Convocadas por la CGT y las dos CTA, columnas gremiales, sociales y políticas se movilizaron en el centro sanjuanino en simultáneo con el debate en el Senado. El acto central frente a la Catedral dejó un mensaje unificado de rechazo a una iniciativa que, sostienen, “vulnera derechos históricos” y pone en riesgo el modelo laboral vigente.

Mientras en el Senado de la Nación se debatía la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en San Juan las calles del microcentro se transformaron en escenario de una contundente demostración sindical. Miles de personas marcharon desde la sede de la CGT hasta la Plaza 25 de Mayo para expresar un rechazo “rotundo y categórico” al proyecto que redefine el esquema de relaciones laborales en el país.

La movilización comenzó pasadas las 18 en la intersección de España y Mitre. Desde allí, las columnas avanzaron hacia avenida Ignacio de la Roza, continuaron por Mendoza y rodearon la plaza principal hasta confluir en las escalinatas de la Catedral, donde se realizó el acto central.

La desconcentración se produjo sin incidentes y bajo un operativo policial preventivo. A diferencia de lo ocurrido en las inmediaciones del Congreso, donde se aplicó el protocolo antipiquetes y hubo detenidos, en la capital sanjuanina la jornada transcurrió sin altercados.

Unidad sindical y respaldo político

La imagen dominante fue la de cohesión. La CGT y las dos vertientes de la CTA encabezaron la marcha acompañadas por una amplia nómina de gremios: UOM, LUZ Y FUERZA, ASIJEMIN, ADICUS, Estaciones de Servico, UDA, ATSA, UPCN, UTA, Camioneros, SIDUNSJ, STOTAC, AOMA, UOCRA entre otros. También participaron organizaciones sociales, agrupaciones políticas y referentes del justicialismo provincial.

Al frente de la columna se desplegó una bandera argentina de más de diez metros, seguida por estandartes sindicales y pancartas con consignas contra la reforma. Bombos, pirotecnia y cánticos marcaron el pulso de una protesta que combinó liturgia sindical y mensaje político.

Sonaron la Marcha Peronista y “La Marcha de la Bronca”, en un clima que osciló entre la mística histórica del movimiento obrero y el malestar frente a las reformas estructurales promovidas por la Casa Rosada.

El secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, sostuvo que la movilización refleja un cambio en el humor social. “La gente está entendiendo que esta mentira que nos dijeron, que iba a haber un cambio y una modernización, no era cierto. Los que ya tenemos algunos años no la creemos”, afirmó. Y agregó: “Esta reforma laboral nunca va a ser beneficiosa para los trabajadores. Estamos mostrando la fuerza del sindicalismo y llevando aliento para que sepan que sus instituciones los van a seguir defendiendo”.

“No es modernización, es precarización”

El documento conjunto fue leído en las escalinatas de la Catedral por el secretario general de APUNSJ, Daniel Durán, quien definió el proyecto como un retroceso histórico. “El Gobierno intenta disfrazar la reforma bajo la palabra modernización. Pero una modernización no implica quitar derechos adquiridos ni debilitar derechos colectivos e individuales”, expresó ante la multitud.

El grmialista fue más allá al advertir que la iniciativa impactará no solo en las condiciones laborales sino también en la estructura productiva y financiera de las provincias. “Esto no es modernización, es precarización. Es volver al siglo XIX”, sostuvo. Desde las centrales obreras también se cuestionó el eventual efecto sobre la coparticipación y el financiamiento de áreas sensibles como obra pública, educación, jubilaciones docentes y seguridad.

El documento incluyó además un señalamiento político directo: se responsabilizó al Gobierno provincial, a los legisladores nacionales por San Juan y a sus aliados por las consecuencias sociales que, a juicio del sindicalismo, acarreará la aprobación de la norma.

Una disputa que excede lo laboral

La protesta sanjuanina se inscribe en un escenario nacional atravesado por la tensión entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado. La reforma laboral —que obtuvo media sanción en el Senado— introduce cambios en indemnizaciones, negociación colectiva, derecho de huelga y estatutos profesionales, entre otros puntos sensibles. Para el oficialismo, se trata de una actualización necesaria para generar empleo y reducir litigiosidad; para las centrales obreras, implica un debilitamiento estructural del modelo sindical argentino.

