La aprobación de la nueva Ley de Transporte abre un proceso de 120 días para definir la reglamentación que reorganizará por completo la actividad en San Juan. Habrá un registro único, vehículos identificados y no identificados bajo un mismo marco legal, tarifas sugeridas y habilitación plena para operar mediante aplicaciones digitales. El Gobierno asegura que el objetivo es “ordenar, transparentar y modernizar” un sector en expansión que hasta ahora funcionaba con criterios dispares.

La sanción de la nueva Ley de Transporte marca un punto de inflexión para taxis, remises y servicios por aplicación. El Gobierno provincial tendrá 4 meses para redactar la “letra chica” que pondrá en marcha el nuevo esquema regulatorio. Hasta que ese proceso concluya, sigue vigente la normativa anterior.

Uno de los ejes centrales es la creación de un registro único y obligatorio de conductores y vehículos, que reemplaza al antiguo régimen de licencias. No habrá cupos ni limitaciones en la cantidad de unidades habilitadas: cualquier conductor podrá incorporarse siempre que cumpla con los requisitos establecidos, entre ellos carnet profesional, seguro para personas, y vehículos con una antigüedad no mayor a 10 años.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, precisó que quienes ya poseen licencias reconocidas por el Estado dispondrán de un año para realizar el traspaso formal. Además, cada vehículo deberá exhibir un certificado oficial y la provincia abrirá una base de datos pública para verificar la habilitación en tiempo real. “La transparencia es central; necesitamos que el sanjuanino pueda consultar y confiar”, remarcó.

Tarifas: el Gobierno retiene el poder de regular y propondrá un valor de referencia

Uno de los puntos más sensibles es la política tarifaria. El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, confirmó que el Gobierno “conservó la potestad de establecer tarifas fijas u orientativas”, aunque esto se definirá durante los 120 días de reglamentación.

En paralelo, la ministra Palma adelantó que se implementará una tarifa mínima sugerida, que no será obligatoria pero sí funcionará como guía para todo el sector. El objetivo es evitar las grandes disparidades de precios entre taxis tradicionales, remises y plataformas digitales, sin impedir que los valores puedan ajustarse por acuerdo entre las partes.

Identificados y no identificados: una clasificación clave para ordenar el sistema

La ley divide la actividad en vehículos identificados (taxis ploteados, remises, transporte escolar y transporte accesible) y vehículos no identificados, categoría en la que quedarán los autos que trabajan mediante apps o de manera eventual.

Ambos podrán operar a través de plataformas digitales sin restricciones. La diferencia será principalmente impositiva y operativa: mientras los identificados suelen dedicarse de manera exclusiva a la actividad, los no identificados la complementan con otros trabajos.

Molina detalló además que los servicios en moto quedan excluidos por completo, debido a la falta de carnet profesional y de mecanismos de control adecuados. “Si alguien pide una moto, debe saber que se sube bajo su propio riesgo”, advirtió.

Apps, contacto digital y modernización: San Juan se integra al mapa global del transporte

La nueva ley reconoce oficialmente la contratación de viajes a través de aplicaciones locales e internacionales como Oeste X, Uber y DiDi. Es un paso clave para “blanquear” una modalidad que creció sin regulación.

En paralelo, la provincia avanza en un convenio con la Unión Internacional de Transporte Público y Google, que permitirá ver información del transporte público en Google Maps, planificar recorridos y, en una segunda etapa, recibir alertas en tiempo real sobre cortes, congestiones y demoras.

Con esta ley, San Juan apuesta a ordenar un mercado diverso y altamente heterogéneo, donde convivían modalidades tradicionales, plataformas digitales y sectores con distintos niveles de formalidad.

El registro único, la transparencia en la habilitación, la tarifa sugerida y la habilitación plena de las aplicaciones configuran un escenario nuevo tanto para los trabajadores como para los usuarios.

Los próximos 120 días serán decisivos: de la reglamentación dependerá si este intento de modernización logra equilibrar competencia, garantizar seguridad y ofrecer un sistema más claro, confiable y accesible para todos.

ATEPSA anunció un paro progresivo a partir del 18 de diciembre en reclamo de mejoras salariales y por presuntos incumplimientos paritarios por parte de EANA. El conflicto podría escalar e impactar en vuelos nacionales e internacionales en pleno comienzo de la temporada alta.

