El mercado automotor acumula una caída cercana al 13% y las concesionarias enfrentan una combinación de menor volumen, mayor competencia y márgenes más estrechos. En las últimas semanas se multiplicaron los despidos, retiros voluntarios y cierres de sucursales, mientras las agencias buscan reducir costos y adaptar sus estructuras a un mercado con más marcas y menos operaciones.

El ajuste comenzó a hacerse visible en las concesionarias de automóviles después de varios meses de contracción de las ventas y de una transformación acelerada de la oferta. El mercado automotor se encamina a cerrar 2026 por debajo de las 550.000 unidades, según las estimaciones citadas por el informe de A Rodar Post, lejos de las 700.000 unidades que algunos ejecutivos proyectaban a comienzos del año.

La reducción del volumen comercial se trasladó al empleo. De acuerdo con un relevamiento realizado entre concesionarias, al menos la mitad de las agencias consultadas reconoció haber reducido personal durante los últimos dos meses. Entre los casos mencionados aparecen grupos empresarios de la zona norte del Gran Buenos Aires, con operaciones en Pilar, Escobar y Zárate, donde unas 40 personas habrían sido desvinculadas, y otro grupo de trayectoria en el sur del conurbano, que habría prescindido de alrededor de 15 trabajadores.

La magnitud del proceso resulta difícil de cuantificar porque buena parte de las salidas se canaliza mediante retiros voluntarios y acuerdos individuales, sin intervención directa de los sindicatos. Las desvinculaciones se concentran, según fuentes del mercado, especialmente entre empleados incorporados durante los últimos dos o tres años, cuando las redes comerciales habían vuelto a ampliar sus dotaciones.

El fenómeno tiene una particularidad: las concesionarias de vehículos no enfrentan solamente una caída de la demanda, sino un cambio en la composición de la oferta. La incorporación de nuevas marcas, especialmente de origen chino, y el regreso de fabricantes importados ampliaron la competencia en segmentos donde históricamente predominaban las terminales con producción local.

Ese desplazamiento modificó la participación de las marcas tradicionales. Mientras algunas automotrices radicadas industrialmente en la Argentina registran retrocesos de sus patentamientos, varias compañías sin producción local muestran una evolución positiva. El resultado es un mercado con más competidores disputando un volumen menor de operaciones.

La presión se trasladó directamente a la rentabilidad de las agencias. Las terminales fijan objetivos comerciales que, según fuentes del sector, en algunos casos resultan difíciles de alcanzar con el ritmo actual de patentamientos. Para sostener las ventas, las concesionarias recurren a descuentos cada vez mayores y reducen el margen por unidad, con la expectativa de compensarlo mediante bonificaciones asociadas al cumplimiento de objetivos.

La alternativa es todavía más costosa: mantener vehículos sin vender implica financiar inventarios con tasas elevadas. Por eso, algunas agencias comenzaron a cuestionar los volúmenes de unidades que las terminales les solicitan adquirir y optaron por reducir sus compras para evitar una acumulación de stock que presione sobre sus cuentas.

Hasta hace pocos meses, parte de ese ajuste podía absorberse mediante la redistribución de empleados dentro de los propios grupos empresarios. El personal de las marcas con peor desempeño era trasladado hacia operaciones que mostraban mayor dinamismo. Esa posibilidad se redujo a medida que la contracción alcanzó a una mayor cantidad de redes.

La evolución también empieza a modificar la estructura física de las empresas. Algunas concesionarias avanzan con el cierre de sucursales y puntos de venta, concentrando operaciones en establecimientos principales para reducir alquileres, costos administrativos y dotaciones.

La diferencia con el período 2020-2023 es significativa. Durante aquellos años, las restricciones a las importaciones limitaron la disponibilidad de vehículos y redujeron el volumen de unidades comercializadas, pero la escasez permitió sostener precios y márgenes elevados en determinadas operaciones. Con una oferta ahora mucho más amplia, esa ecuación se modificó: hay más vehículos disponibles, más marcas compitiendo y una presión creciente sobre los precios de transacción.

Los empleados de comercio celebran este lunes 28 de septiembre su día, luego de que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias acordaran trasladar la conmemoración originalmente prevista para el sábado 26. La jornada tiene los mismos efectos laborales que un feriado nacional para quienes están comprendidos en la actividad mercantil.

Por esa razón, supermercados, shoppings, grandes tiendas y otras cadenas comerciales permanecen cerrados, salvo aquellos establecimientos cuyos trabajadores sean convocados a prestar servicios bajo las condiciones previstas por la legislación vigente.

La fecha está contemplada por la Ley 26.541, sancionada en 2009, que estableció el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio y dispuso que la jornada tenga carácter de feriado nacional obligatorio para sus trabajadores.

El traslado al lunes no modifica esos derechos. Si un empleado debe trabajar, corresponde aplicar las condiciones previstas para un feriado en materia de remuneración. Además, la jornada no puede ser utilizada como franco compensatorio del descanso semanal, una precisión que adquiere particular relevancia al coincidir la fecha original con un sábado.

La conmemoración tiene un antecedente histórico que se remonta a 1934, cuando el Congreso sancionó la Ley 11.729, impulsada por el diputado socialista Enrique Dickmann. La norma modificó disposiciones del Código de Comercio e incorporó derechos que marcaron una etapa decisiva en la legislación laboral argentina, entre ellos indemnizaciones por despido, vacaciones pagas, aguinaldo y disposiciones vinculadas con accidentes de trabajo y maternidad.

Aquel proceso se inscribió en una etapa de expansión de los derechos laborales que también había incorporado el descanso dominical, sancionado en 1905, y la regulación de la jornada laboral. Para el sindicalismo mercantil, esas conquistas constituyen parte de una tradición que comenzó mucho antes de la creación de la actual normativa específica.

El Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que regula las condiciones laborales de los trabajadores, incorporó posteriormente el 26 de septiembre como jornada de celebración del gremio. Décadas después, la Ley 26.541 otorgó a esa fecha el alcance laboral que conserva actualmente.

A casi un siglo de aquella reforma, el Día del Empleado de Comercio mantiene una doble dimensión: constituye una jornada de descanso para millones de trabajadores mercantiles y, al mismo tiempo, funciona como una referencia histórica sobre la evolución de la legislación laboral argentina y el papel que tuvieron las organizaciones sindicales en su construcción.

Los empleados de la Administración Pública Provincial de San Juan tendrán acreditados sus haberes correspondientes a septiembre este miércoles 30, según informó el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia.

A partir de esa fecha, los trabajadores podrán disponer de sus salarios mediante los cajeros automáticos, que permanecen habilitados durante las 24 horas. De esta manera, una vez efectivizado el depósito, cada agente podrá retirar o utilizar sus fondos sin necesidad de esperar el inicio de la jornada bancaria.

El Gobierno recordó la vigencia del servicio Visa Extra Cash, que permite retirar dinero en efectivo con tarjeta de débito en comercios adheridos como supermercados y estaciones de servicio.

La acreditación comprende a los trabajadores de la Administración Pública Provincial y corresponde a los haberes del mes de septiembre de 2026. La fecha fue comunicada oficialmente por la cartera económica, que de este modo estableció el cronograma de disponibilidad de los salarios estatales.