El paro nacional de 24 horas convocado por los gremios universitarios registró un 90% de adhesión en San Juan, según informó ADICUS. La medida alcanzó a las facultades de la UNSJ y a los colegios preuniversitarios, en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada de protesta fue convocada por las organizaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, en medio de un conflicto que combina el reclamo por la recuperación de los salarios con la exigencia de que el Gobierno nacional cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

En San Juan, la elevada adhesión comunicada por ADICUS reflejó el respaldo de los trabajadores universitarios a la medida de fuerza nacional. La interrupción de las actividades académicas se extendió durante 24 horas y coincidió con el comienzo del segundo cuatrimestre, lo que volvió a colocar el financiamiento de la educación superior en el centro de la discusión.

Salarios y pérdida del poder adquisitivo

El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. Los gremios universitarios sostienen que los incrementos otorgados durante el último período no lograron compensar el deterioro acumulado de los ingresos frente a la inflación.

Las organizaciones sindicales cuestionaron particularmente el aumento del 21,3% percibido durante julio, al considerar que resultó insuficiente para recomponer el poder adquisitivo perdido. Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales habían advertido, además, que la diferencia entre los salarios actuales y la evolución de los precios supera el 28%.

La discusión no se limita a la actualización de los haberes. Los sindicatos también reclaman que se instrumenten las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario y que se actualicen los recursos destinados a becas y hospitales universitarios.

Desde la perspectiva gremial, la insuficiencia presupuestaria repercute directamente sobre el funcionamiento de las universidades nacionales y condiciona el desarrollo de las tareas de enseñanza, investigación y extensión.

Un conflicto que volvió a las aulas

La protesta se produjo en un momento especialmente sensible para las universidades, con el inicio del segundo cuatrimestre y sin un acuerdo que permita cerrar la disputa salarial.

Para los gremios, la convocatoria a la huelga constituye una nueva instancia de presión frente a la falta de respuestas a sus demandas. La elevada adhesión registrada en San Juan, según ADICUS, mostró que el reclamo excedió a una unidad académica puntual y alcanzó a las distintas estructuras educativas dependientes de la UNSJ.

La acción también expuso nuevamente la distancia entre las organizaciones sindicales y el Gobierno nacional respecto del financiamiento de las universidades públicas.

La respuesta del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó los argumentos sindicales y cuestionó la legitimidad de la medida de fuerza. Desde el Gobierno sostuvieron que las transferencias correspondientes a las universidades se encuentran al día de acuerdo con los compromisos asumidos y rechazaron que exista un incumplimiento de sus obligaciones.

Además, el Ejecutivo convocó a una reunión paritaria para el 1 de septiembre, fecha que los gremios deberán evaluar mientras mantienen abierto el reclamo por una recomposición salarial.

El paro de este miércoles dejó así una señal concreta en San Juan: con un 90% de adhesión informado por ADICUS, la discusión universitaria volvió a interrumpir las clases y mostró que la pugna salarial y presupuestaria permanece sin una resolución definitiva.

La continuidad de las demandas estará condicionada por las respuestas en la mesa paritaria y la asignación de los fondos universitarios. Al mismo tiempo, la comunidad académica mantiene un litigio que trasciende los sueldos y repercute en las actividades cotidianas de la educación superior.

La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología convocó para este miércoles 12 de agosto a una movilización nacional. La concentración central será a las 16 en el Obelisco y habrá réplicas en universidades, plazas y centros de investigación de todo el país. El reclamo se produce tras la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet y por el fuerte deterioro presupuestario y salarial del sistema científico.

La movilización adquirió mayor intensidad luego de que el Gobierno dejara sin renovación a 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos contratos finalizaron el 31 de julio. Los gremios consideran que la decisión no representa solamente una reducción de puestos de trabajo, sino también la interrupción de investigaciones que demandaron años de formación y financiamiento público.

Juan Manuel Sueiro, delegado de ATE en el organismo, calificó la medida como un “cientificidio” y advirtió que las bajas afectan líneas de investigación vinculadas con nanotecnología, ciencias biológicas, ciencias médicas e ingeniería.