La tranquilidad previa a las fiestas de fin de año quedó en suspenso tras el anuncio de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). El gremio adelantó un plan de lucha progresivo que comenzará el miércoles 18 de diciembre y que amenaza con interrumpir o demorar vuelos en todos los aeropuertos del país.

El detonante del conflicto está en los reclamos salariales y en lo que los trabajadores denuncian como incumplimientos paritarios por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). También señalan el desconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, la “falta de diálogo” y la ausencia de respuestas a los planteos elevados en los últimos meses.

La medida se definió en una asamblea en la sede central de EANA, donde los controladores expresaron su “repudio a la falta de negociación” y ratificaron que retomarán un plan de acción iniciado el 3 de noviembre y que había quedado en suspenso por la conciliación obligatoria dictada en agosto.

Aumenta la tensión: paros progresivos y la posibilidad de escalar a vuelos internacionales

ATEPSA informó que el cese de actividades comenzará afectando a los vuelos nacionales, pero advirtió que, de persistir el conflicto, las medidas podrían extenderse a los vuelos internacionales, complicando uno de los períodos de mayor demanda de todo el año.

Aunque el gremio todavía no difundió el cronograma detallado, anticipó que durante los próximos días realizará asambleas nacionales para definir horarios, modalidades y alcances de cada instancia del plan de lucha. “Meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un convenio colectivo desconocido”, argumentaron desde el sindicato.

Desde la empresa, en cambio, aseguran que el acuerdo paritario sigue vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales, una postura que profundizó el malestar entre los controladores.

Un conflicto que se agrava por el deterioro del diálogo

La reactivación de la protesta refleja la falta de avances en las negociaciones. El gremio acusa a EANA de incumplir un acuerdo firmado hace más de dos meses, mientras que la empresa sostiene su posición y niega irregularidades. La distancia entre ambas partes llevó a un nuevo foco de tensión que amenaza con expandirse durante la temporada alta.

“Instamos a EANA a dar respuestas. Sin diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, advirtió ATEPSA. Para este viernes está prevista una audiencia en la Secretaría de Trabajo que buscará acercar posiciones y evitar una paralización que podría afectar a miles de pasajeros.

Desde EANA afirmaron que “el paro aún no está confirmado”, aunque no mostraron señales de flexibilizar la postura que originó el conflicto. Así, la principal expectativa para desactivar las medidas parece quedar en manos de la Secretaría de Trabajo, que podría dictar una nueva conciliación obligatoria, como ya ocurrió en reclamos anteriores.

Sin embargo, incluso esa alternativa sólo patearía la disputa hacia enero, otro mes de alto movimiento turístico, sin resolver de fondo la discusión salarial ni las diferencias sobre el convenio colectivo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Víctor Menéndez, titular del sindicato de Estaciones de Servicio, delineó un panorama crudo sobre la situación económica, la caída del salario real, el avance de la recesión y la creciente migración laboral hacia países limítrofes. Además, analizó la estrategia de la CGT ante la reforma laboral y anticipó el escenario paritario que enfrenta su sector de cara al 2026.

La conversación con Víctor Menéndez deja en claro que la crisis económica dejó de ser un diagnóstico para convertirse en una condición estructural. La inflación que se desacelera a fuerza de recesión, el derrumbe del poder adquisitivo y el estancamiento productivo se entrecruzan en un escenario en el que —según los datos que cita— casi un 80% de los argentinos no logra llegar a fin de mes.

“Estamos viviendo un momento muy delicado. Los trabajadores están realmente apaleados, con salarios bajos y sin expectativas de mejora”, advierte. Su descripción abarca tanto a los asalariados activos como a los jubilados, cuyas prestaciones —recuerda— fueron históricamente referencia regional y hoy se encuentran entre las más deterioradas.

Menéndez remarca un punto que se repite en todos los sectores gremiales: la recesión como única vía para desacelerar los precios. No se trata de un dato menor: detrás de cada punto de inflación menos aparecen cierres de fábricas, suspensiones, despidos y un tejido productivo cada vez más debilitado. “No hay perspectiva de industrializar, de volver a producir. Se están cerrando industrias todos los días”, resume.

