La ofensiva sindical contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei comenzó a tomar una forma más definida. En un gesto político de alto impacto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, y ambos coincidieron en la necesidad de anticipar las medidas de fuerza y no esperar al debate parlamentario para reaccionar.

El encuentro, realizado en la sede nacional de la UOM, dejó un mensaje claro: el sindicalismo empieza a coordinar una respuesta común, superando fronteras entre centrales y sectores. “No deberíamos esperar hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza, porque podría ser demasiado tarde”, advirtió Aguiar, quien definió el proyecto oficial como una iniciativa que busca “eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico sin derechos individuales ni colectivos”.

La imagen del encuentro no pasó inadvertida. Aguiar, uno de los principales referentes de la CTA Autónoma, junto a Furlán, líder de uno de los gremios más influyentes de la CGT y del entramado industrial, simbolizó un acercamiento estratégico que se viene consolidando semana tras semana frente al avance del proyecto oficial.

Hacia un plan de acción amplio y coordinado

La articulación sindical no se limitó a ese encuentro. En las últimas horas, Aguiar también se reunió con Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros (FTCIODyARA), para avanzar en la posibilidad de un paro conjunto el mismo día en que la reforma laboral sea tratada en el Congreso.

Ambos dirigentes coincidieron en que “la única alternativa para frenar el proyecto es la calle” y denunciaron que la iniciativa oficial busca perpetuar el fraude laboral y profundizar la precarización tanto en el sector público como en el privado. “Estamos dispuestos a llevar adelante una huelga general ese día, tanto desde ATE como desde Aceiteros”, afirmó Yofra, quien llamó a que las centrales sindicales confluyan en una medida contundente acompañada por una masiva movilización.

Aguiar fue tajante al rechazar cualquier negociación parcial. “No nos podemos conformar con el mal menor. Esta contrarreforma laboral se tiene que caer completa”, sostuvo. Además, cuestionó el origen del texto legal, al que atribuyó a estudios jurídicos ligados a las patronales, y negó que pueda generar empleo genuino. “La creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía. Y la política económica del Gobierno destruyó durante dos años el empleo formal en la Argentina”, afirmó.

Impacto en el Estado y advertencia federal

El dirigente estatal también alertó sobre las consecuencias directas de la reforma en organismos clave del Estado, como PAMI, ANSES, el Hospital Garrahan, Vialidad Nacional, Belgrano Cargas, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, YCRT, DGI y Aduana, entre otros, donde —según advirtió— se profundizaría la precarización y el vaciamiento.

Al mismo tiempo, ATE evalúa convocar a un plenario federal de delegados para definir una medida de fuerza nacional, con especial énfasis en movilizaciones en las provincias cuyos gobernadores avalen el proyecto. Aguiar fue especialmente crítico con los mandatarios que negocian con el Ejecutivo nacional y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Pretenden ocupar el lugar de las representaciones sindicales y nos están utilizando al movimiento obrero”, denunció.

“Tenemos que empezar a pensar seriamente en movilizar en las provincias. No puede ser que por un accionar contrario a los intereses de la sociedad no paguen ningún costo político”, advirtió.

La confluencia entre ATE, la UOM, Aceiteros y otros gremios marca un salto cualitativo en la resistencia sindical frente a la reforma laboral. Con diferencias tácticas aún presentes, el denominador común es claro: anticipar el conflicto, unificar fuerzas y llevar la disputa a la calle antes de que el Congreso sancione una ley considerada regresiva.

El sindicalismo comienza así a dejar atrás respuestas fragmentadas y a ensayar una estrategia común, en un escenario donde la reforma laboral aparece como el principal eje de confrontación social y política del primer trimestre del año.

La discusión en torno al Impuesto a las Ganancias volvió a encenderse tras la difusión de un duro documento de la Mesa Sindical, espacio que nuclea a más de sesenta sindicatos de alcance nacional. Allí, las organizaciones advirtieron que la política oficial de actualización de escalas y mínimos no imponibles se apoya en una “inflación maquillada” que termina ampliando de manera significativa el universo de trabajadores alcanzados por el tributo.

Según el pronunciamiento gremial, el “dibujo sobre la inflación real” no solo impacta sobre los sectores de menores ingresos, sino que “tiene un efecto depredador sobre los salarios superiores al promedio”, incorporando a trabajadores de ingresos medios a un impuesto que, remarcan, continúa tratando al salario como si fuera una ganancia.

El documento hace referencia a la comunicación oficial del Gobierno sobre los pisos salariales y escalas que regirán durante el primer semestre de 2026, tanto para trabajadores en relación de dependencia como para jubilados y pensionados. De acuerdo con lo anunciado por la administración libertaria, los montos se ajustarán un 14,3% a partir de enero, porcentaje que los gremios consideran ampliamente insuficiente frente al aumento real del costo de vida.

Nuevos pisos y más trabajadores alcanzados

Con esa actualización, el piso mínimo para comenzar a pagar Ganancias será de $2.490.000 de salario de bolsillo para un trabajador soltero. En tanto, los umbrales se elevan a $2.692.700 para un soltero con un hijo, $2.896.500 para un soltero con dos hijos, $2.894.000 para un casado sin hijos, $3.232.000 para un casado con un hijo y $3.302.100 para un casado con dos hijos.

