. Desde diciembre de 2025, las variaciones acumuladas llegaron al 25,3% y al 24,7%, respectivamente.

La diferencia entre ambas mediciones determina los umbrales oficiales de pobreza e indigencia. La canasta alimentaria contempla los requerimientos nutricionales básicos; la total incorpora, además, bienes y servicios no alimentarios indispensables, como transporte, vestimenta y otros gastos del hogar.

Los montos también varían según la composición familiar. Para un hogar de tres integrantes, el INDEC calculó $1.299.664 para superar la línea de pobreza y $588.083 para no ser indigente. En una familia de cinco personas, los valores ascendieron a $1.717.036 y $776.939, respectivamente.

En la medición individual, un adulto equivalente necesitó $528.319 para no ser pobre y $239.058 para cubrir la canasta alimentaria. El organismo utiliza esta unidad de referencia —un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada— y ajusta los montos según la edad, el género y la composición de cada hogar.

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La inflación volvió a acelerarse: 1,9% en septiembre y 33,4% interanual

El Índice de Precios al Consumidor registró un incremento de 1,9% en septiembre, dos décimas por encima de agosto. Según el INDEC, la variación interanual llegó al 33,4%, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 alcanzó el 23,6%.

La evolución del indicador muestra que, pese a la desaceleración registrada en períodos anteriores, el costo de vida mantiene presiones que inciden sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Entre los componentes que traccionaron el indicador, sobresalió la suba en Alimentos y bebidas. Este rubro afecta de manera directa la economía familiar, ensañándose con los sectores más vulnerables. Por ello, la trayectoria de la canasta básica resulta indispensable para ponderar el costo de vida real por encima de la inflación promedio.

La aceleración mensual vuelve a poner el foco sobre la evolución de los precios y su relación con los ingresos. Aunque la variación interanual se mantiene por debajo de los registros de años anteriores, la continuidad de los aumentos condiciona la capacidad de compra de salarios y jubilaciones.

El indicador de septiembre servirá como marco de referencia para las negociaciones salariales y la planificación financiera de los hogares, en un contexto donde la dinámica de precios continúa condicionando el consumo y la recomposición del poder de compra.

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Cuatro días de paro en PAMI: qué pasará con las consultas en San Juan

La huelga nacional convocada por APPAMIA se extenderá hasta el viernes. Mientras un grupo de profesionales reprogramará consultas no urgentes y garantizará guardias y recetas, la Asociación de Médicos de Cabecera provincial resolvió mantener la atención habitual. El reclamo apunta a recuperar ingresos tras el cambio en el sistema de pagos aplicado en abril.

El paro nacional de 96 horas de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI abrió una división entre los profesionales de San Juan. Mientras prestadores adheridos a la medida reprogramarán turnos no urgentes hasta el viernes 16 de octubre, la Asociación de Médicos de Cabecera de la provincia resolvió no sumarse a la huelga y mantener las consultas habituales para jubilados y pensionados.

La protesta, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), reclama una actualización de los honorarios y cuestiona el cambio en la modalidad de pago aplicado en abril. Sandra Brizuela, delegada sindical en San Juan, afirmó que la modificación redujo más del 50% los ingresos que percibían algunos profesionales. En los consultorios que adhieran, se garantizarán las urgencias y la emisión de recetas.

Miguel Coria, presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera provincial, calificó el reclamo como «totalmente justo», pero explicó que la entidad decidió preservar la atención para evitar que los jubilados vuelvan a sufrir interrupciones. Aclaró que los pacientes podrán concurrir con normalidad, salvo ausencias particulares de los profesionales.

La principal disputa gira en torno al pago fijo por afiliado. Los médicos de cabecera reciben actualmente $2.700 por paciente y reclaman elevar la cápita a entre $4.000 y $4.500. Brizuela sostuvo que un profesional con 500 afiliados puede percibir alrededor de $1,4 millones mensuales, frente a los $2,8 millones que, según su comparación, cobraba antes de la modificación.

Los odontólogos también exigen una recomposición por los costos de los insumos y el funcionamiento de sus consultorios. Los montos reclamados varían según las entidades y las prestaciones contempladas: APPAMIA exige elevar los valores por afiliado y denuncia una fuerte pérdida de ingresos reales desde abril.

Coria reveló, además, que diez médicos de cabecera renunciaron en San Juan desde el cambio en el sistema de pagos. La asociación considera que la discusión debe concentrarse en una actualización que permita sostener los consultorios sin trasladar el costo a los pacientes.

Desde PAMI a nivel nacional, en tanto, señalaron que mantienen abiertas las instancias de diálogo y que revisarán los valores dentro de sus posibilidades presupuestarias. También defendieron la unificación de las cápitas como una medida destinada a simplificar el sistema, y recordaron que existen pagos adicionales por determinadas prestaciones.

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