La migración laboral, un síntoma inesperado del deterioro

Uno de los fenómenos que más inquieta al dirigente es el crecimiento de la migración laboral hacia países vecinos. Una postal que invierte décadas de historia.

“Hoy los argentinos salen a buscar trabajo a Brasil y Paraguay. Eso no ocurría desde hace muchísimo tiempo”, afirma.

El dato implica una ruptura cultural y económica: en un país que durante años recibió trabajadores de la región, ver a sus propios ciudadanos cruzar la frontera por necesidad es, en términos simbólicos, un indicador profundo de retroceso.

El referente gremial vincula este proceso con lo que considera un cambio de prioridades por parte del Gobierno nacional, al que acusa de “combatir jubilados, trabajadores y pymes” mientras se alinea con sectores de fuerte poder económico. Ese vínculo político-económico, sostiene, alimenta un clima social que percibe como “oscuro” y sin horizonte claro.

CGT, unidad y reformas: un movimiento obrero en alerta máxima

La salida de la CGT del Consejo de Mayo y la inminente discusión de la reforma laboral abrieron una nueva etapa de tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero. Menéndez, que participó de la última reunión de secretarios generales en San Juan, describe un encuentro marcado por preocupación, diagnósticos críticos y relatos de despidos y cierres en múltiples actividades.

“La situación es grave y nos obliga a estar unidos. Se vienen tiempos muy difíciles”, asegura.

De cara al 2026, anticipa que la unidad será el eje central de la renovación de autoridades de la central obrera:
“Habrá que elegir los mejores cuadros, pero siempre desde la unidad. Y también dar lugar a la generación joven que tiene ganas de participar”.

A la par, destaca un punto clave: el problema de un sindicato es el problema de todos. La lógica solidaria vuelve a tomar protagonismo en un contexto en el que, dice, cualquier organización puede ser la próxima en enfrentar conflictos.

Paritarias en el sector: salarios atrasados y una negociación que define 2025–2026

En materia salarial, Menéndez confirma que el gremio debe recomponer un tramo del acuerdo vigente, superado ampliamente por la inflación. La discusión incluye dos alternativas: recuperar lo perdido mediante un porcentaje adicional o a través de un bono compensatorio.

El representante sindical también anticipa que deberá cerrarse el tramo final de la paritaria 2025 —diciembre a marzo— para luego iniciar en abril la negociación 2026.

“La variable de ajuste no puede ser el salario”, subraya. Y añade:
“Los compañeros necesitan una recuperación real. No se puede vivir llegando al día 15 del mes”.

Sobre el proceso de homologación, recuerda que la Secretaría de Trabajo dispone de un plazo de 45 días y que, en caso de desacuerdo extremo, puede intervenir mediante un laudo arbitral. Sin embargo, aclara que en su actividad “nunca fue necesario llegar a ese punto”.

Reforma laboral: modernización sí, retrocesos no

De cara a las próximas semanas, Menéndez anticipa que la CGT convocará a los equipos jurídicos de todos los sindicatos para analizar el proyecto final de reforma laboral. La preocupación no se centra en la idea de modernizar aspectos vinculados a la tecnología o automatización, sino en la posible pérdida de derechos históricos.

“No nos oponemos a la modernización. Pero no podemos resignar conquistas que costaron décadas de lucha, salud y hasta sangre”, asegura.

La central obrera, afirma, buscará incidir mediante diálogo con diputados, senadores, gobernadores y todos los actores políticos involucrados. “En todas las provincias hay trabajadores, nadie puede mirar para otro lado”.

La entrevista con Víctor Menéndez dibuja un país donde la crisis económica opera como eje de todas las discusiones: salarios que no alcanzan, producción paralizada, migración creciente y un clima laboral en permanente tensión. En ese marco, la CGT se reorganiza, busca fortalecer su unidad y prepara una estrategia legislativa y territorial para enfrentar los cambios que el Gobierno proyecta.

El dirigente sintetiza su visión con una mezcla de preocupación y responsabilidad: la necesidad de defender el trabajo, fortalecer la unidad y asegurar que ninguna reforma implique un retroceso histórico.
En tiempos de incertidumbre, insiste, la organización sindical vuelve a ser el principal refugio de los trabajadores.