Sin embargo, la Mesa Sindical advirtió que el impacto real del impuesto no se limita a esos pisos formales. “Como en el pago del impuesto juega la famosa tablita, todo trabajador que tenga una ganancia neta acumulada superior a $2.030.000 durante el primer semestre será gravado con alícuotas que van del 9% al 35%, según su nivel de ingreso”, detallaron.

Este esquema, sostienen, provocará que más de dos millones de trabajadores y trabajadoras queden alcanzados por Ganancias, ampliando de manera sustancial la base contributiva sobre los salarios.

Salarios medios y canasta familiar

El documento también pone el foco en la creciente cercanía entre los salarios medios y el umbral de pobreza. Según los gremios, la canasta familiar alcanzó los $1.300.000 en diciembre de 2025 y continúa en ascenso, lo que achica peligrosamente la distancia entre quienes apenas logran cubrir sus necesidades básicas y aquellos que comienzan a tributar Ganancias.

“Es notorio que la brecha entre quienes menos ganan y los sueldos medios es cada vez más estrecha”, advierten, y subrayan que esta política fiscal profundiza la regresividad del sistema impositivo, descargando el ajuste sobre el ingreso del trabajo.

En su cierre, la Mesa Sindical sostiene que esta actualización “sigue tomando al salario como ganancia cuando, a todas luces, su poder de compra es cada vez más limitado”. Lejos de tratarse de un debate técnico, el documento plantea que la política impositiva actual consolida una “vida mínima” que impacta de manera profunda y generalizada en el conjunto de los trabajadores.

“Unirnos para mejorar nuestros salarios y cambiar la matriz impositiva es una necesidad cada vez más evidente”, concluye el texto, dejando planteado un escenario de creciente conflictividad si no se revisa el esquema tributario aplicado sobre los ingresos laborales.

Mientras el Gobierno nacional avanza con su proyecto de reforma laboral y busca apoyos en las provincias, el sindicalismo despliega una estrategia federal para frenar una iniciativa que, según advierten, amenaza conquistas históricas, debilita la organización colectiva y profundiza la precarización del empleo.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los principales ejes de conflicto político y social del inicio del año. Lejos de un debate técnico, el proyecto abrió una pulseada de alcance federal en la que el Poder Ejecutivo busca sumar respaldo de los gobernadores, mientras el movimiento obrero organiza su propia contraofensiva territorial para bloquear su avance.

En ese marco, Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, expresó una postura categórica: la iniciativa oficial no representa una modernización del sistema laboral, sino “un retroceso estructural” que impacta de lleno sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales. “Ataca directamente a las conquistas laborales, al derecho colectivo y a las instituciones que defienden el trabajo”, sostuvo.

La lectura que predomina en amplios sectores del sindicalismo es que la reforma, tal como está planteada, no generará empleo genuino ni mayor productividad, sino que favorecerá a un núcleo reducido de capital concentrado. “No va a generar absolutamente nada positivo. Beneficia a un capital muy pequeño y debilita el entramado laboral”, advirtió Mena, en sintonía con la posición que atraviesa a gran parte de la CGT y de las organizaciones gremiales del país.

La respuesta sindical no se limita al plano discursivo. La Confederación General del Trabajo ya confirmó un paro nacional con movilización para el próximo 10 de febrero, una medida que cuenta con amplio consenso en la mesa sindical y que promete tener impacto en todo el territorio. “Estamos en sintonía. El movimiento obrero entiende que, si no defendemos nuestras conquistas y el derecho laboral, vamos a perder mucho más que una reforma”, remarcó el dirigente.

El conflicto se inscribe, además, en un contexto económico complejo. Aunque el Gobierno exhibe indicadores de inflación en descenso, persisten tensiones en rubros sensibles como transporte, energía y servicios, con un fuerte impacto sobre el poder adquisitivo. Según distintos estudios, una porción creciente de la población quedó excluida incluso de consumos básicos como el descanso o las vacaciones.

Desde el sector energético y minero, Mena aportó una mirada que combina realismo y advertencia. En el petróleo se registró una caída del empleo, mientras que la minería metalífera atraviesa una meseta sin crecimiento. “No hubo expansión. Estamos esperando inversiones que no terminan de llegar, en un escenario internacional cada vez más complejo”, explicó, aludiendo también a la volatilidad de los precios y a los condicionantes geopolíticos.

Lejos de encapsularse en su propia realidad sectorial, el dirigente subrayó la necesidad de una solidaridad activa dentro del movimiento obrero. “Tener estabilidad laboral no nos exime de ser solidarios con quienes no la tienen. Somos trabajadores y seres humanos que aspiran a un país con empleo y desarrollo”, afirmó.

La disputa por la reforma laboral excede largamente el contenido de un proyecto legislativo. Lo que está en juego, advierte el sindicalismo, es el modelo de relaciones laborales, el rol de las organizaciones colectivas y la capacidad del país para sostener un desarrollo con inclusión.

Frente a una ofensiva que prioriza la rentabilidad de pocos, el movimiento obrero apuesta a la movilización, al diálogo con las provincias y a la defensa integral de los derechos conquistados. El 10 de febrero asoma, así, como una fecha clave en una confrontación que definirá mucho más que una reforma: el rumbo del trabajo en la Argentina.