El reclamo también apunta al deterioro de los recursos destinados a ciencia y tecnología. Según cálculos difundidos por Chequeado, el presupuesto correspondiente a esa función acumuló entre 2023 y 2026 una caída del 50,2% en términos reales, mientras que el Gobierno reconoció ante el Congreso una reducción de al menos el 40%.

A ese retroceso se suma la pérdida del poder adquisitivo. Los salarios de investigadores y personal de apoyo del Conicet acumulan una disminución real del 40,5% desde noviembre de 2023, mientras que los trabajadores científicos comprendidos en el SINEP registran una merma del 32,2%.

Otra de las demandas apunta a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, principal organismo de financiamiento de proyectos científicos, que no abrió nuevas convocatorias desde diciembre de 2023, según las organizaciones del sector.

La reducción de recursos también alcanzó a otros organismos científicos y tecnológicos, entre ellos la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Los gremios denuncian interrupciones de proyectos y advierten sobre la pérdida de capacidades acumuladas durante años.

En este sentido, investigadores y especialistas alertaron por una nueva salida de profesionales hacia otros países de la región, entre ellos Brasil, Chile y Uruguay. La comparación con la emigración de científicos registrada durante la década de 1990 volvió a instalarse en el debate sobre las consecuencias de la falta de financiamiento y de perspectivas laborales.

La jornada de este miércoles se inscribe en una sucesión de protestas protagonizadas durante 2026 por universidades, docentes, investigadores y trabajadores científicos. Entre ellas se encuentra la cuarta Marcha Universitaria Federal realizada en mayo, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025.

La pérdida de empleos registrados y el encarecimiento de las coberturas privadas modificaron de manera significativa el mapa de acceso a la salud en Argentina. Desde noviembre de 2023, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG).

El retroceso se trasladó también al sistema público. De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026 aumentó en 1.246.285 la cantidad de personas que no tenían obra social, prepaga ni mutual. El universo pasó de 9.428.131 a 10.674.416 personas, con un incremento de la proporción sobre la población del 32% al 35,6%.

La merma de afiliados tuvo una relación directa con la evolución del empleo. En el período analizado desaparecieron más de 235.000 puestos privados registrados y otros 73.000 empleos públicos, reduciendo no solo la cobertura del trabajador sino también la correspondiente a su grupo familiar.

Entre las principales obras sociales, OSECAC, vinculada a Comercio, redujo un 20,2% sus beneficiarios; OSPRERA, que reúne a trabajadores rurales, cayó 15,9%, y OSPCN, correspondiente a empleados estatales, perdió 19,1%. La construcción registró uno de los mayores retrocesos: OSPeCon disminuyó 25,4% y la obra social petrolera, OSPe, perdió 5,1%.

La evolución de esas entidades guarda relación con la contracción del empleo registrado. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, la construcción perdió 60.646 puestos, equivalentes al 13,8%; Comercio redujo su dotación en 9.413 trabajadores y el empleo petrolero cayó en 8.282. Entre los estatales, la reducción alcanzó a 73.052 puestos.

La principal excepción fue OSDEPYM, vinculada a los monotributistas, que incrementó 154% su cantidad de afiliados durante el mismo período, acompañando el crecimiento del 7,4% en la cantidad de inscriptos en ese régimen.

A la privación de cobertura derivada del empleo se sumó el aumento de las cuotas de medicina prepaga. Según los datos difundidos en el informe, desde la desregulación las tarifas acumularon una suba del 460%, frente a una inflación del 320%. El incremento redujo la capacidad de numerosos hogares para sostener una cobertura privada.

El impacto es particularmente fuerte entre los jóvenes. En el grupo de 15 a 29 años, el 49,9% no contaba con obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público durante el primer trimestre de 2026. Son 438.790 jóvenes más en esa condición respecto del cuarto trimestre de 2023, un aumento del 15,3%.

El desplazamiento de afiliados hacia hospitales y centros sanitarios estatales agrega presión sobre una estructura que debe absorber una demanda en aumento. La combinación entre menor empleo registrado, pérdida de afiliaciones y mayores costos de la medicina privada deja así una consecuencia concreta: cada vez más argentinos dependen del sistema público para acceder a atención médica.