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La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA) declaró el estado de alerta debido a la falta de avances en las negociaciones paritarias para el año 2024.

En un comunicado emitido este viernes, la Federación de Trabajadores de la Carne y Afines informó que se produjo un retraso en las producciones de las plantas, como resultado de una acción informativa llevada a cabo por los trabajadores del sector.

“Nos encontramos en una acción informativa con los compañeros para tratar la paritaria 2024 que las Cámaras Empresariales aún se niegan a darnos”, explicó la federación. Gabriel Vallejos, Secretario General de FESITCARA, advirtió que si la negativa de la cámara empresaria persiste, los trabajadores de la carne se verán obligados a tomar medidas de fuerza contundentes.

FESITCARA hizo un llamado a todas las organizaciones gremiales que la integran, así como a los gremios hermanos de todo el país, para fortalecer su fuerza y unificar acciones conjuntas. «Siempre apostamos a las acciones informativas para llegar a un acuerdo de reivindicación salarial en la difícil Argentina que nos toca transitar», declaró Vallejos. Sin embargo, subrayó que con tanto tiempo transcurrido, las familias de los trabajadores de la carne no pueden seguir perdiendo salario y poder de compra más de lo que ya han perdido.

Finalmente, la federación anunció que, de no recibir una propuesta superadora, la próxima semana se verán forzados a llevar adelante una medida de fuerza contundente para visibilizar su reclamo de recomposición salarial.

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La Voz de los Jubilados: Carlos Dawlowfki y su Lucha Contra la Indiferencia

Carlos Dawlowfki, un jubilado de 75 años y hincha de Chacarita Juniors, se ha convertido en el rostro de la lucha de los jubilados contra el gobierno de Javier Milei y la Confederación General del Trabajo (CGT). Su mensaje es claro: no más indiferencia, no más injusticia.

En un generalizado descontento entre los jubilados, Carlos Dawlowfki se ha erigido como una figura clave en las movilizaciones que demandan mejoras en los ingresos. Su historia es la de miles de jubilados que luchan por sobrevivir en un país donde la inflación y la pobreza son una realidad cotidiana.

Dawlowfki, quien sufrió el ataque del personal policial durante una de las manifestaciones, asegura que la lucha no es partidista, sino que se trata de una cuestión de justicia y dignidad para los jubilados. «Las hinchadas son las que van a salvar a los viejos», afirma, en referencia al apoyo que ha recibido de las hinchadas de fútbol argentino.

La figura de Dawlowfki ha ganado protagonismo en las últimas semanas, y su mensaje ha resonado entre los jubilados y las hinchadas de fútbol argentino. Su desafío a la CGT y al gobierno de Javier Milei es un llamado a la acción para defender los derechos de los jubilados.

«Le decimos a la CGT que ponga las cosas como tiene que poner, en orden, que salga a luchar; y si no sale a luchar por la gente, las hinchadas les vamos a tomar la CGT, porque estamos cansados de que no nos representen», lanzó.

La lucha de Carlos Dawlowfki y los jubilados es un recordatorio de la importancia de defender los derechos y la dignidad de los ciudadanos. Su desafío a la CGT y al gobierno de Javier Milei es un llamado a la acción para garantizar que los jubilados reciban el trato y la justicia que merecen. La respuesta de la CGT y el gobierno será crucial para determinar el curso de esta lucha.

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La inflación tuvo un leve repunte y fue de 2,4% en febrero

La inflación de febrero registró un leve repunte con respecto a enero, alcanzando un 2,4% y un 66,9% interanual, según el Indec. Sin embargo, este dato no debe ser tomado a la ligera, ya que refleja la persistencia de una inflación alta y descontrolada que sigue afectando la economía y la vida de los argentinos.

La división de mayor aumento en febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,7%, debido a subas en alquileres y gastos conexos, así como en electricidad, gas y otros combustibles. Esto es particularmente preocupante, ya que estos servicios son esenciales para la vida cotidiana y su aumento afecta directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El gobierno debe asumir su responsabilidad en la gestión de la economía y tomar medidas efectivas para controlar los aumentos. La persistencia de la inflación alta es un reflejo de la falta de política económica efectiva y de la incapacidad del gobierno para tomar decisiones que beneficien a la mayoría de la población.

Consecuencias Sociales

La inflación alta tiene consecuencias sociales graves, como la pérdida del poder adquisitivo, la reducción de la calidad de vida y la aumento de la pobreza. Es fundamental que el gobierno tome medidas para abordar estas consecuencias y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

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La Justicia Frena la Privatización del Banco Nación

La decisión judicial del juez federal Alejo Ramos Padilla de suspender el decreto que convertía al Banco Nación en Sociedad Anónima, ha generado un freno a la privatización de la entidad bancaria de alcance nacional. El fallo responde a una presentación colectiva de los trabajadores del BNA, quienes solicitaron la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución del directorio del banco que disponía su transformación en Sociedad Anónima.

La medida cautelar dictada por Ramos Padilla suspende el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que buscaba convertir en Sociedad Anónima al Banco de la Nación Argentina (BNA). Esta decisión judicial frena la intención del Gobierno de avanzar con una eventual privatización de la principal entidad bancaria del país.

El Banco Nación cumple un rol fundamental en el financiamiento de pequeños y medianos productores, así como en la economía regional. Con más de 130 años de historia y una red de más de 700 sucursales en todo el país, el BNA es clave en la promoción del desarrollo económico y social.

La transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima generó preocupación entre sectores políticos, sindicales y productivos. La decisión de Ramos Padilla refuerza la idea de que cualquier modificación en el estatus de entidades estatales debe contar con el aval del Congreso, consolidando el rol del Poder Legislativo en la toma de decisiones sobre el patrimonio público.

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