En San Juan, el mensaje fue inequívoco: el sindicalismo local se declaró en estado de alerta y movilización permanente a la espera de la discusión en Diputados. La masividad de la convocatoria y la amplitud del arco gremial presente exhibieron una capacidad de articulación que trasciende a un sector específico y proyecta la disputa hacia el plano político.

La jornada concluyó sin disturbios, pero con un posicionamiento claro. “Los trabajadores no somos variables de ajuste”, afirmó el documento final. En esa consigna se condensó el sentido de la movilización: una advertencia frente a un cambio normativo que, para una parte sustantiva del mundo del trabajo, redefine no solo reglas contractuales, sino también el equilibrio de poder en las relaciones laborales argentinas.

San Juan y diversas provincias argentinas replican la protesta que la CGT encabezará frente al Congreso. Con foco en la posición de los gobernadores y sus legisladores, centrales obreras y trabajadores autoconvocados advierten sobre el impacto social de la reforma impulsada por Javier Milei. El oficialismo afirma que cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

Las calles del interior del país vuelven a ser escenario de protesta en la antesala del tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) realiza una movilización masiva frente al Congreso, en distintas provincias se organizan marchas y actos para expresar el rechazo a un proyecto que, según denuncian los gremios, implica un retroceso en derechos adquiridos y una profundización del esquema de ajuste.

En este sentido, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, trabajadores autoconvocados y jubilados confluyen en un mismo objetivo: visibilizar el malestar y enviar una señal directa a los gobernadores y a los senadores que deberán votar la iniciativa en la Cámara alta. La estrategia sindical combina presión institucional y demostración de fuerza en la calle, en un escenario donde el resultado legislativo aparece, al menos en los números preliminares, favorable al oficialismo.

Desde el Gobierno nacional y desde la propia CGT coinciden en que La Libertad Avanza tendría los votos necesarios para avanzar con la reforma en el marco de las sesiones extraordinarias. El ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo públicamente que el oficialismo “va a tener los votos”, y destacó el trabajo parlamentario de Patricia Bullrich en el Senado y de Martín Menem en Diputados. En paralelo, el Ejecutivo introdujo “correcciones” al texto, entre ellas modificaciones vinculadas al impuesto a las Ganancias, en respuesta a planteos de mandatarios provinciales.

El núcleo del conflicto, sin embargo, permanece intacto. La iniciativa plantea nuevos esquemas de contratación, mayor flexibilidad en las condiciones laborales y cambios sustanciales en materia de indemnizaciones, vacaciones y derecho a huelga. Uno de los puntos que generó mayor controversia es el referido a las licencias por enfermedad o accidentes no vinculados a la prestación laboral, que establecería una percepción del 50% del salario en determinados casos. Para las centrales obreras, se trata de un cambio que debilita la protección del trabajador frente a contingencias personales y sanitarias.

En San Juan La movilización comenzará a las 18 horas, con concentración en la sede de la CGT San Juan, ubicada sobre calle España, entre Mitre y Santa Fe. Desde allí, las columnas marcharán por el centro de la ciudad hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se realizará un acto central.

Mientras el Congreso lleva adelante una sesión que promete alta tensión, las calles del interior comienzan a marcar el pulso de una discusión que ya dejó de ser exclusivamente parlamentaria. La magnitud de las movilizaciones y la capacidad de articulación de las centrales obreras serán un factor central en la lectura política de las próximas horas. En ese cruce entre números legislativos y termómetro social, se definirá no sólo el destino de la reforma, sino también el alcance del conflicto que puede abrirse en el corto plazo.

Las tres centrales obreras encabezaron una multitudinaria marcha frente al Congreso para exigir el rechazo del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Aunque la protesta mostró una inusual postal de unidad sindical, la jornada quedó atravesada por incidentes y un operativo represivo. La votación en el Senado definirá el rumbo de una reforma que tensiona al sistema político y al mundo del trabajo.

En una de las movilizaciones sindicales más significativas de los últimos meses, la CGT y las dos vertientes de la CTA confluyeron frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral promovida por el Ejecutivo nacional. La convocatoria coincidió con el inicio de la sesión en la que el Senado comenzó a debatir el proyecto, en un clima político atravesado por fuertes presiones cruzadas y una expectativa que excede el recinto.

La Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores fueron el epicentro de una movilización que reunió a gremios industriales, estatales, docentes y organizaciones sociales y políticas. La CGT concentró mayoritariamente sobre la calle Hipólito Yrigoyen, mientras que los sectores referenciados en partidos de izquierda ocuparon la Avenida Rivadavia. Fue precisamente en ese sector donde se produjeron los incidentes que alteraron el desarrollo de la jornada: un grupo reducido de manifestantes derribó parte del vallado perimetral y arrojó bombas molotov, lo que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma.

La tensión desdibujó parcialmente la puesta en escena sindical, aunque no opacó el mensaje central: el rechazo frontal a una iniciativa que, según sostienen las centrales obreras, implica un retroceso estructural en materia de derechos laborales.

Unidad en la calle, diferencias en la estrategia

Más allá de las divergencias tácticas que habían quedado expuestas en debates previos, los sectores dialoguistas y combativos coincidieron en la necesidad de exhibir unidad frente al proyecto oficial. Esa postal, poco frecuente en el último tiempo, buscó enviar una señal política directa a los senadores.

En la antesala de la marcha, la CGT difundió un documento en el que reclamó a los legisladores que actúen “con responsabilidad” y advirtió que la reforma “no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava”. El texto apuntó contra lo que definió como una iniciativa que persigue “la degradación de las condiciones laborales y el debilitamiento de las organizaciones gremiales”.

Durante el acto se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones convocantes, donde se detallaron los principales cuestionamientos al proyecto y se ratificó la continuidad del plan de lucha. Aunque circularon versiones sobre un eventual discurso de la conducción cegetista, los incidentes modificaron la dinámica prevista y limitaron las intervenciones públicas.

Las CTA, por su parte, reforzaron la protesta con un paro nacional de 24 horas. En un comunicado conjunto denunciaron que la movilización fue reprimida y remarcaron que la jornada forma parte de un plan de lucha escalonado que ya tuvo expresiones masivas en Córdoba y Rosario, y que prevé nuevas acciones en distintas provincias.

El trasfondo político de la reforma

En el plano discursivo, las centrales sindicales coincidieron en que la reforma responde a una lógica de flexibilización que, bajo el argumento de la modernización, avanzaría sobre garantías históricas del derecho laboral argentino. Señalaron que el proyecto habilitaría modalidades contractuales más precarias, abarataría los costos de despido y ampliaría la discrecionalidad empresarial.

El titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo que el Frente Sindical de Unidad nació “para enfrentar y vencer la reforma laboral de Milei y de los gobernadores cómplices”, mientras que Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, subrayó que la masividad de la protesta demuestra que “hay un pueblo que tiene dignidad y defiende en la calle sus derechos”. En la misma línea, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, ratificó el rechazo integral al articulado y descartó cualquier negociación sobre su contenido.

Más allá de las consignas, la disputa es de fondo. Para el oficialismo, la reforma constituye una herramienta para dinamizar el mercado laboral y reducir la litigiosidad. Para el movimiento obrero, en cambio, se trata de un rediseño regresivo del esquema de protección que debilita la negociación colectiva y altera el equilibrio entre capital y trabajo.

Un conflicto que trasciende la votación

La CGT fue clara en su advertencia: aun si el Senado aprueba la media sanción, el plan de lucha continuará. La central dejó abierta la posibilidad de profundizar medidas en el Congreso y en la Justicia, configurando un escenario de conflictividad sostenida.

El Senado, así, no sólo definirá el destino inmediato del proyecto, sino también el nivel de tensión social que acompañará su eventual implementación. La movilización frente al Congreso dejó en evidencia que la reforma laboral no es un debate técnico sino un punto de inflexión político.

En un país donde el derecho del trabajo forma parte de su identidad institucional y social, cualquier modificación de gran alcance impacta directamente en el equilibrio de poder entre el Estado, las empresas y los trabajadores. La decisión que adopte la Cámara alta marcará no sólo el rumbo legislativo, sino también el clima social de los próximos meses.